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JURISPRUDENCIAProcedimiento. Suspensión del juicio a prueba. Violencia de género
Se rechaza el recurso de casación interpuesto por la defensa contra la decisión que no hizo lugar a la suspensión del juicio a prueba de quien se encuentra imputado por los delitos de amenazas coactivas y lesiones leves contra su pareja, por constituir una actitud delictiva de violencia de género.
En la ciudad de Buenos Aires, a los 24 días del mes de JUNIO del año dos mil quince, se reúne la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal integrada por el doctor Mariano Hernán Borinsky como Presidente, y los doctores Juan Carlos Gemignani y Gustavo M. Hornos como Vocales, asistidos por el Secretario actuante a los efectos de resolver el recurso de casación interpuesto a fs. 232/241 de la presente causa Nro. CCC 41502/2009/TO1/CFC1 del registro de esta Sala, caratulada: “S., H. J. s/recurso de casación”; de la que RESULTA:
I. Que el Tribunal Oral en lo Criminal Nº24 de esta ciudad, en la causa nro. CCC 41502/2009/TO1/CFC1 de su registro, resolvió, con fecha 5 de agosto de 2014, no hacer lugar a la suspensión a prueba de H. J. S. (fs. 227/228 vta.).
II. Que contra dicha resolución, la defensa particular, doctor Gustavo Manuel González, interpuso recurso de casación (fs. 232/241), el que fue concedido por el a quo a fs. 242 y mantenido en esta instancia a fs. 246.
III. El recurrente sustentó su recurso en el primer inciso del artículo 456 del C.P.P.N.
A continuación, desarrolló los fundamentos que lo llevaron a recurrir la decisión del Tribunal.
Primero, criticó la resolución atacada por considerarla arbitraria, toda vez que el juez interviniente no hizo lugar a la probation habida cuenta la oposición manifestada por el fiscal.
En razón de ello, consideró que la resolución carece de fundamentación y deviene arbitraria ya que el rechazo del beneficio solicitado no es derivación directa y razonable de lo que obra en autos, sino producto de la voluntad individual e irrazonada del órgano jurisdiccional, toda vez que el decisorio impugnado no se ve sufragado por argumentos válidos, sino que se ve determinado por causas y explicaciones fácticas, algunas de los cuales son falsedades evidentes.
Además, citó diversa doctrina y jurisprudencia que avala la interpretación amplia sobre la finalidad del instituto en cuestión.
En segundo lugar, criticó también la resolución recurrida, al tener como uno de los fundamentos para no hacer lugar a la suspensión del juicio a prueba, las directivas del fallo “Góngora”.
Por otra parte, señaló la intención del imputado de reparar el daño ocasionado, a pesar de no haber notificado a la damnificada aunque esta así lo solicitara, es decir aún sin reconocer hecho alguno, deja en claro el imputado la intención de acceder a este beneficio y evitar la estigmatización que pudiera significar una condena para su futuro social y laboral; teniendo en cuenta que el encartado reconstruyó su pareja con la denunciante, y actualmente viven juntos y el Estado, en vez de ayudarlos velando por la familia, atenta contra la integridad y reconstrucción familiar.
En definitiva, concluyó que tanto la sentencia recurrida como la oposición del Representante del Ministerio Público Fiscal carece de la fundamentación exigida por el art. 18 de la Constitución Nacional pues no contiene una referencia razonada de las cuestiones debatidas, cuya falta de tratamiento exhibe cierta dimensión de arbitrariedad que descalifica el auto recurrido como acto judicial válido.
Finalmente, solicitó que se haga lugar a la suspensión de juicio a prueba, revocando el decisorio objeto del presente recurso. Hizo reserva del caso federal.
IV. Que superada la etapa prevista en los arts. 465, último párrafo y 468 del C.P.P.N., ocasión en la cual la Defensa Pública Oficial presentó breves notas (fs. 258/263 y 264), quedaron las actuaciones en estado de ser resueltas. Efectuado el sorteo de ley para que los señores jueces emitan su voto, resultó el siguiente orden sucesivo de votación: doctores Juan Carlos Gemignani, Mariano Hernán Borinsky y Gustavo M. Hornos.
El señor juez Juan Carlos Gemignani dijo:
I.En primer lugar corresponde señalar que si bien en la presente causa se dispuso poner los autos a disposición de las partes por el término de diez días, conforme lo previsto en los arts. 465, cuarto párrafo, y 466 del C.P.P.N., ello no implica que esta Alzada no pueda efectuar un examen más profundo sobre la admisibilidad formal del recurso de casación sometido a examen, una vez superada la etapa procesal supra aludida y/o la audiencia de expresión de agravios.
Esta posición encuentra respaldo en las palabras de Fernando De la Rúa al expresar que 1”La concesión del recurso de casación por el tribunal a quo constituye una etapa inevitable del juicio de casación. Sin ella, no hay posibilidad de que el conocimiento del asunto llegue al tribunal de casación. Esa resolución, sin embargo, no es definitiva, y este último, si considera que el recurso es formalmente improcedente y ha sido mal concedido, podrá desecharlo sin pronunciarse sobre el fondo (art. 444) en cualquier momento, ya sea antes o después de la audiencia para informar o en el mismo momento de dictar sentencia” (DE LA RÚA, Fernando, “La Casación Penal. El recurso de casación en el nuevo Código Procesal Penal de la Nación”, Ed. Depalma, Buenos Aires, 1994, pág. 241).
II. Por otro lado, se advierte que la decisión recurrida en casación -denegación de la suspensión del juicio a prueba-, por principio no cumple con el requisito de la impugnabilidad objetiva previsto en el art. 457 del C.P.P.N. toda vez que no se trata de una sentencia definitiva, y por lo demás, tampoco conforma resolución equiparable a definitiva, en cuanto que la consecuencia de la misma es solamente que la persona en cuyo favor se ha solicitado la suspensión permanezca sometida a proceso, circunstancia que de ningún modo conforma per se, agravio que imponga la equiparación de la resolución a decisión definitiva, por conformar agravio de tardía o imposible reparación ulterior.
Sin perjuicio de ello, la regla deberá excepcionarse si en el caso estuviere implicada una cuestión de índole federal, es decir, cuando la resolución cuestionada constituya gravedad institucional, resulte arbitraria o afecte normas o derechos constitucionales (cfr. Fallos: 328:121, 310:927, 312:1034, 314:737, 318:514, 324:533, 317:973, entre muchas otras).
III.Dicho esto, cabe tener presente que en el caso de autos se le imputa a J. S. H. los delitos de amenazas coactivas (hecho nº I), amenazas simples (hecho nº II) y lesiones leves en concurso ideal con el delito de daños (hecho nº III) todos en calidad de autor (arts. 55, 89, 149 bis párrafo primero y segundo y 183 del Código Penal) -cfr. Requerimiento de Elevación a Juicio obrante a fs.157/160-.
Respecto al hecho nº I fue descripto de la siguiente manera el accionar del imputado, el cual le profirió expresamente a su pareja K.S.J. “que le iba a volar la gorra” (sic), “que si no quería tener relaciones sexuales con él las iba a tener igual” (sic), “que era una puta, una prostituta de mierda, que seguro anduvo con alguno del trabajo, que por eso no quería estar con él” (sic)”.
El hecho nº II, el encartado profirió amenazas simples a la víctima refiriéndole “que no la iba a dejar tranquila, y que la iba a matar” (sic).”
Finalmente el hecho nº III, consiste en haber acreditado que S. golpeó a su pareja y le provocó lesiones en su pierna izquierda tercio superior cara interna ocasionándole un hematoma violáceo y verdoso de 6 cm por 3 cm, y también le rompió su teléfono celular.
Ahora bien, en la audiencia prevista por el art. 293 del C.P.P.N., la fiscalía no prestó su conformidad para que se le conceda la suspensión del juicio a prueba, teniendo en cuenta las características de los hechos que se le imputan, los cuales no son de escasa o relativa trascendencia y además tuvo en consideración la resolución del Procuración General de la Nación nº 97/09 que se enrola en esta dirección.
Así también, fundo su oposición en los compromisos internacionales asumidos por la Argentina, de conformidad con lo establecido en la Convención “Belém do Pará” sobre la Prevención, Sanción y Erradicación de la violencia de género y lo que surge del fallo “Góngora” de la C.S.J.N., que establece la necesidad de realizar un juicio oportuno.
Asimismo, la defensa argumentó que la índole de los delitos reprochados y la pena amenazada permitía la aplicación del instituto, además de destacar que el encartado no registraba causas en trámite ni condenas anteriores y que ofrecía hacerse cargo de la reparación del daño que hubiese ocasionado y realizar tareas comunitarias.
Por su parte, el juzgado interviniente denegó la probation pretendida argumentando que al tratarse de un hecho que involucra un supuesto de violencia de género y donde el Ministerio Público Fiscal fundó válidamente su oposición, por lo cual no existen motivos valederos para alejarse del criterio establecido por la C.S.J.N. en el precedente “Góngora”, propendiendo a la realización del debate, en aras de una administración de justicia más eficaz.
En este sentido, reviste especial importancia el plexo normativo antes citado la “Convención Belem Do Pará”, ya que representa el compromiso internacional asumido por el Estado Argentino de prevenir, investigar y sancionar la violencia contra la mujer. Por ello, es que no resulta viable la probation cuando el delito investigado implica un caso de violencia de género, por tratarse de supuestos en los cuales la normativa involucrada en la cuestión impone la realización del plenario.
En este orden, debe tenerse presente lo resuelto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa “Góngora” G. 61. XLVIII de su registro, con fecha 23 de abril de 2013: “(…)la concesión de la suspensión del proceso a prueba al imputado frustraría la posibilidad de dilucidar en aquél estadio procesal la existencia de hechos que prima facie han sido calificados como de violencia contra la mujer, junto con la determinación de la responsabilidad de quien ha sido imputado de cometerlos y de la sanción que, en su caso, podría corresponderle. (…) De lo hasta aquí expuesto resulta que prescindir en el sub lite de la sustanciación del debate implicaría contrariar una de las obligaciones que asumió el Estado al aprobar la Convención de Belem do Pará para cumplir con los deberes de prevenir, investigar y sancionar sucesos como los aquí considerados”.
Así las cosas, y no conformando la argumentación de parte agravio que pueda conformar alguna otra cuestión de naturaleza federal, el recurso resulta inadmisible, con costas.
IV. Por lo expuesto, propongo al acuerdo: I. DECLARAR INADMISIBLE el recurso de casación interpuesto a fs. 232/241 por el defensor particular, doctor Gustavo Manuel González, en representación de J. S. H.; con costas en la instancia (arts. 463 -a contrario sensu-, 530 y 531 del C.P.P.N.). II. Tener presente la reserva del caso federal.
El señor juez doctor Mariano Hernán Borinsky dijo:
I. Que el recurso deducido en autos cumple con los requisitos de temporaneidad y fundamentación exigidos por el art. 463 del C.P.P.N., al tiempo que los planteos esgrimidos encuadran dentro de los supuestos de impugnación previstos en el art. 456 del mismo cuerpo legal. Por tales motivos, el recurso de casación sometido a examen resulta formalmente admisible.
II. Previo a cualquier consideración sobre la cuestión de fondo, corresponde recordar los antecedentes relevantes del presente caso.
Se imputa a H. J. S. “…el suceso ocurrido el 17 de junio de 2.011, a las 03:00 hs aproximadamente, consistente en haber amenazado a K. S. J. profiriéndole ‘que le iba a volar la gorra’, es decir pegarle un tiro, en circunstancias en que se encontraban en el interior de su vivienda, sita en la calle MAGDALENA …, Dpto. … de esta ciudad, momento en el cual el imputado tomó a J. del cuello con el objeto de obligarla a mantener relaciones sexuales, a la vez que le manifestaba que si no quería las iba a tener sí o sí.
Que ante su negativa, el imputado la llevó hasta la planta baja de la vivienda y le refirió ‘que era una puta, una prostituta de mierda, que seguro anduvo con alguno del trabajo, que por eso no quería estar con él’
Luego de ello, continuó insultando y golpeándola, hasta que se despertaron su hijos, motivo por el cual cesó su accionar (Hecho Nº 1).
Asimismo se le imputa haberle referido a J. ‘que no la iba a dejar tranquila’ y ‘que la iba a matar’, suceso que tuvo lugar una semana antes de la denuncia (17 de junio de 2.011) y fue en reiteradas oportunidades (Hecho Nº II)
Por último, se le imputa a J. S. H. el suceso acaecido el día 06 de junio del año 2.011 consistente en haber lesionado a J. toda vez que la damnificada se resistió a que el imputado le saque su teléfono celular, doblándole la mano y aplicándole una patada en su pierna. Luego logró tomar el teléfono celular, rompiendo el mismo mientras le refería ‘decile a tu macho que te mantenga a vos y a tus hijos’ (sic), ocasionándole a la víctima como consecuencia de los golpes, un hematoma violáceo y verdoso de 6 cm por 3 cm en su pierna izquierda tercio superior cara interna, con un tiempo estimado de curación menor a un mes (Hecho Nº III)”. Dichos hechos, a su vez, fueron calificados como constitutivos de los delitos de amenazas coactivas (hecho nº 1), amenazas simples (hecho nº 2) y lesiones leves en concurso ideal con el delito de daño (hecho nº 3) atribuidos al causante en calidad de autor (C.P., arts. 89, 149 bis -párrafos primero y segundo- y 183, cfr. requerimiento fiscal de elevación a juicio obrante a fs. 157/160).
Por su parte, en el marco de la audiencia prevista por el art. 293 del C.P.P.N., el fiscal de juicio se opuso a la concesión del instituto y, en sustento de su dictamen, expresó que “…no coincide con lo sostenido por la defensa en su pedido de suspensión de juicio a prueba porque sostuvo que se trataba de un hecho de menor cuantía. Para ello recordó la imputación de acuerdo al requerimiento de elevación a juicio (…) Continuó indicando que los hechos relatados fueron calificados como amenazas coactivas, amenazas simples, y lesiones leves en concurso con el delito de daño. Señaló que la Cámara Federal de Casación Penal al resolver ‘Kosuta’ sostuvo que el instituto era para casos de baja trascendencia o escasa entidad, y el mismo criterio adoptó la Procuración General de la Nación (…) Se trata de un caso de violencia de género, conforme el fallo ‘Góngora’. Destacó que si bien no se aplica erga omnes, marca una línea de conducta a tener en cuenta. Recuerda los compromisos internacionales asumidos por la Argentina y recuerda el contenido pertinente de la convención de Belem do Pará (ley 24632), en donde se condena la violencia de género. Bajo esos presupuestos, no presta conformidad” (cfr. acta de fs. 224/224 vta.).
A su turno, el tribunal anterior no hizo lugar a la suspensión del juicio a prueba solicitada en razón de la existencia de oposición fiscal debidamente fundada y, por tanto, vinculante para la jurisdicción (fs. 227/228 vta.).
III. La redacción del art. 76 bis del C.P. y del art. 5 del C.P.P.N. establece que el dictamen del agente fiscal resulta, en principio, vinculante, sujeto al control jurisdiccional de logicidad y fundamentación (art. 69 del C.P.P.N.), en base a las facultades que posee el mismo en su carácter de titular del ejercicio de la acción pública.
En el sub examine, el fiscal de juicio motivó su dictamen negativo al amparo de la “Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer” – “Convención de Belem do Pará” (ratificada por la República Argentina mediante Ley 24.632, B.O. 09/04/1996).
Al respecto, debe ser puesto de relieve que el art. 1º de la “Convención de Belem do Pará” establece que “Para los efectos de esta Convención debe entenderse por violencia contra la mujer cualquier acción o conducta, basada en su género, que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como privado”.
A su vez, el art. 2º, apartado b, del mismo instrumento legal, prescribe que “Se entenderá que violencia contra la mujer incluye violencia física, sexual y psicológica que tenga lugar en la comunidad y sea perpetrada por cualquier persona y que comprende, entre otros, violación, abuso sexual, tortura, trata de personas, prostitución forzada, secuestro y acoso sexual en el lugar de trabajo, así como en instituciones educativas, establecimientos de salud o cualquier otro lugar”.
Por su parte, el art. 7º reza que “Los Estados partes condenan todas las formas de violencia contra la mujer y convienen en adoptar, por todos los medios apropiados y sin dilaciones, políticas orientadas a prevenir, sancionar y erradicar dicha violencia…”, debiendo, entre otras cuestiones, “actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra la mujer” (apartado b, del precepto de cita).
Del examen de las disposiciones transcriptas precedentemente se concluye que el Estado Argentino ha asumido el compromiso internacional de prevenir, investigar y sancionar la violencia dirigida contra la mujer, en razón de su género; previsiones legales que, en principio, se adecuan al sub iudice en razón de las características concretas que revisten los hechos objeto de juzgamiento, conforme la descripción efectuada en el acápite II de este voto.
En este orden, debe tenerse presente lo establecido por la Corte Suprema de Justicia de la Nación in re “Góngora” (C.S.J.N., “Góngora, Gabriel Arnaldo s/ causa nº 14.092, G. 61. XLVIII, recurso de hecho, rta. el 23/04/13) en cuanto a que “(…) la concesión de la suspensión del proceso a prueba al imputado frustraría la posibilidad de dilucidar en aquél estadio procesal la existencia de hechos que prima facie han sido calificados como de violencia contra la mujer, junto con la determinación de la responsabilidad de quien ha sido imputado de cometerlos y de la sanción que, en su caso, podría corresponderle. (…) De lo hasta aquí expuesto resulta que prescindir en el sub lite de la sustanciación del debate implicaría contrariar una de las obligaciones que asumió el Estado al aprobar la Convención de Belem do Pará para cumplir con los deberes de prevenir, investigar y sancionar sucesos como los aquí considerados” (cfr. párrafos cuarto y sexto del considerando 7); lineamientos que, por lo demás, la parte recurrente no ha logrado rebatir.
En virtud de lo expuesto, la oposición fiscal formulada en autos cuenta con fundamentos suficientes para reputarla como un acto procesal válido, de conformidad con lo normado por el precitado art. 69 del C.P.P.N. Por ello, corresponde asignarle carácter vinculante para el tribunal. Correlativamente, la ausencia de consentimiento fiscal en el caso en estudio torna improcedente la solicitud de suspensión de juicio a prueba formulada por la defensa de H. J. S.
Por lo demás, debe ser señalado que, en consonancia con lo aquí expuesto, el colegiado anterior acogió el dictamen del Fiscal que propició el rechazo de la suspensión del juicio a prueba con argumentos suficientes, cumpliendo acabadamente con el control que tiene asignado.
IV. Por los fundamentos que anteceden, propicio al acuerdo rechazar el recurso de casación interpuesto a fs. 231/241 por el doctor Gustavo Manuel González, por la defensa de H. J. S., sin costas en la instancia (C.P.P.N., arts. 530 y 531 in fine). Tener presente la reserva de caso federal.
El señor juez Gustavo M. Hornos dijo:
I. Inicialmente, en lo que respecta la admisibilidad del presente recurso, habré de adherir a la solución propuesta por el doctor Borinsky. Ello es así en los términos del art. 457 del C.P.P.N., pues la resolución atacada deviene equiparable a una sentencia definitiva en virtud de que podría provocar un gravamen de insuficiente, imposible o tardía reparación posterior (conf. Fallos: 304:1817; 312:2480).
En efecto, así lo ha entendido la Corte Suprema de Justicia de la Nación in re “Padula, Osvaldo Rafael”, oportunidad en la que nuestro más Alto Tribunal sostuvo que el gravamen que se deriva de la resolución que deniega la suspensión del juicio a prueba “…no resulta susceptible de reparación posterior, en tanto restringe el derecho del procesado a poner fin a la acción y evitar la imposición de una pena. Es que la finalidad de quien requiere la suspensión del juicio a prueba no es la de obtener una sentencia absolutoria, sino la de no seguir sometido a proceso mediante la extinción de la acción penal” (conf. C.S.J.N., “Padula, Osvaldo Rafael y otros s/defraudación -causa Nº 274”, P. 184 XXXIII, rta. el 11/11/97, considerando 5º).
Asimismo, la parte recurrente se encuentra legitimada para impugnarla, los planteos esgrimidos encuadran dentro de los motivos previstos por el art. 456 del C.P.P.N., y se han cumplido los requisitos de temporaneidad y de fundamentación requeridos por el art. 463 del citado código ritual.
II. En el caso de autos, el Tribunal fundó la denegatoria de la suspensión del proceso a prueba solicitada por la defensa de H. J. S. en el entendimiento de que la negativa efectuada por el señor Fiscal se encuentra debidamente fundada, resultando, por lo tanto vinculante.
III. En este orden de ideas, corresponde recordar en primer lugar que ya he tenido oportunidad de señalar que el dictamen fiscal sobre el pedido de suspensión del juicio a prueba no resulta de carácter vinculante (cfr. causa Nro. 10.858, “SOTO GARCÍA, José María y otros s/recurso de casación”, rta. el 12/08/09, Reg. Nro. 12.100), en tanto el órgano judicial siempre debe analizar de manera independiente la concurrencia de las condiciones legales de admisibilidad y procedencia del instituto, a los fines de efectuar el control de legalidad del dictamen del Ministerio Público Fiscal que imponen los artículos 69, 123 y ccdtes. del C.P.P.N..
Ello así, pues el predominio de las características acusatorias de nuestro proceso penal (conf. art. 120 de la C.N.) no puede implicar la consagración de una actuación decisoria del fiscal, sino que su potestad debe entenderse limitada a la adopción de una postura frente al caso desde su rol de parte, si bien revestida de cierta ecuanimidad y siempre ceñida a la determinación legal de los criterios de admisibilidad de la suspensión del proceso a prueba.
Si bien el artículo 5 del digesto ritual establece que el ejercicio de la acción penal no puede “suspenderse, interrumpirse ni hacerse cesar, excepto en los casos expresamente previstos por la ley”, no es menos cierto que el artículo 65 del mismo cuerpo consagra el principio según el cual “el ministerio fiscal promoverá y ejercerá la acción penal en la forma establecida por la ley”, de modo que si la facultad denegatoria que en última instancia recae sobre el órgano judicial es entendida sólo como un segundo control de legalidad, dicha intervención constituye un control razonable que no desnaturaliza la potestad del fiscal requirente (cfr. en similar sentido mi voto en la causa nro. 897, caratulada “LIRMAN, Roberto s/recurso de casació6n, reg. nro. 1594.4, rta. el 23/11/03, y sus citas).
En otras palabras, entendí que describir al dictamen fiscal como “vinculante” para el Tribunal soslaya el hecho de que existen limitaciones legalmente impuestas -v.gr., los requisitos de procedencia y admisibilidad estipulados en el art. 76 bis del C.P.- dentro de las cuales la actuación del Ministerio Público debe estar circunscripta, y cuya observancia, logicidad y adecuación a las circunstancias del caso concreto corresponde al órgano jurisdiccional controlar mediante el rechazo, cuando correspondiera, de aquellos dictámenes fiscales que se apartaran de las prescripciones legales ya sea por introducir requisitos que la ley no prevé o por omitir considerar aquellos que sí forman parte del ordenamiento jurídico. Ello, entiendo, es una consecuencia necesaria del esquema de estricta separación funcional entre fiscales y jueces (cf. “Quiroga, Edgardo O.”, Corte Suprema de Justicia de la Nación, 23/12/2004).
IV. Sin embargo a pesar de lo expuesto, no puede pasarse por alto que el hecho que se le imputa a S. se encuentra, en efecto, alcanzado por las previsiones de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (“Convención de Belém Do Pará”), la cual, como ya tuve oportunidad de señalar al referirme a la problemática de la violencia de género, establece en sus arts. 1º y 2º “A” que “…para los efectos de esta Convención debe entenderse por violencia contra la mujer cualquier acción o conducta, basada en su género, que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el privado” y que “se entenderá que violencia contra la mujer incluye la violencia física, sexual y psicológica: a. que tenga lugar dentro de la familia o unidad doméstica o en cualquier otra relación interpersonal, ya sea que el agresor comparta o haya compartido el mismo domicilio que la mujer, y que comprende, entre otros, violación, maltrato y abuso sexual” (cfr. las causas de esta Sala IV caratuladas “MUMELI, Nora s/recurso de casación” (causa nro. 13.315. reg. nro. 1271/12, rta. el 24/8/2012) y “ROMERO, Rafael Carlos s/recurso de casación (causa nro. 14.807, reg. nro. 1755/12, rta. el 27/9/2012))
Así, lo cierto es que en la especie no puede ser otra conclusión ya que se advierte que S., pareja de la víctima, agredió física y verbalmente a K.S.J., amenazándola de muerte y provocándole lesiones; circunstancia que tuvo lugar en el domicilio de la pareja.
El referido accionar revela claramente una concepción del género femenino al que lejos de respetar reconociéndole autonomía y libertad para construir las relaciones interpersonales que desee, la objetiviza, agrediéndola, y la reduce a un estado semejante al de una posesión; constituyendo, claramente, una actitud delictiva de violencia de género.
Ahora bien, a partir de la calificación de un hecho como “violencia contra la mujer” en los términos de la Convención de Belém do Pará, corresponde tener en cuenta que la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en los autos in re “Góngora, Gabriel Arnaldo s/ causa nº 14.092” (Recurso de Hecho, expte. G. 61. XLVIII, resuelto el 23/4/2013) entendió que la interpretación que vincula los objetivos del articulo 7 Convención citada, con la necesidad de establecer un «procedimiento legal, justo y eficaz para la mujer», que incluya «un juicio oportuno» impone considerar que la adopción de alternativas distintas a la definición del caso en la instancia del debate oral es improcedente. Señaló el alto Tribunal que “Este impedimento surge, en primer lugar, de considerar que el sentido del término juicio expresado en la cláusula en examen resulta congruente con el significado que en los ordenamientos procesales se otorga a la etapa final del procedimiento criminal (asi, cí. Libro Tercero, Titulo 1 del Código Procesal Penal de la Nación), en tanto únicamente de alli puede derivar el pronunciamiento definitivo sobre la culpabilidad o inocencia del imputado, es decir, verificarse la posibilidad de sancionar esta clase de hechos exigida por la Convención.
Particularmente, en lo que a esta causa respecta, la concesión de la suspensión del proceso a prueba al imputado frustraría la posibilidad de dilucidar en aquél estadio procesal la existencia de hechos que prima facie han sido calificados como de violencia contra la mujer, junto con la determinación de la responsabilidad de quien ha sido imputado de cometerlos y de la sanción que, en su caso, podria corresponderle.
En segundo término, no debe tampoco obviarse que el desarrollo del debate es de trascendencia capital a efectos de posibilitar que la víctima asuma la facultad de comparecer para efectivizar el «acceso efectivo» al proceso (cfr. también el inciso «f» del artículo 7 de la Convención) de la manera más amplia posible, en pos de hacer valer su pretensión sancionatoria.
Cuestión esta última que no integra, en ninguna forma, el marco legal sustantivo y procesal que regula la suspensión del proceso a prueba.
De lo hasta aquí expuesto resulta que prescindir en el sub lite de la sustanciación del debate implicaría contrariar una de las obligaciones que asumió el Estado al aprobar la «Convención de Belém do Pará» para cumplir con los deberes de prevenir,investigar y sancionar sucesos como los aquí considerados.”
V. Por todo lo expuesto, por la aplicación de la doctrina judicial vigente y en atención a la naturaleza de los hechos punibles que se le imputan a H. J. S., no procede en el caso la suspensión del juicio a prueba. Por ello, adhiero a la solución propuesta en el voto que antecede en cuanto a que corresponde rechazar el recurso de casación interpuesto por la defensa, sin costas en esta instancia (arts. 8.2.h C.A.D.H., arts. 530 y 531 del C.P.P.N.).
Por ello, en mérito del acuerdo que antecede el Tribunal, por mayoría
RESUELVE:
I. RECHAZAR el recurso de casación interpuesto a fs. 232/241, por el doctor Gustavo Manuel González, en representación de H. J. S., SIN COSTAS (arts. 530 y 531 “in fine” del C.P.P.N.).
II. TENER PRESENTE la reserva del caso federal.
Regístrese, notifíquese y oportunamente comuníquese (Acordada CSJN 15/13 y Lex 100). Remítase al Tribunal de origen, sirviendo la presente de atenta nota de envío.
MARIANO H. BORINSKY
JUAN CARLOS GEMIGNANI
GUSTAVO M. HORNOS
002179E
