Se rechaza el pedido de extradición formulado por el Estado de Colombia, que había condenado al recurrente sin que sea parte del juicio, dado que las autoridades del Estado solicitante no garantizaron que su legislación permita la realización de un nuevo juicio, en donde la persona sea oída (artículo 11.d de la ley 24.767). Por ello, se ordenó rechazar la rogatoria internacional, pues lo contrario importaría una violación de las garantías de la defensa en juicio y el debido proceso que amparan al requerido.
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