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JURISPRUDENCIADaños y perjuicios. Procedencia. Responsabilidad del Estado. Suicidio. Portación de arma
Se desestima la demanda de daños y perjuicios entablada por la viuda e hijos del agente policial, atento a la inexistencia de relación de causalidad entre la situación policial y el suicidio del agente.
En Buenos Aires, a los 2 días del mes de julio de 2015, se reúnen en Acuerdo los señores jueces de la Sala II de esta Cámara para dictar sentencia en los autos del epígrafe. Conforme con el orden de sorteo efectuado, la doctora Graciela Medina dice:
I.- A. del V. M. por sí y en representación de sus hijos menores de edad W. D. y A. A. T. inicio demanda contra el Estado Nacional –Ministerio del Interior – Policía Federal Argentina-, por el cobro de la suma de $ … o lo que resulte de la prueba a producir, con más sus intereses y costas en virtud del fallecimiento de quien en vida fuera su esposo y padre de sus hijos, el agente W. H. T..
Relató que el día primero de enero de 2002 su esposo, el agente T., se retiró de su hogar con destino a su trabajo y regresó el día tres a las 8 horas. Sin cruzar palabras se acostó a dormir y repitió el mismo accionar por la tarde. Ante la situación intolerable y desorientada le rogó que hablaran, pero su pareja no le contestaba, la ignoraba y continuaba mirando televisión. En medio de la desesperación, le advirtió –como ya lo había realizado en otras oportunidades- que si bien no tenía ningún problema, así no podía continuar.
Frente a ese planteo, el agente reaccionó violentamente y luego de someterla a diversas agresiones tanto físicas como verbales, tomó el arma reglamentaria y sin darle tiempo a ninguna reacción –dado el estado de desesperación por la exhibición del arma- la amenaza de dispararse y se quita la vida.
Le atribuye responsabilidad a la demandada porque su esposo no pudo sobrellevar las presiones y tensiones que le imponían desempeñarse en un grupo de alto riesgo como es el GEOF; no pudo sobrellevar la frustración que implico para él ser eliminado en el último curso que obligatoriamente debió realizar; no pudo sobrellevar el exceso de trabajo y el magro sueldo que percibía; que careció de asistencia, apoyo y preparación psicológica y que se suicidó con su propia arma reglamentaria cuya portación era obligatoria.
Todo esto relatado, colocó al agente en una situación de quiebre emocional que determinó su suicidio.
II.- En el pronunciamiento de fs. 380/384vta. el Sr. Juez de grado hizo lugar a la demanda y condenó al Estado Nacional – Ministerio de Justicia Seguridad y Derechos Humanos – Policía Federal Argentina- a pagar a los actores la suma de $ …, con más sus intereses indicados en el considerando IV y las costas del proceso.
Para así decidir, el a quo sostuvo que el arma utilizada había sido provista por la repartición, como así también quien lo provee de ella debe atenerse a los riesgos de la peligrosidad que la cosa genera y que la demandada es responsable de la elección de los agentes y su adecuada reparación técnica y psíquica, añadiendo que el agente se desempeñaba en un grupo especial como es el GEOF.
En tales términos, reconoció la procedencia del reclamo por los rubros daño material y daño moral.
III.- La referida sentencia dio a lugar al recurso de apelación interpuesto por la demandada a fs. 388 –expresando agravios a fs. 409/419, replicados a fs. 418/420 por la contraria-, por la actora a fs. 394 –expresando agravios a 415/416- y por la Sra. Defensora Oficial a fs. 400 –expresando agravios a fs.422/425-.
IV.- La representación estatal se agravia que: 1) el a quo descartó totalmente la aplicación de la doctrina del caso “Azzetti” y “Leston” 2) en ningún momento el sentenciante tuvo en cuenta el discernimiento por parte del Sr. T. al momento de efectuar el acto, 3) considera excesivos los rubros indemnizatorios reconocidos a la actora.
A su vez, las quejas de la actora se refieren a que el monto indemnizatorio reconocido para los actores no es compensatorio con el daño sufrido, lo cual afecta el principio de la reparación integral a la indemnización.
La Sra. Defensora Oficial se agravia respecto al quantum indemnizatorio por considerarlo reducido, como así también los intereses aplicados.
V.- Corresponde examinar, en primer término, el planteo del Estado Nacional en cuanto a la procedencia de la acción, toda vez que de prosperar resultaría inoficioso expedirse acerca del quantum de la indemnización reconocida.
La responsabilidad del Estado por hechos cometidos por sus agentes en el ejercicio de las funciones atribuidas es indiscutible, pero, precisamente, uno de los requisitos básicos que torna procedente ese deber de reparar es la ejecución del acto dañoso en ejercicio u ocasión de la función propia del cargo (arg. arts. 43 y 1112 del Código Civil).
En efecto, en el caso de autos la responsabilidad del Estado no puede ser aceptada, pues el señor T. no sólo actuó completamente fuera de la órbita de las funciones legales que le estaban impuestas, sino que el episodio se desarrolló en el ámbito de su intimidad familiar.
Además de que no actuó en ejercicio de la función policial (arts. 43 y 1112 del Código Civil), el hecho ocurrió en el contexto de una discusión de pareja (ver escrito de inicio fs. 38 y vta). Sería demasiado forzado concluir que la muerte del agente fue consecuencia del ejercicio de la función policial, o en ocasión de ella.
Dadas las particulares circunstancias de este asunto, tampoco puede fundamentarse la responsabilidad que se atribuye al Estado en la entrega del arma y de la obligación de portarla en forma permanente, que derivaría del artículo 69 del Reglamento General de Armas y Tiro de la Policía Federal Argentina que establece que «es obligatorio el uso permanente de las armas provistas por la Institución a todo el personal».
Resulta evidente que tal obligación no puede ser predicada en términos absolutos. Como lo sostuvo la por entonces Jueza GARZON DE CONTE GRAND, cierto que en disidencia, en la causa «Pisera» -que guarda parecida plataforma fáctica con el episodio de autos-, «es absurdo pensar que un ámbito privadísimo -como en el que ocurrió el hecho analizado- el integrante de la fuerza de seguridad se encontraba obligado a portar el arma reglamentaria y, mucho menos, a extraerla del lugar donde estaba guardada, toda vez que ello no encontraba justificación en ninguno de los deberes y obligaciones derivados del estado policial y que se encuentran enunciados en los arts. 8 y 9 de la Ley Nº 21.965» (conf. C.N.C.A.F. Sala II, «Pisera» del 7.7.05).
En consecuencia, teniendo en cuenta las inexistencias de relación de causalidad entre la situación policial y el suicidio y valorando las razones antes expuestas propongo rechazar la demanda entablada por la viuda e hijos del agente T..
En atención al resultado arribado, se torna inoficioso el tratamiento del recurso de apelación deducido por la actora y la Sra. Defensora Oficial.
VII.- En virtud de lo expuesto, propongo hacer lugar al recurso de la demandada y revocar la sentencia apelada, desestimando la demanda entablada. Las costas de ambas instancias se distribuyen en el orden causado, atento a que las diferentes interpretaciones que la cuestión resuelta ha merecido por parte del Tribunal Supremo pudieron hacer creer al actor que le asistía el derecho a litigar (art. 68, segunda parte del C.P.C.C.N.).
En virtud del resultado que instruye el Acuerdo que antecede, esta Sala, RESUELVE: revocar la sentencia de fs. 380/384 vta. con costas de ambas instancias en el orden causado (art. 68, segunda parte del C.P.C.C.N.).
Los doctores Ricardo Víctor Guarinoni y Alfredo Silverio Gusman, por razones análogas a las expuestas por la doctora Graciela Medina, adhieren a su voto.
Regístrese, notifíquese y devuélvase.
GRACIELA MEDINA – RICARDO VÍCTOR GUARINONI – ALFREDO SILVERIO GUSMAN
003454E
