Eleva la indemnización por daño moral reconocida a un hombre que había recibido un disparo por la espalda por parte de un miembro de la Policía de la Provincia, con el arma reglamentaria, aunque no estaba prestando servicios en ese momento. Considera que el demandado se excedió en el uso de la fuerza causando un grave daño al actor, y que pese a encontrarse de franco o de civil, se encontraba sujeto a los mismos deberes que recaen sobre un agente en servicio, entre ellos, el resguardo irrestricto de los derechos fundamentales de las personas. Los magistrados entienden que la calidad de miembro de las fuerzas de seguridad provinciales del demandado conlleva una diligencia adicional, habida cuenta de que pertenece a una institución que concentra el monopolio de la fuerza legítima del Estado.
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