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JURISPRUDENCIAContratos comerciales. Licencia de marca. Obligación intuitu personae. Rescisión contractual. Autonomía de la voluntad
Se confirma la resolución que rechazó la demanda por daños y perjuicios por la rescisión de un contrato de licencias de marcas, en virtud de que esta fue conforme a derecho, respetando la autonomía de la voluntad prevista en el artículo 959 del Código Civil y Comercial de la Nación, en tanto se basó en una cláusula del contrato que preveía tal posibilidad si la contraparte cambiaba el control de su paquete accionario.
En Buenos Aires, a los 25 días de agosto de 2015, se reúnen los Señores Jueces de la Sala D de la Excelentísima Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial de la Capital Federal, con el autorizante, para dictar sentencia en la causa “ GRUPO ADVANCE S.A. c/ MOLINOS RIO DE LA PLATA S.A. s/ ORDINARIO”, registro n° 8758/2010, procedente del JUZGADO N° 21 del fuero (SECRETARIA N° 42), en los cuales como consecuencia del sorteo practicado de acuerdo con lo previsto por el art. 268 del Código Procesal, resultó que debían votar en el siguiente orden, Doctores: Heredia, Vassallo, Dieuzeide.
Estudiados los autos la Cámara planteó la siguiente cuestión a resolver:
¿Es arreglada a derecho la sentencia apelada?
A la cuestión propuesta, el Señor Juez de Cámara, Doctor Heredia dijo:
1°) La sentencia de primera instancia rechazó la demanda que Grupo Advance S.A. promovió contra Molinos Río de la Plata S.A., imponiendo las costas a la actora (fs. 2301/2346).
Contra esa decisión apeló la demandante (fs. 2349), quien expresó agravios mediante el escrito de fs. 2365/2385, cuyo traslado resistió la accionada a fs. 2387/2398.
2°) Los antecedentes del caso que resultan relevantes para examinar el recurso de apelación son los siguientes:
(a) Molinos Río de la Plata S.A. suscribió el 16/1/2008 un “Contrato de Licencia de Uso de Marcas” por el cual autorizó a Grupo Advance S.A. la utilización exclusiva, en el territorio nacional, de las marcas “VIENISSIMA” y “VIENNISIMA YA”, registradas en la clase 43 del nomenclador internacional, por un plazo de diez años y a título gratuito, para identificar la actividad que la licenciataria desarrollaría en distintos puntos de venta relacionados con el expendio, exhibición, degustación y venta de salchichas cocidas en forma directa al público consumidor (fs. 11/21 y anexos).
En cuanto aquí interesa, las partes pactaron en la cláusula 13.1.4.a), que cualquiera de ellas podría rescindir en forma anticipada la licencia, sin obligación de preaviso ni derecho a indemnización, si se producía una “…Modificación del control accionario de la contraparte respectiva…” (fs. 19, Sección 13: Terminación del Contrato).
Paralelamente, en la misma fecha, licenciante y licenciataria acordaron un contrato de suministro (instrumentado por una oferta irrevocable redactada por Grupo Advance S.A. en base a conversaciones preliminares que aceptó Molinos Río de la Plata S.A.), por el cual la primera se comprometía a proveer a la segunda, de acuerdo a los pedidos que esta última hiciera, diversas clases de “salchichas gastronómicas” (fs. 32/39). Se estableció que el contrato tendría una duración de diez años contados a partir de la firma de la licencia marcaria y se previeron varias hipótesis de finalización anticipada del suministro, entre las cuales estaba “…la terminación anticipada del Contrato de Licencia de Uso de Marcas…” (fs. 37 vta., cláusulas 11.1 y 11.2.iv).
(b) El 19/1/2009 Molinos Río de la Plata S.A. envió a Grupo Advance S.A. una carta documento por la cual le requirió explicaciones acerca de si se había producido un traspaso de las acciones representativas de su capital y, en su caso, la definición de si ello implicaba un cambio de control en los términos de la citada cláusula 13.1.4.a) del contrato de licencia de marcas (fs. 313).
La actora respondió a la requisitoria el día 23/1/2009 admitiendo el traspaso de acciones, pero aclarando que él había tenido lugar “…en ejercicio de derechos inalienables y en cumplimiento de normas vigentes…” y que “…en nada se vincula con la Sección 13 “Terminación del Contrato”, que consigna el contrato de licencia de uso de marca, suscripto el día 16 de enero de 2008…” (conf. carta documento de fs. 315).
El 11/2/2009 Grupo Advance S.A. remitió a su contraria una nueva carta documento denunciando haber detectado diversas infracciones al derecho de exclusividad en el uso de las marcas licenciadas por parte de “…innumerable cantidad de comercios dentro del territorio nacional…”, e instando por ello a la licenciante “…para encontrar una solución a la situación descripta…” (fs. 318).
Días más tarde, Molinos Río de la Plata S.A. contestó las comunicaciones que Grupo Advance S.A. enviara, sucesivamente, el 23/1/2009 y 11/2/2009. En efecto, el 26/2/2009 envió a la actora una carta documento mediante la cual le hizo saber: I) que había tomado conocimiento de la asamblea general ordinaria del 27/11/2008 por la cual los únicos dos accionistas de la licenciataria habían vendido la totalidad de la tenencia accionaria que les correspondía; II) que esa circunstancia encuadraba en lo previsto en la recordada cláusula 13.1.4.a); III) que por lo anterior daba por rescindido el “Contrato de Licencia de Uso de Marcas”; y IV) que si bien la rescisión indicada tornaba abstractos los planteos vinculados a las alegadas infracciones al derecho de exclusividad, no reconocía violación alguna a las obligaciones contractuales relacionadas con ello (fs. 320).
Frente a esta última respuesta, Grupo Advance S.A. remitió a Molinos Río de la Plata S.A. una última carta documento en la que, sustancialmente, declaró lo siguiente: I) que la cláusula 13.1.4.a) era ambigua y no interpreta ni define los presupuestos de la modificación del control accionario a la que alude que permitan configurar la rescisión planteada el 26/2/2009; II) que la transmisión accionaria se realizó, a todo evento, en “…favor de personas físicas o jurídicas con experiencia y conocimiento del negocio, contando con la suficiente solvencia técnica, económica y moral que permitió continuar con el contrato sin que se viera afectado el servicio, ni los derechos y obligaciones de Molinos Río de la Plata S.A…” y que tampoco se realizó a favor de competidores de esta última; III) que, por tanto, rechazaba la rescisión fundada en la indicada cláusula 13.1.4.a) y que, por el contrario, daba por resuelto el contrato en los términos de la cláusula 13.1.1 (terminación anticipada por incumplimiento) ya que la “…Licenciante no sólo no desconoce sino que consiente y promueve que terceras empresas ajenas a las partes, de manera flagrante y continua violen la exclusividad de uso de las marcas otorgado al Grupo Advance S.A…” (conf. carta documento del 5/3/2009, fs. 322).
(c) En las condiciones reseñadas, Grupo Advance S.A. promovió la presente demanda por indemnización de daños y perjuicios derivados de lo que calificó como una “ruptura intempestiva y arbitraria” del contrato de licencia por parte de Molinos Río de la Plata S.A.
La lectura del escrito de demanda muestra que Grupo Advance S.A., si bien aludió a los incumplimientos que imputa a su adversaria (fs. 881), no insistió en que el contrato debía tenerse por resuelto por incumplimiento de esta última en los términos de la cláusula 13.1.1, sino que la reparación pretendida resultaba procedente por haber rescindido la demandada de modo abusivo (fs. 879, 881 vta., 882, 885; etc.), frustrando las expectativas generadas por la continuación del contrato durante todo el tiempo pactado, valiéndose para ello de una “…estipulación no esencial…como lo es la alteración de la nómina de accionistas que detentan el control accionario…” y “…como si la mera variación, aún inocente e inocua, del plantel de accionistas tuviera un efecto pernicioso para la concedente o para la suerte del negocio…” (fs. 885, la palabra “concedente” está en el original).
Refirió, asimismo, que la cláusula 13.1.4.a) se presenta como “…curiosa y de confusa redacción…” (fs. 879), ambigua e incompleta (fs. 880), y que el contrato de licencia en que se la incluyó no es intuitu personae ya que ello no fue puesto formalmente de manifiesto en su texto (fs. 879 y vta.). De tal suerte, afirmó que la mera invocación por Molinos Río de la Plata S.A. referente a un cambio de control en el paquete accionario de Grupo Advance S.A., aun protegida por la referida cláusula, es notoriamente insuficiente para poner fin al contrato de licencia, tanto más cuando la licenciante no especificó tacha o cuestionamiento alguno relacionado con los accionistas de la licenciada que aparecieron como reemplazantes (fs. 879 vta.).
Sostuvo, en fin, que la cláusula 13.1.4.a) es “…secundaria, intrascendente en el plexo contractual y comercial…” y que su incorporación al contrato respondió a la superioridad negocial de Molinos Río de la Plata S.A. que la impuso sin posibilidad real de discusión (fs. 885 y vta.), no respondiendo ella tampoco a la intención común de las partes, ni su aplicación por la demandada a una ejecución contractual de buena fe (fs. 882; 886 y vta.; etc.).
3°) Como se adelantó, el fallo de la instancia anterior rechazó la demanda.
Si bien el memorial que funda el recurso de la actora tiene 41 páginas, sólo en un poco más de la mitad de ellas, que corresponden al Capítulo IV, se recogen los agravios expresados de acuerdo a lo previsto por el art. 265 del Código Procesal (fs. 2372 vta./2385).
Critica la demandante que la sentencia apelada hubiera calificado como intuitu personae al “Contrato de Licencia de Uso de Marcas” del 16/1/2008, dando por descontado, a partir de ello, de modo inadmisible, que uno de los accionistas que se desprendió de su tenencia accionaria en Grupo Advance S.A. (se refiere al señor Andrés Mozzi, que era titular de acciones representativas del 80% del capital social), hubiera sido tenido en mira como insustituible y restando así valor a la naturaleza comercial del acuerdo (fs. 2373 vta. y 2374 vta.). Sostiene que dicho carácter intuitu personae no puede ser presumido ya que debe surgir de la propia letra del contrato (fs. 2374 vta.); que la situación de autos no es equiparable a la de quien contrata a una persona por sus condiciones personales (fs. 2388); y que no puede ser entendido que el mencionado accionista fue subjetivamente determinante de la conclusión del contrato, ya que no tenía experiencia en la comercialización en el “mercado caliente” de las marcas licenciadas (fs. 2376 y vta.), ni recursos económicos para enfrentar la financiación del proyecto (fs. 2384).
De otro lado, se agravia la actora porque entiende que el fallo recurrido no ponderó que la demandada ejerció la facultad rescisoria contenida en la cláusula 13.1.4.a) del contrato del 16/1/2008 cuando ella misma había incumplido sus obligaciones contractuales relativas a proporcionarle la exclusividad del uso de las marcas licenciadas (fs. 2378 y 2381 vta.), y sin haber analizado si no se imponía previo a esa decisión unilateral haber transitado un proceso previo de negociación (fs. 2377 vta.).
Cuestiona, asimismo, que la decisión apelada hubiera sostenido que la facultad rescisoria de la demandada encontraba su razón de ser en el concepto de affectio societatis (fs. 2379); que no se haya examinado debidamente la declaración del testigo Carlos Valotta de la que surgiría, según su parecer, que Molinos Río de la Plata S.A. supo y consintió, al menos unos seis meses antes de rescindir unilateralmente, que se había provocado un cambio en el control accionario de Grupo Advance S.A. (fs. 2380/2382); y que no hubiese tenido debidamente en cuenta que las condiciones de los contratos del 16/1/2008 fueron impuestas por Molinos Río de la Plata S.A. (fs. 2394 vta.).
4°) Para comenzar el examen de los agravios diré que, diversamente de lo sostenido por la recurrente, en el contrato de licencia de marca la persona del licenciatario no es indiferente para el licenciante.
En efecto, en el contrato de licencia de marca se destacan dos aspectos que contribuyen a dotarle de cierta singularidad y tienen una indudable incidencia en su tratamiento jurídico. Se trata, de un lado, de la relevancia que en el contrato tiene la personalidad de uno o ambos contratantes y, de otro, del vínculo de colaboración que generalmente se establece entre ambas partes.
Por lo que toca al primer aspecto, único que interesa en este lugar, generalmente se señala que para el licenciante tiene gran importancia la persona del licenciatario, lo cual permite caracterizar al contrato de licencia de marca como intuitu personae, es decir, celebrado en razón de la persona (conf. Roncero Sánchez, A., El contrato de licencia de marca, Civitas, Madrid, 1999, p. 105; Di Guglielmo, P., Tratado de Derecho Industrial, Buenos Aires, 1951, t. II, p. 249, nº 300; Etcheverry, R., Derecho Comercial y Económico – Contratos – Parte Especial, Buenos Aires, 2000, t. 3, p. 300, nº 787, “e”).
Ello es así, pues el hecho de que el valor patrimonial de la marca objeto del contrato pueda verse afectado por el uso o la explotación que de la misma haga el licenciatario, explica que el licenciante preste especial atención a la persona del licenciatario. En tal sentido, el carácter personal no deriva exclusivamente de la consideración del contrato como una vinculación duradera y de tracto sucesivo que establece entre las partes una relación de dependencia recíproca que se asienta sobre la confianza existente entre las partes contratantes, sino que va más allá en tanto la utilización por el licenciatario de la marca objeto del contrato puede afectar la reputación o buena fama de los productos o servicios identificados y, con ello, puede alterar el valor económico de la marca (conf. Roncero Sánchez, A., ob. cit., p. 106).
Aclarado lo anterior, es menester observar que el contrato de licencia del 16/1/2008 no escapa a la caracterización reseñada, pues resulta manifiesto que la elección de la persona del licenciatario no fue indiferente a poco que se repare en que, según surge de la cláusula 17.6, “b” y “c”, tanto la cesión de la licencia como la posibilidad de sublicenciar fueron pactadas como sujetas a la previa autorización de la licenciante (fs. 21). Naturalmente, una cláusula restrictiva como la indicada solamente se explica y justifica en atención a la importancia que la selección del licenciatario tenía para el licenciante (conf. Roncero, Sánchez, A., ob. cit., p. 105, texto y nota n° 269, y p. 196).
Por cierto, a la luz de un afín orden de ideas, corresponde interpretar una previsión contractual como la que habilitó la rescisión unilateral de la licencia si se producía una “…Modificación del control accionario…” de la licenciataria (control societario que, valga señalarlo, el 16/1/2008 lo poseía el señor Andrés Mozzi como titular del 80% del paquete accionario -art. 33, inc. 1°, ley 19.550- y cuya firma en dicho contrato, aunque puesta como presidente de Grupo Advance S.A., inescindiblemente lo obligaba a título personal, como socio, en el mantenimiento de esa tenencia accionaria; fs. 21).
Al respecto, preciso es observar que el intuitu inherente al contrato de licencia no necesariamente se pierde por el hecho de que la parte licenciataria sea una sociedad anónima, pues al menos en casos como el de autos, aquel bien puede estar vinculado a la subsistencia de uno o más accionistas en la condición de titulares del control societario.
En efecto: si bien como regla en la estructura legal de la sociedad anónima no se toman en consideración las circunstancias personales de los socios, la realidad no siempre responde a ello. Por el contrario, es muy frecuente que la consideración personal de los socios, en sociedades de pequeño y medio capital, sea mayor de lo que corresponde a la estructura ideal de la sociedad anónima destinada a regir la gran empresa capitalista. Por razones de muy diversa naturaleza y para obtener distintos fines, es común que la sociedad aglutine como socios a determinadas personas que son las que ejercen el control sobre ella y cuya permanencia en esa condición puede resultar necesaria para impedir la entrada de sujetos distintos que puedan perturbar su marcha. Y con el objeto de aventar perturbaciones de esa índole u otras imaginables, es justamente que aparecen las restricciones convencionales a la libre transmisibilidad de acciones, las cuales no sólo pueden tomar la forma de pactos para-societarios entre socios (conf. Broseta Pont, M., Restricciones estatutarias a la libre transmisibilidad de las acciones, Editorial Tecnos S.A., ps. 22/24), sino que también pueden tener cabida en acuerdos con terceros contratantes interesados en que sea un socio y no otro el que conserve el control que deriva de la tenencia accionaria por razón de la confianza que él despierta en el manejo del negocio (lo cual se potencia, lógicamente, si en el manejo del negocio hay utilización de marca ajena), perspectiva este última desde la cual, ciertamente, cobra notoria eficacia práctica una estipulación como la contenida en la citada cláusula 13.1.4.a) del contrato del 16/1/2008, bien que con el siguiente alcance: como cláusula de no enajenar la tenencia accionaria a persona alguna es de ningún valor frente a terceros adquirentes, pero tiene operatividad entre los estipulantes de la prohibición en el terreno de los derechos personales (arg. art. 2612 del Código Civil; Salvat, R. y Novillo Corbalán, S., Tratado de Derecho Civil – Derechos Reales, Buenos Aires, 1952, t. II, p. 333, n° 1065; Bueres, A. y Highton, E., Código Civil y normas complementarias – análisis doctrinal y jurisprudencial, Buenos Aires, 2004, t. 5-A, ps. 633/634; López de Zavalía, F., Teoría de los Contratos, Buenos Aires, 2000, t. 2, ps. 372 y 375), correspondiendo al respecto estar a la sanción que hubieran previsto las partes para el caso de infracción (conf. Lorenzetti, R., Tratado de los Contratos, Santa Fe, 2004, t. I, p. 335), la cual en la especie fue generar una causal de rescisión unilateral (art. 1197 del Código Civil).
En ese contexto, la referida cláusula 13.1.4.a) no es, bien se ve, una previsión contractual no esencial o secundaria. Por el contrario, ella se yergue como una estipulación principal justificada en el innegable intuitu personae que es dable asignar al contrato de licencia de marcas de que tratan estas actuaciones.
Establecido lo anterior, no se trata, obviamente, de presumir el carácter personal del negocio, ni de exigir que ello hubiera constado de modo expreso, ya que la propia exégesis contractual lleva a aceptar la existencia del intuitu personae referido por el fallo recurrido.
Pasando a la consideración de otro aspecto, advierto que tampoco es determinante para sostener una respuesta favorable a la apelación el hecho de que el señor Andrés Mozzi pudiera no haber tenido experiencia en la comercialización en el “mercado caliente” de las marcas licenciadas, ni recursos económicos para enfrentar la financiación del proyecto.
Independientemente de que la prueba testimonial demuestra cabalmente que la presencia de Mozzi fue determinante para definir el otorgamiento de la licencia (véase la declaración del testigo Vallota, fs. 1767 y ss., respuestas 10ª y 14ª, y a la ampliación 6ª in fine), aun cuando como hipótesis se acepten como verdaderas la apuntada falta de experiencia y recursos propios, lo concreto es que: A) el mantenimiento del control societario que detentaba Mozzi fue una condición de subsistencia del contrato que, por sí sola, bien pudo encontrar suficiente justificativo en lo antes dicho, a saber, simplemente impedir la entrada de accionistas distintos que pudieran perturbar la marcha de la sociedad y con ello, a la postre, afectar la reputación o buena fama de los productos o servicios identificados alterando el valor económico de las marcas licenciadas; y todo ello, desde ya, más allá de que el nombrado tuviera o no conocimientos específicos del tipo indicado, pues la realidad de las cosas indica que manejar una sociedad es bastante más que saber vender salchichas; B) la cuestión de si Andrés Mozzi poseía o no recursos económicos para enfrentar la financiación del proyecto no guarda relación directa o inmediata alguna con la específicamente controvertida, pues lo atinente al mantenimiento del control societario contemplado en la recordada cláusula 13.1.4.a) nada tiene que ver con la solvencia personal del nombrado.
En fin, tampoco creo que los restantes argumentos del memorial tengan fuerza para alterar lo decidido en la instancia anterior.
Veamos.
(a) No puede ser atendida la afirmación de que la demandada ejerció la facultad rescisoria contemplada en la cláusula 13.1.4.a) del contrato del 16/1/2008 cuando ella misma había incumplido sus obligaciones contractuales relativas a proporcionarle la exclusividad del uso de las marcas licenciadas.
Lo atinente a si la accionada violó la exclusividad que había comprometido en el contrato de licencia, es cuestión que naturalmente quedó marginada de la continencia de la litis desde el mismo momento en que la actora, pese a lo que expresara en su carta documento del 5/3/2009 (fs. 322), no promovió demanda por resolución fundada en dicho incumplimiento, sino resarcitoria de los daños que dijo derivados de la rescisión unilateral que Molinos Río de la Plata S.A. fundó en la citada cláusula.
A todo evento, correspondiendo interpretar que una violación al carácter exclusivo de la licencia lo es de una obligación “esencial” que justifica sobradamente instar la resolución del contrato (conf. Roncero Sánchez, A., ob. cit., ps. 291/292), tampoco se entiende por qué Grupo Advance S.A., si consideraba existente alguna violación, no intimó inmediatamente a su contraria para procurar el correcto cumplimiento de lo pactado según fue previsto en la cláusula 13.1.1 (fs. 18 vta.) y, por el contrario, recién mencionó la cuestión, incluso sin convicción y utilizando el modo potencial en la conjugación (“…se encontrarían en situación de infracción…”; fs. 318), prácticamente un mes después de haber sido intimada por Molinos Río de la Plata S.A. para que aclarase si se había producido un traspaso de las acciones representativas de su capital (fs. 313), esto es, cuando ya estaba en tela de juicio su propio incumplimiento a la cláusula 13.1.4.a), sin haber logrado brindar para ese entonces una explicación sobre el particular que superara lo meramente declamatorio, pues en la carta documento de fs. 315 se limitó a señalar dogmáticamente que la transferencia accionada en nada se vinculaba con la sección 13 del contrato, cuando manifiestamente ello no era así.
(b) No es atendible la aserción de la actora de ser injustificada la rescisión unilateral por haber sido adoptada sin transitarse previamente un proceso de negociación.
Baste decir al respecto que semejante instancia previa no fue prevista contractualmente, resultando obvio, por otra parte, que una vez que se produjo la trasgresión de la cláusula 13.1.4.a) la vía rescisoria quedó automáticamente habilitada.
(c) De la declaración del testigo Valotta no puede extraerse ningún elemento de juicio favorable a la actora, contrariamente a lo que pretende en fs. 2380/2381.
En efecto: aunque dicho testigo relató que la demandada, previamente a rescindir, tuvo dos reuniones con el adquirente de la tenencia accionaria de Andrés Mozzi, esto es, con el señor Norberto Améndola, de tal circunstancia fáctica no se deriva elemento de juicio alguno que permita inferir la existencia de una falta de rechazo de la licenciante al cambio del control societario de Grupo Advance S.A., ni menos una renuncia al ejercicio del derecho resultante de la cláusula 13.1.4.a).
Por el contrario, la mencionada declaración testimonial da cuenta de que las citadas reuniones tuvieron como finalidad conocer al señor Améndola, pero que el resultado fue decepcionante pues “…despertó cierto grado de desconfianza profesional…” (fs. 1770, ampliación 9ª), exigió “…resultados monetaristas que escapaban a la concepción misma del proyecto acordado previamente con el Sr. Mozzi…”, y se mostró “…ríspido, agresivo, con claros indicios de falta de flexibilidad y poca propensión al trabajo en equipo…”, siendo ello lo que, previa consulta al departamento de legales, determinó que Molinos Río de la Plata S.A. rescindiera en forma inmediata el contrato con Grupo Advance S.A. (fs. 1771, ampliación 10ª).
En otras palabras, sin renunciar al derecho de rescindir que, en los hechos, ya estaba habilitado por razón de la mera concreción del cambio de control societario, lo que hizo la demandada fue, por encima de lo anterior, indagar la posibilidad de continuar el negocio con el adquirente de las acciones de Grupo Advance S.A.; pero al advertir las dificultades que se vislumbraban en esa hipótesis, optó por extinguir el contrato de licencia ejerciendo efectivamente la facultad rescisoria que le asistía.
Tal actitud de la demandada, contrariamente a lo señalado en fs. 2381 vta., no importó violación al principio de la buena fe; antes bien, se enmarcó en un intento de sortear el incumplimiento contractual relativo al mantenimiento del control societario; intento que a la postre resultó frustrado.
(d) La invocada circunstancia de que las condiciones de los contratos del 16/1/2008 fueron impuestas por Molinos Río de la Plata S.A., tampoco dice nada a favor de la actora.
No es discutible que en las relaciones contractuales entre empresas también juega el criterio general de la necesaria tutela del contratante débil frente a la predisposición de cláusulas abusivas (conf. Barrionuevo, A., Las cláusulas abusivas en los contratos interempresarios y las pymes”, LL 2008-F, p. 1121).
Ahora bien, aun siendo así, es sabido que la sola predisposición no es causa, por sí misma, de invalidez del contenido total o parcial del contrato, ni prueba de que la adhesión dada por la parte débil o no predisponente fuera hecha en condiciones de falta de libertad o indebido aprovechamiento.
Por lo demás, las genéricas referencias a ser víctima de un desequilibrio contractual teñido de abuso de derecho, no bastan para apartarse de la letra de lo convenido. Es que el esquema del abuso del derecho no debe ser utilizado en forma indiscriminada, y menos para derogar un principio capital como lo es el de la autonomía de la voluntad, pues el art. 1071 del Código Civil es una norma de excepción y no una vía general para que los jueces revisen las cláusulas de los contratos frente a la sola alegación de ser injustas. Ello ni siquiera es posible tratándose de contratos de adhesión, pues tal característica, por sí sola, no basta para semejante efecto (conf. CNCom. Sala E, 10/5/89, “Mediterránea S.A. c/ Banco Extrader S.A., JA 1989-III, p. 656).
Por lo demás, desde un punto de vista subjetivo, corresponde sujetar a un criterio de apreciación restrictiva la ponderación relativa a la presencia de un caso de abuso del derecho cuando la parte del contrato es una sociedad con objeto comercial pues, el debido cumplimiento de este último, supone en ella la presencia de ciertas aptitudes y capacidades mínimas para el manejo y administración de sus negocios, así como conocimiento sobre los riesgos que asume a los fines de tomar de antemano las medidas tendientes a evitarlos (conf. CNCom, Sala B, 9/10/1987, «Padilla, Ángel c/ De Rosa, Hugo»; íd., 21/9/1993, «Tejidos Oke SA c/ Viscosud S.A,»; íd. 3/6/1993, «SA Cía. Azucarera Tucumana s/ inc. de llamado a licitación adjudicación Ingenio Santa Rosa»; íd. 19/7/1992, «Establecimiento Frutícola Sede S.R.L. c/ Coto CICSA»; íd. 30/6/2009, “Wing Guard S.A. c/ Instituto Obra Social del Ejército s/ ordinario”).
(e) Corresponde coincidir con la actora cuando critica al juez a quo por haber afirmado que la facultad rescisoria de su adversaria tiene sustento en el concepto de affectio societatis.
Si bien una licencia de explotación de patentes puede guardar, en determinados casos, alguna aproximación con el fenómeno societario (véase en este sentido: Roubier, P., Le droit de la propriété industrielle, Librairie du Recueil Sirey, Paris, 1952, t. II, ps. 286/289, nº 190, “b”), ello debe descartarse cuando se trata de licencia de marca, ya que ni siquiera la presencia de ciertos intereses convergentes en algunas modalidades del contrato implica reconocer la existencia de un fin común como elemento causal del negocio, no pudiendo considerarse que se trate o de lugar a una figura societaria, en tanto no reúne los requisitos mínimos que conforman el concepto de sociedad (conf. Roncero Sánchez, A., ob. cit., p. 109, nota n° 286). De ahí que, entonces, resulte inadecuada en esta materia la referencia a la affectio societatis, que es un elemento específico del contrato de sociedad (conf. Halperín, I., Curso de Derecho Comercial, Buenos Aires, 1973, t. I, ps. 242/245, n° 28), y mucho más relacionándosela con el ejercicio de la facultad rescisoria unilateral (fs. 2341), pues el fundamento de esta última cuando deriva, como en el caso, de cláusula expresa, no es otro que la autonomía de la voluntad (art. 1197 del Código Civil).
Pero aun siendo jurídicamente certera la crítica de la actora en este punto, resulta completamente estéril para fundar la revocación del fallo apelado, ya que este último posee otros fundamentos autónomos que resisten incólumes las quejas de la apelación según ya se ha visto.
5°) Habiendo examinado la sustancia de los argumentos expuestos ante esta alzada en cuanto aparecieron como pertinentes y apropiados para la correcta composición del litigio (conf. CSJN, Fallos 258:304; 262:222; 272:225; 278:271; 291:390; 297:140; 301:970; etc.), no creo inadecuado cerrar el voto observando que, en parte, la estrategia de la actora desplegada en autos fue desviar el eje de la discusión para tratar de convencer que la cláusula 13.1.4.a) del contrato de licencia, por ser, según su apreciación, curiosa y de confusa redacción (fs. 879), ambigua e incompleta (fs. 880), no esencial (fs. 885), secundaria e intrascendente (fs. 885 vta.), debía dejarse de lado ya que no respondía a la intención común de las partes (fs. 886 y vta.).
Esa estrategia, sin embargo, fue equivocada y no sólo por lo expuesto en los considerandos anteriores.
Es que ninguna interpretación contractual puede conducir a sostener que los términos utilizados por las partes no han tenido significación alguna (conf. CSJN, Fallos 324:466, voto del juez Vázquez). Y así como es inadmisible una interpretación que equivalga a prescindir de la norma en tanto no medie declaración de inconstitucionalidad, de igual forma es también desechable la exégesis judicial que prescinde de un contrato o de alguna de sus partes sin previa declaración de nulidad (conf. CSJN, Fallos 316:382, voto del juez Moliné O’Connor), comprensión esta última cuya corrección se aprecia teniendo en cuenta que la interpretación contractual tiene una función análoga a la de la interpretación de la norma jurídica (conf. Messineo, F., Doctrina general del contrato, Buenos Aires, 1952, t. II, p. 89; Belluscio, A. y Zannoni, E., Código Civil y leyes complementarias, comentado, anotado y concordado, Buenos Aires, 1984, t. 5, p. 909, texto y nota n° 82).
Por lo demás, como lo explica Erich Danz, toda objeción de que el contrato se convino de modo diverso de como aparece en la escritura (tal lo postulado por la actora), tiene en contra la presunción de hecho de que el documento escrito es el resultado completo y definitivo de todas las negociaciones, sin que se pueda volver sobre ellas, o decir que la escritura es incompleta o inexacta (conf. Danz, E., La interpretación de los negocios jurídicos, Madrid, 1926, p. 231). Más todavía: cuando una de las partes alega la invalidez de lo que ha firmado, se le opone la regla imperativa de orden “nemo auditur propiam turpitudinem allegans” (conf. Etcheverry, R., Interpretación del contrato, LL 1980-D, p. 1053, cap. IX), siendo claro, además, que los tribunales, lo mismo que las partes, so pretexto de interpretar un contrato, no pueden llegar a desnaturalizarlo, de donde si una cláusula es clara, no podrían desconocerla o transformarla, sin incurrir al mismo tiempo en inobservancia de la regla según la cual las convenciones hechas en los contratos forman para las partes una norma a la cual deben someterse como la ley misma (conf. Josserand, L., Derecho Civil, Buenos Aires, 1950, t. II, vol. I, p. 178).
6°) Por lo expuesto, si el presente voto es compartido por los apreciados colegas del Tribunal, deberá confirmarse la sentencia de primera instancia en cuanto rechazó la demanda. Con costas de alzada a cargo de la parte actora (art. 68, primera parte, del Código Procesal).
Así lo propongo al acuerdo.
Los señores Jueces de Cámara, doctores Vassallo y Dieuzeide adhieren al voto que antecede.
Concluida la deliberación los señores Jueces de Cámara acuerdan:
(a) Confirmar la sentencia de primera instancia en cuanto rechazó la demanda, con costas de alzada a cargo de la parte actora (art. 68, primera parte, del Código Procesal).
(b) Diferir la regulación de honorarios hasta que sean fijados los de la anterior instancia.
Notifíquese y una vez vencido el plazo del art. 257 del Código Procesal, devuélvase la causa al Juzgado de origen.
Cúmplase con la comunicación ordenada por la Excma. Corte Suprema de Justicia de la Nación (Ley 26.856 y Acordadas 15/13 y 24/13).
Gerardo G. Vassallo
Pablo D. Heredia
Juan José Dieuzeide
Julio Federico Passarón
Secretario de Cámara
Código Civil y Comercial de la Nación – (Derechos Personales) – (arts. 957 a 965) – 01/08/2015
006355E
