Se anula la resolución que suspendió el juicio a prueba en el marco de la investigación de una infracción a la ley de propiedad intelectual, por entender que el juez a quo no realizó una correcta apreciación de la razonabilidad del ofrecimiento económico, lo que a su vez implicó una violación a la exigencia de controlar la legalidad, logicidad y fundamentación del dictamen de oposición propugnado por el representante del Ministerio Público.
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