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JURISPRUDENCIAContratos comerciales. Interpretación contractual. Principio de buena fe. Cesión de derechos. Facturas. Garantías. Comercio exterior
Se hace lugar a la demanda interpuesta por la sociedad actora, habida cuenta que el banco demandando consintió la sustitución del modelo que comunicaban las instrucciones derivadas de la cesión de facturas y fue debidamente notificado de las instrucciones por las que debía liquidar divisas correspondientes a las facturas -cedidas en garantía a la aquí actora en el marco de la operatoria de comercio exterior- y, en consecuencia, transferir a la actora en los montos indicados el contravalor resultante en pesos de las facturas pagas, neto de comisiones, gastos e impuestos aplicables.
En Buenos Aires a los 31 días del mes de octubre de dos mil diecisiete, hallándose reunidos los Señores Jueces de Cámara en la sala de acuerdos, fueron traídos los autos “ROBERT BOSCH ARGENTINA INDUSTRIAL S.A. C/ BANCO COMAFI S.A. S/ ORDINARIO” (Expediente n° COM 1423/2014/CA1) del Juzg. N° 1, Secretaria N° 1 en el que, al practicarse la desinsaculación que ordena el artículo 268 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, resultó que la votación debía tener lugar en el siguiente orden: Doctores Machin (7), Villanueva (9).
Firman los doctores Eduardo R. Machin y Julia Villanueva por encontrarse vacante la vocalía 8 (conf. art. 109 RJN).
Estudiados los autos la Cámara plantea la siguiente cuestión a resolver.
¿Es arreglada a derecho la sentencia apelada de fs. 1639/1661?
El Señor Juez de Cámara Doctor Eduardo Roberto Machin dice:
I. La sentencia.
Viene apelada la sentencia de fs. 768/773 que rechazó la demanda deducida por Robert Bosch Argentina Industrial S.A. contra Banco Comafi Sociedad Anónima por incumplimiento de la obligación que acusó a cargo de la demandada de retener y transferir a su parte los pagos que ingresaran en la cuenta bancaria de Río Bravo Industrial S.A. para destinarlos a cancelar prestaciones contractuales existentes entre ambas empresas. Esto con costas a la actora en su condición de vencida (cfr. art. 68 CPCC).
Para así decidir, el a quo hizo las siguientes consideraciones:
1) Dijo que no existía controversia entre las partes en orden a que la actora había recibido por cesión de la empresa Río Bravo Industrial S.A. los derechos sobre las sumas que ésta percibiera de la empresa Robert Bosch Limitada de Brasil en la cuenta bancaria que mantenía abierta en el banco demandado, para destinarlos a abonarle la venta de planta industrial (v. contrato de cesión de fs. 48); Que conforme los términos de la cesión, el banco demandado debía cumplir con tales instrucciones sólo si era notificado de la “declaración de incumplimiento” suscripta por la cedente (v. cláusula 3°); y que no le cabía la obligación ni responsabilidad de verificar la ocurrencia, verosimilitud o alcance del supuesto incumplimiento denunciado, amén de que cualquier cuestión que al respecto pudiera suscitarse entre las empresas sería dirimido entre ellas, debiendo abstenerse ellas de formular cualquier reclamo al banco aquí demandado. (v. cláusula 4).
2) En tal sentido, dijo que conforme lo dictaminado en la pericia contable de autos -la que no había sido impugnada en esa parte- no existió en el caso la denominada “notificación de declaración de incumplimiento del convenio de transferencia de activos” en la cual la actora basó la responsabilidad de su contraria (v. fs. 663, resp. pto. “F”), y que las notas invocadas como enviadas a la demandada en ningún caso se correspondían con el modelo pre-pactado de fs. 49, en orden a hacer efectiva la retención y transferencia pactada.
3) Por lo demás, afirmó que si bien no se ha deducido excepción de falta de legitimación pasiva, la presente demanda era dudosa pues se había intentado contra un tercero que no era el deudor principal de la obligación que se reclama. Que se demandaba al banco por su sola intermediación, fundando el reclamo en la hipotética imposibilidad de cobrar de la deudora principal debido a una posible declaración de quiebra de tal empresa RB Industrial S.A.; a lo que agregó que el banco había sido excluido de responsabilidad por los avatares de la operatoria pactada entre la actora y Río Bravo Industrial S.A. conforme surgía del principio de indemnidad consignado en la cartaacuerdo del 27.01.10.
II.- El recurso:
Contra la referida sentencia se alzó la actora a fs.774 y fundó su recurso en fs. 781/792, cuyo traslado fuera contestado por la demandada a fs. 788/792.
a) En primer lugar, se refirió a la conducta del banco demandado en el cumplimiento del contrato, diciendo que el a quo omitió considerar su incumplimiento contractual respecto de la obligación de hacer por él asumida, conforme surgía de las notas del 27 de enero de 2010.
Dijo que el sentenciante de “manera liviana y superficial” entendió que el accionado no recibió “notificaciones por declaración de incumplimiento del convenio de transferencia de activos” que debía recibir para realizar las transferencias bancarias pactadas, sin tener en cuenta que con posterioridad a lo contratado el 27 de enero de 2010, el demandado había recibido de su parte y de Río Bravo Industrial diversas notas notificándole pedidos de transferencias, las cuales habían sido aceptadas y ejecutadas por el propio banco, aun cuando dichas notas y pedidos de transferencias no respondían al modelo pactado, dado que no le notificaban un evento de incumplimiento. Detalló las retenciones efectuadas por el banco entre los meses de junio y julio de 2011 por U$S 38.260, U$S 37.372, U$S 30.865 y U$S 35.564, todo conforme se desprende de la pericia contable de fojas 658/663.
Dijo que incluso en la carta documento que recibió del banco, éste nunca mencionó que su falta de cumplimiento se debió al hecho de no haber recibido por parte de Río Bravo Industrial y de Bosch notas mencionando un “evento de incumplimiento”, por lo que aseveró que tales notificaciones no invocadas anteriormente resultan irrelevantes para justificar su incumplimiento. Que la conducta de las partes posterior al contrato fue lo que determinó la voluntad de las partes y la que obligó al banco demandado.
Es más, afirmó que debió tenerse presente que durante el mes de septiembre de 2011, hubo un depósito en la cuenta de Río Bravo Industrial por U$S 688.866,52, importe que hubiese sido ampliamente suficiente para retener los montos que conforme las comunicaciones que Río Bravo Industrial debió retener. Que las instrucciones impartidas fueron retener la suma de U$S 292.656, que es lo que se reclama en autos, y que el a quo soslayó no sólo que el banco demandado incumplió su obligación contractual de retener y transferir, sino que también se quedó con el dinero para su propio beneficio cubriendo el sobregiro existente en la cuenta corriente que RB Industrial mantenía con el banco accionado.
b) En su segundo agravio, criticó que el Juez de grado no hubiera considerado al banco demandado parte del contrato que aquí se trata. Afirmó que el demandado incumplió su obligación derivada de un contrato, pues éste fue parte de la relación comercial y mucho tiempo antes de incumplir las instrucciones que dan sustento a esta demanda, ya había recibido, aceptado y cumplimentado instrucciones por adelantado de retención por parte de la titular de la cuenta (Río Bravo Industrial S.A.).
c) En tercer lugar, se refirió al pacto de indemnidad al que hizo alusión el sentenciante. Dijo que jamás se acordó un pacto de indemnidad a favor del banco demandado respecto al cumplimiento de su obligación contractual, por lo que acusó de errónea la interpretación que hizo el a quo de la cláusula contractual conforme la cual su parte y Río Bravo Industrial habrían eximido al Banco Comafi de cualquier responsabilidad derivada de la relación entre las partes.
Dijo que ello fue un grosero error del sentenciante, dado que lo que está en discusión en autos no se refiere a su relación con Río Bravo Industrial, sino a la cancelación de sus obligaciones con intervención del banco demandado, que habiendo recibido dinero para pagar a la actora directamente decidió no transferirlo para cubrir el giro en descubierto de su cliente en su cuenta.
d) Por último, se quejó de la imposición de costas a su parte. Dijo que debían serle impuestas al demandado atento la procedencia de la demanda solicitada y para el caso de que se confirmara la sentencia recurrida, solicitó que las mismas sean impuestas en el orden causado atento las particularidades del caso (conf. segundo párrafo del artículo 68 C.P.C.C.N.).
III. La solución.
I. Previo a tratar el conflicto planteado, estimo del caso advertir que los jueces no están obligados a seguir a las partes en todas sus argumentaciones, sino tan sólo a pronunciarse acerca de aquéllas que consideren conducentes para fundar sus conclusiones y resulten decisivas para la solución de la controversia (conf. CSJN, Fallos, 307:2216 y precedentes allí citados), ni tienen la obligación de expresar en su sentencia la valoración de todas las pruebas producidas, sino únicamente de las que, de conformidad con la regla de la sana critica, fueren esenciales y decisivas para la resolución de la causa, según su prudente criterio (esta Sala, in re: “Lippi, Adrián Alberto c/ General Motors de Argentina S.R.L. y otro s/ Ordinario” del 15.05.12; “SE.LI.ME S.A. Servicios de limpieza y metales c/ Volkswagen Argentina S.A. s/ Ordinario” del 29.08.13; “Servin Isabelino c/ Parana S.A. de Seguros s/ Ordinario” del 04.04.13; “Oribe Elisa c/ ALRA S.A. y otro s/ Ordinario” del 25.10.2012, entre otros).
También he de advertir que, en el presente caso, el eje por el que se impone brindar una respuesta es el principio de buena fe, principio rector en materia contractual que sin duda debe presidir en las cuestiones traídas a conocimiento del Tribunal. Al respecto, cabe recordar que la regla de la buena fe debe gravitar en materia contractual no sólo en la celebración del contrato, sino también en su interpretación y ejecución de acuerdo a lo que las partes verosímilmente entendieron o pudieron entender obrando con cuidado y previsión (art. 1198 CCiv), criterio que, por otra parte, ha quedado cristalizado como eje rector en los arts. 9, 991 y 1061 del actual CCyC.
II. Sentado ello, he de ingresar a tratar los agravios de las partes en forma conjunta y en el siguiente orden: (A) Si la actora cumplió con la notificación al Banco Comafi (en adelante, el Comafi) de algún “evento de incumplimiento”; (B) En su caso, si el Comafi es responsable por no haber transferido cierta suma de dinero; (C) En el supuesto de resultar responsable el Comafi, la procedencia de los ítems reclamados y su quantum ; y (D) por último, las costas.
(A) La cuestión relativa a si la actora cumplió con la notificación de algún “evento de incumplimiento”.
El anterior sentenciante desestimó la procedencia de la demanda interpuesta basándose en la falta de cumplimiento por parte de la actora de la comunicación en el modelo pactado en la cláusula 3° del contrato obrante a fs. 32 de autos y su modelo de fs. 33.
En efecto, no existe en autos contradicción en cuanto a que las partes desde el mismo inicio de la ejecución del contrato sustituyeron en la práctica el modelo con que se comunicaba al Comafi las instrucciones de liquidar divisas y transferir su producido a la cuenta del actor en el Banco Itaú respecto a ciertas facturas que le fueron cedidas en garantía.
En apariencia esa modificación habría tenido como fin buscar la forma de no agravar en demasía la condición del deudor -Río Bravo Industrial S.A, en adelante Río Bravo- de modo de facilitar la ejecución y cumplimiento de las obligaciones pactadas en el marco del convenio de fs. 32 ya citado.
Cabe preguntarse si quienes celebraron el contrato en cuestión tenían algún impedimento para, de común acuerdo, sustituir la forma que debía cumplir el modelo de comunicación -obrante a fs. 33- anexo al contrato en la etapa de ejecución.
Pues bien, de los términos del contrato que vinculaba a las partes no surge que se hubiera pactado prohibición o restricción alguna a la autonomía de la voluntad que permita seriamente sostener tal imposibilidad. Véase que la forma de la comunicación no resulta ser aspecto esencial en el negocio formulado, de modo de exigir solemnidad alguna. Ni se advierte que su sustitución tuviese en ese marco contractual entidad alguna de frustrar el fin del negocio celebrado. Ciertamente, conforme el principio de autonomía en la voluntad que campea en materia contractual estaba entre las posibilidades de los contratantes modificar o sustituir con el consentimiento de ambos la forma y el contenido que debía cumplir el instrumento que comunicaba las instrucciones al Comafi respecto de las facturas cedidas.
Claro que resta analizar si tal proceder afectó al Comafi en tanto tercero en relación al contrato de cesión que se le notificara, pero con un claro interés económico en la medida que resultaba designado para efectuar operaciones de comercio exterior vinculadas al cobro de esas facturas cedidas, a la liquidación de las divisas en cuestión, el depósito en cuenta y su transferencia por un valor significativo bajo el marco del contrato de suministro entre Río Bravo y Roberto Bosch Ltda -en adelante Bosch Brasil- y el ya referido contrato de cesión entre Río Bravo y Bosch Argentina.
Es la propia demandada quien se encarga de despejar tal incógnita, en cuanto sostiene que: “ … con claridad que con posterioridad a las notificaciones formalmente cursadas a mi mandante al comienzo de la relación establecida, las partes otorgantes de los contratos base -esto es el acuerdo de transferencia de activos y el contrato de cesión de derechos- modificaron sus contenidos y acordaron, por lo que se puede vislumbrar, un mecanismo de retenciones ‘pari pasu’ con los pagos que debería efectuar Robert Bosch Limitada de Brasil.”
Es que si bien el Comafi se queja de tal mudanza porque los contenidos y decisiones no le fueron expresamente notificados ni se requirió su conformidad, no señala en concreto perjuicio alguno derivado de la sustitución del modelo primigenio pautado, silenciando el conocimiento tácito que se derivó de los cambios en virtud de las instrucciones que en concreto recibió y ejecutó.
En otras palabras, es la conducta del propio Comafi al recibir y dar cumplimiento a las transferencias que fueron comunicadas e instruidas con las mismas formalidades de las que aquí se reclaman, la que resulta determinante para concluir que consintió la sustitución del modelo de comunicación pactado primigeniamente y que tal cambio ningún perjuicio le causaba. Ejemplo de ello son las instrucciones por las que el Comafi efectuó las transferencias bancarias en los meses de junio y julio de 2011, por los importes de U$S 38.260, U$S 37.372, U$S 30.865 y U$S 35.564. (v. pericia contable de fs. 648/663 y su anexo).
No soslayo que en el último tramo de la relación, “Río Bravo” y “Comafi” dejaron de observar los recaudos que permitían al Banco contar con el respaldo documental que hasta entonces había tenido; respaldo que -vale aclarar- servía a éste para asociar los créditos de ese cliente con la obligación que el mismo Banco había asumido de aplicar tales créditos a aquel destino.
Pero encuentro que esa omisión tampoco puede obstar a la solución que propongo.
Lo que importa aquí, me parece, es que los tres sujetos que intervinieron en la operatoria estuvieron de acuerdo en que Río Bravo cedía a la actora facturas en garantía y que el encargado de lograr que tal garantía cumpliera su cometido era el banco. En ese contexto, no parece aceptable que, surgidas con posterioridad deudas de la demandante frente a este último, estos dos sujetos pudieran dejar de implementar las formalidades que hasta entonces venían adoptando y, tras ello, pretender fundar en esa alteración el derecho del banco a retener para sí los fondos que se había comprometido a canalizar de un modo tal que la garantía en cuestión pudiera llegar a buen fin.
Cabe destacar que de la comparación de las notas en cuestión y el modelo establecido en su origen, no se advierten diferencias sustanciales o la ausencia de algún elemento que pudiese ser de entidad relevante para obstar el cumplimiento de las instrucciones explicitadas en las mismas. Ya que nada le impidió al Comafi dar cumplimiento en su oportunidad con las notas señaladas en el párrafo precedente y en concreto no explicó la demandada qué elemento de la nota o ausencia le impidió cumplir con las subsiguientes instrucciones.
Pues bien, el Comafi con anterioridad a las instrucciones omitidas que aquí se reclaman, dio cumplimiento a otras cuatro instrucciones -comunicadas en notas de similares características a las que posteriormente se omitieron cumplir- entre los meses de junio y julio de 2011 (v. pericia contable a fs. 650/651) conforme las notas fechadas: 7/6/11, 30/6/11, 22/7/11 (ver fs. 38, 39/40, y 52). En ese contexto, el cambio de postura -sin siquiera informar del mismo- por parte del Comafi resulta, cuanto menos, contradictorio con sus propios actos. Así, resulta de aplicación al caso la doctrina de los actos propios: el demandado parece olvidar su conducta anterior y admitir su postura sería receptar un venire contra factum propium, inadmisible por contravenir la buena fe que exige a las partes un comportamiento coherente y de recíproca lealtad (art. 1198 Código Civil derogado y el art. 1067 CCyC).
En síntesis, he de tener por acreditado que el Comafi consintió la sustitución del modelo que comunicaban las instrucciones derivadas de la cesión de facturas y que fue debidamente notificado de las instrucciones por las que debía liquidar divisas correspondientes a las facturas -cedidas en garantía a la aquí actora en el marco de la operatoria de comercio exterior vinculada a la percepción de facturas de Robert Bosch de Brasil y, en consecuencia, transferir a la actora en los montos indicados el contravalor resultante en pesos de las facturas pagas, neto de comisiones, gastos e impuestos aplicables. Ello conforme resulta de las instrucciones de fecha 20.07.11 y 01.08.11 (v. fs.49/51 y fs.53/54).
Por ello, he de proponer a mi distinguida colega revocar en este punto lo resuelto por el anterior sentenciante.
(B) Si el Comafi es responsable por no haber transferido al actor cierta suma de dinero
1) Antecedentes de la relación: El rol del Comafi.
(1.1) No se encuentra controvertido en autos que el 27 de enero de 2010 el notario Mariano Guyot se constituyó en la sede del Comafi, notificando los siguientes instrumentos: a) Notificación de instrucción- Cesión de Derechos bajo el acuerdo de suministro; b) Anexo a instrucción Modelo de Notificación; y c) Nota dirigida a Sres. Banco Comafi, de aclaratoria de cuestiones. Y que en ese acto, los Sres. Alejandro Raúl Páez y Claudia Mónica Burani, en carácter de apoderados del Comafi, suscribieron el acuse de notificación de cesión de derechos correspondientes al Acuerdo de Cesión de fecha 8 de enero de 2010 celebrado entre Río Bravo y Bosch Argentina conforme resulta del respectivo instrumento obrante a fs . 32.
Que en el citado acuse de notificación, cuya copia obra a fs. 52/53, el Comafi manifiesta: “… a) Que, de acuerdo a los términos del Acuerdo de Cesión celebrado el 8 de Enero de 2010 (“Acuerdo de Cesión”), Rio Bravo ha cedido a RBAI todos sus derechos, por hasta la suma de U$S 4.400.000 … a las cobranzas pagaderas por Robert Bosch Limitada bajo el Contrato de Suministro de fecha 18 de diciembre de 2009…”
Asimismo que: “… De acuerdo con lo precedente y sujeto, como condición previa, a la apertura de una cuenta corriente en Banco Comafi S.A. a nombre de Río Bravo, asumimos la obligación de transferir a RBAI – a la cuenta indicada en la Notificación- el contravalor resultante en pesos( neto de comisiones, gastos e impuestos aplicables) de cualquier importe pagado o debido por Robert Bosch Limitada bajo el contrato de suministro siempre que hubieran sido cumplidos todos los requisitos legales y reglamentarios para que sea posible efectuar la liquidación de las divisas (a mero título enunciativo: presentación de factura comercial, permisos de embarque, documento de transporte)” (el destacado y subrayado en el texto me pertenecen).
Que, entre otras cuestiones, destaca que será condición de estos compromisos: a) su ajenidad a las cuestiones vinculadas a la verificación de la ocurrencia, verosimilitud o alcances del supuesto incumplimiento que se denuncie; b) que el Comafi conserve su carácter de Banco designado de mutuo acuerdo para los pagos de las facturas de Río Bravo bajo el contrato de suministro; c) la facultad, a favor del Comafi, de poder renunciar sin causa a las obligaciones asumidas previa comunicación fehaciente con una antelación no menor a 30 días corridos sin que este hecho genere derecho al reclamo de ningún tipo de indemnización y d) que la emisión del acuse de recibo no importa compromiso alguno de financiamiento hacia ninguna de las partes (el que eventualmente, será objeto de decisión del Comafi en base a la documentación aportada y la calificación crediticia del cliente).
(1.2) Tampoco se encuentra controvertido que efectivamente Río Bravo era titular de una cuenta corriente en el Comafi, y que éste había sido designado para los pagos de las facturas de Río Bravo en el marco del Contrato de Suministro. Tampoco que al comienzo de la ejecución de las obligaciones asumidas el Comafi actuó con apego a las instrucciones volcadas por las notas fechadas: 7/6/11, 30/6/11, 22/7/11 (v. fs. 38, 39/40 y 52) efectuando las respectivas liquidaciones de divisas y su transferencia- entre los meses de junio y julio de 2011, ver pericia contable a fs. 650/651- del contravalor resultante de las facturas pagadas, con los únicos descuentos que podía hacer la entidad bancaria (comisiones, gastos e impuestos) .
(2) La conducta del Comafi:
(2.1) Ahora bien, se encuentra acreditado que el Comafi recibió por su parte las instrucciones de fecha 20.07.11 y 01.08.11 (v. fs.49/51 y fs.53/54) y que las mismas no merecieron igual conducta que las anteriores, ya que liquidadas las divisas no fueron transferidos los respectivos contravalores conforme resulta de la ya referida pericia (ver flujo de fondos resultante de las planillas anexas al informe pericial de fs. 655/657) sino que terminaron siendo destinados por el Comafi a cubrir el sobregiro perteneciente a la cuenta de Río Bravo.
Cabe destacar que el Comafi ni en anteriores ocasiones, ni en oportunidad de recibir las instrucciones de fechas 20.07.11 y 01.08.11 expresó en tiempo oportuno observación alguna a aquéllas, ni explicitó concretamente que el cumplimiento de tales instrucciones se encontraba sujeto a cubrir el descubierto o sobregiro de la cuenta perteneciente a Río Bravo, sino que hasta esa instancia y aun con una manifiesta existencia de descubierto en cuenta -ver flujo de fondos de cuenta de la planilla anexa al informe pericial de fs. 655/657- se giró a la actora las sumas pertinentes luego de deducir exclusivamente los cargos vinculados al cobro de comisiones, gastos e impuestos derivados de la liquidación de divisas y su transferencia.
En tal contexto, y sin mediar información alguna por parte del Comafi, el cambio de actitud en la conducta hasta ese momento mantenida importó incurrir en el incumplimiento de las instrucciones recibidas, ocasionando a la parte actora un daño cierto, ya que las sumas en cuestión no le fueron transferidas al actor desbaratándose por tal modo de proceder la garantía instrumentada en la cesión de facturas que era del conocimiento del Comafi, conforme resulta del respectivo acuse de notificación efectuado por la entidad. Tal proceder del Comafi fue en su claro beneficio, ya que destinó las sumas cedidas a Bosch Argentina a cubrir el descubierto de la cuenta corriente de su cliente Río Bravo, sin siquiera informarle en forma fehaciente al actor el cambio de actitud en su modo de proceder de manera tal que pudiera darle la posibilidad de tomar los resguardos pertinentes a fin de satisfacer su crédito.
(2.2) Sentado ello, corresponde preguntarse si cumplir las instrucciones significaba asumir para el Comafi la obligación de financiar a alguna de las partes en vista al descubierto existente en la cuenta de titularidad de Río Bravo y, en su caso, su regularidad a los fines de interrumpir el nexo causal.
No cabe duda a tenor del informe pericial que Río Bravo operaba con descubierto en su cuenta con autorización del Comafi y que en diversas ocasiones sobregiraba los montos autorizados, sin que conste observación por parte del Comafi a tal proceder coetáneamente con la recepción de las instrucciones en cuestión.
Fíjese que conforme surge de la planilla adjunta por el perito contador a fs. 655/656, el límite que Río Bravo tenía para girar en descubierto era de $750.000, el cual fue excedido en innumerables ocasiones según se grafica en la columna derecha del cuadro acompañado también por el perito a fs. 656/657. Sin perjuicio de ello, el Comafi consintió tal proceder brindando facilidades a su cliente para girar en exceso sobre el límite de descuento, circunstancia que no resultó óbice para que el Comafi cumpliera en las anteriores ocasiones con la liquidación de las divisas y la pertinente transferencia del contravalor de facturas, en la suma resultante de descontar únicamente las comisiones, gastos e impuestos de esa operación. Por lo que, si el Comafi entendía que estaba financiando a su cliente, tal financiación era resultado de su propia decisión al otorgar el descubierto y facilidades para el sobregiro.
Pero ciertamente la transferencia no importaba en sentido estricto la provisión por parte del Comafi de sumas propias, sino que, contrariamente, el producido de su intervención en la operación de comercio exterior le significaba ingresos genuinos, razón por la que expresamente había establecido que su obligación se hallaba sujeta a la condición de ser designado para los pagos de las facturas de Río Bravo bajo el contrato de suministro.
Y si tal intervención se le hubiese vuelto gravosa, siempre estaba entre sus posibilidades liberarse haciendo operativa la facultad de renunciar a las obligaciones asumidas, con la única carga de avisar con una anticipación no menor de 30 días.
Por último, no desconocía que las facturas en cuestión se encontraban alcanzadas por el acuerdo de cesión del que oportunamente se había notificado el Comafi, por lo que mal podía la entidad destinar la suma de su liquidación a cancelar otra deuda de Río Bravo.
(2.3) Es por todo lo que vengo diciendo que entiendo se encuentra acreditada la responsabilidad del Comafi. Ello por cuanto la demandada no actuó conforme el estándar esperable a un buen hombre de negocios e incumplió con las instrucciones recibidas en beneficio propio, mientras que si hubiese actuado diligentemente habría podido evitar los perjuicios causados a la actora. Su responsabilidad debe ser analizada teniendo en cuenta su alto grado de especialidad, con obvia superioridad técnica sobre su cliente -como comerciante y como colector de fondos públicos-, todo lo cual lo obligaba a actuar con suma prudencia y acabado conocimiento de su actividad profesional (arts. 512, 902 y 909 CCiv.). Consecuentemente, debe asumir los riesgos provenientes de esa actividad y, por ende, responder por los daños generados por su propia negligencia.
(C) Los Rubros. Su Quantum .
(i). En cuanto a las transferencias a favor del actor que debía cumplir el banco, que resultan de las instrucciones de fecha 01.08.11 y 20.07.11, el banco debió transferir en agosto de 2011 en forma semanal la cantidad de U$D 37.143 (U$S 12.345 correspondiente a la instrucción del 01/08/2011, más U$S 25.098 a la del 20/07/11), haciendo notar que por la particularidad del comienzo del mes y de la fecha de la semana en que terminaba el mismo, debió computarse cinco semanas, lo que implicaba un total de retenciones de U$S 187.065.
En septiembre de 2011 el banco debió transferir al actor U$S 59.913 por semana (durante cuatro semanas), cantidad a la que se llega de sumar U$D 12.315 (instrucción de fecha 01/08/11); U$D 25.098 (instrucción de fecha 20/07/11) y U$S 22.500 (instrucción del 20/07/11).
Es decir, el monto total que -conforme grafica el actor a fs. 13 vta.- el Banco Comafi debió haber transferido fueron las sumas de U$D 187.065 (por las cinco semanas correspondientes a agosto de 2011) más U$S 239.652 (por las cuatro semanas de septiembre del mismo año), lo que totaliza U$S 426.717 para agosto y septiembre de 2011.
En consecuencia, los U$S 426.717 que correspondieron transferir a la aquí actora, menos lo que ya había sido transferido por el Banco Comafi de U$S 134.061, arroja un pendiente de U$S 292.656, que es lo que la actora reclama en autos y es la suma por la que propongo debe prosperar esta demanda; suma a la que obviamente habrá de detraer en la etapa de ejecución de sentencia, los montos que hubiese el actor percibido en el marco del concurso preventivo de RB Industrial S.A. en trámite por ante el Juzgado Comercial nro. 19 Secretaría nro. 38 (expte. nro. 1082/2013).
(ii) Cabe aclarar que la moneda de condena ha de ser fijada en pesos, pues esa es la moneda en que se realizaron todas las transferencias anteriores. En efecto, el Comafi cumplía su obligación convirtiendo a pesos las facturas cobradas por Río Bravo y transfiriendo la suma correspondiente en el límite instruido en cada nota, luego de efectuar la detracción de los impuestos, gastos y comisiones pertinentes. Por ello, será menester que en la etapa de ejecución de sentencia, el perito contable interviniente en autos informe la fecha y liquidación de divisas efectuada por el Comafi, correspondiente al período alcanzado por las instrucciones incumplidas, y hasta integrar el monto de U$S 292.656, y en consecuencia determine la suma de dinero en pesos no transferidos al actor. A tal fin, habrá de retraer en su caso, los eventuales cobros que la actora haya percibido por este concepto en el concurso preventivo individualizado.
(iii) Por último, en cuanto a los intereses reclamados por la actora, esta Sala ha sentado criterio en el sentido de que en los casos de deudas contraídas en moneda de curso legal, el acreedor tiene derecho a percibir intereses moratorios a la tasa activa que cobra el Banco de la Nación Argentina en sus operaciones de descuento a 30 días, desde la mora y hasta el efectivo pago. El dies a quo será fijado conforme la intimación cursada en la carta documento de fecha 14/10/2011 a la entidad demandada intimándola a pagar el total de las transferencias omitidas, es decir, desde el 18/10/2011.
(D) Las costas.
Habida cuenta de que la solución aquí propuesta importa la revocación del pronunciamiento de grado, de seguido habré de revisar la imposición de las costas efectuada en la anterior instancia.
Al respecto, entiendo que no corresponde en autos apartarse de la regla general sentada en nuestro sistema procesal conforme la cual los gastos del juicio deben ser satisfechos por la parte que ha resultado vencida en aquél. Ello así, en la medida que las costas son corolario del vencimiento (arts. 68, 69 y 558 Cód. Proc.) y se imponen no como una sanción sino como resarcimiento de los gastos provocados por el litigio, gastos que deben ser reembolsados por el vencido.
La Corte Suprema ha resuelto en reiteradas oportunidades que el art. 68 CPCC consagra el principio del vencimiento como rector en materia de costas, que encuentra su razón de ser en el hecho objetivo de la derrota, de modo que quien resulta vencido debe cargar con los gastos que debió realizar la contraria para obtener el reconocimiento de su derecho (conf. CSJN, Fallos, 312:889, entre muchos otros).
Dicho ello, sólo debo agregar que si bien la ley también faculta excepcionalmente al Juez a eximir de tal regla general, en todo o en parte (arts. 68 y ss.), en el caso no encuentro mérito para ello, atento que la actora ha resultado sustancialmente vencedora en el pleito al haberse hecho lugar en esta instancia a la demanda deducida por su parte, motivo por el cual no se advierten razones suficientes para apartarse del principio general precedentemente enunciado.
En consecuencia, he de proponer a mi distinguida colega establecer que las costas derivadas de la actuación ante la anterior instancia sean impuestas al banco demandado vencido (art. 68 del CPCCN).
III. Conclusión:
Por todo lo expuesto, propongo al acuerdo estimar favorablemente los agravios formulados por la actora, revocando la sentencia de grado y haciendo lugar a la demanda, condenando al Comafi a abonar la suma que resulte establecida en la etapa de ejecución de sentencia, conforme los recaudos establecidos en el apartado (C) de la presente, con más las costas de ambas instancias (art. 68 CPCC). Así voto.
Por análogas razones, la Señora Jueza de Cámara, doctora Julia Villanueva, adhiere al voto anterior.
Con lo que terminó este acuerdo que firmaron los señores Jueces de Cámara doctores:
Julia Villanueva, Eduardo R. Machin.
Ante mí: Rafael F. Bruno.
Es copia de su original que corre a fs. 496/505 del libro de acuerdos N° 58 Excma. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial de la Capital Federal Sala «C».
Rafael F. Bruno
Secretario de Cámara
Buenos Aires, 31 de octubre de 2017.
Y VISTOS:
Por los fundamentos del acuerdo que antecede se resuelve estimar favorablemente los agravios formulados por la actora, revocando la sentencia de grado y haciendo lugar a la demanda, condenando al Comafi a abonar la suma que resulte establecida en la etapa de ejecución de sentencia, conforme los recaudos establecidos en el apartado (C) de la presente, con más las costas de ambas instancias (art. 68 CPCC).
Notifíquese por Secretaría.
Oportunamente, vuelva el expediente a la Sala a fin de dar cumplimiento a la comunicación ordenada por el art. 4° de la Acordada de la Excma. Corte Suprema de Justicia de la Nación 15/13, del 21.5.2013.
Firman los suscriptos por encontrarse vacante la vocalía 8 (conf. art. 109 RJN).
Julia Villanueva
Eduardo R. Machin
Rafael F. Bruno
Secretario de Cámara
CÓDIGO CIVIL Y COMERCIAL DE LA NACIÓN. LIBRO TERCERO. DERECHOS PERSONALES. TÍTULO II. CONTRATOS EN GENERAL. CAPÍTULO 10. Interpretación (arts. 1061 a 1068)
025148E
