Violacion de domicilio condena penal violencia de genero violencia economica

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JURISPRUDENCIA

 

 

 

Mar del Plata, 25 de Agosto de 2020

AUTOS Y VISTOS:

La presente causa nº 6834 en trámite por ante este Juzgado en lo Correccional nº 4 departamental (IPP nº 08-00-23407-17 y a la que se acumuló la IPP 08-00-20111-18), seguida a V. A. A. (DNI. …, argentino, nacido en Labarden, provincia de Buenos Aires, el 29/12/1956, de 63 años, hijo de F. A. A. y B. C., divorciado, padre de 4 hijos mayores de edad, estudios secundarios completos, empresario, con domicilio en calle Balcarce …, Barrio Libertad de esta ciudad) por la presunta comisión de los delitos de Violación de Domicilio (hecho I, art. 150 CP) y Defraudación por Retención Indebida (hecho II, art. 173 inc. 2do. CP) en concurso real (art. 55 CP).

RESULTA:

I.- En la audiencia de debate llevada a cabo los días martes 18 y miércoles 19 de agosto de 2020, concluida la recepción de las pruebas ofrecidas, y a expresa petición de la Defensa y de su propio defendido, brindó amplia declaración la persona aquí imputada y luego de lo cual se dispuso que se lleve a cabo la discusión final (art. 368 CPP).

El Sr. Agente Fiscal, Dr. Alejandro Pellegrinelli sostuvo su acusación respecto de V. A. A., por resultar a su criterio autor de los delitos de Violación de Domicilio (art. 150 CP) acaecido el día 10/11/2017 -Hecho I- y de Defraudación por Retención Indebida (art. 173 inc. 2 del CP) ocurrido al menos desde el 26/04/2018 -Hecho II-, resultando víctima de ambos la Sra. M. S., solicitando se le imponga la pena de cuatro años de efectivo cumplimiento, accesorias legales y costas (arts. 5 12, 29 inc. 3, 45 y 55 CP)

Como planteo subsidiario individualiza la pena para causa uno de los hechos para el caso que se absuelva por uno de ellos, en tal sentido determina: respecto del Hecho I: 2 años de efectivo cumplimiento y costas y en cuanto al Hecho II: 3 años y 6 meses de efectivo cumplimiento, accesorias legales y costas.

Valora como atenuantes la carencia de antecedentes atento los informes incorporados por lectura.

Como agravantes, en primer término la persistencia de la actitud de A. pese a los reiterados requerimientos de M. S. y de la justicia de familia, la reiteración delictiva en breve transcurso de tiempo, en tercer lugar la nocturnidad, clandestinidad y sorpresa a la víctima en el Hecho 1, el innegable contexto de género en que se desarrollaron los hechos.

Sin eximentes.

Solicita asimismo que al dictar sentencia, de conformidad con lo previsto por el at. 371 del CPPto. se ordene la detención de V. A., toda vez que esta sentencia pone en crisis la presunción de inocencia y que se ha verificado su conducta de innegable peligrosidad sobre la víctima.

Finalmente se peticiona se defina la entrega del rodado a su titular M. S. de carácter definitiva.

Considera el Dr. Alejandro Pellegrinelli en su alegato que la declaración de V. A. resulta “infame” y “pueril”, y que el resto de la prueba de cargo reunida reviste una suficiencia tal que releva de mayores comentarios respecto de lo que tardíamente quiere justiciar o desacreditar A..

Sostiene que no tiene dudas de la excelencia profesional de la víctima de autos, M. S., de su ética, de sus condiciones, de su permanente formación y capacitación y que en su declaración nos contó la historia de la relación, que conoció a A. cuando tenía 39 años al ir a Garbarino a comprar una heladera, es en esa ocasión cuando encontró el pretexto para llamarla, la llamó reiteradamente hasta que comenzó la relación y la propia S. hoy reconoce con culpa “me enamoré”, dando inicio a una relación que al principio era “amorosa y compañera”, mudándose A. a su domicilio.

Alega el Fiscal que no puede soslayarse que con mirada retrospectiva, la Sra. S. se reconoce hoy como “un medio para un fin”, que incluso A. llevó a vivir con ellos a su hija C. que en ese entonces tenía 5 años de edad, y asumió entonces el rol del “madre postiza” -situación aún ratificada por la madre de la niña al declarar en debate-. Añadió S. que llegó a tener hasta 5 personas a su cargo en OSDE, e incluso J. A., hijo de la persona imputada, declaró desde Bariloche que fue S. quien le gestionó una intervención quirúrgica.

No resulta un dato menor para el Dr. Pellegrinelli que la propia S. reconoce en la dinámica de la relación situaciones de descalificación, hostigamiento y de tolerar esto de manera inconsciente, fruto del ciclo de la violencia de género que presenta estas características que se retroalimentan de manera permanente casi de manera inconsciente por los protagonistas de la relación durante los 14 años, y que hoy dice “me avergüenza, no me perdono no haberme ido antes”

Respecto al Hecho 1 (Violación de Domicilio, art. 150 CP), refiere a la declaración de S. que en el año 2016 decidió separarse de manera definitiva (habiéndolo intentado varias veces antes), comenzando a reiterarse actos de hostigamiento por parte de A., hasta un episodio blandiendo cuchillos, pidiéndole él que lo lastimara, y que la llevó a decidir irse primero y luego a comenzar con las denuncias ante la justicia de familia con intervención de la Jueza Amalia Dorado.

Reseña que en sede de familia primero se ordenó la exclusión de A. del hogar, la Sra. S. cambió la cerradura, se decretaron restricciones de acercamiento y pese a ello comenzaron molestias a su padres y amigas, motivando una restricción vigente hasta el mes de septiembre de 2017.

En tal sentido, el Fiscal pondera el testimonio de la Dra. María Soledad Webb que relató todas las vicisitudes durante la tramitación de los expedientes en sede de familia, el hostigamiento permanente de parte de A., que le llegó a mandar una foto que estaba estacionado en su casa, de manera de marcar presencia.

Puntualiza que tres días antes al hecho que motiva el inicio de la presente causa, el 7/11/2017 A. se hizo presente en el edificio de la calle Gaboto …, permaneciendo entre los pisos … y … (recordando que S. vive en el …), como “escondido” a la luz de un celular, manipulando un manojo de llaves, situación ratificada en debate por la testigo P G. quien observando luego la cámara de seguridad del edificio reconoce a A. salir del edificio.

Tiene por probado el Ministerio Público Fiscal que el día 10/11/17 se produce el hecho que nos convoca, que configura el delito de Violación de Domicilio (art. 150 CP) siendo su autor V. A..

Puntualiza que M. S. dice que escucha que se cierra ascensor, escucha pasos. El propio A. dice que estuvo en ese momento y que se agacha para que S. no lo vea por la mirilla, pero S. agrega que A. empuja la puerta y abre los brazos para no dejarla salir, “me acorralaba y decía quiero hablar con vos” lo que produce en la víctima un estado de shock, y gritos de socorro que motivan la presencia de los vecinos P. y M.

Destaca el Dr. Pellegrinelli como dato importante que A. ingresó al departamento, que M P con su pie en el umbral impidió que se cerrara la puerta y los dos (P y M) lo logran sacar del interior del departamento y que A. recién se va cuando una vecina dice que llamó al 911.

En lo atinente al segundo Hecho, que también da por probado el Fiscal, refiere que M. S. efectuó un raconto ordenado, minucioso y prolijo de como se produjeron las adquisiciones bienes y dice que ese vehículo -FIAT PUNTO …- a diferencia de lo que dice A. con su amigo Q., fue adquirido con un crédito con ahorro con bienes propios, abonando ella en todo momento ARBA, el seguro y la cochera, debiendo afrontar incluso el pago de las multas de tránsito registradas cometidas por A., por un valor de 22 mil pesos, que al generar intereses por no pago al hoy ascendería a un valor de 56 mil pesos.

Expresa Pellegrinelli que se produjo la intimación a restituir a través de las actas notarias incorporadas por lectura, y posteriormente la Sra. S. efectúa la denuncia en la Fiscalía de Delitos Económicos y más tarde, ya en el mes de enero de 2019 se logró el secuestro del auto.

El fiscal puntualiza que debe contextualizar los hechos el que la Sra. S. se considera víctima de violencia de género, que se reconoce estar inmersa en ese círculo.

Destaca asimismo que la testigo Mariel S., con experiencia laboral en la problemática que nos convoca, deja en claro que notaba en actitudes de su hermana, la incidencia de aspectos de conducta dominante y manipulación de su entonces pareja, y finalmente su estado de ánimo, en la que luego del episodio vivido “solo lloraba”.

Añade que resulta ilustrativo el testimonio de M, quien escuchó los gritos de M., bajó dos pisos por escalera y en esa instancia ve a M. en el hall de la puerta de su departamento junto a P. y a M que lo apartaban a A., esto no hay duda, M lo agarraba y M se mete en el departamento con S. y la ve blanca, pálida, nerviosa, en verdadero estado de shock y llama al 911. Señala que M también manifestó haber visto a A. el 7 de noviembre de 2017 en iguales circunstancias que reseñara P G y que finalmente sostuvo haber visto a A. con posterioridad, incluso una vez intentó explicar su versión.

Destaca el Sr. Fiscal el aporte determinante brindado por la Dra. Webb para entender correlaciones de presentaciones en sede de Familia ante cada uno de los episodios -aún cuando consideró frustrarse durante todo el proceso-, desde esa discusión en enero de 2017, la amenaza con cuchillos, la exclusión del hogar y las restricciones de acercamiento, que fueron prorrogadas por 30 días y después por 6 meses. A ello se añade, en los meses de julio y agosto de 2017, el proceso de mediación a instancias de A., sin llegarse finalmente a ningún acuerdo. Además la letrada Webb expresó que M. le tenía pánico, y que recién con la intervención de un psiquiatra pudo estilizarse y evolucionar favorablemente.

Puntualiza que resulta coincidente con todo lo expresado, el aporte de la testigo Graciela Fernanda Díaz, compañera de trabajo de casi 30 años y que puntualizó que después del hecho de noviembre la vio a M. muy asustada, angustiada y que le contó el episodio vivido el 10/11/2017. Asimismo, relató su intervención que posibilitó el secuestro del auto, que lo vio estacionado en el trabajo de V. A. -recordando aún la primer parte de su patente, …- y dio aviso al 911 posibilitando su secuestro.

Expresa que valora como de menor importancia el aporte de los testimonios de la defensa, “reunidos en una casi de suerte de “búnker” armado ex profeso” en una misma casa, de un familiar de A.. Reseña que su prima V C respondió con evasivas y olvidos respecto de cuestiones puntuales de A. pero sí buscó presentarlo con loas como mejor pareja o mejor primo o sobrino o padre posible cuando las evidencias dan cuenta de otra situación.

Señala que Q. conocido del señor A., fue quien vino a pretender avalar la idea sostenida por éste último, que de favor lo acompañó al Banco Galicia de Colón y Santa Fe a efectuar un depósito, pero no pudo definir a qué se dedicaba A., ni sabía de la existencia de parejas anteriores, cuántos hijos tiene, que trabajos realizó, tanto es así que preguntado por el auto no sabe si actualmente lo tiene o no A..

A todo ello añade el Fiscal, que la Sra. Cordero, a quien además vio entrar y salir de la habitación, asistiendo de manera permanente a A. y quien dijo que lo reconoce como un hijo, llegó a reconocer que le pedía plata prestada y que le prestaba de su pobre jubilación. Destaca asimismo que la Sra. Cordero ni siquiera puede precisar cuántos hijos tiene A., si 4 ó 5, y cuando intenta justificarlo problemas de alimentos dijo que sería por la falta de trabajo.

En igual sentido a su criterio la versión de B A., su hermano, pierde entidad cuando tampoco puede precisar el devenir laboral de su hermano ni su relación con anteriores parejas.

Pondera el Ministerio Público Fiscal que notó molesto al cerrajero García, quien relató que por requerimientos de la Sra. S. para cambiar una cerradura y una combinación, dijo puse dos “trabex” pero no fue certero al respecto cuando finalmente reconoce que el propio A. después de este cambio fue a la cerrajería a preguntar por qué no podía entrar y por ello le cuenta que había cambiado la cerradura.

En este sentido sostiene que la propia Sra. S. genera una serie de contrapuntos y ahí lo noto molesto por no poder reafirmar los dichos, ella le dice “te acordás que me dijiste que uno en un millón puede darse que una llave trabex pueda ser utilizada en otra cerradura”, y cuando se le insistió se le vio molesto y procuró no recordar.

El Dr. Pellegrinelli destacó del testimonio de J. A. que reconoció convivencia con S., las gestiones en su intervención quirúrgica 2011, que fue con cobertura de OSDE, y a preguntas que se le formuló terminó confundiéndose temporalmente en las adquisiciones de autos de su padre, reconociendo el equívoco en que incurrió.

Destaca el testimonio de una de las tantas parejas de A., la Sra. L B que también estaba en la casa de Cepeda, y que reconoció que la relación de ambos no fue por más de 3 años y que juntos tienen una hija en común, C. y que hoy se tratan poco. En este punto destaca el Fiscal que J. nos dijo que en 10 años vio a su padre 2 ó 3 veces y la Sra. B reconoció que A. era un “papa de visita” en su relación con C. quien finalmente viviría con la Sra. S. asumiendo un rol de “mamá postiza” rotando 4 días cada uno, y que motivó al final de su declaración un reconocimiento llano a la labor que S. efectuada en la crianza de C., “M. yo te agradezco”.

El Ministerio Público Fiscal entiende que la prueba de cargo se consolida con los aportes 911 que dan cuenta de las circunstancias ocurridas el 7 de noviembre y el 10 de noviembre de 2017 con las capturas de secuencias fs. 14 y 16 de las cámaras de seguridad, correspondiente a los CD que las partes tuvieron oportunidad de visualizar, imágenes donde se lo puede ver a A. en el interior del Edificio de Gaboto … -y las exhibe-, reporte del 911 incorporado por lectura que dan cuenta de un llamado de M. S. que refiere orden de restricción y que el masculino ingresó por la fuerza, y un segundo llamado de una vecina que refiere violencia de género, creo que es M.

Asimismo y respecto del Hecho II, integra la prueba de cargo con la documental incorporada con lectura piezas notariales requeridas por S. al Escribano Taborda, la intimación formal para la devolución del auto, lo intima y lo pone en mora y la segunda acta mediante la que se constata que el día y hora previsto A. no se hizo presente en la sede de la Escribanía. Además entiende que en el acta de cierre de mediación por parte de la mediadora María Elena Luque, el Sr. A. se comprometía a pagar las multas toda vez que señaló tener la “tenencia” del auto. A ello añade que se incorporó copia de la cédula de identidad del rodado, y su título de propiedad ,todo a nombre de S., y destacó que el Sr. A. no calificó nunca para obtener créditos porque toda su vida fue un “saltimbanquis”, con una mirada omnipotente en todo momento.

Finalmente destaca que A. refirió en su declaración que decidieron de común acuerdo registrar el auto a nombre de M. por ser divorciado, como si fuera un estigma, siendo que nunca cumplió con sus obligaciones. A. en un término de 10 años vio a su hijo J. entre 2 ó 3 veces, y B habló de un “papa visita”.

II.- Cedida la palabra a la particular damnificada, su apoderado Dr. Marcelo Savioli Coll adhiere al alegato del Sr. Fiscal en todos sus términos por considerarlo “profuso”, “preciso”, y de “una valoración impecable de cada uno de los elementos de prueba de cargo y descargo”, con argumentaciones “expuestas magistralmente por el Dr. Pellegrinelli”.

Expresa estar convencido que le asiste razón al Ministerio Público Fiscal en cuanto a la descripción de la materialidad, autoría y calificación de los hechos materia de juzgamiento, y comparte los agravantes invocados, coincidiendo asimismo en la medida de coerción personal requerida de conformidad al art. 371 y la definitiva restitución del vehículo que registralmente pertenece a S..

Destaca que no debe de ningún modo soslayarse que los dos hechos aquí juzgados se han producido en el contexto de violencia de género ya mencionada por el Fiscal, conforme normas nacionales e internacionales de protección a las víctimas, En tal sentido puntualiza que la Ley 26485, recepta tres tipos de violencia, la violencia física que se desplegó en el Hecho I; patrimonial, que se observa en el Hecho II, en cuanto a la no restitución del vehículo propiedad de S., el haber sido secuestrado en mal estado de conservación, lleno de deudas, y su mala fe en la tenencia. Asimismo haber iniciado el proceso civil de disolución y liquidación de la sociedad de hecho como una manera de seguir ejerciendo violencia patrimonial impidiéndole que pueda vender este coche para comprar uno nuevo con el producto de su trabajo (un Peugeot 308). A ello se añade un tercer tipo de violencia, la psicológica, la que se observa en toda la relación de pareja como hizo referencia el Fiscal y lo dictaminado por la Psicóloga Serradell, y particularmente ejercida en los dos hechos mencionados (arts. 2 y 3 inc c , 5 inc. 1, 2, 4 a y b c de la ley 26485; fallo del Tribunal de Casación Provincial en la causa de “Lucía Perez”).

Determina que las manifestaciones de G., M, Webb, Diaz, Mariel y M. S. hablan de la existencia de este tipo de violencia y se complementan con los informes periciales referidos.

Sostiene que quiere recalcar conceptos vertidos por declarantes e informes periciales en cuanto a la situación económica y psicológica de M. S. durante todo este tiempo en convivencia y luego producto de los hechos, los sentimientos permanentes de angustia, que vivía aterrada, en situación de pánico, asustada, en crisis, nerviosa, que tenía llanto, que estaba triste, que se sentía menospreciada, descalificada, difamada, que sentía vergüenza que estaba siendo utilizada, que padecía actos de merodeo, aislada de familiares y amistades.

Puntualiza que por contraposición respecto del acusado, se han reiterado durante el debate palabras y conceptos como manipulador, conductas dominantes, que la ha humillado, merodeado, cosificado y que se aprovechó de la situación económica de M. y que la ha intimidado.

Refiere que J. A. fue muy despectivo e ingrato para con M., cuando la tildó de “simple enfermera”, y a su vez fue confuso en su relato por mendaz.

Sostiene que están probados los ingresos de M. S., detalles de los créditos, títulos de propiedad de sus bienes, seguros, impuestos de ARBA por sus bienes, declaraciones juradas ante AFIP, todo esto esta incorporado por lectura y además fue incorporado al proceso por disolución de hecho cuyo original está reservado en el juzgado. Como dijo Webb todo tiene probado S. pero el Sr. A. no tiene nada de eso, todo lo que dice que tiene que ha conseguido que ha ganado no tiene prueba, ha reconocido que ha cobrado comisiones en negro, evadiendo, incluso ha tratado de vincularse con S. como testaferro para no tener problemas tributarios. En más, ha hecho referencia cuando declaró respecto del Hecho II, a haber comprado judicialmente una cochera a la “liga”.

Expresa que la autorización que hizo S. al Sr. A. para conducir un vehículo con cédula azul expedida por autoridad correspondiente, constituyó concretamente un contrato de comodato gratuito (art. 1533 Código Civil y Comercial), contrato informal y que no requiere que el comodante sea el dueño de la cosa y S. sí lo es. En tal sentido precisa que el art. 1536 inc. c dice que comodante puede exigir restitución en cualquier momento. A su vez el comodatario asume obligaciones, pagar gastos de las cosas, y acá A. no pago patente ni seguro, cometió infracciones a la ley de tránsito que vienen a nombre de S. y ella las tiene que pagar, el señor cometió infracciones y no pagó multas. Además tenía que mantener la cosa, conservar la cosa con diligencia, lo que tampoco ocurrió.

Refiere que la Defensa en la etapa intermedia planteó que el comodato está excluido de la nómina del art. 173 inc 2 CP, y que a su criterio no le asiste razón. Cita a Edgardo Donna en su obra Derecho Penal. Parte Especial, Tomo II b, p 357, quien nos dice que la enumeración de este artículo no es taxativa e incluye al contrato de comodato. Por su parte Buompadre, en la obra dirigida por Baigún y Zaffaroni también incluye al comodato como contrato en que puede proceder la Defraudación por Retención Indebida, cuando se dé un plazo o cuando el propietario lo requiere, (Código Penal. Normas y Análisis, Editorial Hammurabi, Comentario de Baigún, ps. 200 y 202 tomo VI).

Destaca que como dijo el Fiscal el Sr. A. fue intimado, puesto en mora, no cumplió con restitución ni en el momento ni en días posteriores ni el día señalado pero tampoco se presentó a la Escribanía a decir que era dueño o dueño en parte, no dijo nada, no restituyó, no ejerció sus derechos. En tal sentido pone de resalto el instrumento público obrante a fs. 19, informe de concepto policial, cuando se le consulta acerca de bienes, y en parte final del formulario si tiene rodados y su respuesta es no, que no tiene rodados, no es el dueño ni de ese ni de ningún otro.

Añade que A. tampoco se presentó en proceso penal a reclamar sus derechos o a manifestar sin prueba que era dueño de todo o parte del auto porque en realidad no lo es.

Respecto de los agravantes para mensurar la pena, además de coincidir con el Sr. Fiscal, puntualiza la violación de domicilio, el daño psicológico causado a la víctima producto de la sorpresiva y violenta intrusión en el domicilio el 10/11/2017, el uso de llave adulterada, la nocturnidad, un viernes 21:50 hs., encontrándose en su casa luego de jornada en el HPC, estudiando para un postgrado, escuchando música, fue sorprendida por el abrupto ingreso de este hombre que no tenía nada que hacer en ese lugar, y que él mismo manifestó que hizo un ardid de agacharse para que por la mirilla M. no lo viera y abriera la puerta, aún con lo que dijo, el ardid era sorprenderla, pudiendo haber tocado portero eléctrico, dejarle nota pero no meterse en el domicilio estando ella presente. Configura un agravante el peligro que ocasionó en la integridad psicológica y psíquica con un acometimiento violento, encierro empujando, encierro lindante con privación ilegal de la libertad.

Considera que fue una grave violación a su intimidad y libertad, además de la permanente actitud de hostigamiento, merodeo, vincularse con ella a través de terceras personas como da cuenta una carta esotérica cuya copia obra en el expediente, escrita de puño y letra por dos mujeres, dando cuenta que la veían mal de salud, que la ruptura de la pareja era por un trabajo que le hicieron magia negra, un hechizo, que además la adelgaza, envejece y provoca campos energía negros. Califica a esta carta de grotesca y que le produjo temor a la víctima.

Respecto de los agravantes del hecho II, la extensión del daño que se produjo desde la intimación por notario público en domicilio laboral hasta que recuperó el vehículo a través de un secuestro -todo pese a haber sido anoticiado de su obligación de devolver y no lo hizo- gastos de patentes y seguro, todo a cargo de S. incluso gastos de ser depositaria del auto que no usa desde que se secuestró y del que a la fecha aún no puede disponer, y finalmente el agravante de la relación de pareja que los unía.

Por último expresó el Dr. Savioli Coll que por todo lo expuesto coincide íntegramente con el Fiscal y pide la misma penalidad inclusive de ambas figuras y los planteos subsidiarios y la restitución vehículo, con imposición de costas y accesorias legales.

III.- Cedida la palabra a la Defensa, el Dr. Gonzalo La Menza, expresa en primer término que encuadrar los hechos dentro de violencia de género, resulta extemporánea, que no tiene en cuenta el principio de congruencia, y no han dado oportunidad al derecho de defensa de en su debido momento, al ser recién instalado en esta instancia final.

Respecto del Hecho I sostiene la absolución de su defendido basada en la inexistencia de materialidad criminal, entendiendo que ese evento no ocurrió como tal y por ello menos la autoría penalmente responsable.

Argumentó que el Sr A. brindó su declaración donde manifestó concretamente que no ingresó al domicilio particular aquel día 10 de noviembre, sí manifestó que ingresó al edificio pero nunca al departamento en cuestión.

Observa la defensa severas contradicciones entre las declaraciones de los testigos ofrecidos por la parte acusadora.

Puntualiza que el Sr. A. dice la verdad y que los dichos de S. respecto a violencia de género con sus otras parejas, refiriéndose a un episodio de violencia doméstica con L B quien fue salvada por su hermano de una golpiza, y que incluso A. simuló en una oportunidad el secuestro de su hija C. A., todo ello quedó desvirtuado por la propia declaración de B, quien justamente es una voz calificada, pareja de A. por casi 3 años y madre de la hija en común, C. de 22 años de edad. Al respecto, la Sra. B expresó bien a las claras que jamás fue víctima de violencia, ni física ni verbal, y negó que los problemas de C. en la empresa de su padre fueran con él sino que lo fueron con clientes.

Manifiesta que a su vez, respecto del hecho en cuestión, la Sra. S. dijo que el 10/11/2017 se encontraba en su casa, y que giró la puerta -entendiéndose que giró la cerradura- y que de imprevisto A. ingresó en su domicilio -lo cual estima cien por ciento imposible de realizar fácticamente-, y agregó S. que ante su ingreso, entró en estado de shock, que A. la arrinconó y que tras sus gritos llegaron sus vecinos P. G y su esposo que no pudo declarar.

Refiere la Defensa que se debe tener presente que si A. ingresó al departamento con una llave sea original o copia y logró ingresar, claramente que hubiera cerrado la puerta instantáneamente, es decir que no resulta fácticamente posible que desde su ingreso, logren los vecinos arribar por escalera antes que A. cerrara la puerta.

Observa además otras contradicciones, P G. manifestó que entró en el inmueble como dijo S. y que el marido logró poner pie para que no cerrara, que le pidieron que se fuera y que se subió al ascensor y se fue. El Sr. A. se retiro sólo y no hizo maniobra para ingresar, se fue solo.

Añade que G. no dijo que lo acompañaron, que se fue solo, y se contrapone con M, testigo y vecina que nos refiere que vio a P y M agarrándolo a A.. P no dijo que lo agarraron de esta manera, M dijo que observó que los tres se fueron en el ascensor con clara contradicción entre P y ella.

Asimismo destaca que la propia M dice en primer término que presencia el hecho luego de preguntas, dijo que llegó con posterioridad, que dialogó con S. y que le comentó que A. quiso ingresar y que M y P se lo impidieron. Resalta aquí que dijo “quiso ingresar”, que corrobora que A. no ingresó, sea porque lo impidió M o P o porque no atravesó los límites de la propiedad reconocida por el art. 150 CP a la vivienda, A. no ingresó.

Agrega el defensor particular que considera otro dato sorprendente que lo hacen entender que las testigos faltan a la verdad: que las dos depusieron haberlo visto tres días antes a A. en actitud sospechosa con un manojo de llaves, lo que resulta a su criterio llamativo que ambas vean todo en el mismo momento, haciéndolo pensar que se pusieron de acuerdo, que dialogaron, y que ambas faltan a la verdad.

Precisa que resulta un presupuesto fáctico imposible que hubiese ingresado al domicilio, el propio cerrajero García (de calle Elcano al 4600 casi Cerrito) declaró en forma coincidente con S. que ella lo convocó para cambiar dos cerraduras en su domicilio, dos cerraduras trabex; y a preguntas concretas si una persona sin conocimientos de cerrajería puede abrir la puerta, fue contundente, dijo que no tiene forma alguna, que a una cerradura trabex de seguridad no se la puede abrir ni con ganzúa, o se tiene la llave o se tiene que romper la puerta.

Finalmente determina que por todo lo expuesto, debe descartarse la materialidad delictiva del Hecho I, y dictarse la libre absolución de A..

En lo atinente al Hecho II, el Dr. Gonzalo La Menza, cuestiona la atipicidad y solicita absolución de A..

Refiere que la conducta asumida por A. es atípica penalmente, toda vez que el art.. 173 inc. 2 CP sanciona punitivamente a aquella persona que se le haya dado depósito o administración u otro título de una cosa, cuando acá estamos hablando que el vehículo es de propiedad del Sr. A., que le pertenece y que le perteneció desde el momento cero, el eligió adquirirlo, dónde adquirirlo y que lo abonó con el fruto de su trabajo, por lo que no se cumple con ese requisito de ese tipo penal.

Enfatiza que A. no tenía obligación de devolver, y en todo caso podría plantearse un posible incumplimiento contractual que debería ser analizado en el fuero civil y comercial, como ya existe un reclamo formal.

Agrega que el delito en cuestión se trata de un delito doloso y ese dolo conlleva la consciencia de que exista la obligación de devolver y concatenado con voluntad de no haberlo devuelto y todo esto no existió.

Alega que la propia Dra. Webb, cuando la Defensa le preguntó, respecto del juicio civil por disolución y liquidación de la sociedad de hecho, iniciado por A. contra S., de trámite por ante el Juzgado en lo Civil y Comercial nº 2 Departamental a cargo del Dr. Lucas Vespucci, reconoció que el auto aquí individualizado integra el objeto de la demanda.

Señala el Dr. La Menza que luego la Dra. Webb continuó su declaración con un profuso relato de cuestiones personales de A. -a quien no conoce-, dijo que consume alcohol -desvirtuado por los dichos de testigos de la Defensa-, que conduce en forma peligrosa, y manifestó que A. reclamó el auto porque cree que le pertenece. Expresa la Defensa que es precisamente este pleno conocimiento de A. respecto de la pertenencia de su vehículo más allá que esté a nombre de una tercer persona, que hace que no puede derivar su conducta en la figura imputada por repercutir en el dolo en el hecho traído a juzgamiento

Pondera la declaración de Q. como contundente, que lo acompañó al Sr. A. a pagar algo más de 200 mil pesos en el Banco Galicia, en Colón y Santa Fe, que era el pago definitivo y cancelatorio del auto en cuestión y agregó que para él siempre el auto fue de V., que lo veía en su lugar de trabajo y que para él el dinero que llevaron a depositar era de V..

Agrega que resultan testimonios coincidentes y complementarios a los dichos de A. y Q., los brindados por C, Cy B y J. A. que fueron contundentes respecto del nivel de vida de la pareja, los puestos jerárquicos que desempeñó A., con buenas experiencias y proyección en el ámbito particular en venta de viviendas prefabricadas, mencionando montos estimativos del valor de las vivienda y número de viviendas vendidas.

Considera que sobradamente se ha acreditado la propiedad del vehículo de A. aunque registralmente esté asentado a nombre de su ex pareja y que ello hace que la imputación no pueda prosperar.

Finalmente sostiene la Defensa que subsidiariamente no se comparta el criterio sostenido, la pena a imponerse deberá ser la del mínimo legal, considerando como atenuante que A. no presenta sentencia condenatoria ni causa penal en trámite conforme el Registro Nacional de Reincidencia y el buen informe de concepto y solvencia atento las declaraciones testimoniales recepcionadas.

Precisa que no comparte los agravantes esgrimidos por la parte acusadora, no hay reiteración delictiva, ni nocturnidad, ni está aclarado que provecho sacó A. que era de noche, sólo pasó cuando terminaba de trabajar, no era mayor el riesgo, ni tampoco el contexto de violencia de género que quedó desvirtuado por las declaraciones testimoniales ya mencionadas, particularmente con el aporte de L B que descarta ese perfil violento. Añade que los informes del Centro de la Víctima incorporados como instrucción suplementaria han sido realizados sólo por los dichos de S., no habiéndose realizado pericia psicológica ni psiquiátrica sobre el imputado.

Por lo demás, respecto de la solicitud de restitución definitiva del automotor, entiende que de ningún modo puede prosperar porque obra debidamente incorporada a la causa por lectura, las actuaciones expediente 125223 del Juzgado Civil 2 en el cual dicho automotor constituye el objeto de esa causa judicial y que en consecuencia es la justicia del fuero civil y comercial la que debe resolver al respecto y no la justicia penal que tiene otra finalidad.

La parte damnificada pide réplica, considerando que el contexto de violencia de género al que se abordó en este debate, no violenta el principio de congruencia toda vez que la descripción fáctica no ha variado, los hechos se mantuvieron incólumes en todo el proceso y de similar manera durante todo el proceso no variaron. Expresa que han ponderado la violencia de género como agravante genérico de los arts. 40 y 41 del CP., en relación a la naturaleza de la acción, a medios empleados y vínculos personales, todos aspectos que deben ser valorados a la luz de la violencia de género, ni el art. 150 ni el art. 173 inc. 2 CP. sufrieron modificaciones en donde se incluyen figuras agravadas por violencia de género como sí ocurre en art. 80 CP, y puntualiza que en realidad los agravantes que han mencionado y concretamente en virtud del art. 2 inc. 3 de la ley 26485 del año 2009 se refiere a las condiciones que deben existir y las pautas para sancionar la Violencia contra la Mujer en cualquier ámbito, y del art. 7 primer párrafo, Convención de Belém do Pará, Ley 24632 que también es ley anterior a estos episodios.

El Fiscal por su parte ratifica todos estos principios esbozados por la parte damnificada.

La Defensa respecto del pedido de detención agrega que claramente considera irrisoria la postura de la parte acusadora, que nunca puede tener cabida, y manifiestamente se opone toda vez que no se puede ordenar una detención hasta que no adquiera firmeza la sentencia (art. 144 CPP)

IV.- Se deja constancia que previo al comienzo de los alegatos, V. A. hizo uso de su palabra, y concluidos los alegatos ejerció su derecho que le asiste a la última palabra (CPP, 368 7mo. párr.), ante lo cual expresó que no le guarda rencor a la Sra S. y que jamás le haría ningún mal ni tomar represalias porque jamás le haría mal a una persona que amó tanto, que jamás, que se quede tranquila, que fue su gran amor.

Y CONSIDERANDO:

I.- Consideraciones preliminares.

Cabe en primer término ponderar durante toda la sustanciación de este debate “digital” a través del sistema Microsoft Teams, la absoluta corrección y solvencia de todos los operadores jurídicos intervinientes en el caso, el Fiscal Dr. Alejandro Pellegrinelli, el apoderado de la particular damnificada, Dr. Marcelo Savioli Coll y el Defensor particular Dr. Gonzalo La Menza, y asimismo en igual sentido cabe aquí calificar la conducta procesal asumida durante el debate por la propia damnificada M. S. y la persona hoy acusada V. A..

Sin embargo, la modalidad de un debate totalmente virtual, absolutamente novedoso al menos en nuestro Departamento Judicial, se vio afectado en algunos momentos por dificultades técnicas en la conexión de internet de algunos operadores, que pudieron ser afortunadamente superadas, y si bien determinados testigos se presentaron desde un mismo inmueble -tanto de la Defensa como de la parte damnificada-, estimo que dicha circunstancia en el contexto que atravesamos -Pandemia COVID 19- y la capacitación que requiere el sistema Microsoft Teams, se torna al menos entendible, más aún cuando se trata de personas de edad avanzada o que no cuentan con los recursos de internet necesarios disponibles.

La Causa 6834 caratulada “A., V. A. s/violación de domicilio, denunciante M. Adriana S.”, fue radicada en el Juzgado con fecha 24/08/2018 y el día 28/08/2018 se dispuso la citación a juicio al encausado, fecha que al hoy cuenta como último acto de interrupción del término de prescripción de la acción penal (art. 67 sexto párrafo inc.d CP).

Se deja constancia que habiéndose designado oportunamente primer fecha de debate para el día 27 al 29 de mayo de 2019 (coordinada a través de la Secretaría de Gestión Administrativa en Materia Penal de la Excma. Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal Departamental), a solicitud expresa de todas las partes y con fundamento en arribar a una solución alternativa del conflicto penal comprensiva de la presente causa y de la IPP 20111-18, se suspendió la misma.

Que radicada ante este Juzgado la IPP 20111-18, registrada bajo el número 7685, caratulada “A., V. A. s/defraudación sobre retención indebida, dte: M. A S.”, se fijó audiencia para tratar la cuestión del acuerdo de solución alternativa al conflicto penal por el cual se requirió la suspensión del debate originario; la cual se celebró con fecha 11 de octubre de 2019, en ella las partes solicitaron la acumulación de las causas pero sin arribar a acuerdo alguno.

Que en razón de ello, con fecha 28/11/2019 se dicta una nueva apertura a prueba respecto de la segunda causa nº 7685 radicada en el Juzgado (el primer auto de apertura a prueba respecto de la presente causa nº 6834 fue proveído con fecha 14/11/2018), y en consecuencia coordinada a través de la SGA una segunda fecha de debate, se designó la misma para los días 15 al 19 de mayo de 2020, y más allá del pedido expreso de suspensión del Fiscal Pellegrinelli expresando que consensuó su petición junto con todas las partes, no se llevó a cabo con motivo de la emergencia sanitaria en curso (PANDEMIA COVID 19, DNU 297/20; 325/20; 355/20, 408/20; 459/20; 493/20, en el orden provincial Dec. 132/20; 203/20; y adhesión de la SCBA, Res. SCBA 386/20, 480/20, 535/20, 567/20; Res. Pres. SCBA 10/20; 14/20, 18/20, 25/20; 33/20 y disposiciones complementarias).

Lo cierto es que a fin de evitar la prescripción de la acción penal respecto de uno de los hechos materia de juzgamiento (calificado como Violación de Domicilio, IPP 23407-17), y en atención a las razones de público conocimiento, en un marco de excepcionalidad y conforme lo propuesto por la Secretaría de la Excma. Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal (previa coordinación con las partes) se designó audiencia de debate para los días martes 18 y miércoles 19 de agosto de 2020, finalmente mediante la utilización del sistema Microsoft Teams (Res. Pres.SCBA 10-20 -”Pautas para modalidad de trabajo en domicilio y otras modalidades excepcionales y temporales en el marco de la vigencia de la Res.SCBA 386/20”-; Res.40-20; Res. SCBA 480/20, 567/20, 816/20 y ccdtes,).

II. Caso complejo. Aristas del derecho de familia y del derecho civil y comercial que complejizan la ponderación de la prueba recepcionada durante todas las audiencias de debate. Violencia de Género.

Resulta palmario y evidente que los hechos traídos a decisión jurisdiccional se encuentran inmersos dentro de una profunda conflictividad familiar en su sentido más amplio, inclusive con connotaciones económicas que por momentos torna dificultoso que los planteos y situaciones generadas -más propias del ámbito de la justicia de familia, que cuenta además con equipos interdisciplinarios propios, y /o civil y comerciales- sean delimitados con precisión en lo atinente a la esfera propiamente penal.

En las distintas instancias de este proceso y muy particularmente con relación al hecho calificado como violación de domicilio ambas partes acusadoras hicieron mención en sentido genéricos a sucesivos hechos que permitiría encuadrar la conducta de V. A. en el concepto de “violencia de género”, en cuyo contexto habrían ocurrido distintos sucesos.

Esta circunstancia es ahora introducida de modo expreso por las partes acusadoras en sus correspondientes alegatos, motivó la réplica de la Defensa. Sostuvo respecto de ello el Dr. La Menza que dicha cuestión no había sido introducida formalmente ni en las requisitorias de elevación a juicio ni en actuaciones posteriores habiéndose violado de esa manera el “principio de congruencia” al haberse violado, unilateralmente, el objeto procesal.

El referido planteo originó aclaraciones por parte de la parte damnificada en consonancia con el Ministerio Público Fiscal -en el sentido que las cuestiones fácticas referidas a la violencia de género, a juicio de la parte acusadora se encontrabas acreditadas en la causa, pero que no habían sido ni son invocadas como constitutivas de un tipo penal autónomo o figura calificada legalmente relacionada con los distintos tipos penales materia de acusación, sino que todo ello debía ser valorado genéricamente dentro de las pautas generales dentro de los arts. 40 y 41 del C. P en orden a la pretensión punitiva.

Exclusivamente limitada la cuestión a los ya mencionados alcances, ahora debidamente explicitados, le asiste razón al Dr. Savioli Coll -y a la Fiscalía- en el sentido que tal limitación de los alcances de la violencia de género coincide explícitamente con lo previsto en el art. 41 de la ley 26485 (2009) de protección integral a la mujer, en el sentido que preceptúa que “en ningún caso las conductas, actos u omisiones previstas en la presente ley importarán la creación de nuevos tipos penales, ni la modificación o derogación de las vigentes”. Este cuadro normativo concuerda con previsiones de la Ley 24.632 que aprueba la “Convención de Belem do Pará”, y en particular en lo que aquí interesa en lo atinente al alcance amplio que en la legislación convencional y legal se asigna al concepto de “violencia contra la mujer” o “violencia de género” (art. 1 primera parte e “inciso a”, Ley 24632 y arts. 3 inc. d, 4to. y 5to inc. 2, particularmente en cuanto se incluye en el concepto contra la mujer o de género los aspectos “psicológicos”).

Sin abrir aquí juicio sobre cuestiones de competencia propia del fuero de familia o de civil y comercial en su caso, entiendo que no cabe duda en el presente proceso que a partir de la situación violenta relatada con precisión por la víctima S. ocurrida el 17/01/2017 y que la obligara a retirarse de su domicilio en horas de la madrugada e incidencias posteriores que motivaran sucesivas intervenciones del Juzgado de Familia originando reiteradas ordenes de restricción para limitar el acercamiento de A. al domicilio de la Sra. S. que procuraba evitar los denunciados “hostigamientos”, remitiéndome a esos efectos a los Expedientes del Fuero de Familia incorporados por lectura, y al trámite de los mismos a los que hiciera referencia en su testimonio la Dra. María Soledad Webb.

Lo antedicho sumado al informe victimológico suscripto por la Licenciada María Soledad Gago que si bien no constituye una “pericia” en sentido estricto resulta corroborante de lo antes expuesto a lo que cabe añadir el informe psicológico efectuado respecto de la persona S. por la Psicóloga Amanda B. Sarradell, si bien a partir de una evaluación virtual, resulta aquí de manera coincidente en cuanto a la acreditación de situaciones de afectación de la salud psicológica y emocional de la víctima.

Respecto de la incidencia planteada con la pretensión de la parte damnificada de incorporar por lectura el informe psicológico de la víctima que obra en incidente de inhibición general de bienes y la oposición de la Defensa por considerarla extemporánea, en orden al principio de libertad y amplitud probatoria y adjuntado dicho informe en actuaciones de carácter público a la vista de las partes, no resultando el mismo “sorpresivo” para la Defensa, se admite su incorporación. Ello sin que implique prejuzgamiento en cuanto a su valor convictivo respecto de las cuestiones controvertidas en la causa.

Sin desmedro de esta cuestión, y a modo ilustrativo estimo de interés señalar que en oportunidad de celebrarse la audiencia del art. 338 del CPPto con la presencia de todas las partes, el representante de la particular damnificada señaló expresamente que en caso de arribarse a una solución alternativa propuesta por el Ministerio Público Fiscal, a la que adhería su parte, con condiciones, no sería invocada como impedimento para arribar a dicha solución alternativa (art. 404 del CPP) en la medida que se cumpliera con la reparación del daño causado, que a juicio de su parte requería de la “cesión” del automóvil en litigio -secuestrado a A.- postura a la que la Defensa acotó en que coincidía en que el daño debía ser reparado pero no en la magnitud y alcance que pretendía el particular damnificado.

No obstante ello todas las partes manifestaron que continuarían los contactos para procurar un acuerdo de suspensión del proceso penal a prueba, habiéndose inclusive suspendido una audiencia posterior a pedido de todas las partes para facilitar un acuerdo alternativa que en definitiva no se concretó y que implicaba en consecuencia la continuación del proceso hasta llegar a la audiencia de debate ahora celebrada.

Finalmente y en instancias previas a la sustanciación del debate la Defensa peticionó unilateralmente la procedencia del instituto de la suspensión del proceso penal, a la que no se hizo lugar toda vez que no hubo posibilidad alguna de armonizar las pretensiones de las partes, al no aceptar A. “ceder” sus pretensiones respecto del automotor Fiat Punto OTG 877.

III.- Hecho I. Violación de Domicilio

La existencia del hecho en su exteriorización material (conf. art. 371 del CPPto). Autoría y responsabilidad.

Liminarmente corresponde aquí efectuar una breve referencia a la admisibilidad, pertinencia, y valoración de la prueba, que se rige por las previsiones de los arts. 209, 210, 234, 373, 376 CPPto, norma esta última que para los juicios correccionales remite a las disposiciones anteriores.

Es así que en la apreciación de la prueba de manera global rigen las reglas de la denominada “sana crítica” conjugada con las hoy denominadas “libres convicciones razonadas” -que excluye la arbitrariedad- , pautas que a su vez incluyen las reglas atinentes a la experiencia judicial (Héctor Granillo Fernández y Gustavo Herbel, Código de Procedimiento Penal de la Provincia de Buenos Aires, Editorial La Ley, Buenos Aires, 2009, 2da. edición, notas a los artículos, indicados).

Considero que en la medida que no implique violación al principio constitucional de legalidad en el derecho penal coincido aquí con la reiterada invocación efectuada por el Dr. Savioli Coll a la necesaria “contextualización” a la que inclusive el suscripto recurre con frecuencia en situaciones de cierta complejidad en las que concurren o se entrecruzan normativas de distintos ámbitos disciplinarios del derecho.

Tengamos aquí presente que los conflictos de intereses que en determinado momento se han visto trasladados a la esfera del derecho penal, por parte de quienes durante 14 años integraron una unión convivencial de tipo matrimonial.

Es en este contexto que los temas abordados manifiestan una complejidad mayor cuando los hechos han debido ser recreados no solo por parte de dos personas que concluyeron su convivencia de manera harto conflictiva sino que motivó la convocatoria en la condición de testigos a familiares o personas más o menos allegadas a cada una de las partes de este proceso.

A pesar de estas intrínsecas dificultades, evaluada toda la prueba respecto del hecho tipificado como violación de domicilio en los términos del art. 150 del C.P. más allá de la natural inhibición de los declarantes en pronunciarse sobre determinadas cuestiones íntimas de la pareja han aportado elementos de juicio objetivos que permiten hoy la reconstrucción de los hechos, que en el caso, conforme a las reglas de la sana crítica y libres convicciones razonadas permiten dar por acreditada la existencia tanto del hecho punible en su materialidad como la autoría penalmente responsable de V. A. A..

Lo cierto es, y ello no constituye una novedad en este tipo de conflictos jurídico-penales que habremos de encontrar notorias discordancias entre los relatos de ambos protagonistas, aunque debo advertir que la mayoría de ellas se refieren más bien a la modalidad de las relaciones interpersonales, ajenas por principio al derecho penal a aquello que ajustado a un principio de legalidad constitucional permite atribuir el ilícito penal a la persona hoy acusada.

Es cierto que existe divergencia entre la parte acusadora y la defensa y entre la testimonial de la Sra. S. y el relato al finalizar el debate por parte del propio V. A. acerca de una cuestión que entiendo en el caso resulta circunstancial y no esencial que es en lo que se refiere al modo en que A. ingresó, claramente en contra de la voluntad expresa de la moradora, en horas de la noche del viernes 10 de noviembre de 2017 en el departamento … del edificio sito en calle Gaboto …, ya que mientras que la Sra. S. sostiene que el “visitante sorpresivo” habría logrado la apertura de la cerradura -que con anterioridad había sido cambiada- respecto de lo cual A. brindó una versión que en nada excluye su autoría y responsabilidad en un hecho penalmente relevante.

Digo esto último desde el momento en que A. entendió como justificador de su obrar y así lo dijo expresamente “haberse agachado” para impedir que su ex pareja de quien ya hacía tiempo que se encontraba separado pudiera visualizar e identificar su persona a través de la mirilla obviamente antes de abrir la puerta.

A mi juicio, las discordancias apuntadas no necesariamente obedecen a un intento de incurrir en mendacidad y ciertos errores en la sucesión de los hechos, en un contexto de notable nerviosismo y temor de la moradora de la vivienda (y corroborado por testigos como ya se verá) quien debió sufrir de pronto, y a la fuerza, la intrusión de su ex pareja al interior del departamento.

Ambas partes coinciden en que A. “desencajado” según los dichos de su ex pareja y testigos de vecinos del edificio se había introducido en el departamento y quería “imponer” lo que el califica como un “diálogo”, lo que en realidad no era más que una comunicación verbal absolutamente forzada y expresamente no querida por su interlocutora. Ni la hora, ni el lugar -que a esa fecha era la morada exclusiva la Sra. S. y de la cual había sido excluido A. por resolución judicial del fuero de familia- eran los adecuados.

Más aún, nada tenía que hacer A. ni siquiera en el Edificio de propiedad horizontal de la calle Gaboto …, toda vez que hacía ya casi un año de la exclusión judicial, y durante ese  término transcurrieron sucesivos hostigamientos que dieron origen a resoluciones judiciales de la justicia de familia por parte de la Dra. Amalia Dorado en cuatro expedientes incorporados por lectura.

La efectiva intrusión de A. en el departamento vivienda donde vivía su ex pareja además de haber sido clara y precisamente relatada por la hoy víctima M. S., e inclusive admitida por A. (aunque subjetivamente consideró que las circunstancia por él invocada lo eximiría de responsabilidad), encuentra fuerte respaldo en la declaración de la testigo P G., cuyo testimonio por su precisión y objetividad merece plena credibilidad, y corroborado al menos parcialmente por los dichos de otra testigo también habitante del mismo edificio Sra. M.

De dichos testimonios claramente podemos inferir que la Sra .G. junto a su marido -a quien convocó inmediatamente ante los gritos de pedido de auxilio de M. S.- pudieron, en primer lugar inmovilizar a A., impedir que cerrara la puerta -ya estando él dentro del departamento- y luego sacarlo de ese domicilio, aclarando las testigos que ya fuera del departamento A. recién aceptó irse del lugar cuando supo que se había convocado a la policía a través de una llamada al 911, convocatoria policial consignada por la Central de Emergencia cuyos informes obran agregados a fs. 10/12 incorporados por lectura con la conformidad de todas partes.

Respecto del planteo de la Defensa que G. y su marido no habrían podido temporalmente escuchar los gritos de pedido de auxilio y arribar al lugar cuando A. pretendía cerrar la puerta en un lapso de tiempo inverosímil por su brevedad según la defensa, cabe consignar que no pasa de no ser una mera apreciación subjetiva del Sr. Defensor por cuanto desconocemos el proceder de A. al ingresar y eventualmente en forma coercitiva intentar “dialogar” con su ex pareja y que frustrado dicho intento recién en ese entonces optó por cerrar la puerta para que nadie pudiera acudir en auxilio de la víctima.

Por último no menos importante es aquí destacar que con anterioridad a esta lamentable situación, A. ya había transitado por la instancia de una “mediación judicial” frustrada, es decir que al momento de los hechos el ya había contado con asesoramiento letrado, y tras haber recibido cuatro denuncias en su contra en sede de familia, que motivaron sucesivas medidas cautelares, primero exclusión del hogar y luego reiteradamente restricciones de acercamiento, lo cual todo ello le debería haber permitido tomar conciencia de la situación que atravesaba con su ex pareja y la ilegalidad de su proceder.

Que a modo de conclusión debe aquí reiterarse nuevamente que el pronunciamiento de la sentencia condenatoria por un hecho penalmente sancionado (violación de domicilio) no implica prejuzgamiento respecto de las múltiples cuestiones de conflictos interpersonales incluyendo las respectiva connotaciones económicas las que resultan absolutamente ajenas a esta sede penal.

La conformación de la plena prueba de cargo surge de la aplicación de las reglas contenidas en los artículos 210 y 373 del CPPto.

En síntesis de lo expuesto se concluye como ya lo he sostenido, y como así lo sostuviera en su acusación tanto el Fiscal como la particular damnificada, que la persona aquí enjuiciada V. A. A. es autor penalmente responsable del hecho objeto del presente proceso en virtud de los elementos probatorios individualizados precedentemente, valorados en su eficacia conviccional conforme las reglas de la sana crítica racional (arts. 209, 210, 373 y ccdtes), Hecho I, calificado como Violación de Domicilio previsto por el art. 150 del Código Penal, con costas (conf. arts. 371, 375, 531 y ccdtes), siendo esta mi sincera y razonada convicción.

No se verifican causales de exención de responsabilidad (art. 34 a contrario del CP, arts. 210, 371 y 373 del CPPto).

Con relación a la concurrencia de circunstancias atenuantes, la ausencia de antecedentes penales.

Con relación a las circunstancias agravantes, como señalara el Ministerio Público Fiscal, la contextualización de este hecho dentro del concepto de “violencia de género”.

IV. Hecho II. Defraudación por Retención Indebida (173 inc. 2 CP) Al formular acusación el Ministerio Público Fiscal, concluyó su alegato, considerando probado la autoría y responsabilidad penal de V. A. A., en el hecho típico que encuadra en la figura de la Defraudación por Retención Indebida previsto por el art. 173 inc. 2do. del C.P. de manera coincidente con la postura sustentada en la oportunidad de solicitar la elevación a juicio.

En términos análogos y remitiéndose en lo sustancial a la postura sostenida por el Fiscal, Dr. Pellegrinelli, el apoderado de la particular damnificada Dr. Marcelo Savioli Coll -quien en todo momento actuó de manera absolutamente coincidente con la Fiscalía- explicitó que el hecho punible tenía su origen en un contrato de comodato en los términos del art. 1533 del nuevo Código Civil y Comercial ante la no restitución del vehículo FIAT PUNTO dominio …, que el Sr. A. habría recibido en comodato por parte de la Sra. M. S..

Ambos titulares de la acusación coincidieron que A. había sido oportuna y fehacientemente intimado a la devolución del vehículo, deber que omitió.

Desde el momento de la requisitoria de elevación a juicio en la IPP 20111/2018 como así durante la sustanciación de las audiencias de debate, ambos acusadores -público y particular- estimaron que A. había sido debidamente intimado a devolver el objeto registrable recibido en comodato mediante las actas notariales labradas por el escribano público Santiago M Taborda, de fecha 26/04/2018 y 2/05/2018 obrante a fs. 28/32 y fs 190/194.

En igual sentido la particular damnificada M. S. hizo referencia explícita a las actas notariales de intimación, que adujo que le había significado una importante erogación económica.

No obstante estas coincidencias objetivas debidamente explicitadas precedentemente, se genera en el caso una situación particular, por cuanto si bien no ha sido puesto en duda la efectiva realización de las diligencias notariales, de la lectura de las mismas resulta que ellas no fueron diligenciadas con la persona que debía ser intimada personalmente por caso V. A., sino que el notario consignó que al no haber encontrado al requerido cumplió la diligencia con una hija del nombrado, a quien notificó que su padre debía hacerse presente en la oficina del notario, consignando a ese efecto día y hora, comparecencia que según surge de la segunda actuación notarial no se efectivizó.

Existe en primer lugar coincidencia en la más autorizada doctrina y jurisprudencia en el sentido que la figura del art. 173 inc. 2do CP no registra como único medio de comisión u omisión punible las conductas explicitadas en el texto legal, en el caso el no restituir a su debido tiempo “dinero, efectos o cualquier otra cosa mueble que se le haya dado en depósito, comisión, administración u otro título que produzca la obligación de entregar o devolver”, por cuanto existe coincidencia doctrinaria y jurisprudencial en el sentido que se trata de una enunciación meramente ejemplificativa que incluye entre otros supuestos los derivados del contrato de comodato (puede aquí verse entre muchas otras obras, Jorge Buompadre, Estafas y otras defraudaciones, Ed. Lexis Nexis, Buenos Aires, 2005, cap. VI, ps. 158 y ss, doctrina y jurisprudencia allí citadas; Gustavo Eduardo Aboso, Código Penal de la República Argentina. Comentado…., Coordinadora María Florencia Zapata, 5ta. Edición, Euros Editores, Buenos Aires, 2018; Ruben E. Fígari, “Base doctrinales de la omisión de restituir defraudatorias”, rubenfígari.com.ar/bases-doctrinales-de-la- omisión-de-restituir-defraudatorias/mayo 2013.

Existe también coincidencia doctrinaria y jurisprudencial en sentido que en el supuesto de considerarse configurado un hecho típico de relevancia penal, debe mediar una “notificación fehaciente”, que más allá de eventuales criterios divergentes en materia de derecho privado entiendo que en el ámbito penal una notificación que constituya un requisito esencial para que el incumplimiento de un contrato de comodato adquiera entidad penal, tal requerimiento que surge de los efectos de la puesta en mora debe aquí ser necesariamente de carácter personal, ya que dicha diligencia transformaría el invocado contrato por la parte acusadora, en un delito de derecho penal.

Corresponde aquí destacar que ninguna de las partes durante la sustanciación del debate han hecho referencia a esta circunstancia considerada, como ya dijera de carácter absolutamente esencial para la eventual configuración del delito de defraudación por retención indebida.

Otra cuestión, más allá de la falta de notificación personal de las diligencias notariales queda por resolver en lo sustancial si se está o no en presencia de un contrato de comodato, en los términos de la legislación civil y comercial incluso invocada por la parte acusadora desde el momento en que A. a partir de su declaración a tenor del art. 308 CPP el 1/2/2019, habría de sostener en todo momento que si bien el automóvil FIAT PUNTO “de común acuerdo con M. S.” había sido registrado a nombre de la misma, A. habría de sostener en todo el momento -y sostiene, inclusive al declarar previo a los alegatos- que todos los bienes adquiridos durante su relación de convivencia -no matrimonial- habían sido adquiridos mediante el esfuerzo conjunto suyo y de su pareja conviviente.

Desde el punto de vista del derecho civil (ordenamiento jurídico también invocado por la parte acusadora con remisión al contrato de comodato) ciertamente el vínculo que subsistió durante 14 años entre la Sra. M. S. y V. A. encuadra en las disposiciones del nuevo Código Civil y Comercial referido a las denominadas uniones convivenciales, conceptualizadas en el art. 509 del CCyC en cuanto implica “unión basada en relaciones afectivas de carácter singular, pública, notoria, estable y permanente de dos personas que comparten un proyecto de vida común…” sin perjuicio que en el caso que hoy nos ocupa dicha convivencia haya concluido en una situación hondamente conflictiva.

En cuanto a los requisitos de dicha convivencia, entre otros se requiere que la convivencia comprenda un período no inferior a dos años (art. 510 del Código citado) encontrándose reunidos en el caso de autos los demás recaudos que la referida norma exige. A ello se añade que, en cuanto a la prueba de dicha unión convivencial “la misma puede acreditarse por cualquier medio de prueba”, y que en la presente causa, dicha unión en ningún momento ha sido desconocida.

Respecto de la “causa” o hecho generador de la posesión o tenencia del automóvil en cuestión por parte de V. A. -quien contaba con cédula azul a su nombre-, como ya se señalara existe un disenso, manifiestamente incompatible entre las distintas situaciones alegadas por las partes opuestas, ya que mientras que la acusadora remite a un presunto contrato de comodato (arts. 1533, 1536, 1541 y ccdtes. del nuevo Código Civil y Comercial), tal circunstancia en ningún momento fue admitida por V. A., quien a lo largo de todo el proceso e inclusive primero en instancias de mediación y luego en el expediente civil propiamente dicho sostuvo ser al menos copropietario del vehículo en cuestión, negando enfáticamente la presunta existencia de un comodato.

Esto último concuerda a su vez con lo consignado en el acta de secuestro del automóvil el 30/01/2019, fs. 247, y el contenido de su propia declaración como imputado a tenor del art. 308 del CPP, con fecha 1/02/2019, fs, 255/256, todo ello en concordancia asimismo con lo declarado por A. antes de concluir la audiencia de debate, y en línea general con los diversos testimonios ofrecidos por la Defensa, que indistintamente hablan de A. como “propietario” o “copropietario” en común con la denunciante Sra. S..

En síntesis a este respecto V. A. sostuvo que todos los bienes adquiridos durante el período de pareja conviviente lo fueron con el fruto y aporte de ambos, explicando A. acerca de sus propios ingresos que estos provenían no solamente de sus sueldos “formales” consignados en los recibos correspondientes de las distintas empresas en la que se desempeñara como vendedor (primero de electrodomésticos, Garbarino y luego en concesionarias de automotores) cuando en todos los casos percibía comisiones significativas de las ventas por él realizadas, como es de práctica en ese tipo de empresas, que según sus dichos dejaron a multiplicar por diez sus sueldos básicos.

Agregó luego que lo mismo aconteció en los años en que se desempeñara como vendedor en casas dedicadas a viviendas prefabricadas, rubro en el que finalmente logró instalarse por cuenta propia, según refiere con el apoyo de su último empleador y en el mismo lugar en que se desempeñara como dependiente.

Sostuvo también en su nueva situación como empleador y con personal a cargo pudo efectuar ventas por montos importantes que le dejaron un beneficio económico significativo.

Lo cierto es que de la propia documentación laboral aportada hubo períodos -entre su desempeño entre una empresa y otra- en que estuvo a veces desocupado, situación admitida por A., lo cual concuerda con lo manifestado por distintos testigos de la defensa acerca de este tema y en su doble dimensión: a) por una parte que efectivamente hubo algunos períodos en los que A. estuvo sin trabajo, lo cual le produjo escasez de ingresos hasta el punto tal de haber recurrido a algún préstamo de familiares; b) los mismos testigos coinciden en general que A. gozaba de una situación económica holgada que podía darse “gustos” lo cual resulta congruente con los dichos de la propia persona imputada acerca de viajes a Buenos Aires con su pareja, alojándose en hoteles importantes.

En lo que atañe a la Sra. M. S., es absolutamente indudable que ella cuenta con una destacada trayectoria profesional como Licenciada en Enfermería, comenzando su labor en una reconocida institución médica de nuestra ciudad, como Licenciada en Enfermería mientras que en el transcurso de los años, fue adquiriendo progresivamente cargos de mayor responsabilidad y jerarquía hasta alcanzar en junio de 2017 al cargo de Jefa de Servicio.

Su desempeño profesional en el HPC ha sido ininterrumpido desde hace 34 años con retribuciones que seguramente han ido mejorando a medido que obtuvo ascensos aunque los valores nominales que surgen a las planilla de sueldos incorporados a la causa poco dicen si tenemos en cuenta el incesante y gravísimo problema inflacionario que ha sufrido nuestro país, ocurriendo lo mismo en este aspecto con los sueldos básicos informados en la causa en las planillas de ANSES correspondientes a los sueldos oficiales percibidos por V. A..

Excede palmariamente el ámbito de competencia de un Juzgado de Fuero Penal el desentrañar en forma definitiva qué bienes, o en qué porcentaje los muebles o bienes registrables correspondían a cada uno de los integrantes de la pareja.

En caso de existir desacuerdo en esos aspectos únicamente un órgano competente en materia civil y comercial, puede entender y resolver en la denominada “liquidación de la sociedad de hecho”. En este caso sin que competa al suscripto efectuar apreciaciones acerca del quantum de los aportes económicos, probablemente variables según los períodos tanto de la Sra. S. como del Sr. A., por ser ello ajeno al objeto procesal, que en este supuesto se limita exclusivamente a determinar, conforme a derecho, si se ha configurado el tipo penal de Defraudación por Retención Indebida atribuido al mencionado A..

Ciertamente que la registración del vehículo el Registro del Automotor a nombre de M. S., constituye una circunstancia jurídica, que en principio favorece su postura pero la titularidad registral, constitutiva en cuanto a relaciones con terceros (responsabilidad por hechos dañosos, responsabilidad tributaria, infracciones de tránsito, etc) no adquiere la misma relevancia en las relaciones entre particulares, en el caso entre quienes integran una pareja bajo la forma de unión convivencial, según normas el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación.

En consecuencia más allá de lo que se destacara en cuanto a la inexistencia de constancia de intimación personal y fehaciente a V. A. para restituir el vehículo, lo cierto es que aún si ello hubiese existido, probada la existencia de una sociedad de hecho entre los integrantes de una unión convivencial, llevada adelante con el esfuerzo compartido de sus dos integrantes ello determina que aún en caso de haber mediado intimación estaría ausente un aspecto típico relevante de la figura penal, que es en este caso, A. “no recibió el rodado” de S. con obligación de restituir sino que tuvo la posesión del automovil, con la expresa anuencia de su pareja, quien le otorgó en legal forma la “cédula azul” para conducir. (puede verse Ruben Fígari, publicación citada, p.13, Buompadre, op.cit., p. 161)

La jurisprudencia más allá de la complejidad de ciertas situaciones, en un contexto análogo al que aquí nos ocupa, ha resuelto que no se configura el tipo penal del art. 173 inc. 2do. en supuestos en que la persona imputada no incurre en “el delito de Defraudación por Retención indebida de un automotor registrado a nombre de su ex concubina…”, cuestión que debiera quedar relegada a la liquidación de cuentas de la sociedad de hecho existente entre los convivientes (puede verse Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional, Sala V, cita on line AR/JUR/51185/14, fallo del 26/08/2014).

Por lo demás, existe también amplio consenso doctrinario y jurisprudencial en el sentido que la defraudación por retención indebida del art. 173 inc. 2do. CP es siempre un delito doloso, como bien puntualizara la Defensa.

Considero que la prueba de cargo que invoca el particular damnificado resulta insuficiente para un pronunciamiento condenatorio concurriendo a favor de la persona inculpada la norma beneficiante que se corresponde al resguardo del principio de inocencia y toda vez que en nuestra legislación vigente en concordancia con principios y valores constitucionales incumbe a la acusación probar -en este caso- la autoría y responsabilidad penal de la persona traída a juicio (conf. art. 18 y 75 numeral 22 de la CN; art. 15 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, arts. 1, 371, 375, 531 y ccdtes.).

No dando por probada la acusación sostenida, corresponde en consecuencia decretar la libre absolución de V. A. A., respecto de este Hecho II.

V.- Pronunciamiento condenatorio respecto del Hecho I y modalidad de la sanción penal aplicable.

Fundamentada mi sincera y razonada convicción en cuanto a la procedencia conforme a derecho de un pronunciamiento condenatorio, referido aquí al delito de Violación de Domicilio (art. 150 CP) -Hecho I- y no concurriendo eximentes, habré de pronunciarme respecto de atenuantes y agravantes.

En ese orden valoro como atenuantes la ausencia de antecedentes penales según surge de los informes de los Registros de Antecedentes competentes (fs. 37/39, 66, 202) y el buen concepto, que en términos generales y en forma global surge de los testimonios recepcionados durante el debate, al margen de la valoración personal de cada uno de los declarantes, acerca de la eventual responsabilidad penal de A..

Entre los testigos de la defensa considero de interés lo declarado por B A., hermano del imputado, en lo que se refiere a un viaje efectuado en forma conjunta por la Sra. S., V. A., el propio testigo, su pareja y su hijo menor al sur del país en auto, viaje que el testigo calificara como placentero y realizado pocos meses antes a la situación conflictiva analizada en este debate.

Como agravantes el contexto de violencia de género ocurrido en los meses anteriores a la denuncia penal, circunstancia que se patentiza con la presencia de A. en el edificio en el que ya no se encontraba su morada y habiendo sido excluido de ese hogar por resolución de la justicia de familia, la que le debió imponer sucesivas restricciones de acercamiento ante sucesivos actos de hostigamiento.

Cabe aquí meritar lo dicho por la Sra. S., a cuyo juicio A. estaba “obsesionado” con ella, apreciación que debemos relacionar con los últimos dichos de A. en el debate y desde diferentes perspectivas personales, que ella había sido “el amor de su vida”, afirmación que en modo alguno excluye la aseveración del ya indicado hostigamiento que más allá de la subjetividad de A. en concreto importaba que él no aceptaba ni respetaba la libertad y autodeterminación de su pareja, quien ya a la fecha del hecho ahora juzgado había dado muestras inequívocas de su decisión de poner fin a la relación.

Mención especial requiere lo atinente al quantum de la sanción penal, que el sentenciante debe determinar con criterio de justicia y adecuación al contexto probatorio, con criterios de proporcionalidad y razonabilidad.

Siempre con relación a esta cuestión, adquiere a mi juicio importancia, un instituto general del ordenamiento jurídico, conocido como “doctrina de los actos propios”, debiendo tenerse presente aquí que de consuno la Fiscalía y la Particular Damnificada solicitaron la imposición -por los dos hechos- de una pena de 4 años de prisión de efectivo cumplimiento, accesorias legales y costas y subsidiariamente para la eventualidad de una condena respecto de uno de los hechos materia de acusación la pena de dos años de prisión de efectivo cumplimiento (en el caso del hecho I, Violación de Domicilio) o de 3 años y 6 meses de prisión de efectivo cumplimiento (en el caso del Hecho II, Defraudación por Retención Indebida).

Se solicitó además en los alegatos la inmediata detención del Sr. A. con invocación del art. 371 CPP con remisión de los agravantes invocados en los alegatos de la parte acusadora, haciendo además hincapié en el riesgo de fuga.

En contraposición de esta solicitud ha de tenerse en cuenta que en uno de los requerimientos de elevación a juicio -por el Hecho II- la propia Fiscalía ya había anticipado una posible solución alternativa del conflicto penal, consistente en una suspensión del proceso penal a prueba (art. 404 del CPPto).

Asimismo en una audiencia judicial a tenor del art. 338 del CPPto. todas las partes coincidieron en la existencia de tratativas tendientes a una solución alternativa, y que con esa misma finalidad una audiencia se postergó, también a pedido de todas las partes con el mismo propósito.

Tema respecto de lo cual la Defensa si bien entendió aceptable una reparación económica, consideró que la pretensión de la particular damnificada era excesiva, no habiéndose pronunciado explícitamente a ese respecto la Fiscalía.

Luego de ello en forma casi inmediata y teniendo en cuenta la fecha de una eventual prescripción de la acción penal se dejó abierta la posibilidad que con anterioridad al debate en caso de ocurrir un acuerdo se informara de inmediato al Juzgado.

Posteriormente y a escasos días de celebrarse el debate, el Dr. Marcelo Savioli Coll en el carácter de apoderado de la particular damnificada precisó los términos en que se aceptaría una “suspensión del proceso penal a prueba”, a condición que A. desistiera su pretensión respecto del auto Fiat Punto que fuera secuestrado en la causa.

La expresa conformidad de la particular damnificada con una suspensión del proceso penal a prueba, pero con las condiciones resarcitorias solicitadas por dicha parte, se mantuvo hasta fecha muy próxima al debate.

Tal actitud de la parte acusadora particular resulta a mi juicio incongruente con posturas asumidas al momento de peticionar una pena por dicha parte, y en consecuencia en este estado del proceso, desmesurada la petición de condena y su modalidad solicitadas en forma coincidente tanto por la Fiscalía como por la particular damnificada.

Acerca del mismo tema estimo en primer lugar que no concurren circunstancias objetivas que puedan motivar razonablemente una pena de efectivo cumplimiento, en razón de la ausencia de antecedentes penales, el haber estado a derecho A. durante toda la sustanciación del proceso y más aún durante el debate que ha debido sustanciarse por el sistema Microsoft Teams, y teniendo pleno conocimiento que en caso de no realizarse el debate, en días operaba la prescripción de la acción penal respecto del Hecho I, teniendo además en cuenta aquí la absolución decretada con relación al Hecho II (Defraudación por Retención Indebida, art. 173 inc. 2. CP).

En síntesis, implicaría transgredir principios de proporcionalidad y razonabilidad no hacer aquí uso de la potestad jurisdiccional de la imposición de una pena de ejecución condicional por darse los supuestos del art. 26 del Código Penal.

Que considero adecuado fijar la cuantía de pena a imponer a la persona acusada V. A. A. por el Hecho I, en la pena de un año y diez meses de prisión de ejecución condicional en función de las características del hecho y las consideraciones vertidas y en observancia al principio acusatorio y de contradicción afianzados en la jurisprudencia constitucional de la CSJN (en particular, a partir del caso “Quiroga”), con costas (CP, 29 inc. 3, 40, 41, 29.3; CPP 375.2. y 531).

Por el término de DOS AÑOS, V. A. A. deberá cumplir con las siguientes reglas de conducta: 1) constituir domicilio y comunicar todo cambio el mismo; 2) Contralor del Patronato de manera bimestral, debiendo en primer término en atención a las razones de público conocimiento -Pandemia Covid 19- comunicarse telefónicamente con dicha institución, una vez firme la presente sentencia, 3) acreditar la realización de tratamiento psicológico; 4) mantener una restricción de todo tipo de acercamiento respecto de la víctima de autos M. S., debiendo en su caso y en todo lo referente al trámite de la disolución y liquidación de la sociedad de hecho, limitarse a las comunicaciones que deberán mantener los letrados intervinientes, dejando aquí constancia nuevamente que ese tema es de competencia exclusiva del fuero civil y comercial (arts. 26 y 26 bis. C.P)

VI.- Petición de entrega del auto en forma definitiva por parte de su depositaria judicial provisoria.

Durante la etapa preliminar de este proceso, el Sr. Juez de Garantías ordenó el secuestro del automóvil Fiat Punto materia de controversia haciendo su entrega en carácter de depósito provisorio a la particular damnificada.

Con posterioridad, el mismo Juzgado desestimó el pedido de entrega en carácter definitivo, petición que se actualiza en esta instancia.

Toda vez que en esta sentencia se determina que todo lo que atañe al derecho de dominio o disposición definitiva del rodado es de competencia del Juzgado en lo Civil y Comercial nº2, órgano jurisdiccional en el que entre las mismas partes se sustancia el proceso por liquidación de sociedad de hecho, entre cuyos bienes se denunció como perteneciente a dicha sociedad el automóvil aquí secuestrado, debiendo dejarse expresa constancia que la mediación judicial, previa a la promoción del juicio civil propiamente dicho, se tramitó con anterioridad a la denuncia penal en los términos del art. 173 inc. 2do. C.P. (puede verse trámite de mediación iniciado el 19/06/2017 y cerrado el 28/08/2017; y fecha de la denuncia penal en el Hecho II por parte de S. el 12/09/2018).

Entiendo que compete a dicho magistrado resolver, inclusive si lo considerara pertinente por la vía de las medidas cautelares (arts. 195/209 del CPCCto.) acerca de la petición de restitución en cuestión, a cuyo efecto se enviará oficio electrónico al Juez Dr. Lucas Vespucci, juntamente con la restitución del expediente civil “físico” que se encuentra reservado en Secretaría.

Respecto de la petición de la entrega del auto, se mantiene el carácter provisorio hasta tanto se expida al respecto la justicia civil y comercial.

POR TODO ELLO, citas legales vertidas y lo normado por los arts. 99, 104, 105, 106, 107, 371, 380 y ccdtes. del CPP, RESUELVO: I. CONDENAR A V. A. A., ya filiado al comienzo de la sentencia, por ser autor penalmente responsable del delito de VIOLACION DE DOMICILIO (art. 150 CP), respecto del hecho acaecido el viernes 10/11/2017, aproximadamente a las 21:50 hs. en el domicilio sito en calle Gaboto …, …, resultando víctima M. S. imponiéndole de conformidad a lo sostenido en el considerando V, una pena de UN AÑO Y DIEZ MESES DE PRISION DE EJECUCION CONDICIONAL, CON COSTAS (art. 29 inc. 3 CP) y debiendo A. cumplir por el término de DOS AÑOS las siguientes reglas de conducta: 1) constituir domicilio y comunicar todo cambio el mismo; 2) Contralor del Patronato de manera bimestral, debiendo en primer término en atención a las razones de público conocimiento -Pandemia Covid 19- comunicarse telefónicamente con dicha institución, una vez firme la presente sentencia, 3) acreditar la realización de tratamiento psicológico; 4) mantener una restricción de todo tipo de acercamiento respecto de la víctima de autos M. S., debiendo en su caso y en todo lo referente al trámite de la disolución y liquidación de la sociedad de hecho, limitarse a las comunicaciones que deberán mantener los letrados intervinientes, dejando aquí constancia nuevamente que ese tema es de competencia exclusiva del fuero civil y comercial (arts. 26 y 26 bis. C.P).

II.- DECLARAR LA ABSOLUCION de V. A. A. respecto del hecho II, calificado como Defraudación por Retención Indebida, sin costas (arts. 18, 75 numeral 22 CN, art. 15 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, arts. 26, 27 bis, 29, 40, 41, 84 del C.P:, arts. 1, 371, 375, 531 y ccdtes. del CPPto)

III.- No hacer lugar a la petición de entrega en forma definitiva del rodado Fiat Punto …, conforme los argumentos vertidos en el considerando VI de la presente sentencia.

IV. Devolver el expediente civil “A. c/S. s/Disolución de sociedad de hecho” de trámite por ante el Juzgado en lo Civil y Comercial nº2 Departamenteal, librándose oficio a su Titular, Juez Dr. Lucas Vespucci, con copia íntegra de la presente.

NOTIFIQUESE dándose lectura de su parte dispositiva y del Considerando V en audiencia prevista para el día de la fecha a las 11:00 hs, con inmediata remisión de notificación electrónica a los Dres. Pellegrinelli, Savioli Coll y La Menza.

 

Pedro Federico Hooft

Juez Correccional

Geraldina J. Picardi

Secretaria

 

En igual fecha se practica acta de notificación de sentencia a las partes en audiencia mediante sistema Microsoft Teams, y se libra oficio al Juzg.Civil y Ccial 2 (con devolución del correspondiente expediente civil), al Fiscal y cédulas a los Dres. Savioli Coll y La Menza, con copia íntegra de la presente.

 

REFERENCIAS:

Funcionario Firmante: 25/08/2020 12:09:49 – HOOFT Pedro Cornelio Federico (pedro.hooft@pjba.gov.ar) –

Funcionario Firmante: 25/08/2020 12:12:32 – PICARDI Geraldina Jessica (geraldina.picardi@pjba.gov.ar) –

 

  Correlaciones:

L., S. J. G. s/violación de domicilio en concurso real con lesiones calificadas en concurso real con daños – Juzg. Correc. Distr. Jud. Norte – Río Grande – 19/03/2014 – Cita digital IUSJU216702D

 

 

001658F

       
Cita digital del documento: ID_INFOJU134595

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