Se hace lugar a la demanda por daños y perjuicios interpuesta por el actor, derivados de las declaraciones injuriosas efectuadas por la demandada -gremialista- en varios medios de comunicación locales contra el actor -en aquel momento candidato a Ministro de Educación Provincial-, en tanto constituyeron un grave ataque a su honor y honra. El voto mayoritario de la CSJN explicó que las opiniones de la demandada en nada se relacionaban con el desempeño de la función pública del actor. Por el contrario, eran ataques personales que iban más allá de las condiciones o del mérito que pudiese tener el actor para acceder a determinado cargo en el gobierno provincial y que excedían claramente lo que podría caracterizarse como una crítica dura o irritante.
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