Se rechaza la demanda por daños y perjuicios iniciada por el actor, quien fuera brigadier de la Fuerza Aérea y reclamó una ilegítima utilización de su imagen e información falsa relativa a su persona, en un documental realizado por los demandados. Para resolver así, se tuvo presente que la temática de la película era de interés público y el actor un funcionario del Estado, por lo que resultó plenamente aplicable la doctrina de la real malicia elaborada por la CSJN. La citada doctrina produce la inversión de la carga de la prueba poniendo en cabeza del hombre público demandante o querellante la obligación de acreditar que el informador conocía la falsedad de la noticia o que actuó con temerario desinterés acerca de su veracidad, requisitos que no fueron cumplidos en autos.
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