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DECRETO 2265/1994
REGISTRO DE LA PROPIEDAD AUTOMOTOR
Registro Nacional de la Propiedad Automotor. Registro Nacional de Créditos Prendarios. Registros seccionales. Régimen. Modificación
del 22/12/1994; publ. 28/12/1994
Visto el decreto 644 del 18 de mayo de 1989, y
Considerando:
Que, mediante el referido decreto, se estableció el régimen de los encargados de los registros seccionales dependientes de la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor y de Créditos Prendarios.
Que es necesario introducir modificaciones a dicho régimen, como asimismo aclarar el alcance y significado de algunas de sus normas, para superar inconvenientes producidos en la aplicación de aquél.
Que en el párr. 2 del art. 17 se establece que es imperativo suspender preventivamente, en el curso de un sumario, al encargado que se encuentre procesado por delito doloso. Esta norma en su actual redacción resulta excesivamente severa en algunos casos y en otros no permite aplicar medida preventiva alguna a quienes se encuentran no ya procesados, sino con prisión preventiva firme por delitos también dolosos. El carácter imperativo de la norma impide toda ponderación a las autoridades del Ministerio de Justicia y obliga a suspender al funcionario, aun cuando la administración considere que los hechos imputados y las circunstancias del caso no impiden que aquél continúe en el desempeño del cargo, hasta tanto recaiga resolución definitiva en la causa.
Que, en ese, sentido el art. 38 del Reglamento de Investigaciones aprobado por decreto 1798 del 1 de setiembre de 1980 deja librado a criterio prudencial de la autoridad competente, facultada para disponer la medida preventiva, proceder o no a su aplicación. Parece razonable reglar de igual manera este tema en el régimen particular que nos ocupa, ya que la circunstancia de que los encargados de registro no integren la planta de personal de la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor y de Créditos Prendarios no justifica un tratamiento diferenciado en este punto.
Que, por otra parte, el citado art. 17 sólo contempla la posibilidad de suspender preventivamente al encargado de registro durante el curso de un sumario, hecho éste que impide la aplicación de esa medida si se encuentra procesado o con prisión preventiva por delito no vinculado al servicio, aun cuando la naturaleza de aquél fuere incompatible con el desempeño de su función. Por tanto, aquí también corresponde, por análogos motivos, equiparar en este aspecto el régimen de los encargados de registro con el previsto en el ya citado Reglamento de Investigaciones.
Que es del caso destacar que la aplicación imperativa de medidas preventivas se puede convertir en un perjuicio para el Estado, si el encargado no es finalmente separado de su cargo y, en consecuencia, es menester indemnizarlo por el lapso de la suspensión.
Que en alguna oportunidad se ha cuestionado la facultad de la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor y de Créditos Prendarios de impartir instrucciones a los encargados de registro, alegándose para ello que estos últimos no tienen una relación de dependencia con dicho organismo. Esa postura se fundamenta en la manifestación contenida en el art. 7 del decreto 644/1989, que en su párr. 1 dice que: la función de encargado de registro no constituye relación de empleo.
Que no obstante que la relación de dependencia de los encargados de registro con la aludida dirección nacional resulta del texto expreso del art. 40 del Régimen Jurídico del Automotor (decreto ley 6582/1958 ratificado por la ley 14467 t.o. 1973 y sus modificatorias), y del articulado del propio decreto 644/1989 , en el que se establece su régimen dentro de un ámbito de clara dependencia, parece conveniente aclarar el sentido y los alcances de la parte del texto del art. 7 del aludido decreto, transcripta en el Considerando que antecede.
Que, si bien toda relación de empleo público importa necesariamente dependencia con el Estado, existen otras relaciones de dependencia con éste, fuera del marco del empleo público.
Que las particulares características con que el Estado ha organizado el funcionamiento del Registro Nacional de la Propiedad del Automotor y del Registro Nacional de Créditos Prendarios, en especial el de las oficinas seccionales que los conforman y mediante las cuales aquél presta el servicio público registral, constituyen una situación claramente diferenciada del empleo público, que justificó que el Poder Ejecutivo nacional fijara un régimen de dependencia propio y específico para sus encargados, mediante el decreto 644/1989 .
Que, entre las notas distintivas que diferencian la función del encargado de registro de la de los empleados públicos, pueden destacarse a modo de ejemplo: que los registros seccionales funcionan en edificios de propiedad o locados por los encargados; que éstos perciben un emolumento determinado por el Ministerio de Justicia que no es estrictamente un salario, ya que comprende su propia retribución y lo necesario para cubrir los gastos de funcionamiento del registro seccional, lo que también apareja un régimen previsional particular diferente al propio del empleado público; que sus colaboradores se desempeñan bajo su exclusivo cargo y sin vínculo alguno con el Estado; que los encargados asumen los riesgos propios de la actividad, como son los inherentes a los problemas derivados de las relaciones laborales con su personal, o los provocados por la disminución de ingresos causada por merma en la tarea registral, etc.
Que, por razones de buena técnica, la aclaración aludida precedentemente se introduce en el art. 1 del decreto 644/1989, incorporándose también a ese artículo, por análogas razones, la referencia a la relación de empleo público contenida en el ya comentado art. 7 de ese cuerpo normativo.
Que se introducen modificaciones a los arts. 12 , 16 , 22 , 24 , 27 , 31 , 33 y 34 del decreto 644/1989, a fin de adecuarlos a la nueva estructura orgánica del Ministerio de Justicia, y al art. 35 del mismo cuerpo legal, para suprimir la referencia allí expresada respecto del Tribunal de Cuentas de la Nación.
Que se sustituye la referencia contenida en el inc. 3 del art. 11 del decreto 644/1989 respecto a la Ley de Contabilidad, mencionándose en su lugar al Código Civil.
Que se ha dado intervención al servicio permanente de asesoramiento jurídico del Ministerio de Justicia.
Que el dictado del presente procede en virtud de las facultades otorgadas en el art. 99 , inc. 2 de la Constitución Nacional.
Por ello,
El presidente de la Nación Argentina decreta:
Art. 1. Sustitúyese el art. 1 del decreto 644 del 18 de mayo de 1989 por el siguiente:
Art. 1. Los registros seccionales que conforman el Registro Nacional de la Propiedad del Automotor y el Registro Nacional de Créditos Prendarios estarán a cargo de un encargado de registro.
Los encargados de registro son funcionarios públicos dependientes de la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor y de Créditos Prendarios y deberán ejercer sus funciones registrales en la forma y modo que lo establezca la ley, sus reglamentaciones y las normas que al efecto disponga la referida dirección nacional.
Los encargados serán designados por el Ministerio de Justicia y removidos por éste, previo sumario y por las causales establecidas taxativamente en la ley (art. 40 del decreto ley 6582/1958 ratificado por la ley 14467 t.o. por decreto 4560/1973 y sus modificatorias).
La función del encargado de registro no constituye relación de empleo, y ésta se regirá en los aspectos orgánico-funcionales por las normas del presente decreto y las que al efecto dicten el Ministerio de Justicia y la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor y de Créditos Prendarios.
Art. 2. Sustitúyese el art. 7 del decreto 644 del 18 de mayo de 1989, por el siguiente:
Art. 7. Los encargados del registro podrán designar a su exclusivo cargo colaboradores para que los asistan en sus funciones.
Asimismo, deberán proponer a la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor y de Créditos Prendarios que se asigne a uno de sus colaboradores las funciones de suplente, para que los sustituya en caso de ausencia, licencia o impedimento legal.
También podrán solicitar que se asignen funciones de suplente interino a otro colaborador, para que reemplace al suplente en caso de licencia o ausencia, o cuando éste deba reemplazar al titular.
El encargado de registro será directamente responsable ante la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor y de Créditos Prendarios por los hechos, actos u omisiones del suplente, suplente interino y demás colaboradores.
El suplente y el suplente interino quedarán desafectados de sus funciones, cuando lo solicite el encargado de registro, cuando el encargado de registro cese en su cargo, cuando se intervenga el registro seccional, o cuando así lo disponga la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor y de Créditos Prendarios.
Los colaboradores del encargado de registro carecen de toda relación con el Estado y, en consecuencia, no podrán permanecer en la sede del registro ni desempeñar tareas en él cuando el encargado cese en el cargo; o cuando se disponga la intervención del registro, todo ello sin perjuicio de la relación laboral que podrán continuar manteniendo con su empleador o sus derechohabientes.
Cuando mediaren causas justificadas, la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor y de Créditos Prendarios podrá requerir a los encargados de registro que desafecten de sus tareas a determinado colaborador.
Al hacerse cargo del registro seccional un suplente, en los supuestos de licencia o ausencia del titular, se comunicará esa circunstancia a la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor y de Créditos Prendarios y se la anotará en el libro que se llevará a esos efectos en cada registro.
De idéntico modo se procederá cuando reasuma sus funciones el titular. En los supuestos de impedimento legal, se dejará constancia de ello en el acto respectivo.
La Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor y de Créditos Prendarios podrá autorizar a los suplentes a realizar tareas registrales concretas y determinadas, que especificará taxativamente, cuando la cantidad de trámites que se realicen en un registro exija la adopción de esa medida para mantener una buena y eficaz prestación del servicio.
Art. 3. Sustitúyese el inc. c) del art. 8 del decreto 644 del 18 de mayo de 1989 por el siguiente:
c) Cuando el encargado de registro haya sido suspendido en los términos del art. 9 , inc. b) o preventivamente con motivo de una instrucción sumarial o por encontrarse privado de libertad por orden judicial, o procesado por delito doloso, vinculado o no a la Administración Pública, si así lo dispusiere autoridad no inferior a subsecretario.
Art. 4. Sustitúyese el inc. 3) del art. 11 del decreto 644 del 18 de mayo de 1989 por el siguiente:
3) Cuando se trate de actos o hechos que lesionen el patrimonio del Estado, por el término de prescripción que fije el Código Civil.
Art. 5. Sustitúyese el art. 12 del decreto 644 del 18 de mayo de 1989 por el siguiente:
Art. 12. Las sanciones previstas en el art. 9 serán aplicadas por las autoridades que en cada caso se indican:
1) Apercibimiento y suspensión hasta tres (3) días, por autoridad no inferior a director nacional;
2) Suspensión mayor de tres (3) y hasta quince (15) días, por autoridad no inferior a subsecretario.
3) Suspensión mayor de quince (15) días, por el secretario de Asuntos Registrales o por el ministro de Justicia;
4) Remoción, por el ministro de Justicia.
Art. 6. Sustitúyese el art. 16 del decreto 644 del 18 de mayo de 1989 por el siguiente:
Art. 16. cuando se compruebe o presuma la existencia de irregularidades o faltas que signifiquen responsabilidad patrimonial o disciplinaria y que puedan dar lugar a la aplicación de las sanciones establecidas en el art. 9 incs. b) y c), la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor y de Créditos Prendarios solicitará a la Secretaría de Asuntos Registrales la instrucción de sumario al encargado del registro seccional correspondiente a la designación de un instructor. La designación de instructor podrá recaer en personal superior de la Secretaría de Asuntos Registrales o de la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor y de Créditos Prendarios, o en personas que actúen bajo su exclusiva responsabilidad.
Art. 7. Sustitúyese el art. 17 del decreto 644 del 18 de mayo de 1989 por el siguiente:
Art. 17. Cuando la permanencia en funciones fuere inconveniente para el esclarecimiento del hecho investigado, la autoridad que lo ordenó podrá disponer la suspensión preventiva del encargado de registro y resolver la consecuente intervención del registro seccional.
Sin perjuicio de lo expuesto en el párrafo anterior, también podrán disponerse las medidas allí aludidas, cuando el encargado se encuentre procesado por delito doloso, vinculado o no a la Administración Pública, si la naturaleza del hecho imputado y las circunstancias del caso lo hacen aconsejable. En este supuesto, la suspensión e intervención será dispuesta por autoridad no inferior a subsecretario, y se mantendrá hasta que concluya la causa respecto del encargado. Si recayere condena se promoverá el pertinente sumario salvo que, por la naturaleza del hecho, aquél ya se hubiere promovido con anterioridad.
Asimismo se suspenderá preventivamente al encargado que se encuentre privado de su libertad por orden judicial, durante el lapso que dure esa situación.
Art. 8. Sustitúyese el art. 18 del decreto 644 del 18 de mayo de 1989 por el siguiente:
Art. 18. Si como consecuencia de la aplicación de la medida preventiva se resolviere la intervención del registro seccional, y el sumario concluyere sin la aplicación de sanción o con la de apercibimiento, se abonarán al encargado la totalidad de los emolumentos que le hubieren correspondido durante el lapso de la suspensión preventiva, previa deducción de los gastos efectivos de funcionamiento, que deberá liquidar documentadamente la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor y de Créditos Prendarios.
Igual solución se aplicará si la medida preventiva se hubiere decretado en virtud de lo dispuesto en el párr. 2 del art. anterior y posteriormente no se promoviere sumario. En caso de haberse promovido sumario, se estará a los principios consagrados en los restantes párrafos de este artículo.
Si el sumario a que se alude en la primera parte de este artículo diere lugar a que se aplique la sanción tipificada en el art. 9 , inc. b) de este decreto, sólo se abonarán los emolumentos por el período en que la medida preventiva excediere el término de la sanción de suspensión, previa deducción de los gastos efectivos de funcionamiento los que deberán liquidar documentadamente la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor y de Créditos Prendarios.
Si como consecuencia del sumario incoado se aplicare al encargado de registro una sanción expulsiva, los emolumentos correspondientes al período de duración de la medida preventiva no le serán abonados.
Art. 9. Sustitúyese el art. 22 del decreto 644 del 18 de mayo de 1989 por el siguiente:
Art. 22. Concluida esta primera etapa, que deberá sustanciarse en el término de treinta (30) días hábiles administrativos desde la notificación de la resolución que dispuso la instrucción del sumario, el instructor formulará los cargos que estime probados o hará saber su opinión eximiendo de responsabilidad al sumariado. Si la Secretaría de Asuntos Registrales o la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor y de Créditos Prendarios, en su caso, no compartiese el criterio sustentado por el instructor, procederá a formular los cargos que considere probados o a expedirse respecto a la exención de responsabilidad del sumariado, devolviendo las actuaciones al instructor para que continúe con el procedimiento.
Art. 10. Sustitúyese el art. 24 del decreto 644 del 18 de mayo de 1989 por el siguiente:
Art. 24. Dentro de los diez (10) días de notificados los cargos al sumariado, éste podrá presentar su descargo y proponer las medidas de prueba que estime oportunas.
La falta de presentación del descargo importará el reconocimiento de las pruebas documentales agregadas a la causa y de los cargos imputados por el instructor o por la Secretaría de Asuntos Registrales o la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor y de Créditos Prendarios, en su caso; dándose por decaído el derecho de hacerlo en el futuro.
Art. 11. Sustitúyese el art. 27 del decreto 644 del 18 de mayo de 1989 por el siguiente:
Art. 27. Las resoluciones del instructor en materia de admisibilidad, diligenciamiento o producción de prueba, y las demás que se dicten en el curso del sumario, serán recurribles, debiendo interponerse el recurso y fundamentarse en el término de tres (3) días de notificadas.
Las actuaciones deberán ser elevadas al secretario de Asuntos Registrales, quien deberá resolver en el término de cinco (5) días, siendo este pronunciamiento irrecurrible.
También podrá el secretario de Asuntos Registrales disponer la producción de medidas de prueba desestimadas por el instructor, aunque no hayan sido recurridas.
Art. 12. Sustitúyese el art. 31 del decreto 644 del 18 de mayo de 1989 por el siguiente:
Art. 31. Presentado el alegato o vencido el plazo para hacerlo, el instructor elevará las actuaciones dentro de los diez (10) días hábiles administrativos al secretario de Asuntos Registrales, aconsejando las medidas a adoptar y exponiendo detalladamente los hechos y el derecho en que funda su opinión.
Art. 13. Sustitúyese el art. 33 del decreto 644 del 18 de mayo de 1989 por el siguiente:
Art. 33. Si como consecuencia de la instrucción del sumario se aconsejare la aplicación de una sanción expulsiva, el ministro de Justicia, teniendo en cuenta los antecedentes del caso y analizados los antecedentes personales del encargado, previa intervención de la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor y de Créditos Prendarios y de la Secretaría de Asuntos Registrales, podrá resolver la aplicación de una sanción menor o declararlo exento de responsabilidad.
Art. 14. Sustitúyese el art. 34 del decreto 644 del 18 de mayo de 1989 por el siguiente:
Art. 34. En cualquier etapa del sumario, el ministro de Justicia podrá disponer su clausura y eximir de responsabilidad al sumariado o aplicar una de las sanciones que no requiere instrucción de sumario, cuando del análisis de las actuaciones resulte que no hay mérito para su prosecución, previo informe de la Secretaría de Asuntos Registrales y de la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor y de Créditos Prendarios.
Art. 15. Sustitúyese el art. 35 del decreto 644 del 18 de mayo de 1989 por el siguiente:
Art. 35. En todo lo no establecido en esta reglamentación se aplicará supletoriamente el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación y lo normado en los arts. 6 a 16 , 19 , 20 , 28 , 31 , 43 a 90 y 92 a 96 del Reglamento de Investigaciones aprobado por decreto 1798 del 1 de setiembre de 1980. También se aplicará lo dispuesto en el Reglamento de Investigaciones en lo que se refiere a la intervención que corresponde dar a la Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas y a las facultades de dicho organismo en la sustanciación de los sumarios.
Art. 16. Comuníquese, etc.
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