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JURISPRUDENCIA
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, capital federal de la República Argentina, a los 13 días del mes de noviembre de 2019 se reúnen los señores jueces de la Sala V, para dictar la sentencia en esta causa, quienes se expiden en el orden de votación que fue sorteado oportunamente; y LA DOCTORA BEATRIZ E. FERDMAN dijo:
I- La sentencia de fs. 162/165 que admitió la demanda contra CEPEC S.A. fue apelada por la parte demandada en los términos y con los alcances que surgen del memorial de fs. 170 y vta., replicado por su contraria a fs. 172/173. Se registran además los recursos articulados por el perito contador y por la representación letrada de la parte actora, por estimar reducidos los honorarios que le fueron regulados en la instancia de origen (ver fs. 166 y 168, respectivamente).
II- Cabe señalar que en lo sustancial, la Magistrada me precede determinó la procedencia de la acción por despido incoada por Marcelo Pablo Reales contra CEPEC S.A. Asimismo acogió favorablemente las indemnizaciones previstas por los arts. 2 de la ley 25.323 y 80 LCT, al advertir el cumplimiento de los recaudos estipulados por esas normas. En ese orden y con fundamento en el informe pericial contable, estableció la base de cálculo de los rubros acogidos en la suma de $ 6.354,18.
No es un hecho controvertido que la demandada se dedica a la enseñanza superior y que el actor se desempeñó como docente titular desde 26/10/1999 hasta el despido que se formalizó por decisión del trabajador el 28/06/2013, ante la negativa de la demandada frente al reclamo plasmado telegráficamente por el actor, reclamando el otorgamiento de las horas cátedra, que venía desempeñando en los ciclos anteriores.
Así, en el memorial se pone el acento en la situación de disponibilidad en que se encuentran los docentes, en virtud de los planes de estudio que mantenga la escuela en cada año lectivo y dependiendo de la cantidad de la matrícula de alumnos; afirma que se le notificó telegráficamente al actor el cierre del curso a su cargo, conforme resolución gremial 219/88 del Consejo Gremial de la Enseñanza Privada, acreditada en autos a través de la prueba documental e informativa.
Pero no obstante el esfuerzo argumental del memorial, adelanto que a la luz de los hechos controvertidos, los elementos del expediente y los fundamentos de la sentencia, la queja no puede ser receptada.
Digo ello, porque la lectura del fallo apelado revela que la magistrada de grado concluyó que el instituto de enseñanza superior demandado, incumplió las pautas relativas al régimen de disponibilidad horaria delineado por el art. 16 de la ley 13.047, pues no existe constancia alguna que acredite tal extremo.
Tal como lo especificó la sentenciante que me precede, la norma citada contempla un marco de regulación específico de la actividad privada docente y determina expresamente las garantías de procedimiento que conciernen a la resolución de la disponibilidad horaria sin goce de haberes del personal afectado a esa actividad, que si bien puede quedar en disponibilidad, ello es a condición de la previa autorización del organismo técnico respectivo y de la comunicación al Consejo Gremial de Enseñanza Privada, requiriéndose además la conformidad escrita de los afectados, -único requisito que en el caso fue cumplimentado a tenor de lo resuelto al respecto en decisorio apelado, aspecto que arriba firme e incuestionado a esta alzada-. (art. 16 de la ley 13.047).
Estas conclusiones no son asumidas en forma adecuada en el memorial, pues las manifestaciones que ensaya el recurrente no logran modificar lo resuelto en la instancia de grado anterior sobre el aspecto en debate, en orden a la insuficiencia de la prueba producida en autos para acreditar el cumplimiento de las pautas legales apuntadas, en la medida en que se omitió indicar de qué modo la pericia contable y la prueba instrumental acreditarían su postura.
Por lo demás, la reiteración de los argumentos expuestos al contestar demanda no configura agravio en la medida en que no reemplaza la crítica concreta y razonada que exige el art. 116 de la LO, ni enerva la conclusión vertida previamente en torno a la falta de acreditación en autos de los recaudos delineados por el art. 16 de la ley 13.047, lo que impone desestimar el agravio sobre el segmento en debate.
III- Finalmente, se agravia la representación letrada de la actora, de la demandada y el perito contador, ante la regulación de honorarios dispuestas por el sentenciante de grado en su favor, al advertirlas reducidas. Por el contrario, la demandada recurre los honorarios regulados a la totalidad de los profesionales actuantes en la instancia de origen, por estimarlos elevados.
Los honorarios de origen resultan adecuados respecto del monto de condena con sus accesorios, teniendo en cuenta la calidad y extensión de los trabajos, el éxito obtenido y las escala arancelaria de los artículos 7 y 9 de la ley de Aranceles. En idéntico sentido respecto de los honorarios de la auxiliar contable, por lucir además adecuada a la escala correspondiente para los profesionales en Ciencias Económicas. Por lo expuesto, la regulación de honorarios será confirmada.
IV- Sugiero imponer las costas de alzada a cargo de la parte demandada y regular los honorarios a los profesionales actuantes en esta instancia por la parte actora y demandada en el …% de lo que le corresponda percibir a cada una de las representaciones letradas, respectivamente, por su actuación en la anterior instancia (conf. art. 30 de la ley 27.423).
EL DOCTOR ENRIQUE ARIAS GIBERT manifestó:
Que por análogos fundamentos adhiere al voto de la Sra. Juez de Cámara preopinante.
En virtud de lo que surge del acuerdo que antecede, el TRIBUNAL RESUELVE: 1) Confirmar la sentencia apelada en todo cuanto fue materia de recursos y agravios, incluso en lo que respecta a las costas y honorarios determinados en la instancia anterior; 2) Costas y honorarios de alzada conforme lo propuesto en el punto IV del primer voto; 3) Regístrese, notifíquese, cúmplase con el art. 1 de la ley 26.856 Acordadas C.S.J.N. 15/13 punto 4) y 24/13 y devuélvase. Con lo que terminó el acto, firmando los señores jueces por ante mí, que doy fe. Se deja constancia que la vocalía 1 se encuentra vacante (art. 109 RJN).
Beatriz E. Ferdman
Juez de Cámara
Enrique Néstor Arias Gibert
Juez de Cámara
Ley 13.047 – BO: 22/10/1947
075325E
