Se hace lugar parcialmente al recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el demandado, revocándose el fallo solo en lo concerniente a la condena de regularización laboral, confirmándose la condena sobre el pago y liquidación de haberes adeudados; ello, pues algunos aspectos concernientes a la pretensión de “regularización laboral” merecen un ámbito probatorio mayor con un debate más amplio, lo que involucra el carácter de los fondos públicos con que el Estado asume la ayuda económica que brinda a los establecimientos educativos de gestión privada.
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