Se confirma el rechazo al pedido de suspensión del juicio a prueba solicitado por el imputado, en orden al delito de defraudación contra la Administración Pública, por entender que, al no haber efectuado el prevenido ofrecimiento dirigido a reparar el daño ocasionado, no se habría cumplido uno de los requisitos exigidos como presupuesto para la operatividad del instituto en cuestión. Es que, si bien no se trata de ofrecer una reparación integral -daño material o moral-, pasible de ser exigida civilmente, sí debe ponerse manifiesto una real voluntad y/o interés de superar el conflicto.
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