Se anulan los actos impugnados por medio de las cuales de determinaron de oficio obligaciones fiscales por Derechos de Publicidad y Propaganda, condenando a la Administración recurrida a restituir a la recurrente lo abonado por ésta. Ello en virtud que la Administración delegó las funciones de verificación y fiscalización tributaria que, por principio son indelegables.
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