Responsabilidad de los establecimientos educativos viajes de intercambio abuso sexual prueba dictamen pericial prueba del dano

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DOMINGO, 10 DE ENERO DE 2021

JURISPRUDENCIA

Responsabilidad de los establecimientos educativos. Viajes de intercambio. Abuso sexual. Prueba. Dictamen pericial. Prueba del daño

 

Se rechaza la demanda de daños y perjuicios incoada contra una institución educativa, con motivo de la mala experiencia que una alumna tuvo en un viaje al exterior por intercambio, al no acreditarse el hecho dañoso que afirmó haber sufrido durante su estadía, sino que solo se trató de la falta de adaptación al hogar inicialmente asignado a la menor, contingencias que no pasaron de resultar meras eventualidades sin lesiones morales o patrimoniales.

 

 

En la ciudad de Mar del Plata, a los 18 días del mes de octubre de dos mil dieciséis reunida la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial, Sala Segunda, en acuerdo ordinario a los efectos de dictar sentencia en los autos caratulados “LOPÉRFIDO, CARLOS ALBERTO Y OTROS C/ ASOC. CULT. DE HABLA ALEMANA INST. INST. J.G. Y OT. S/ DAÑOS Y PERJUICIOS”, habiéndose practicado oportunamente el sorteo prescripto por los artículos 168 de la Constitución de la Provincia y 263 del Código de Procedimientos en lo Civil y Comercial, resultó que la votación debía ser en el siguiente orden: Dres. Ricardo D. Monterisi y Roberto J. Loustaunau.

El Tribunal resolvió plantear y votar las siguientes

CUESTIONES

1ª) ¿Es justa la sentencia de fs. 3101/3131?

2ª) ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?

A la primera cuestión planteada el Sr. Juez Dr. Monterisi dijo:

I. La sentencia dictada a fs. 3101/3131 viene a conocimiento de este Tribunal de Alzada con motivo del recurso de apelación deducido por la parte actora a fs. 3132.

En lo que aquí interesa, el juez rechazó la demanda promovida por los Sres. Carlos Alberto Lopérfido, Estela Teresita Insanti y M. M. L. contra Asociación Cultural de Habla Alemana Mar del Plata, Brigitte Arendt, Elisabeth Shiffmacher y Pedro González, con costas a los actores.

Para así decidirlo, y luego destacar que el caso debe decidirse a la luz del Código Civil derogado, expuso que el reclamo incoado por la menor y dirigido a la entidad propietaria o responsable de la institución educativa debe juzgarse regirse por el sistema de responsabilidad objetiva del artículo 1117 de dicho cuerpo normativo. En cambio, para la acción ejercida por los actores por los restantes codemandados (en el caso, directores, miembros de la organización), corresponde juzgar la responsabilidad de tipo subjetiva regulada en el artículo 512 y 1109 del ordenamiento de fondo. Apuntó que, conforme el primer encuadre, basta a los actores acreditar el hecho dañoso producido bajo el control de la autoridad educativa, la que responderá a menos que se demuestre un casus fortuito; en cambio, en el segundo supuesto, tienen los accionantes la carga de acreditar la culpa de los directores de la institución y organizadores del viaje. Destacó la carga común que los actores tienen con independencia del carácter objetivo o subjetivo de la responsabilidad de los legitimados pasivos, y que es la demostración de un daño cierto, personal, no hipotético ni eventual y subsistente.

Con esa base, señaló el juzgador que en el caso de autos los daños que se denuncian sufridos por M. M. L. no fueron acreditados. Hizo referencia al relato de tres profesores de la institución educativa, quienes restaron importancia o desconocían los motivos por los cuales M. M. había regresado con anterioridad al Colegio, y destacando que uno de ellos recordó los dichos de la coactora al referir a la incomodidad en su estadía en el primer hogar de alojamiento, por razones de falta de adaptación, extrañamiento, falta de cumplimiento de sus expectativas. Puso de relieve que esta circunstancia impide advertir alguna forma de daño de la menor a su regreso del viaje.

En lo que respecta a las vivencias de la menor durante su estadía en Alemania, el a quo dio relevancia el contenido de los correos electrónicos intercambiados con sus cercanos y autoridades. Citó aquellos que fueron remitidos por la primera familia que lo hospedó (los S.) quienes dieron cuenta de la falta de adaptación, escasa actividad en clase, poca comunicación y uso de la lengua alemana, su actitud de hablar mucho por teléfono y chatear con la computadora y -en suma- contribuir poco para su integración con la familia anfitriona.

De la evaluación de esas y otras comunicaciones y testimonios, el sentenciante señaló que M. M. no se encontró a gusto e intentó por diferentes motivos conseguir un inmediato cambio de familia de hospedaje, en lo posible en una ciudad más grande y cercana con otras atracciones, sin que ello lleve a verificar que medió un daño resarcible.

Los elementos de prueba, además, llevaron al a quo a considerar que la familia anfitriona no se negó ni intentó desentenderse de la menor; que no se acreditaron malos tratos o expulsión de ninguna especie ni las invocadas razones laborales esgrimidos por la alumna.

Reparó además en los correos enviados por M. M. desde Alemania a distintos interlocutores en fechas muy cercanas a la época en la que se produjeron los invocados perjuicios, y de los cuales nada anormal se advierte para que las autoridades del colegio tuvieran que adoptar alguna medida excepcional o de carácter urgente. Destacó además que entre el 27 de febrero de 2008 y hasta el día en que dio a conocer su regreso (el 13 de abril de 2008) nada surge como preocupante y no existe correo alguno de la alumna que permita destacar situaciones incómodas o que desborden las meras inquietudes propias de una alumna en un viaje de intercambio. Tales medios de prueba -señaló el juzgador- fueron objeto de pericia técnica y de traducción pública, convalidando su valor como evidencia en punto a dilucidar los hechos controvertidos.

Seguidamente, expuso otras probanzas que abonan a la solución propuesta (falta de daño), incluyendo el relato de R. C. A., M. M. E., E. C. B. y las fotografías de viaje.

Afirmó con relación a la pericia en psiquiatría que el experto parte en sus apreciaciones de situaciones narradas por la accionante que no han sido acreditadas y que al responder a las explicaciones ésta última señaló que su respuesta se basó en su experiencia como jefa de la cátedra de psiquiatría de la UBA, lo que torna científicamente endeble sus conclusiones. Se suma a ello las disímiles conclusiones a las que arribó la perito psicóloga, las cuales -apuntó- se corresponden con las restantes probanzas obrantes en autos.

Concluyó por ello que la demanda incoada por M. M. L. debía ser rechazada con fundamento en la ausencia de acreditación de un daño resarcible.

Idéntica solución otorgó al reclamo de los padres de la entonces menor de edad. No fue acreditado el daño psicológico del Sr. Carlos Alberto Lopérfido ni el daño moral, y que -llegado el caso- las consecuencias mediatas son resarcibles únicamente cuando hubieran sido previsibles, lo que no sucedió en autos.

Desestimó también el reclamo por los gastos de los pasajes y cuota de colegio por entender que el regreso anticipado de M. M. fue una decisión propia que incluso se contraponía con lo recomendado por las autoridades y responsables del viaje y no guardan relación de causalidad adecuada con los hechos que se le endilgan a los accionados.

En lo tocante al daño psicológico que fuera verificado en la persona de la coactora Estela Teresita Insanti, apuntó el sentenciante que tales perjuicios no guardan acabada relación de causalidad con los hechos que se le imputan a los accionados, y que no puede achacársele a estos últimos la falta de apego a medidas de previsibilidad sobre cuestiones que harían a una normal adaptación en un lejano país, con un grupo familiar ajeno a las costumbres de M. y donde la menor no pudo ni aceptó tales circunstancias desde un inicio. Ambas partes (institución por un lado, padres y menor del otro) tenían obligaciones que respetar, de suerte tal que la no reunión de las expectativas del rol del intercambio, o las contingencias originadas por la inasistencia a clase o viajes inconsultos, son ajenas al compromiso asumido por la Institución desde su rol objetivo de custodia. Por otra parte, apuntó, la institución educativa consiguió un segundo lugar de estancia luego de que el primero no resultara de agrado de M. M., y luego otros dos hogares donde transitó en forma más estable y sin que merezca cuestionamiento alguno de la alumna en cuanto a las condiciones que implicaba dicho viaje de intercambio.

Por último, agregó el juzgador que la prueba producida lo lleva a concluir que nada hay para achacarle a los directivos y organizadores del viaje, teniendo en cuenta la experiencia que los accionados tienen en la materia y la ausencia de registros de conflictos en viajes anteriores. Las demás pruebas -afirmó- tampoco son suficientes para tener por acreditados los presupuestos fácticos de la acción incoada.

Con tales fundamentos, rechazó la demanda e impuso las costas a los accionantes en su calidad de parte vencida.

II. La parte actora fundó su recurso mediante la pieza que obra glosada a fs. 3146/3190, y que mereciera la réplica de la contraria a fs. 3194/8

Sus agravios -extensamente fundados en el escrito citado pueden sintetizarse de la siguiente manera:

(i) Que el a quo transcribió parcialmente y ha desinterpretado las declaraciones de los testigos G. P., G. C., A. V., R. A., M. E. y C. B., los cuales -dicemuestran la fragilidad y falta de contundencia a la hora de concluir sobre los hechos de autos. Detalla las cualidades personales de cada uno de los testigos y su repercusión en la precisión, veracidad o relevancia de sus relatos. Expone los errores y falsedades en las que, en cada caso, incurrió el sentenciante a la hora de efectuar las transcripciones y puntualiza cómo las declaraciones no dan fundamento a las diversas conclusiones a las que se arriba en el decisorio. A la inversa, señala cómo otros testimonios omitidos por el juzgador permiten corroborar la hipótesis fáctica que sostiene el reclamo.

(ii) Que el juez consideró inexistente el daño con sustento en cartas y correos electrónicos acompañados por los demandados que carecen de valor probatorio. Cita diversos medios de prueba y concluye que el juzgador incurre en falsedades, contradicciones y omisiones, reiterando además que en su oportunidad negaron la autenticidad de las cartas y correos electrónicos los cuales -agregan- son falsos y preconstituidos por la demandada. Explica que los mails atribuidos a la menor no fueron de su autoría o intervención y que la propia ciencia no descarta riesgos en la emisión de una probable declaración la que puede ser enviada por un desconocido.

(iii) Que el magistrado se apartó de las conclusiones científicas de los expertos en cuanto acreditan el daño de los actores haciéndose eco de las impugnaciones de los demandados, crítica que extiende a la valoración de ambos peritajes: el psiquiátrico y el psicológico. Idénticas quejas extiende a la desestimación del daño con relación al padre de la menor, sobre quien -dice- se han acreditado las molestias y el sufrimiento relacionado con los eventos de autos y que conforman un daño indemnizable. Explica, además, que decidieron mantener a su hija en el colegio en razón del escaso tiempo de escolaridad que restaba para terminar sus estudios y el consejo que -en tal sentido- le fue dado por la psicóloga Araceli Suárez.

(iv) Que es falsa la conclusión a la que arriba el sentenciante cuando afirma que el regreso anticipado de M. M. fue una decisión libre de los padres no imputable ni reprochable a los demandados. Señala los elementos de prueba de los cuales se extrae que los demandados incumplieron el Reglamento de Viaje al desentenderse completamente de lo que les habían hecho creer que sería un viaje de estudios reglamentado, poniendo a la alumna en una situación de peligro y descontrol. Destaca las razones por las que decidieron retornar a su hija a la argentina y señala como falso que M. hubiera concurrido a clases durante su estadía en Alemania. Entiende arbitraria y contradictoria la decisión del juez de desestimar el reclamo por reintegro de valor de pasajes y de repetición de cuotas escolares.

(v) Que el juez no reparó en los términos del Reglamento Regulador del Viaje de Estudios redactado por el establecimiento educativo y los miembros de la comisión redactora (cuyas cláusulas transcribe a los fines de destacar el cumplimiento de su parte y la inobservancia de los demandados). El vínculo habido entre las partes -alega- no fue de una simple custodia de parte de los demandados. Insiste en que la alumna no asistió durante su permanencia en Alemania a institución educativa no existiendo en el colegio Gutenberg constancia alguna de haber asistido a clases. Señala -y reitera- el desamparo, el abandono y el desinterés por la suerte de la alumna en aquel país.

(vi) En un sexto punto de disconformidad, expone que el juzgador rechazó sin fundamento la fuerza probatoria de la confesional producida y desestima (también sin razón) el pedido de confesión ficta solicitado por los accionantes. Afirma que la prueba confesional constituye la más importante y eficaz y ella es suficiente para que el juez tenga por existentes los hechos que han sido objeto de ella, sin necesidad de producir otras pruebas. Cita diversas absoluciones de posiciones de cuyas respuestas, en cada caso, permiten corroborar la veracidad de los hechos expuestos por la parte actora.

(vii) Que no se han evaluado las pericias practicadas en autos rechazando el rubro daño moral reclamado por la menor y los padres. Critica el argumento utilizado por el a quo en cuanto que para desestimar aquel ítem pone énfasis en la decisión de que M. continúe concurriendo a la institución educativa de los accionados (opción que justificaron en el consejo profesional de un psicólogo y en el corto tiempo restante de escolaridad).

Expone que la pericia psiquiátrica y la psicológica dan cuenta del daño moral sufrido por la actora.

(viii) Que es incorrecta la valoración probatoria que, en general, fue efectuada por el a quo en punto a considerar que no ha sido acreditado el daño y al juzgar improcedente la demanda. En particular, expone que la prueba producida permite verificar que los demandados incumplieron el reglamento del viaje, que la menor no fue escuchada una vez que regresó al país, que se desentendieron de la asistencia de la menor a la escuela en Alemania, que los miembros de la Comisión Directiva de la Asociación Cultural de Habla Alemana no tenían funciones educativas ni estaban capacitados ni habilitados realizarlas, que fue contratada una empresa de viajes no autorizada para el área de turismo estudiantil, que los alumnos en viaje no fueron debidamente controlados permitiendo que recorran Europa con pasajes que esa misma empresa les proveía, que la directora de alemán Schiffmacher no era en realidad profesora reconocida por las autoridades provinciales, que las autoridades del colegio no atendían a los actores, entre otras.

(ix) Que el magistrado no consideró ni resolvió el pedido efectuado por los actores de que sea declarada la temeridad y malicia de los accionados y su abogada.

(x) Que el a quo haya considerado que la prueba producida y agregada en la causa 24.154 nada agrega ni cambia la solución adoptada, dado que -a su decir- esos elementos de convicción son de fundamental importancia.

III. Legislación aplicable

Previo a ingresar en el análisis particular de los agravios propuestos por la actora entiendo necesario realizar un breve comentario con relación a la legislación aplicable al caso en estudio, teniendo en cuenta la sanción del nuevo Código Civil y Comercial (Ley 26.994) y su reciente entrada en vigencia el pasado 1 de agosto de 2015 (art. 1 de la ley 27.0477).

El artículo 7 del nuevo Código ha replicado casi textualmente el artículo 3 del hoy derogado Código Civil (el cual, reformado en 1968, siguió las recomendaciones de G. Borda y con ello las enseñanzas del jurista francés Paul Roubier) y que establece que «a partir de su entrada en vigencia, las leyes se aplican a las consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas existentes. La leyes no tienen efecto retroactivo, sean o no de orden público, excepto disposición en contrario. La retroactividad establecida por la ley no puede afectar derechos amparados por garantías constitucionales. Las nuevas leyes supletorias no son aplicables a los contratos en curso de ejecución, con excepción de las normas más favorables al consumidor en las relaciones de consumo».

Ello significa que las nuevas leyes se aplican a las situaciones o relaciones jurídicas que se creen a partir de su vigencia y a las consecuencias que se produzcan en el futuro de relaciones o situaciones jurídicas ya existentes al momento de vigencia de la ley. La excepción se da en el caso de que la ley prevea expresamente su retroactividad, la que será válida en la medida en que no afecte derechos amparados por la Constitución.

Tratándose de normas supletorias, se mantiene su inaplicabilidad a los contratos en curso de ejecución, salvo -y aquí una novedad con relación al art. 3 del código derogado- que se traten de reglas más favorables al consumidor en supuestos de relaciones de consumo.

En supuestos -como el de autos- en los que se debate la procedencia de una pretensión indemnizatoria fundada en la responsabilidad civil de los accionados (daños y perjuicios sufridos por una alumna y sus progenitores en el contexto de un viaje de intercambio estudiantil), la doctrina y la jurisprudencia es conteste en afirmar que la ley que rige la relación generada por el hecho ilícito dañoso es la vigente al momento de la producción del daño (v. Kemelmajer De Carlucci, Aída, La aplicación del Código Civil y Comercial a las relaciones y situaciones jurídicas existentes. Santa Fe: Rubinzal-Culzoni, 2015, pág. 158; en jurisprudencia, v. mi voto en causa «Rios, Marta Graciela c/ Transportes 25 de mayo SRL y ot. s/ Daños», Expte. 159040, del 08/10/15; de este mismo tribunal, Sala Primera, autos «Uriarte, Paula A. y Romero Rubén Omar c/ Galán, Héctor F. s/ Daños y Perjuicios», Expte. 129.815, del 22/10/2015, Sala Tercera, autos «Salazar, Pedro A. c/ Bruno, Luis G. y ot. s/ Daños y perjuicios», Expte. 159.100, 24/11/2015; en igual sentido: Cám.2da.Civ.Com. de La Plata, Sala II, «Medina, Olga Mabel c. El Rápido Argentino Cía de Microomnibus S.A. y otro/a», del 15/09/2015, La Ley Online, AR/JUR/30827/2015, Cám.Civ.Com. de Bahía Blanca, Sala II, autos «Mangano, Edgardo Omar c/ Rivera Novoa, Lorenzo Antonio y ot. s/ Daños y Perjuicios», causa 145.795, del 23/12/2015, Cám.Ap. Cont.Adm. de La Plata, autos «L., C. M. c. Hospital Zonal Gral. Agudos de Quilmes y otro/a s/ pretensión indemnizatoria», del 10/09/2015, publicado en LA LEY 2015-F , 321, Sup. Adm. 2015 (noviembre), 61, Cám.Civ.Com. de Morón, sala II, en autos «Barrios, Sandra Beatriz Antonia y Otro c. Lacuadra, Aranda Juan Ignacio y Otros s/ daños y perjuicios», del 22/09/2015, La Ley Online AR/JUR/31284/2015, CNCiv., sala J, en autos «S. M. A. y Otro c. Z. J. L. y Otros s/ daños y perjuicios», 28/08/2015, ED 05/10/2015, 3,LA LEY 29/10/2015, 8, CNCiv., sala H, «Feres, José Luis c. General Tomás Guido S.A.C.I.F. y otros s/ Daños y Perjuicios», del 21/10/2015, La Ley Online AR/JUR/47667/2015, CNCiv., Sala A, «M. V. T., B. y otro c. Julia Tours S. A. y otro s/ daños y perjuicios», del 24/08/2015, Publicado en: RCCyC 2015 (noviembre) , 138 – RCyS 2015-XII, 117, CNCiv., Sala J, «S. M. A. y otro c. Z. J. L. y otros s/ daños y perjuicios», 28/08/2015, Publicado en: ED 05/10/2015, 3, LA LEY 29/10/2015, 8,LA LEY 2015-F, 94, RCyS 2015-XII , 93, entre otros).

Ello, sin perjuicio de la eventual aplicabilidad de la nueva ley a las consecuencias no agotadas de aquella relación jurídica obligacional preexistente y que pudieran verificarse en el proceso (v.gr. daños ocurridos con posterioridad al 01/08/15, intereses moratorios devengados con posterioridad a esa fecha, etc.) (Kemelmajer de Carlucci, ob.cit., pág.62, Moisset de Espanés, Irretroactividad de la ley y el nuevo Art. 3 -Código Civil, derecho transitorio-, Universidad Nacional de Córdoba, 1976, pág. 47, Rivera, Julio C. «Aplicación del nuevo código civil y comercial a los procesos judiciales en trámite (y otras cuestiones que debería abordar el congreso)», La Ley 04/05/2015, 1 -punto II.5.2.-, CNCiv., Sala B, «Martínez, José Eduardo c. Varela, Osvaldo Héctor y otros s/ daños y perjuicios», del 06/08/2015, ED 03/09/2015, 7, LA LEY 30/10/2015, 5).

El criterio expuesto parte de una premisa central, cual es que la obligación de resarcir conforma una relación jurídica que se establece entre víctima y el responsable en virtud de la ley cuando se reúnen los requisitos o presupuestos de hecho necesarios, y que incluye a la producción de un daño indemnizable (Kemelmajer, ob.cit., p. 158-159, Moisset De Espanés, Luis, ob.cit., pág. 39 a 42; plenario de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil “Rey, José c. Viñedos y Bodegas Arizu S.A”., del 21/12/1971, Publicado en La Ley Online, AR/JUR/123/1971).

En el caso en estudio, tanto el hecho central en el cual se sustenta la pretensión indemnizatoria como los daños cuya reparación se reclama han ocurrido -al decir de los actores- en una fecha anterior a la entrada en vigencia del nuevo Código Civil y Comercial, motivo por el cual la controversia -incluyendo el recurso que aquí se analiza- debe resolverse a la luz de las normas contenidas en el derogado Código Civil -ley 340- (art. 7 del Código Civil y Comercial).

La solución expuesta no solo se presenta como la más adecuada interpretación del derecho transitorio previsto en la novel legislación (art. 7 del CCyC), sino que además es aquella que mejor resguarda el derecho fundamental de defensa en juicio de las partes, teniendo en consideración las pretensiones y defensas que dieron forma a la relación procesal -fundadas, como no podía ser de otra manera, en la legislación entonces vigente-, la consecuente actividad probatoria y la posterior solución definitiva asignada por el magistrado de grado (arts. 18 CN y 8.1 CADH, sobre el tema, véase voto del Dr. Ferrari en el caso «Barrios» cit. más arriba, de la Cám.Civ.Com. de Morón, Sala II; Rivera, ob.cit., punto II.4 )

IV. Tratamiento del recurso

Sin perjuicio del tratamiento integral que se dará a las cuestiones planteadas por la parte recurrente, me interesa aclarar que en el estudio y análisis de los agravios he de seguir el rumbo de la Corte Federal y de la buena doctrina interpretativa. Éstas expresan que los jueces no están obligados a analizar todos y cada uno de los argumentos de las partes, sino tan sólo los que considere suficientes y decisivos para decidir el caso (CSJN, Fallos 258:304; 262:222; 265:301; 272:225; Loutayf Ranea, Roberto G. “El recurso ordinario de apelación en el proceso civil”, t. 2 págs.310/313, Astrea, 2ª ed. act. y amp., Bs.As. 2009).

Por razones de orden lógico y claridad expositiva dividiré el tratamiento de las quejas formuladas por los recurrentes según se vinculen con aspectos que hacen a la procedencia de la demanda promovida por la Srta. M. M. L., de aquellas que refieren al reclamo incoado por sus progenitores, los Sres. Carlos Alberto Lopérfido y Estela Teresita Insanti.

IV.1. El reclamo resarcitorio de M. L.

He leído con atención la totalidad de los escritos postulatorios, la prueba producida y los agravios expuestos por los actores y he llegado a la conclusión de que el recurso en tratamiento no puede prosperar.

Seguidamente expondré las razones que fundan mi decisión.

i. Tal como fuera reseñado en párrafos precedentes, el juez desestimó el reclamo indemnizatorio incoado por M. M. L. por considerar que no fue acreditado un daño resarcible, sin perjuicio de la existencia de molestias o malestares que han sido los propios de un viaje de intercambio que -por una u otra razón- no cumplió las expectativas de la alumna (v. fs. 3110, punto II.A y 3113, punto III y sig.).

Esta decisión, entiendo, fue fundada en las siguientes líneas argumentales: (1) que los docentes (P., C., A.) o bien desconocían o ignoraban los motivos de por qué M. M. había regresado con anterioridad a sus estudios en el Colegio o bien tenían referencias de que la razón era que la alumna no se había sentido cómoda en su estadía en el primer hogar de alojamiento, pero que -en definitivanada extraño percibieron en su personalidad y conducta; (2) que la falta de adaptación de M. a su primer hogar y las razones de su partida se verifican por el contenido de los correos electrónicos (en especial, de la familia S.) y del intermediario (S. R.), dejando sin respaldo probatorio al supuesto mal trato y expulsión del hogar invocado en la demanda; (3) que M. no cumplió en debida forma su compromiso de intentar adaptarse a la familia que le había tocado, (4) que no hay elementos de prueba que permitan verificar su insatisfacción en los restantes hogares donde estuvo residiendo, y que pudiera motivar de las autoridades la adopción de medidas excepcionales o urgentes; (5) que la pericial en psiquiatría producida no logra verificar el daño invocado; en cambio, la pericia en psicología -en cuanto concluye que no hay daño alguno- resulta debidamente fundada y acorde con las demás probanzas de autos. Ahora bien, más allá de las quejas que los apelantes realizan en torno a la valoración de los distintos medios probatorios citados por el a quo (y las conclusiones a las que en cada caso arribó), entiendo que los agravios expuestos no han logrado -en su conjunto- derrotar los fundamentos troncales en los que se sustenta la decisión atacada.

En primer lugar, es compartible la apreciación realizada por el sentenciador en cuanto a que la prueba producida en autos permite verificar que las razones por las que M. M. L. (en adelante, y al solo efecto de distinguirla de su padre, me referiré a ella por su prenombre) quiso dejar a la primera familia anfitriona (los S., en la localidad alemana de Hessisch Lichtenau) distan de ser aquellas que fueron invocadas en el escrito de demanda.

En la pieza postulatoria que da inicio a este pleito se alegó que la salida de M. de la casa de los S. obedecía a una arbitraria y sorpresiva decisión de estos últimos fundada en un supuesto viaje de trabajo, y que a partir de allí comenzó una pesadilla (v. fs. 127).

No es necesario acudir a los correos electrónicos (controvertidos por los recurrentes en cuanto a su valor probatorio; fs. 3156) o a los testimonios de los docentes (controvertidos en cuanto a su utilidad para dilucidar el hecho controvertido; fs. 3148) para formar convicción sobre este punto: fue la propia coactora quien reconoció que solicitó a las autoridades del colegio el traslado porque el pueblo que le había tocado no cumplía sus expectativas -era pequeño, la casa de sus anfitriones estaba ubicada en el campo, escasos medios de transporte, etcétera- y se sintió mal al enterarse que sus compañeros estaban viajando por toda Europa, salían todas las noches, y se manejaban como lo hacían los adolescentes en un viaje de egresados (v. la entrevista de M. ante la perito psicóloga Estévez, a fs. 2424).

El relato que la coactora expuso frente a la experta reconociendo las verdaderas razones del cambio de destino es además concordante con las declaraciones de R. A., alumna de otro colegio con quien terminó compartiendo gran parte del viaje (v. fs. 3150 y sig.).

A. detalló con precisión las vivencias que compartió con la actora y relató en sus respuestas quinceava y decimosexta que “[la actora] le dijo que no se sentía bien en el pueblo donde estaba, que se sentía sola (… ) que en el pueblo no tenía otros compañeros de acá, de la escuela y que en la familia donde estaba M. la herman(a) que es la chica que la alojaba, no pasaba tanto tiempo con ella” (v. fs. 2645).

No se advierte que el juez haya hecho una transcripción parcial, arbitraria o irregular de los relatos de la testigo, como alegan los apelantes con insistencia en su recurso, a la vez que tampoco considero relevante que la alumna A. haya viajado sola, o que no formó parte de un contingente o que la Sra. Schiffmacher le consiguió la escuela a la que debía concurrir (como se alega a fs. 3151). Estos extremos, reitero, en nada se vinculan con el valor convictivo que tiene el relato de la testigo en orden a dilucidar la forma en que se sucedieron los hechos discutidos en este pleito (art. 384 del CPC). Tampoco creo que los dichos de la testigo permitan corroborar “los riesgos en los que están comprendidos los daños sufridos por las víctimas y acreditados en juicio” (v. fs. 3151 seg. párr.). El testimonio, como tal, no brinda soporte a la hipótesis fáctica desarrollada por la actora sino, como apuntó el sentenciador (en una apreciación que he de compartir), a la que fuera invocada por los accionados en su escrito de defensa.

Soy de la idea de que la valoración crítica y prudente de la prueba testimonial -a la luz de las denominadas reglas de la sana críticamotiva al juzgador a evaluar en forma conjunta una serie de extremos dentro de los que cabe incluir a la vinculación -directa, o mediata (de referencia)- que el deponente tiene con relación a los hechos sobre los cuales se le pregunta, al nivel de participación que ha tenido en tales sucesos, a la relación que puede tener con las partes, al nivel de precisión y seguridad en las respuestas y a la relación que media entre lo afirmado por el testigo y las demás pruebas obrantes en el expediente (art. 375 y 384 del CPC).

En el caso de autos, R. A. ha sido la compañera de viaje de M. M. durante gran parte de su estadía en Alemania, y pudo corroborar -probablemente, mejor que nadie- el estado anímico y el modo de ser y estar de la coactora ínterin continuaba la experiencia una vez abandonada la localidad de Hessisch Lichtenau, así como las restantes circunstancias que llegan controvertidas a esta instancia. Su testimonio, reitero, resulta de indudable valor convictivo en orden a dilucidar la real dimensión de las vivencias de M. M. en el intercambio.

Por estos motivos, no puedo dejar de destacar que el testimonio de A. es también sumamente útil para verificar que: (a) M. M. en los primeros momentos en que estuvieron juntas en Alemania estuvo “un poco triste por lo que había pasado”, pero que “después cuando estuvimos juntas estaba bien, contenta con lo que estábamos haciendo” (fs. 2646, respuesta 32); (b) que recorrió diversas ciudades de Europa (Colonia, Bonn, Hamburgo, Berlin, Stuttgart y Zúrich) y se sacó fotografías que fueron reconocidas como auténticas en las que se las ve disfrutando el viaje (fs. 2646, respuesta 36 y siguientes; fs. 2649, respuesta 69); (c) que asistieron a clase juntas (fs. 2645/vta, respuesta 18) y (d) que la decisión de regresar al país anticipadamente no obedece al deseo de sus padres de “no arriesgar más a nuestra hija y traerla con urgencia” (sic, fs. 132/vta) sino de la propia alumna frente al retorno de su amiga R. A. (v. supra, cons. II, v. manifestaciones del Sr. Lopérfido en el acta de la reunión del 23/05/2008 a fs. 251/2 y testimonio de A. a fs. v. 2646, respuesta 32).

Algunas de las circunstancias relatadas por la testigo A. son expuestas por los apelantes para criticar las conclusiones a las que arribó el juzgador, sin advertir que tales eventos -aceptando por hipótesis que efectivamente hubieran ocurrido- en nada se vinculan con las supuestas lesiones que fundan los daños reclamados por la ex alumna.

Así por ejemplo, si M. viajó por Europa junto a R., o si lo hicieron solas, o si se alojaron en hostels, lo cierto es que esas fueron las experiencias que la propia coactora reconoció que quería realizar, que daban forma a las expectativas que tenía con relación al viaje de intercambio (y que, quedándose en el pueblo Hessisch Lichtenau, no lograría llevar a cabo). En otras palabras, aun cuando esas travesías hubiesen sido incompatibles con los fines del viaje de intercambio (tesis que entiendo incorrecta, pero que evidentemente subyace a la queja de los progenitores a fs. 3150/vta y 3151), lo cierto es que han sido las experiencias que M. vivió con mayor agrado y que configuraban para ella -insisto: según su propio relato- lo que motivó a solicitar el cambio de destino en primer lugar (véase, muy en particular, fs. 2424). Ello sin perjuicio de que, de acuerdo a las máximas de la experiencia, resulta difícil imaginar que una adolescente organice y lleve a cabo un viaje de dos semanas por diversas ciudades de Alemania y países vecinos (fs. 2646, respuesta 30) comprando pasajes por internet (fs. 2645, respuesta 25), sin que sus padres tengan algún conocimiento, ya del lugar donde se encuentra, ya de los gastos que la travesía conllevaba.

El punto es que no se explica -ni en la demanda, ni en la expresión de agravios- de qué forma estas circunstancias habrían generado o motivado alguna forma de lesión que pudiera derivar en un daño patrimonial o moral en la persona de M. M. (Art. 1068 y cctes. del Código Civil -Ley 340-).

ii. Tampoco ha sido producida prueba suficiente que permita corroborar los eventos que la coactora alegó haber sufrido en su estadía en el hogar del Sr. H. E., en la localidad de Stuttgart.

Aun cuando un hecho tan grave como el que se ha alegado pueda motivar una razonable atenuación de los estándares de la prueba (v.gr. exigiendo cuando menos simples indicios), lo cierto es que en el caso la única fuente de evidencia que ha sido presentada en el expediente es el relato unilateral de la Srta. M. M. L. y sus padres (estos últimos, de referencia y con fundamento en los dichos de su hija).

Ningún detalle o descripción precisa existe sobre el hecho en cuestión en el escrito demanda (art. 330 inc. 4 y 362 del CPC; solo hay referencias a un abuso sexual, o a intenciones deshonestas; v. fs. 128/vta antepenúltimo párr.).

Tampoco aportan mayor claridad las narraciones que M. brindó a las expertas en psiquiatría y psicología, de cuya comparativa se desprenden sustanciales diferencias que impiden comprender, con mínima claridad, cuál es la hipótesis fáctica que sustenta el reclamo (contrástese fs. 2395 anteúltimo párrafo con el último párrafo de fs. 2425).

No se han formulado puntos de pericia útiles, tanto en la especialidad de psicología como de psiquiatría, que se orienten a acreditar el alegado abuso. En lo que respecta a la prueba pericial psiquiátrica, los puntos ofrecidos a fs. 161 punto B.1 (reiterados a fs. 1323) no mencionan el tema. En lo tocante a la pericial psicológica, se le solicitó a la experta que defina “cómo incidió en la salud psicológica de la menor la conducta de ABUSO DESHONESTO del anciano H. explicada en el relato de los hechos antecedentes de la presente acción” (sic. fs. 159, punto 6, fs. 1320/vta punto 1) y “que dictamine y explique qué canales psicológicos de contención utilizó la actora durante su alojamiento en casa de H. para oponerse y resistirse a la toma de fotografías en el sótano de la vivienda que EL MISMO LE EXIGÍA” (sic, fs. 1320/vta).

Tal como lo expuso el juez en la resolución interlocutoria de fs. 1474/84 (considerando 6), los precitados puntos de pericia han sido sumamente indicativos, y dan por ciertas circunstancias que no fueron acreditadas, a lo que agrego que el punto n° 6 se remite a las partes pertinentes del escrito de demanda, donde -como dije- ninguna descripción precisa existe sobre la forma en que se habría evidenciado la reprochable conducta del anfitrión. Con ajustada prudencia, la Licenciada Estévez explicó a fs. 2431 que M. nada dijo sobre la supuesta “toma de fotografías”, hecho este último no descripto en la demanda y que únicamente es mencionado en el ofrecimiento probatorio.

De todas formas, lo que me interesa destacar es que a los fines de acreditar un suceso de estas características hubiese sido útil solicitarle a las expertas que señalen si de la entrevista, o de cualquiera de los tests o pruebas que fueron realizados (o que hubiera correspondido realizar), surgían indicadores, indicios, o síntomas de alguna especie que permitan considerar -cuanto menos posible o verosímil- que la actora haya vivido una experiencia como la que les narró en su consultorio (sea que incluya la alegada invitación a tomarse fotografías, o cualquier otra conducta indebida por parte del Sr. H.). Es decir, hubiera sido provechoso verificar la existencia de elementos objetivos que permitan inferir -con base en lo que cada campo científico estipule- que el relato unilateral de la Srta. L. es sincero o que el hecho narrado (cualquiera éste sea) pudo haber ocurrido.

Finalmente, no puedo dejar de destacar que su amiga y compañera de viaje R. A. señaló que nada le dijo sobre algún evento ocurrido en la casa del Sr. H. y que no notó ningún cambio en su conducta luego de que M. conviva unos días sola con él (fs. 2648, respuestas 53 y 54) y que la única persona en Argentina a quien la coactora le habría contado lo sucedido fue su novio (según relató a fs. 2439), y que – más allá del relativo valor que pudiere tener su declaración- lo cierto es que tampoco fue ofrecido como testigo (v. fs. 1323).

En suma, y como dije, comparto la solución expuesta en la sentencia atacada en cuanto a que no fue acreditado el hecho – presuntamente abusivo- que se habría generado en la casa del Sr. H. en la localidad de Stuttgart en algún momento entre el 16 y el 19 de febrero de 2008 (art. 375, 384 y cctes. del CPC).

iii. Corresponde ahora analizar los agravios vinculados a la valoración de la prueba pericial, aspecto que -a mi entender- se relaciona con el argumento más importante por el cual el a quo rechazó la demanda promovida por M. M. L. (véanse agravios de fs. 3183).

En este punto conviene recordar que, de conformidad con lo reglado en el artículo 474 del Código de Procedimientos, la fuerza probatoria de un dictamen pericial debe estimarse por el juez tomando en consideración la competencia de los peritos, la uniformidad o disconformidad de sus opiniones, los principios científicos en que se fundan, la concordancia de su aplicación con las reglas de la sana crítica y los restantes elementos de convicción que la causa ofrezca.

En la medida en que el juez no conoce la ciencia, arte o técnica de la que el perito es experto (y allí radica la utilidad de este medio probatorio, art. 457 del CPC), resulta de vital importancia que el dictamen contenga los fundamentos necesarios -empíricos, científicos o de cualquier otra especie- que den soporte y motivación a las conclusiones. A la inversa, disminuye sensiblemente el valor probatorio del informe pericial si el experto se limita a responder los puntos que le fueron dados a su conocimiento sin detallar, aunque sea mínimamente, cuáles son las razones o inferencias efectuadas que lo llevaron a dictaminar en un sentido o en otro. Falcón expone con claridad esta idea al decir que el perito “debe proporcionar en su dictamen al tribunal los elementos conducentes al sustento de las conclusiones a que llega. La respectiva omisión implica esterilizar en mayor o menor grado la colaboración e ilustración que se ha querido brindar al órgano jurisdiccional, pues es verdad entendida que la pericia vale tanto como resulta de su fundamentación” (Falcón, Enrique M. Tratado de la prueba. Buenos Aires: Astrea, 2009, pág. 319, con cit. CNCiv., Sala D, 7/3/85, DJ, 1986-1-463, el resaltado me pertenece).

La jurisprudencia bonaerense ha adoptado similar criterio al resolver que «el dictamen pericial es inatendible si el experto no explica en forma detallada las operaciones técnicas realizadas y los principios científicos utilizados para arribar a la conclusión» (Cám.Civ.Com de San Isidro, 76.794, RS. 541/98, cit. por Morello-Sosa-Berizonce, ob.cit., pág. 322). Asimismo, se ha dicho que «si el perito se limita a emitir su concepto sin explicar las razones que lo condujeron a las conclusiones, o si éstas no son claras o aparecen contradichas o deficientes, el dictamen carece de eficacia probatoria» (Cám.Civ.Com. de Lomas de Zamora, Sala Primera, Rossi, Juan José c. Bodei, Carlos A. s/ Daños”, RSD. 19-88, del 9/2/1988).

La adecuada motivación de los dictámenes periciales cobra un rol protagónico cuando, como en el caso de autos, dos expertos (cada uno desde en su campo científico) han opinado en sentido opuesto sobre un mismo hecho controvertido. En este escenario, es razonable que el juez privilegie aquél en el que las conclusiones se encuentran mejor y más sólidamente fundadas, o que se muestren concordantes con las restantes pruebas producidas en la causa (art. 384, 474 y cctes. del CPC).

Doctrina y jurisprudencia tienen a coincidir en este punto. La Sala Tercera de la Cámara Primera de la Plata resolvió que “si se producen dictámenes discordantes de distintos peritos, el juez debe compararlos cuidadosamente, para establecer a cuál le da preferencia según la calidad de los peritos y las razones expuestas, teniendo en cuenta si reúnen o no los requisitos para su validez y eficacia (Cám.1ra. Civ.Com. de La Plata, Sala III, 229.817, RS.79/98, cit. en Morello-Sosa-Berizonce, “Códigos… 4ta. Ed. Ampliada y actualizada”, 2016, Abeledo Perrot, 2015, t. VI, pág. 321). Meoqui coincide en que «frente a dictámenes contrapuestos, deberá prevalecer aquel que contenga conclusiones que se muestren como el resultado de una accesible argumentación lógica abonada por los datos objetivos arrimados al expediente» (Meoqui, Sebastián C. en López Mesa – Rosales Cuello, «Código Procesal Civil y Comercial de Buenos Aires, con leyes complementarias», Buenos Aires: La Ley, 2014, t. IV, pág. 449, el resaltado me pertenece).

Con base en las premisas desarrolladas precedentemente, no cabe sino coincidir con la solución dada por el juez de primera instancia al dar primacía al dictamen de la Licenciada Mabel Irene Estévez (fs. 2435/47) por sobre el que presentara la médica psiquiatra Ana María Abadie (fs. 2394/2413).

Varias razones me persuaden de ello.

En primer lugar, destaco -como ya lo he hecho en párrafos anteriores- que los puntos de pericia ofrecidos a la perito psiquiatra han sido indicativos y contienen sucesos o narraciones que no han sido acreditados en autos. Se utilizan giros como “hechos relatados en la presente acción” (fs. 2398 punto 1) o “hechos vividos por la actora” (íd. Punto 2), o “conducta de los directivos del Colegio Gutenberg (… ) ampliamente relatadas en el punto correspondiente a los hechos antecedentes de la presente acción” (fs. 2400 punto 6) o “la conducta abusiva y de violencia psíquica ejercida por el anciano H.” (íd. Punto 7), que versan -insisto- sobre circunstancias negadas por la contraria y que a la actora le incumbía demostrar. Esas indicaciones se ven además reflejadas en las respuestas de la experta, donde parece darlas por ciertas sin mayores razones, exponiéndolas incluso con idéntica redacción que la contenida en el punto de pericia (v. fs. y puntos cit.).

Súmase a ello que las respuestas que ha formulado la perito carecen -en general- de una motivación suficiente que me permita comprender cuál es el derrotero lógico, las inferencias o razonamientos que derivaron en la conclusión a la que se arriba. No digo que el fundamento sea lacónico o escueto, sino que directamente se lo ha omitido.

Así por ejemplo, no logro comprender cómo concluyó que “el incidente sufrido [cualquiera éste sea, dado que el punto de pericia remite al texto de la demanda] ha influido negativamente en el psiquismo de la actora”, o cuáles son las razones que la llevaron a afirmar que “la actora presenta un desorden psiquiátrico que altera su conducta con miedos, temores, fobias, acompañado por un tinte depresivo que alteran su vida en general” (v. fs. 2398/9). Tampoco se explica cuáles son los elementos, indicios o indicadores -más allá del unilateral relato de la actora- que la llevaron a afirmar (sin más) que “en la actualidad padece secuelas psíquicas por consecuencia de la conducta abusiva y de violencia psíquica ejercida por el anciano H.» (f”. 2400, p. 6).

La experta señaló en el comienzo de su dictamen que sus conclusiones se fundan en las entrevistas y “en los datos que constan en autos” (sic, fs. 2394), no obstante no detalla cuáles son y de qué manera los ha evaluado. Adviértase que no obra en el expediente una historia clínica o documentos médicos relevantes que justifiquen una interpretación por parte de la profesional, por lo que aquellos “datos” necesariamente han de vincularse con los escritos postulatorios (incluyendo la demanda, a la que los puntos de pericia se remiten constantemente) u otros medios probatorios. Así expuesto el informe, el juez no puede tener control sobre las premisas de hecho que ha tenido en miras para arribar a sus conclusiones; máxime si muchas de esas alegaciones -debo insistir, a riesgo de ser reiterativo- no han sido acreditadas (art. 375, 384 y cctes. del CPC).

Por otra parte, he advertido que algunas de las respuesta brindadas por la perito (donde habla de incapacidades, desórdenes psiquiátricos y afectaciones al psiquismo) no se compatibilizan con lo afirmado en el punto 3 (fs. 2399), donde se le requiere a la médica que indique los tests o estudios complementarios que entiende conveniente realizar a la actora para detectar posibles “lesiones”. La médica allí señaló que “como la actora va a ser entrevistada por una perito psicóloga corresponde a ella la respuesta a este punto” (fs. cit.). Esta remisión a la pericia psicológica se reitera a fs. 2401 cuando se le solicita que indague “si existen trastornos de conducta originados por el evento dañoso y en su caso cómo y en qué forma y medida inciden en su vida de relación estudiantil, social, laboral y familiar y el grado de incapacidad derivado de los mismos” (fs. 2401, punto 10). La médica expuso que “esta pregunta corresponde a la pericia psicológica que se le va a realizar a la actora en donde se completará con tests psicológicos” (fs. cit., último párrafo).

No entiendo por qué la perito afirma que existe «un desorden psiquiátrico que altera la conducta de la actora», o que los hechos narrados en la demanda «influyeron negativamente en el psiquismo de la actora» o que existe “un desorden psiquiátrico que altera su conducta con miedos, temores, fobias, acompañado por un tinte depresivo” cuando -en paraleloasevera que la existencia de “lesiones” en la actora o la presencia de trastornos de conducta, afectación de su vida en relación o incapacidad deben ser dilucidadas por la perito psicóloga, reconociendo la necesidad de realizar tests psicológicos que ella -al decir del apartado introductorio del dictamen- no consideró pertinente efectuar.

Por lo demás, más allá de destacar el valor de las entrevistas citando bibliografía con definiciones y clasificaciones, y de enlistar su currícula profesional, no encuentro en las explicaciones presentadas por Dra. Abadie a fs. 2504 datos de utilidad que permitan superar las deficiencias reseñadas.

Lo dicho no tiene por fin exponer errores técnicos o científicos en el dictamen de la médica Abadie. Por cierto, los jueces carecemos de los conocimientos necesarios para abrir un juicio de esa naturaleza. Lo que intento poner en relieve es que la pericia presenta una serie de deficiencias de motivación y exposición de las conclusiones que terminan por afectar gravemente el valor probatorio que tiene en orden a acreditar los daños invocados.

Es por esta razón que la decisión del a quo de omitir la consideración de las conclusiones del precitado dictamen ha sido correcta y debe confirmarse (fs. 3122, arts. 374, 384 y 474 del CPC) iv. La pericia psicológica presentada por la Licenciada Estévez a fs. 2435/2447, en cambio, se muestra suficientemente fundada en cada uno de los puntos que le fueron dados a su entendimiento.

De su lectura se desprende un detalle de los diversos instrumentos y técnicas manejadas, incluyendo entrevistas, administración de técnicas, su evaluación e interpretación y la elaboración del dictamen conforme los puntos de pericia (fs. 2435, punto I). El carácter indicativo de éstos últimos fueron compensados con respuestas prudentes de la experta (v.gr., giros como «de resultar ciertos los hechos… » -fs.2442, p. 2-, o «si bien la actora habría vivenciado… » -fs.2443, p. 5-, o «Según refiere la Srta. L…. » -fs. 2445, p. 12-, o «A esta perito no le consta que…» -fs. 2446, p. 21-, «acontecimientos descriptos por ella, y en caso de resultar ciertos… » -fs. 2447, p. 25-) señalándose en su caso la discordancia que pudiere mediar entre el hecho contenido en el ofrecimiento probatorio y lo narrado por la propia entrevistada (v.gr., la ya referenciada invitación a tomarse fotografías; véase fs. 2444, p.7).

Los agravios que sobre este medio probatorio expusieron los apelantes a fs. 3161/vta no logran conmover la conclusión a la que arribara el magistrado de la anterior instancia en lo tocante a la existencia de un daño resarcible.

M. M. L. -por entonces representada por sus padres- reclamó tres rubros indemnizatorios independientes: (a) daño moral [fs. 143, p. 1], (b) “daño psicológico y daño psíquico” [sic, fs.144/vta, p. 2], y (c) “daño a la vida en relación” [fs. 145/vta, p.3]. He leído con atención el dictamen de la Licenciada Estévez (incluyendo los pasajes que los actores destacan en su escrito recursivo) y aun así advierto que las respuestas a los puntos de pericia dirigidos a verificar la existencia de las lesiones invocadas a fs. 144/vta y siguientes han sido contundentes: la experta descartó de plano cualquier forma de daño psíquico, daño psicológico o perturbación anímica en la persona de M. M., más allá de las intranquilidades que le tocó vivir en un viaje que no tuvo las características “altamente idealizadas” y largamente esperadas, y que oportunamente logró superar (fs. 2441). Expuso además que M. tiene en la actualidad una vida normal sin manifestaciones limitantes (fs. cit.), que no hay indicadores de daño psíquico como secuela de los hechos de autos (íd.), que no hay ni hubo trauma psíquico (fs. 2442), que el hecho no fue determinante para elegir su carrera universitaria (la cual se revela además como su verdadera vocación; v. fs. 2445) y que no hay incapacidad (fs. 2447) ni necesidad de tratamiento psicológico o psiquiátrico (fs. 2444).

Estas conclusiones dejan sin fundamento probatorio a las hipótesis fácticas que dan sustento tanto al rubro “daño psicológico y daños psíquico” como al de “daño a la vida en relación”.

Agrego a ello que la pretensa diferenciación entre el daño psíquico y el daño psicológico alegada por los apelantes a fs. 3163 no surge del escrito constitutivo de esta litis, donde se consignó un reclamo único (titulado en forma conjunta), y se le dio tratamiento uniforme e indistinto a cada uno de los padecimientos, aclarando que, en definitiva, «[s]e reclaman por este rubro las secuelas que a nivel de la psiquis de la menor han dejado los hechos» (fs. 144/vta; a1rg. art. 266 y 272 del CPC).

A todo evento, la pericia psicológica permite verificar no solo la ausencia de daño psicológico, afectación a la vida en relación, cuadros psicopatológicos o la necesidad de realizar tratamiento para superarla (extremo este último que, en tanto daño patrimonial emergente, no fue reclamado en la demanda; art. 34 inc. 4, 330 inc. 3 del CPC), sino además la ausencia de daño psíquico (v. fs. 2444, punto 10).

vi. Por último, me interesa destacar que la prueba producida no ha sido suficiente para corroborar el escenario de gravísimo sufrimiento, abandono, violencia emocional y desamparo que se ha descripto en el escrito de demanda para justificar el reclamo por daño moral (fs. 143).

En efecto, la evidencia colectada en autos no permite formar convicción sobre un modo de ser o estar distinto y perjudicial, o una alteración anímica de la alumna al regreso del viaje (hipótesis que, a más de no estar acreditada, y más allá de las críticas esbozadas por los apelantes, fue refutada por el relato de los docentes C. -fs. 1855, respuestas 12va y 13va- y A. -fs.1858, respuesta 25ta-), o sobre la alegada actitud agresiva o discriminatoria de la codemandada Schiffmacher (quien, se supone, la habría increpado en el colegio, justificándole su conducta porque ella “había hablado” -fs. 143/vta-), o sobre los sufrimientos de M. durante el viaje una vez que abandonó la localidad de Hessisch Lichtenau (v. testigo A., fs. 2646, respuesta 32).

Entiendo que la pericia psicológica -sobre cuyas sólidas conclusiones ya me he detenido en párrafos precedentes- permite dimensionar adecuadamente las vivencias de la alumna en el exterior. La experta explicó que la tristeza o malestar que M. pudo haber sufrido (ya por los lugares donde debió hospedarse, ya por el comportamiento de los directivos de su escuela, que evidentemente no abastecieron sus expectativas) “pueden considerarse esperables y dentro de los parámetros de normalidad para una adolescente que se encontraba lejos de sus familiares, amigos y su cultura” (fs. 2428, punto de pericia 1).

De todas maneras, cabe preguntarse: ¿pueden tales molestias o frustraciones ser concebidas como un daño moral resarcible en los términos del artículo 1117 del Código Civil? La respuesta, en este particular caso, es negativa.

En un sistema de responsabilidad tan severo como el regulado en el artículo 1117 del Código Civil (Ley 340, art. 7 del Cód.Civ.Com.), donde el establecimiento educativo responde en forma objetiva y solo se libera acreditando el casus fortuito, deviene necesario ser sumamente cauteloso a la hora de interpretar los hechos que se invocan como lesivos para el alumno.

No importa cuál sea la forma o la modalidad que adopte una cierta experiencia educativa (desde trabajo de aula, recreación, excursiones o campamentos hasta viajes de estudio o intercambio), los estudiantes siempre están expuestos -casi diría, inevitablemente- a vivir situaciones que no satisfagan expectativas o intereses, o que le generen disgustos, incomodidades, enojos o frustraciones (pienso aquí, por ejemplo, en la reprobación de un examen, la aplicación de una medida disciplinaria, las discusiones con docentes o compañeros de aula, etcétera).

No quiero decir con ello que el alumno debe absorber y tolerar cualquier situación desagradable en el ámbito de educativo, máxime si ellas se vinculan causalmente con una falta al deber de seguridad que pesa sobre los dueños de la institución. Muy por el contrario, el punto es que corresponde diferenciar con prudencia el daño jurídicamente resarcible a que refiere el artículo 1117 del Código Civil velezano de aquellas experiencias que, aun cuando se perciban como angustiantes por el alumno, no dejan de ser parte del universo de vivencias que una actividad educativa eventualmente puede suscitar y que no creo que sea justo que el establecimiento deba indemnizar so pena de desvirtuar la función pedagógica que está llamado a cumplir.

Esa diferencia cobra una mayor relevancia en casos como el que motiva este pleito, donde la actividad que el colegio propone -y que los actores voluntariamente decidieron realizar- tiene una modalidad sumamente excepcional, cual es la de consumar un viaje a un lejano país donde el alumno se encuentra solo y alejado de sus vínculos más cercanos, donde se halla frente al desafío de ensamblarse a una familia que hasta ese momento no conoce personalmente, que tiene diferentes costumbres e idioma, y donde debe concurrir a un colegio que también le es extraño.

En un contexto atípico como el que presupone este tipo de viajes, es razonable pensar (y prever) que ciertas eventualidades o contingencias que no necesariamente han de ser placenteras (como el disgusto de M. con el pueblo que le fue asignado o su deseo de mudarse a otro sitio) podían llegar a ocurrir y no cabía esperar a su respecto -salvo situaciones extremas, no acreditadas en el caso de autos- una solución tan rápida o inmediata como la que se lograría si realizara un actividad en el ámbito del colegio, o de un lugar cercano.

Lo que pretendo significar, en definitiva, es que la falta de adaptación al hogar que inicialmente le fue asignado a la alumna (sea que no haya podido, no haya querido adaptarse), o la intranquilidad que seguramente sintió cuando se realizaban las gestiones para que se pueda mudar a otra localidad, o incluso el enojo que le pudo haber generado la conducta de los directivos (aceptando por hipótesis que éstos no se condujeron con la premura que M. M. hubiera deseado), no pasan de ser eventualidades -si se quiere: riesgos- que todo viaje de intercambio puede conllevar. Estas contingencias no solo fueron (o debieron ser) previstas por los padres al autorizar a su hija a concurrir, sino que además – y por sobre todo- se probó que no motivaron lesiones morales o patrimoniales en la alumna (art. 1068 del Cód.Civ., 374, 384 del CPC).

Por todo lo expuesto, entiendo que el recurso de apelación, en cuanto versa sobre la pretensión indemnizatoria de M. M. L., debe ser rechazado y la sentencia merece ser confirmada (art. 1068 y cctes. del Código Civil -ley 340-, 7 del Cód.Civ.Com., 374, 384, 474 del CPC).

IV.2. Reclamo de los padres de M. M. L.

Idéntica suerte ha de correr el recurso de los coactores Lopérfido e Insanti. Sus agravios -adelanto- tampoco logran desvirtuar los sólidos fundamentos en los que se sostiene el decisorio de primera instancia.

i. En primer lugar, destaco que no viene controvertido el encuadre normativo que el a quo ha asignado al reclamo.

En la medida en que no se estimó acreditado el daño sufrido por la alumna M. M. en la órbita de control de la autoridad educativa, y resultando por ello inaplicable el artículo 1117 del Código Civil -Ley 340- (el cual, por definición, requiere un daño sufrido por el alumno), la pretensión de los coactores Lopérfido e Insanti dirigida contra Arendt, González y Schiffmacher debe ser juzgada a la luz del sistema de responsabilidad subjetiva (con base en la noción de culpa), de conformidad con lo normado en los artículos 512, 1109 y sus concordantes de aquél Código Civil (v. fs. 3110, punto II.A y 3111/vta, punto II.B).

El juez no ha considerado aplicable el sistema de responsabilidad que prevé la Ley de Defensa del Consumidor en lo que respecta a la relación negocial existente entre los padres de la alumna y la entidad dueña del colegio (en la especie, la A.C.H.A.), de conformidad con lo normado por el art. 1, 2, 10 bis Ley 24.240 (modif. por ley 24.787). La normativa consumerista -cuya aplicación oficiosa se impone por tratarse de una norma de orden público- establece para el incumplimiento obligacional de proveedores de bienes y servicios un sistema de responsabilidad objetiva, según el cual -salvo caso fortuito o fuerza mayor- habilita al consumidor a reclamar, entre otras cosas, los daños y perjuicios ocasionados (art. 10 bis ley 24.240; Conf. Picasso, Sebastián, en “Ley de defensa del Consumidor. Comentada y anotada”. Ed. La Ley. Tomo I., p. 161).

De todas formas, me adelanto a aclarar que la solución que he de proponer al acuerdo -la confirmación del decisorio de primera instancia- ha de ser la misma no importa cuál sea el enfoque que se adopte con relación a la Asociación Cultural de Habla Alemana: ya la responsabilidad subjetiva derivada de la legislación civil (art. 512, 1109 del Cód.Civ.), o bien la responsabilidad objetiva por incumplimiento contractual derivada de la normativa consumeril (arts. 10 bis de la Ley 24.240 y 1113 primer párrafo del Código Civil).

ii. Aclarado lo anterior, me interesa destacar que el reclamo que los actores realizan a los demandados, y que se ve reflejado tanto en el escrito de demanda como en los agravios contenidos en el recurso en tratamiento, se sostiene en gran medida por dos ejes argumentales. Por un lado, realizan una severa crítica a diversos aspectos y caracteres del intercambio, y que -a su entender- reflejarían un grave déficit en la organización llevada a cabo por las autoridades del colegio (incluyo aquí los agravios vinculados a la alegada aquiescencia frente a los viajes de los alumnos por Europa y la falta de control de las asistencias en el colegio alemán). A ello se le suma un reproche con relación al modo en que se han conducido los accionados una vez que su hija manifestó su deseo de ser transferida a otro destino y luego de regresar de Alemania (donde hacen mención a maltratos, engaños, discriminación, indiferencia, etcétera; véanse fs. 126 y sig. y 3148 y sig.). Es sobre esa base fáctica que justifican la responsabilidad de aquellos por los daños que alegan haber sufrido.

Ahora bien, el juez de primera instancia expuso dos razones centrales en orden a definir la improcedencia de la demanda: la falta de prueba del daño, y la ausencia de nexo de causalidad (v. considerando III.B, fs. 3124/vta y siguientes)

Si bien con alguna diferencia en cuanto a los fundamentos, entiendo que la solución es correcta y debe ser confirmada. En mi opinión, los actores no han logrado demostrar los presupuestos de hecho que dan sustento a su reclamo puesto que ni de la evidencia se desprende que el viaje haya tenido una organización defectuosa como la que alegan en su demanda (y replican en los agravios), ni surgen acreditadas aquellos comportamientos que se les endilgan a los directivos como generadoras de los perjuicios reclamados. Por último, considero que existen conductas que, no obstante su acreditación (e incluso, aceptando por hipótesis que fueron causa adecuada de los perjuicios reclamados) no merecen reproche a la luz del factor de atribución subjetivo aplicable ni revelan un incumplimiento contractual por parte del establecimiento educativo (arts. 512, 901, 1109 del Cód.Civ. y 1, 2 y 10 bis de la LDC).

Seguidamente desarrollaré estas ideas.

iii. La organización del viaje

Los actores han intentado graficar el intercambio de su hija M. M. como un contexto en el que se generaron situaciones de peligro extremo (fs. 3169), de descontrol, de riesgo absoluto (fs. cit.), de abandono (fs. 3151) o que configuró “aventura adolescente irresponsable con absoluto descontrol por parte de quienes debieron velar por su seguridad” (fs. 3154), destacando -con insistencia- la falta de vigilancia sobre la realización de viajes por Alemania y el control de la asistencia a las clases. Como he dicho, este es uno de los reproches centrales que formulan en la demanda y que forman parte del sustrato fáctico de los perjuicios reclamados.

Sin embargo, entiendo que los accionantes no han logrado demostrar ni que tales calificativos sean adecuados a la forma en que efectivamente se realizó el viaje que realizó M. M., ni que éste haya tenido características distintas a las que surgen -a mi entender, con sobrada claridad- del reglamento por ellos suscripto y que son las que razonablemente pueden ser previstas para una actividad educativa de esta naturaleza (arts. 512, 1198 y cctes. del Cód.Civ., 10 bis de la Ley 24.240). De los elementos de prueba colectados en el expediente surge que el viaje al cual asistió la coactora M. M. constituye una actividad organizada y llevada a cabo por el Instituto Juan Gutenberg, colegio de propiedad de la Asociación Cultural de Habla Alemana y que se realiza en el marco de un convenio intergubernamental celebrado entre la República Federal de Alemania y nuestro país en el año 1993 y aprobado por ley en el año 1997 (Ley 24.840, B.O., 18/07/1997). Las partes fueron coincidentes en afirmar que al viaje solo pueden acceder alumnos que cumplan determinados recaudos vinculados al desempeño escolar (que M. M. satisfacía con creces) y que tiene una finalidad pedagógica.

Tampoco es controvertido que el intercambio tiene un reglamento general propuesto por la institución, que oportunamente suscribieron los padres de la alumna y en el cual surgen los distintos compromisos que una y otra parte asumen en orden a preparar y llevar a cabo la actividad.

Del texto del “Reglamento Intercambio Estudiantil con la República Federal de Alemania. Año 2008” (v. fs. 198/200 y aceptación de fs. 201 de la causa n°24154-08; fs. 2634/vta del expediente principal) surge que los alumnos se hospedan en casas de familia alemanas, siendo el colegio el encargado de instrumentar los medios para conseguirlas (objetivo que, de frustrarse, impide realizar el viaje; v. punto 1.6 del Reglamento). En el punto 2 se asentaron una serie de pautas de conducta -tanto como recaudos para aplicar al viaje, como para cumplir durante su desarrollo- que se titulan “Compromiso de los alumnos”. Se incluyen allí los requisitos para acceder a la actividad y las obligaciones del alumno de asistir a clase en Alemania como alumnos regulares (punto 2.3), de recuperar los espacios curriculares al trimestre en el que estuvieron ausentes (punto 2.6) y se consignó expresamente que “toda salida o viaje debe ser realizado con la conformidad y autorización de la familia que los hospeda. Se sugiere informar los traslados con antelación suficiente para evitar desencuentros en la convivencia con los padres adoptivos”. Se dejó establecido además que «[l]os viajes pueden realizarse únicamente en época de vacaciones o receso escolar y deben ser preferentemente por los países germano parlantes Alemania, Austria y Suiza. Este programa es una gran experiencia cultural de aprendizaje y adaptación para los alumnos, para que sea exitosa, es muy importante la integración en la familia y recordar que es ella la que posibilita su estadía» (punto 2.7, el resaltado es original). Por último, en el apartado “cuestiones generales” (punto 4) se advierte que “El instituto Juan Gutenberg hace hincapié en que éste es primordialmente un viaje de estudios, cuyos objetivos principales son perfeccionar el nivel de idioma alemán como así también conocer y apreciar las costumbres y la cultura de los países de habla alemana” (la negrilla y el subrayado también es original).

De lo anterior se desprende que la propuesta del Colegio no incluía un viaje en grupo o contingente de alumnos que concurrían a un mismo destino y eran acompañados y guiados por una autoridad (que hubiere hecho las veces de coordinador o referente de todo el grupo en simultáneo); por el contrario, una vez arribados a Alemania, cada uno de ellos viajaba de manera individual a la localidad que le fue asignada. Fue reconocido en el escrito de demanda que M. M. y sus padres conocían desde por lo menos diciembre de 2007 (dos meses antes de la partida) el lugar donde se hospedaría y la familia anfitriona que le había tocado, lo que torna verosímil la afirmación de la demandada en cuanto a que, una vez designados los anfitriones, los alumnos pueden comenzar a dialogar con ellos (especialmente con su hijo de edad escolar, “hermano adoptivo” durante la travesía) para generar y fortalecer un vínculo previo (fs. 126/vta y 299).

Véase entonces que a diferencia de un viaje de estudio tradicional (reitero: un grupo de alumnos hospedados en un único lugar y coordinados por una autoridad del colegio), el intercambio que propone el Colegio Gutenberg presupone una experiencia muy distinta y a la vez más enriquecedora. No solo desde lo estrictamente educativo (práctica del idioma, asistencia a clases dictadas en alemán), sino también desde lo cultural y personal: el estudiante se encuentra solo frente a la necesidad de ensamblarse a una familia que tiene otra cultura, otras costumbres, y con la posibilidad – contemplada en el reglamento- de realizar excursiones y conocer otros países germano parlantes.

El carácter voluntario que tiene esta actividad, o los requisitos de edad y desempeño escolar que deben cumplir los postulantes, son extremos que me persuaden de que se trata de una travesía que requiere del educando un cierto nivel de madurez que le permita asumir los compromisos y desafíos que conlleva, estando en condiciones de afrontar con relativa independencia y autonomía las diversas problemáticas que se pueden gestar. Un nivel de madurez como el que M. M. tenía, al decir de la Lic. Estévez a fs. 2441, y que le permitió finalmente superar los disgustos que alegó haber vivenciado sin ninguna consecuencia psicológica relevante.

Tampoco me caben dudas que esta actividad supone un gran desafío para los padres de los alumnos, habida cuenta las intranquilidades que pueden llegar a experimentar ínterin su hijo reside en el extranjero, alejado de su familia y de sus seres queridos.

Ya he puesto de relieve que viajes de esta naturaleza necesariamente traen consigo la posibilidad de que se susciten eventualidades y contingencias. Algunas de ellas, por su naturaleza, pueden requerir una decisión inmediata que ni las autoridades educativas ni los padres del alumno están en condiciones de realizar a la distancia, lo que explica el poder que éstos últimos reconocieron haber suscripto para las familias anfitrionas (el denominado «Vollmacht», una de cuyas copias -aunque sin traducir- obra glosada a fs. 2462, reconocido a fs.2634/vta). Otras requieren soluciones que deben ser gestionadas por las autoridades educativas, quienes deberán adoptar las medidas necesarias -con la premura que razonablemente les sea exigible en cada caso- para poder superar el contratiempo.

Entiendo que las particularísimas características que un viaje de este tipo tiene (y los riesgos naturales que presupone) han sido suficientemente conocidas y aceptados por los Sres. Lopérfido e Insanti (véase, en este sentido, Prevot, Juan Manuel – Mayo, Jorge A, «La idea de aceptación de riesgos en materia de responsabilidad civil», Publicado en: La Ley, 31/08/2009 , 1, LA LEY 2009-E , 992; arg. art. 4 de la Ley 24.240).

Ahora bien, con base en lo que llevo dicho, debo concluir que son inatendibles las quejas dirigidas a exponer el supuesto descontrol o la irresponsabilidad en la organización al permitir (o tolerar) los viajes de los alumnos por otros lugares de Alemania o países vecinos. Y ello es así por varias razones: (1) El hecho de que los estudiantes puedan conocer otros lugares por fuera del que les fue asignado para su alojamiento no refleja -per se- un defecto en la organización del viaje. Me atrevo a decir que es una actividad complementaria sumamente enriquecedora y que es harto frecuente en este tipo de intercambios estudiantiles (cabe aquí destacar nuevamente la edad del alumno, su desempeño escolar y el nivel de madurez que tiene como para emprender estos recorridos); (2) La decisión de realizarlos fue de su hija M. M., conjuntamente con R. A., con quien mantuvo una muy cercana amistad durante su estadía. La prueba producida me persuade de que este tipo de viajes eran los que ella mayormente quería realizar (y lo que, según reconoció, motivó su frustración con la localidad de Hessisch Lichtenau; v. fs. 2437), y son aquellos que más habría disfrutado (v. testimonio de R. A. y las fotografías que la deponente reconoce y describe). Además, y tal como afirmé, parece cuanto menos difícil pensar que M. haya recorrido Europa durante una o dos semanas sin el conocimiento, la aquiescencia y el soporte económico de sus progenitores (máxime si su compañera R. A. señaló que los pasajes los compraban por internet, lo que elimina -en principio- la posibilidad de utilizar dinero en efectivo; v. fs. 2645, respuesta 25; arts. 163 inc. 5 in fine y 375 del CPC); (3) Los viajes a otros lugares de habla alemana fueron expresamente contemplados en el reglamento que suscribieron los Sres. Lopérfido e Insanti (punto 2.7), consignándose -con meridiana claridad- que “deben ser preferentemente por los países germano parlantes Alemania, Austria y Suiza” (v. punto cit.). Esto torna inatendibles las quejas vinculadas al rol que habría tenido la empresa de viajes Altea para la venta de los tickets, o los intentos de los apelantes de mostrar que este tipo de actividades serían reveladoras de un “absoluto descontrol de la institución educativa” (fs. 3155/vta) y (4) Vinculado a lo anterior, debo destacar que el mismo reglamento que vengo citando asigna a la familia alemana un control directo sobre las autorizaciones para este tipo de salidas (“toda salida o viaje debe ser realizado con la conformidad y autorización de la familia que los hospeda”; v. fs. 198, causa 24.154), lo que seguramente explique el contenido del poder que en cada caso los actores debían remitirle a los anfitriones para tomar estas decisiones.

En otras palabras, los viajes por Alemania y países vecinos no reflejan ninguna conducta reprochable de las autoridades del colegio ni un incumplimiento contractual en los términos en que fue acordado el intercambio. Se trata de una actividad que realizó M. junto a su amiga y que era parte de las experiencias que deseaba vivir, que llevó a cabo por decisión propia y con la autorización -expresa o implícita- de su familia anfitriona, todo ello de conformidad con la modalidad establecida explícitamente en el reglamento suscripto por los aquí reclamantes.

Por otra parte, tampoco son de recibo los agravios que a los fines de criticar en forma general la organización del intercambio versan sobre la asistencia de M. a los colegios alemanes en las localidades en las que residió.

Si bien la testigo R. A. refirió que concurrían juntas a clases (fs. 2645/vta, respuestas 17 y 18), es cierto que no se han aportado elementos de convicción que permitan corroborar cuántas veces M. omitió ir al colegio y surge con claridad del informe glosado a fs. 1779/80 que las autoridades provinciales no ejercen ningún tipo de control sobre el presentismo en viajes de intercambio. De todas formas, aun cuando esta circunstancia pudiera motivar una crítica a la organización del viaje (que, según se alega en el informe de fs. 2204, ya motivó cambios en reglamento a partir de 2011), entiendo que no se trata de una omisión que tenga una entidad tal como para que sea considerada la causa adecuada de los daños que los progenitores alegaron haber sufrido y que describieron a fs. 147 y siguientes de su demanda (arg. art. 901 del Cód.Civ. -ley 340-).

Así todo, y como bien destacó el a quo, la decisión de concurrir o no a clases era, en primer lugar, de la coactora M. M., y en segundo lugar de los padres anfitriones que en cada caso habían sido facultados por los aquí reclamantes para decidir cuándo la estudiante podía faltar para realizar viajes u otras actividades (v. fs. 199, punto 2.7). Máxime si las ausencias pudieron estar motivadas por la realización de aquellas travesías que la alumna más disfrutó y que -según reconoció- formaban parte de las expectativas que tenía con relación al intercambio (v. fs. 2645, respuestas 23 y siguientes y fotografías de fs. 255 a 263; v. fs. 2424).

Sumo a ello que los apelantes no han logrado criticar con suficiencia las conclusiones del juez en torno a las razones del regreso anticipado de M.

En efecto, el motivo de su partida anticipada de Alemania no obedeció a la decisión de sus padres de “no arriesgar más a nuestra hija y traerla con urgencia” (sic, fs. 132/vta), sino que fue la propia alumna la que decidió regresar en la misma época en que lo hacía su compañera R. A., y ello fue así “para no estar sola en un pueblo” (v. fs. 2646, respuesta 32). Ese es el deseo al que el Sr. Lopérfido hizo referencia en la reunión del 14 de marzo de 2008 cuando dejó en claro que «hoy M. quiere regresar» y frente a la posibilidad de que continúe el viaje (planteada por el colegio) señaló que «si su hija así lo resuelve la familia se lo permitirá» (fs. 251 y reconocimiento de rúbrica a fs. 2634/vta, punto 4), todo lo cual me genera la convicción de que la decisión del juez de primera instancia de desestimar el reclamo patrimonial por gastos de pasajes y cuota escolar es también correcta y debe confirmarse (v. fs. 149/vta, ap. 3).

iv. Los comportamientos particulares de los directivos.

Los agravios vinculados al comportamiento particular de los directivos, en tanto hechos lesivos en los cuales se fundan los rubros resarcitorios, tampoco pueden ser de recibo.

Además de criticar en general la forma en que fue organizado y llevado a cabo el viaje de intercambio al que concurrió M. M., los actores han denunciado una serie de conductas irregulares de los docentes accionados. Tanto en la descripción general de los hechos contenida en la demanda, como en el detalle particular de las lesiones que justifican cada parcial indemnizatorio (daño moral, psicológico y psíquico), se ha invocado maltratos emocionales y psíquicos propinados por las autoridades del colegio (fs. 147), indiferencia extrema e incomparable, discriminación, desinterés sobre su persona (y la de su hija), violencia, engaño (fs. 147/vta), actitudes deshumanizadoras, mentiras institucionalizadas, entre otros calificativos (fs. 149 y sig.).

Sin embargo, he leído una y otra vez la prueba producida – incluyendo aquella que se cita en la expresión de agravios- y no he logrado encontrar elementos que me persuadan -con razonable grado de convicciónde que los accionados se hayan conducido de la forma en que se describe en el escrito inaugural del proceso y se reitera en la pieza recursiva (art. 375 del CPC).

Los apelantes han puesto su mayor esfuerzo en demostrar cómo ciertos medios de prueba no eran útiles para formar convicción sobre determinados hechos que el juez dio por acreditados (v.gr. fs. 3148/vta y siguientes, con relación a los testigos P., C., A. o E.; fs. 3156 y siguientes con relación a las cartas y correos electrónicos; fs. 3150 con relación a las fotografías reconocidas por la testigo A.; fs. 3153/vta con relación a la testigo B., etcétera), pero no han logrado demostrar cuál es la evidencia que efectivamente permitiría justificar un reproche a la conducta de las autoridades del colegio, ya sea en lo que hace a la organización del viaje (aspecto que ya fuera abordado en párrafos anteriores), o en lo que respecta a las gestiones realizadas para que M. pueda superar las contingencias que se le presentaron una vez que decidió no quedarse con la familia S. en la localidad de Hessisch Lichtenau, o incluso a su llegada al país.

La prueba que los apelantes citan en diversos pasajes de su expresión de agravios (de la cual, a su entender, surgiría acreditado el relato contenido en la demanda) no revela más que una intensa disconformidad para con la manera en que se condujo el colegio una vez que se suscitó la primera contingencia en el viaje. No caben dudas que los actores entienden que los directivos del colegio debieron actuar de otra manera, ya en los tiempos en que realizaron las gestiones, ya en el nivel de control que tenían sobre las actividades de los alumnos, ya sobre el trato personal que tenían con los padres una vez que éstos plantearon sus inquietudes sobre los problemas de su hija.

Sin embargo, va de suyo que el solo hecho de demostrar su frustración y disgusto para con las autoridades del colegio resulta a todas luces insuficiente si no se acreditan -en paralelo- los restantes elementos que hacen a la responsabilidad civil (esto es, una conducta objetivamente antijurídica que sea la causa adecuada de un daño cierto y personal que deriva de una lesión a un interés patrimonial o extrapatrimonial no ilegítimo, y un factor de atribución).

Ya señalé que la contingencia que motivó la primera gestión del colegio (esto es, conseguir una nueva familia para M. a los pocos días de su arribo) tuvo un origen muy distinto al denunciado por los actores. No se trata de que la familia receptora deshonró abruptamente su compromiso de hospedar a M. y súbitamente decidió que debía retirarse, lo que parecería dejar entrever que las gestiones del colegio no fueron adecuadas (siendo que éste último es el encargado de conseguir la familia anfitriona en Alemania; v. reglamento, punto 1), o que la solución que el Colegio tenía que dar obedecía a una urgencia superlativa.

Por el contrario, lo que ocurrió es que el pueblo y la familia que a M. le había tocado -y que conocía desde por lo menos dos meses antes de partir, según se reconoce en el escrito postulatorio- no cumplió sus expectativas, las cuales fueron expuestas en términos comparativos con lo que otros alumnos de su edad estaban vivenciando en otras ciudades (v. fs. 2424). Reacción esta última que era -o pudo haber sido- previsible -y en cierta forma evitable- a poco que se considera que en el año 2008 ya existían sobradas fuentes de información a las cuales los actores podían acudir para verificar las características del lugar de destino y si éstas iban a satisfacer los intereses -tanto pedagógicos como incluso recreativos- que M. M. tenía con relación a la experiencia que estaba por vivir.

De todas formas, el punto es que la “extrema situación” o el “comienzo de la pesadilla” a que se hace referencia la demanda no era tal (v. fs. 127). La alumna comunicó a las autoridades del colegio su voluntad de ser transferida a otro destino porque el que le tocó no era de su agrado. Esta contingencia no se revela como una situación límite o urgente, y es el contexto en el cual juzgo que la respuesta institucional del colegio llegó en un marco de tiempo más que razonable (arg. art. 512 del Cód.Civ.).

Máxime si las partes son contestes en señalar -y así surge de los puntos 1.6 y 1.7 del reglamento- que la elección de una familia anfitriona conlleva gestiones no siempre sencillas y deben articularse -debo presumir- múltiples caminos de comunicación para poder cumplir el súbito deseo de la estudiante a pocos días de arribar al lejano país (art. 1198 del Código Civil).

Tampoco fue acreditado que M. hubiese comunicado en los restantes destinos (Stuttgart -casa del Sr. H. E.-, Gaggenau -familia S.- y Schutzenstr -familia K.-) alguna situación de urgencia que pudiere motivar de los accionados el despliegue de una gestión excepcional cuya omisión pudiere fundar un reproche como el que dio origen a este pleito, ni se han producido elementos de convicción que me persuadan de las conductas de abandono, maltrato emocional, desamparo y desentendimiento que se denuncian en la demanda (ya con relación a la alumna en viaje o a su regreso; ya con relación a los progenitores) y que en calidad de agravio se reiteran a lo largo de toda la pieza recursiva (art. 375 del CPC).

La negativa de las autoridades del colegio a brindar un canal de comunicación personal por fuera del ámbito institucional no se muestra como una conducta antijurídica, sino antes bien como una respuesta sobradamente justificada ante una exigencia de los padres que no guardaba proporción con el contexto en la cual fue formulada (y que no tenía la urgencia y el apremio que se invocó al demandar). A su turno, el hecho de que M. haya logrado conseguir otros lugares para hospedarse (su tercer y cuarto hogar, con las familias S. y K.) tampoco demuestra – por sí solo- una deficitaria gestión de la institución; vuelvo aquí sobre las complicaciones inherentes a este tipo de viajes, a las dificultades que pueden suscitarse al encontrar soluciones inmediatas y a las razones que motivaron el cambio de destino (en concreto: la súbita decisión de la estudiante a pocos días de su llegada).

Por otra parte, lo que vengo exponiendo explica el muy limitado valor convictivo del informe pericial presentado por el Dr. Guascone en el cual habría verificado un daño en la persona de la coactora Insanti (v. fs. 1985/2003).

Las diferentes dolencias a que hizo referencia el experto versaron en cada caso sobre las narraciones unilaterales que le efectuaran los coactores, y los puntos de pericia contienen referencias a “los hechos relatados en la presente acción” o “el stress y los padecimientos sufridos por los actores (… ) mientras [M.] se encontraba de viaje” (fs. 1991/vta punto 1 y fs. 1992/vta punto 2), o “si el viaje de estudios cumplido por su hija les pudo haber marcado en la esfera de la salud… ”.

En otras palabras, las conclusiones del experto o bien hacen referencia a daños ocasionados por un conjunto de sucesos que no fueron acreditados (la desorganización del viaje, el descontrol, el maltrato y el desinterés de los directivos, los daños que habría sufrido su hija, etcétera) o bien versan sobre la sola realización del intercambio, extremo que -por si solo, y por no versar sobre un comportamiento objetivamente antijurídico- no puede ser siquiera concebido como la causa adecuada de un perjuicio resarcible (véanse, en particular, los puntos de pericia donde simplemente se refiere a los daños motivados -en general- por el solo “el viaje de estudio cumplido por su hija” -fs. 1991/vta- o los pasajes del perito a fs. 1994/vta donde habla de la “percepción y el conocimiento de haber estado su hija en situación de peligro real o potencial, la secuencia de complicaciones, la pérdida de control de situaciones, situaciones posibles de ocurrir, entre otras innumerables experiencias se concatenan como estresores de diferentes gravedades, intensidades y duración”).

Por lo demás, las intranquilidades que los actores pudieron haber vivenciado una vez que su hija les comunicó su disconformidad con la familia S. y el pueblo de Hessisch Lichtenau, y el tiempo que pudo haber mediado hasta que, en cada caso, fueron realizadas las gestiones para conseguir un nuevo destino, no pasan de ser contingencias ínsitas a un viaje de estas características.

Llegado el caso, insisto, aun si hubiese existido algún daño en la persona de los demandados (extremo que aquí considero solo como hipótesis), lo cierto es que: (a) o bien no se acreditó que hayan sido causadas por las conductas denunciadas (abuso, abandono, maltrato, indiferencia, desinterés, mentiras, engaños, etcétera) y (b) o bien fueron causadas por comportamientos sobre las que no se han demostrado elementos que habiliten a realizar un reproche subjetivo en términos de culpa, ya sea como negligencia, impericia o imprudencia (art. 375 del CPC, 512, 1109 del Código Civil -ley 340-) o que pudiere reflejar -en paralelo- un incumplimiento negocial en el marco del contrato que vincula a los Sres. Insanti y Lopérfido con la Asociación Civil dueña del establecimiento (arts. 1, 2, 10 bis de la Ley 24.40).

Por todo lo expuesto, el recurso interpuesto por los coactores Lopérfido e Insanti debe ser desestimado, confirmándose en consecuencia la sentencia atacada (arts. 375, 384, 474 y cctes. del CPC, 512, 1109 del Código Civil -ley 340-, 1, 2, 10 bis de la Ley 24.40).

V. Solicitud de aplicación de multas por temeridad y malicia.

a. En el escrito de fs. 1279/88 los accionantes denunciaron la temeridad y la malicia procesal de los accionados y de su letrada, solicitando la aplicación de las sanciones a que refiere el artículo 45 del Código de Procedimientos. Se agravian en su recurso de que este pedido no motivó tratamiento expreso por parte del juez y solicitan sea resuelto por la Alzada de conformidad con las facultades emergentes del art. 273 del ritual.

En la providencia de fecha 27/03/2014 que obra glosada a fs. 1297 el juez señaló que aquel planteo (bilateralizado a fs. 1291) sería resuelto al momento del dictado de la sentencia definitiva. Sin embargo, y como bien exponen los recurrentes, nada se ha dicho sobre el punto en el decisorio atacado.

Tratándose de una cuestión accesoria e incidental, y no siendo de las denominadas esenciales y que emergen de los escritos postulatorios, entiendo que es admisible su estudio por el Tribunal en virtud de las facultades establecidas en el art. 273 del CPC (v. mi voto en causa n° 159508, autos «Venier…», del 29/12/15, y sus citas).

b. De todas formas, adelanto, el planteo no prospera.

He recorrido la totalidad de las páginas que componen el presente legajo y no he advertido que a lo largo del trámite del proceso las partes hayan desplegado conductas que excedan el razonable ejercicio de sus prerrogativas procesales y que puedan ser encuadradas como temerarias o maliciosas. Tanto la actora como la demandada han esbozado sus pretensiones y sus defensas -en la etapa inicial y en las diversas incidencias que se han gestado- observando con suficiencia los límites establecidos por la buena fe y la lealtad procesal.

Por esta razón, la solicitud de aplicación de multas procesales a la demandada y su asistente letrada debe ser desestimada (art. 34 inc. 6°, 45, 163 inc. 8°, 273 y cctes. del CPC).

ASI LO VOTO

El señor Juez Dr. Roberto J. Loustaunau votó en igual sentido y por los mismos fundamentos.

A la segunda cuestión planteada el Sr. Juez Dr. Monterisi dijo:

Corresponde: I) Rechazar el recurso de apelación interpuesto por los actores a fs. 3132, con costas (art. 68 del CPC); II) Diferir la regulación de los honorarios profesionales para su oportunidad (art. 31 del Dec-Ley 8904).

ASÍ LO VOTO

El señor Juez Dr. Roberto J. Loustaunau votó en igual sentido y por los mismos fundamentos.

En consecuencia se dicta la siguiente

SENTENCIA

Por los fundamentos expuestos en el precedente acuerdo, se resuelve: I) Rechazar el recurso de apelación interpuesto por los actores a fs. 3132, con costas (art. 68 del CPC) II) Diferir la regulación de los honorarios profesionales para su oportunidad (art. 31 del Dec-Ley 8904). III)

NOTIFÍQUESE personalmente o por cédula (art. 135 del C.P.C.).

DEVUÉLVASE.

 

RICARDO D. MONTERISI

ROBERTO J. LOUSTAUNAU

Alexis A. Ferrairone

Secretario

 

  Correlaciones:

G., A. L. c/GCBA y otros s/daños y perjuicios – Juzg. Cont. Adm. y Trib. Nº 18 – 03/08/2015

 

011723E

       
Cita digital del documento: ID_INFOJU104555

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