Se resuelve rechazar el recurso de apelación interpuesto por la demandada, ya que la valoración de la injuria es en esencia una facultad reservada a los jueces que debe ser efectuada prudencialmente y meritada conforme lo normado por el artículo 242 de la LCT, de acuerdo a las circunstancias de cada caso concreto y a las pruebas aportadas a la causa. En este caso, estas no persuaden a los magistrados acerca de la legitimidad del despido operado como pretende la recurrente.
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