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JURISPRUDENCIA
Vistos los autos: «Recurso de hecho deducido por la Fiscal General ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial en la causa HSBC Bank Argentina S.A. c/ Fajardo, Silvina Magalí s/ secuestro prendario», para decidir sobre su procedencia.
Considerando:
1°) Que contra la sentencia de la Sala A de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial que revocó el pronunciamiento de la instancia anterior, que había rechazado in limine la petición de secuestro prendario por considerar que dicho procedimiento era contrario a las normas del derecho del consumidor, la Fiscal General ante esa cámara interpuso recurso extraordinario, que al ser denegado motivó la presente queja.
2°) Que la representante del Ministerio Público Fiscal se agravia de la sentencia invocando arbitrariedad, por cuanto la cámara omitió darle intervención, en contradicción con lo dispuesto por el artículo 120 de la Constitución Nacional, el artículo 52 de la ley 24.240, y los artículos 2° inc. e y 31 de la ley 27.148.
La recurrente aduce que esa omisión le causa un perjuicio irreparable, al vedarle al Ministerio Público Fiscal la posibilidad de cumplir con el rol institucional que le ha sido impuesto en defensa de la legalidad y el interés general de la sociedad.
3°) Que si bien es cierto que las cuestiones atinentes al trámite del secuestro prendario no habilitan la instancia del artículo 14 de la ley 48, por no estar satisfecho el recaudo de sentencia definitiva, tal regla admite excepción en los supuestos en que lo resuelto ocasiona un agravio de imposible reparación ulterior que permite equiparar el fallo apelado a un pronunciamiento definitivo.
En efecto, el agravio articulado no podría ser objeto de reparación ulterior, ante la flagrante violación del debido proceso, cuya salvaguarda exige asegurar una inobjetable administración de justicia (Fallos: 321:3679); en tanto la exclusión del Ministerio Público Fiscal en el caso le impide a la Fiscal General cumplir con su cometido constitucional de intervenir en defensa de la legalidad y de los intereses generales de la sociedad.
4°) Que converge en esta causa un interés institucional de orden superior que radica en la necesidad de procurar una recta administración de justicia, para lo cual es indispensable preservar el ejercicio pleno de las funciones que la ley encomienda al Ministerio Público, a fin de custodiar el orden público y la defensa del orden jurídico en su integridad (Fallos: 311:593 y 315:2255).
5°) Que es doctrina reiterada de este Tribunal que, al alegarse en el recurso extraordinario tanto arbitrariedad como cuestión federal corresponde examinar inicialmente la primera, dado que de existir esa tacha, en rigor no habría sentencia propiamente dicha (Fallos: 324:3394, 3774; 325:279; 327:2163, entre otros).
6°) Que asiste razón al recurrente en cuanto afirma que la resolución apelada es arbitraria en tanto el a quo omitió tener en cuenta las disposiciones legales aplicables (artículos 120 de la Constitución Nacional, 52 de la ley 24.240 y 2° inc. e y 31 de la ley 27.148), sin dar motivos valederos para ello, lo cual descalifica su decisión como acto judicial válido.
7°) Que sobre tales bases, la consiguiente regulación de esas atribuciones contenidas en la Ley de Defensa del Consumidor y en la Ley Orgánica del Ministerio Público Fiscal, requería que este se expidiera en forma previa al dictado de la sentencia.
En efecto, la intervención del Ministerio Público en casos en los que -como ocurre en el sub examine- se encuentran afectados derechos del consumidor, está prevista a los fines de garantizar que se asegure la realización del valor justicia en una relación jurídica asimétrica, caracterizada por la desigualdad entre sus partes (doctrina de Fallos: 338:1344).
8°) Que, en tales condiciones, al omitir la intervención previa del Ministerio Público Fiscal, la sentencia ha prescindido de aplicar las normas legales pertinentes, sin dar razón plausible para ello. Tal deficiencia, provoca que la decisión apelada resulte descalificable como acto judicial válido, a la luz de la conocida doctrina de la Corte elaborada en torno a las sentencias arbitrarias.
Por ello, se hace lugar a la queja, se declara procedente el recurso extraordinario y se deja sin efecto el pronunciamiento apelado. Vuelvan los autos al tribunal de origen para que por quien corresponda, previa intervención del Ministerio Público Fiscal, dicte un nuevo pronunciamiento. Agréguese la queja al principal. Notifíquese y, oportunamente, remítase.
Firmado Digitalmente por LORENZETTI Ricardo Luis
Firmado Digitalmente por MAQUEDA Juan Carlos
Firmado Digitalmente por ROSATTI Horacio Daniel
HSBC BANK ARGENTINA S.A. c/CÁCERES, MARÍA EUGENIA s/SECUESTRO PRENDARIO – Cám. Nac. Com. – Sala C – 12/12/2017 – Cita digital IUSJU055707E
002132F
