Se declaran la nulidad de las resoluciones que desestimaron el pedido de suspensión del juicio a prueba, al valorarse que la pareja no volvió a protagonizar situaciones de violencia o maltrato desde que se restableció la convivencia, y que se observó una evolución positiva en lo que respecta a las nuevas formas de comunicarse y resolver las tensiones familiares también en lo que atañe a la distribución de las responsabilidades. Así, se consideró que entre los adultos la judicialización de los conflictos y las medidas implementadas tras la denuncia lograron movilizar un cambio en las relaciones familiares, y se observaba que en la actualidad la mujer pudo posicionarse en un lugar simétrico respecto a su pareja. Asimismo, se resaltó que en el caso se había soslayado expedirse sobre la opinión de la víctima a la luz de los informes actualizados en relación con el contexto real y actual que atraviesa la relación de pareja y familiar, todo ello en orden a la obligada perspectiva de género.
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