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JURISPRUDENCIADaños y perjuicios. Colectivo. Accidente a bordo. Inoponiblidad de la franquicia
Se confirma la sentencia en lo sustancial que decide, declarándose inoponible la franquicia al damnificado transportado en el colectivo, que sufre un accidente a bordo.
En Buenos Aires, Capital de la República Argentina, a los 5 días del mes de mayo de 2016, reunidos en acuerdo los Sres. Jueces de la Excma. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, Sala “F” para conocer en los autos del epígrafe, respecto de las cuestiones sometidas a su decisión, a fin de determinar si es arreglada a derecho la sentencia apelada.
Practicado el sorteo correspondiente resultó el siguiente orden de votación: Sres. Jueces de Cámara Dres. GALMARINI. POSSE SAGUIER. ZANNONI.
A las cuestiones propuestas el Dr. Galmarini dijo:
I.- Relató el actor que el día 19 de diciembre de 2005 se encontraba viajando en calidad de pasajero a bordo del colectivo de la línea 21 interno 68, marca Mercedes Benz dominio, …, conducido por Gonzalo J. Duarte. Que a la altura 1400 de la autopista Panamericana, cerca de la intersección con la calle Thames del partido de San isidro, provincia de Buenos Aires, el conductor del colectivo efectuó una “brusca maniobra hacia la derecha” y luego frenó, provocando que el actor cayera del asiento donde se encontraba, rodara hasta la puerta y finalmente saliera expedido del ómnibus, cayendo sobre el asfalto y sufriendo diversas lesiones.
Con fundamento en los hechos expuestos demandó al conductor del colectivo, Gonzalo J. Duarte, y solicitó la citación en garantía de “Argos Mutual de Seguros del Transporte Público de Pasajeros SA”.
El Sr. juez de primera instancia hizo lugar a la demanda y condenó a Gonzalo J. Duarte a abonar al actor la cantidad de $287.000 en el término de 10 días, más sus intereses a liquidarse desde la fecha del perjuicio a la tasa activa cartera general (préstamos), nominal, anual, vencida a 30 días del Banco de la Nación Argentina. Hizo extensiva la condena a la citada en garantía.
La sentencia fue apelada por todas las partes. El actor desistió de su recurso a fs. 605. La demandada expresó sus agravios a fs. 609/616 y la citada en garantía lo hizo a fs. 618/640. Los agravios de la aseguradora fueron respondidos por el actor a fs. 644/646.
II.- Responsabilidad.
El demandado y la aseguradora se agravian de la responsabilidad atribuida por el magistrado. Por un lado cuestionan el marco jurídico aplicado al caso alegando que si el actor sólo demandó al conductor del colectivo la cuestión no puede encuadrarse en la normativa que regula el contrato de transporte sino en el art. 1109 del Codigo Civil. Por otra parte insisten en sostener que el accidente se produjo cuando el conductor del colectivo estaba efectuando la maniobra de detención en la parada, momento en el cual “el actor se lanzó del colectivo todavía en movimiento y cayó debido a un estado propio de salud (enfermedad de Steiner) y no a maniobra alguna” (fs. 612 vta. y 619 vta.).
Como ha señalado el Dr. Zannoni, el fallo plenario dictado en autos: «Corsetti de Patrignani, Irene c/ Martínez Regino y otros s/ sumario» de fecha 26 de octubre de 1993, distingue entre la responsabilidad contractual de la empresa de transporte y la extra contractual del conductor, y es evidente que aun así, no debe pasarse por alto que los daños se han causado a un pasajero durante el transporte. El hecho de que en función del fallo plenario citado no pueda hacerse aplicación de la norma que establece la responsabilidad objetiva contractual del transportista (art. 184 del Código de Comercio), no obsta a que la extracontractual del chofer se juzgue por la análoga del artículo 1113, segundo párrafo, segunda parte del Código Civil (conf. CNCiv. Sala «F», abril 18/2007, «Bron, Guillermo c/ Gómez, Eduardo y otros s/ daños y perjuicios», L. 448.769; id. septiembre 20/2007, “Amarillo, María Dolores c/ Domwowsky, Feliz J. s/ daños y perjuicios” expte. N°64.958/2002).
Más allá de los distintos criterios adoptados respecto del guardián, la Sala «I» del fuero, por mayoría también se pronunció por la aplicación del art. 1.113 (CNCiv. Sala «I», diciembre 28/1990, «Deich, Simón c/ Leguizamón, Lino s/ sumario»; L. 80.397). Con respecto al guardián a que hace mención el artículo citado, la opinión doctrinaria prevaleciente ha considerado que «es la persona que tiene, de hecho, un poder efectivo de vigilancia, gobierno y contralor sobre la cosa que ha resultado dañosa», y se aclara que «para nada interesa en esta materia saber si el guardián de la cosa tiene una situación aprobada por el derecho o no. Pues la figura del guardián ha sido elaborada, no para atribuirle prerrogativas, sino para imponerle deberes frente a terceros damnificados» (Llambías, Jorge J.; «Tratado del Derecho Civil- Obligaciones», T. IV-A, pág. 470/471, Lexis- Nexis, Abeledo Perrot, Bs. As. 2005). De ahí que, la responsabilidad del conductor resulta encuadrable dentro del concepto de guardián de la cosa previsto en el art. 1113, segunda parte, segundo párrafo del Código Civil, se rige por lo dispuesto en la segunda parte de dicho párrafo.
En consecuencia, al encontrarse admitida la existencia de la caída del actor desde el colectivo, la carga de la prueba de las eximentes previstas en esa misma norma recaía sobre el conductor demandado.
A fs. 256/257 obra la declaración de la testigo Edith M. Fleitas Díaz, quien sostuvo que el día del accidente de marras se encontraba viajando a bordo del colectivo conducido por el demandado. Que como se había roto la máquina expendedora de boletos, “el chofer no dejó subir más pasajeros e iba muy rápido”. Explicó que cuando estaba por llegar a Thames el conductor del colectivo frenó de repente y bruscamente y el actor, que iba sentado, cayó al piso, rodó y por la puerta delantera del ómnibus cayó hacia el asfalto, quedando desmayado.
Las recurrentes en sus memoriales cuestionan la idoneidad del referido testimonio alegando que la declarante habría expuesto en este proceso una versión diferente de la relatada en sede penal, sin embargo lo cierto es que la testigo Fleitas fue mencionada por el aquí actor en sede penal (fs. 19 vta. de la causa 246.611 sobre lesiones culposas cuyas fotocopias obran por cuerda), pero no compareció a declarar en dicho proceso. Y si bien el reclamante al hacer referencia a la testigo en cuestión en el marco de la causa penal sostuvo que aquélla “le manifestó que se encontraba en la parada del colectivo” al momento del accidente (fs. 19 vta de la causa penal), ello no alcanza para invalidar el relato que la propia testigo efectuó en autos. Por lo demás juzgo que la declaración de la testigo Fleitas avala en lo sustancial el relato del hecho expuesto en el escrito inicial y que no se observan en ella contradicciones de entidad como para restar eficacia a su testimonio.
En cuanto a las restantes alegaciones vertidas en los memoriales, por un lado es de señalar que del peritaje mecánico producido en autos no surge elemento alguno que acredite el extremo que pretenden demostrar las apelantes. El perito ingeniero mecánico sólo refirió que para que el hecho sucediera de la forma relatada por el actor, dado que el vehículo contaba con un sistema de apertura y cierre de puertas automático, resultaba necesario que el sistema de cierre no funcionara bien o que el mismo se encontrara mal calibrado o no fuera adecuado para el servicio a que se encontraba afectado. Las recurrentes sostienen que lo informado por el profesional desvirtuaría la versión del hecho expuesta por el actor por cuanto no se probó en autos que el sistema de apertura de puertas del colectivo funcionase mal el día del hecho, sin embargo, mal pueden efectuar tal alegación cuando ellas mismas al contestar la demanda manifestaron que el actor se lanzó del colectivo todavía en movimiento (fs.83 vta y 101).
Finalmente he de señalar que la manifestación de las recurrentes en cuanto sostienen que la caída del actor se habría producido a causa de la enfermedad que padece constituye una mera conjetura que no ha sido acreditada mediante elemento alguno.
En definitiva, toda vez que en la especie no se ha logrado demostrar la eximente de culpa de la víctima alegada por el demandado y la citada en garantía corresponde desestimar los agravios de las recurrentes y confirmar lo decidido en torno a la responsabilidad.
III.- Incapacidad física y psíquica sobreviniente.
Se agravian el demandado y la aseguradora de los importes fijados por el sentenciante por incapacidad física ($135.000) y psíquica ($100.000).
En concepto de incapacidad sobreviniente se resarce únicamente aquella merma permanente en la aptitud vital del ser humano, sin perjuicio de la procedencia de otros items que las lesiones temporarias padecidas pudieran haber generado, como gastos originados en los tratamientos o lucro cesante o la afección íntima que configure daño moral (CNCiv. Sala C, diciembre 10/1996, «Miño, Teodoro c/ Pompiglio, Marta Mabel y otro s/ daños y per- juicios», L. 197.056). Esta partida abarca todo menoscabo en la vida, la salud e integridad o armonía física o psíquica de la persona humana, por lo cual se ha resuelto que el daño debe ser resarcido por tratarse de una disminución en la capacidad vital, aun en los casos en que esa merma o deterioro no dificulte la realización de tarea alguna (CNCiv. Sala C, agosto 31/1993, L.L. T. 1994-B, p. 613, fallo nº 92.215; id. Sala C, septiembre 25/1997, L. 214.716; id. Junio 6/2002, “Maidana, Javier Y. c/ Reina Carlos E. y otros s/ daños y perjuicios”, L. 342.607).
Lo indemnizable como incapacidad sobreviniente no son las lesiones padecidas, sino la disminución de la aptitud física o psíquica derivada de las secuelas del accidente que perduran de modo permanente, y si bien los porcentajes de incapacidad fijados en los peritajes constituyen un medio útil para la apreciación de la entidad del daño, sólo tienen un valor relativo, por lo que el juzgador, con sustento en las circunstancias personales del damnificado, debe valorar principalmente las secuelas físicas, psíquicas o estéticas que surgen descriptas por el experto que importen una disminución en la capacidad vital (conc. CNCiv. Sala C, septiembre 20/1999, «Huaman, María de la Cruz c/ Micro Ómnibus Norte S.A. s/ daños y perjuicios», L. 258.943; id. Sala F, febrero 17/2012 “Moreno, José Nicolás c/ Caniza, Julio Ramón s/ daños y perjuicios” L. 584.684; id. Sala F, mayo 27/2013, “Núñez Stela Maris c/ Microómnibus Ciudad de Buenos Aires S.A.T.C.I. (Línea 59) y otros s/ daños y perjuicios” L. 608.284).
En lo tocante al aspecto físico el perito médico informó que a consecuencia del accidente que motivó estas actuaciones el actor sufrió “traumatismo encéfalocraneano con aparente pérdida de conocimiento, politraumatismo con herida cortante periorbitaria izquierda y escoriaciones y hematomas múltiples en rostro, tronco y miembros, esguince de tobillo derecho secundario, fractura órbito cigomática malar izquierda, fractura frontomalar con placa de titanio; fractura hundimiento de piso de órbita” (fs. 393).
Señaló que el paciente “fue intervenido quirúrgicamente realizándose cirugía de reducción y osteosíntesis de fractura órbito cigomática malar izquierda con reconstrucción de piso de órbita con malla reabsorbibles y placa de titanio”. También usó una bota “Walker” por 30 días” (fs. 393).
Finalmente sostuvo que el reclamante “como secuelas presenta cicatriz de antigua data de 0,5 cm de longitud, aproximadamente en el 1/3 externo de la ceja izquierda, no visible a un metro de distancia con luz natural, desviación del tabique nasal a la izquierda visible a un metro de distancia con luz natural que produce desarmonía del rostro. Al tapar la fosa nasal derecha hay insuficiencia respiratoria izquierda mecánica por la desviación; hipoestesia en parte de la hemicara izquierda. Radiológicamente presenta huellas quirúrgicas en macizo maxlofacial izquierdo, desviación del Septem nasal a la izquierda” (fs. 394).
Informó que las secuelas descriptas le generan al actor una incapacidad parcial y permanente del 26,48 % de la total obrera, que surge de la aplicación del método de la capacidad restante (fs. 394).
Los cuestionamientos que las apelantes formulan respecto del peritaje médico alegando que las secuelas físicas verificadas en el actor estarían relacionadas con la enfermedad de Steinert que padece este último y no con el accidente de autos resultan infundados e insuficientes para apartarse de las conclusiones del experto. Nótese que al responder el pedido de explicaciones formulado por la citada en garantía el perito médico aclaró que al ponderar la incapacidad informada en su dictamen no tuvo en cuenta la enfermedad de Steinert anterior al accidente de marras, sino que “consideró la fractura órbito cigomática malar- izquierda, la obstrucción nasal unilateral parcial; cicatriz líneal en arco superciliar izquierdo y los factores de ponderación” (fs. 409).
En lo atinente al aspecto psíquico la perito psicóloga informó que el hecho de marras ha “tenido suficiente peso como para agravar rasgos de la personalidad de base y evidenciar un estado de perturbación y labilidad emocional encuadrable dentro de la figura de daño psíquico, por acarrear modificaciones disvaliosas en diferentes áreas de despliegue vital. El Sr. Lazcano desarrolló conductas de aislamiento, alteraciones en los vínculos con su familia conviviente, sentimientos de menoscabo, vulnerabilidad, dependencia y baja autoestima, descenso de su energía psíquica para afrontar situaciones conflictivas y una sobreadapatación afectiva, todos esos síntomas describen una profunda perturbación psíquica” (fs. 378).
Sin embargo aclaró que “el cuadro psíquico descripto presenta un nexo de concausalidad indirecto con el hecho de marras, por agravar y evidenciar aspectos predisponentes de la personalidad de base” (fs. 378).
Concluyó la profesional que el actor presenta un “cuadro de depresión neurótica reactiva grado III con manifestación depresiva, lo cual representa apoximadamente el 40% de incapacidad psíquica” (fs. 378) y explicó que la mitad del porcentaje de incapacidad indicado corresponde al hecho de autos y la otra mitad es atribuible a factores ajenos a éste.
Finalmente sostuvo que el actor deberá realizar un tratamiento psicológico individual durante un lapso aproximado de dos años, con el propósito de elaborar psíquicamente el trauma sufrido y evitar su posible agravamiento (fs.379).
Es de recordar que el grado de incapacidad asignado por los peritos constituye un porcentual que debe ser considerado dentro del contexto general de la prueba, y conjugarlo con las condiciones personales de la víctima, para así determinar un importe que represente la justa reparación de los perjuicios irrogados al damnificado. Asimismo ha de ponderarse que el tratamiento psicológico indicado por la perito resultará en alguna medida paliativo de la secuela que presenta el actor.
Sobre la base de las secuelas incapacitantes antes descriptas, de los porcentajes de incapacidad estimados por los peritos considerados como una pauta orientadora, atendiendo a la mejoría que presumiblemente resultará de la psicoterapia, y teniendo en cuenta la edad que tenía el actor al tiempo del accidente – 35- así como las condiciones socioeconómicas que surgen del expte. N°108.997/2007 sobre beneficio de litigar sin gastos, propongo reducir los importes fijados en concepto de incapacidad física y psíquica a las cantidades de $100.000 y $60.000 respectivamente.
IV.- Tratamiento psicológico.
Admitida la existencia de daño psíquico o psicológico como secuela permanente, el cuestionamiento de los apelantes sobre la procedencia de esta partida es manifiestamente improcedente ante lo aconsejado por la perito psicóloga sobre la realización de una psicoterapia durante un lapso de al menos 2 años, con una frecuencia a determinar por el profesional interviniente. En cuanto al monto fijado por el Sr. juez en $10.500 en manera alguna puede considerarse excesivo, si se tiene en cuenta que la Sala admite un costo por sesión que determinaría una indemnización superior a la establecida por el Sr. juez para atender los gastos del tratamiento sugerido por el perito. Además, el tribunal ha considerado que más allá de que exista cobertura por una obra social o de una empresa de medicina prepaga, o la posibilidad de recibir la atención en un hospital público, es necesario garantizar la libre elección del facultativo, ya que es menester una afinidad entre el paciente y el profesional interviniente, que hace al propio éxito del tratamiento (conf. CNCiv. Sala C, marzo 9/1992, “Lanfranco de González Figoli c/ Barrio, Daniel s/ daños y perjuicios”, L.95.507; id., octubre 29/1993 “Edda c/Sznalder”, L.132.468; id., diciembre 16/1993, “Barraza c/ Devovasoux”, L.134.134; id. Sala F, mayo 27/2013, “Núñez Stela Maris c/ Microómnibus Ciudad de Buenos Aires S.A.T.C.I. (Línea 59) y otros s/ daños y perjuicios” L. 608.284).
Por lo expuesto corresponde desestimar las quejas sobre el punto en examen.
V.- Gastos de farmacia y traslados.
El demandado y la aseguradora citada en garantía se agravian del monto admitido por este rubro ($1.000) y solicitan su rechazo alegando que el actor fue atendido en un hospital público y luego por intermedio de su obra social.
Respecto de estos gastos reiteradamente se ha considerado que no requieren prueba efectiva de los desembolsos realizados, cuando la índole de las lesiones sufridas a raíz del accidente los hace suponer. Sin embargo, el reintegro de los gastos no documentados de ninguna manera puede ascender a cantidades considerables, ya que, como se ha dicho, estos rubros son procedentes aun sin contar con prueba documental específica, en razón de la escasa magnitud o entidad económica que suponen tales erogaciones y también por la transitoriedad que tienen (conf. CNCiv., Sala “F”, noviembre 1/2010, “Garbini, Ana c/ Autopistas Buenos Aires La Plata s/ daños y perjuicios”, L.551.887).
En cuanto al agravio de las apelantes he de recordar que los gastos por tratamientos médicos, por su propia naturaleza deben ser especialmente resarcidos, más allá de que exista cobertura por una obra social o pueda atenderse en un hospital público, ya que siempre hay gastos que deben ser soportados por el paciente.
Sentado ello y atendiendo a la índole de las lesiones padecidas por el actor como consecuencia de accidente de autos y los tratamientos a que fue sometido juzgo que en modo alguno resulta excesivo el importe de $1.000 fijado por el magistrado por lo que propicio su confirmación.
VI.- Daño moral.
El demandado y la citada en garantía se quejan del importe otorgado por esta partida ($40.500) por considerarlo improcedente.
El resarcimiento del daño moral exige tomar en consideración los dolores y padecimientos del damnificado a partir del accidente sufrido, el tiempo de convalecencia hasta su restablecimiento, y las demás repercusiones anímicas que provocaron las lesiones inferidas. Si bien no es susceptible de prueba directa, cabe presumir el daño moral in re ipsa por las características del hecho y la índole de los perjuicios sufridos (Conf. CNCiv. Sala “F”, septiembre 23/2011, “Cardozo, A. c/ G.C.B.A. s/ daños y perjuicios” L. 575.510).
En lo tocante a la fijación del resarcimiento ha sostenido el Dr. Posse Saguier que resulta de difícil determinación ya que no se halla sujeto a cánones objetivos, sino a la prudente ponderación sobre la lesión a las afecciones íntimas de los damnificados, los padecimientos experimentados, o sea, agravios que se configuran en el ámbito espiritual de las víctimas y que no siempre resultan claramente exteriorizados, hallándose así sujeto a una adecuada discrecionalidad del sentenciante (CNCiv. Sala F, junio 3/2005, “Pirozzi, Laura Vanesa y otro c/ Quiroga Carlos José y otros”, L. 418.036).
Las características del accidente que motivó esta litis, las lesiones sufridas por el actor, los tratamientos médicos a que debió someterse y la secuelas físicas y síquicas verificadas por los peritos, me llevan a considerar incuestionable la procedencia del rubro en estudio y estimo que el importe fijado por el juez de grado para resarcir esta partida resulta adecuado por lo que propicio su confirmación.
VII.- Franquicia:
Se alzó disconforme la citada en garantía por la circunstancia de que el anterior sentenciante declaró la inoponibilidad de la franquicia.
Corresponde aclarar que a juicio de la Sala no obstante la derogación del art. 303 del Código Procesal prevista en el art. 12 de la ley 26.853, ese artículo ligado a las normas atinentes al recurso de inaplicabilidad de la ley conserva vigencia ultraactiva en tanto no sean operativas las que lo sustituyen por el de casación (art. 15 de la ley citada) (CNCiv. Sala F, agosto 19/2014, “Bryson Alejandro Rafael y otro c/ Valerga Matías Nahuel y otros s/ daños y perjuicios” Expte. n° 11.308/2005 – “Cruz Cristian Ariel y otro c/ Risaro Leandro Demian y otros s/ daños y perjuicios” Expte. n° 86.280/2006; id. Sala F, abril 23/2014, “Rey Marta Beatriz y otros c/ Sánchez Marcos César y otros s/ daños y perjuicios” Expte. n° 66.737/2007).
De ahí que, a juicio de la Sala, aún resulta ser de aplicación obligatoria la doctrina del fallo plenario dictado el 13 de diciembre de 2006 en los autos “Obarrio, María Pía c/ Microómnibus Norte S.A. s/ daños y perjuicios” y “Gauna, Agustín c/ La Economía Comercial S.A. de Seguros Generales y otro s/ daños y perjuicios”.
En ese fallo plenario, adherí al criterio de la minoría, a cuyos fundamentos me remito a fin de evitar reiteraciones innecesarias y de dejar aclarada mi opinión en cuanto a la inoponiblidad al tercero damnificado del descubierto obligatorio previsto en la Resolución 25.429/97 de la Superintendencia de Seguros. Pero, pese a mi opinión contraria a la doctrina sustentada por la mayoría del tribunal, juzgo que por aplicación del art. 303 del Código Procesal corresponde resolver de conformidad con dicha doctrina plenaria, según la cual: «En los contratos de seguro de responsabilidad civil de vehículos automotores destinados al transporte público de pasajeros, la franquicia como límite de cobertura -fijada en forma obligatoria por la autoridad de control de la actividad aseguradora conforme la Resolución Nº 25.429/97- no es oponible al damnificado (sea transportado o no)».
Asimismo me remito a los fundamentos expuestos en mi voto en los autos “Rey Marta Beatriz y otros c/ Sánchez Marcos César y otros s/ daños y perjuicios”, Expte. n° 66.737/2007, y en los antecedentes allí citados.
Sobre la base de estos antecedentes, voto por confirmar la sentencia en este aspecto.
IX.- Intereses.
Los recurrentes se quejan de la determinación de la tasa activa fijada en el fallo plenario “Samudio de Martínez Ladislaa c/ Transporte Doscientos Setenta S.A. s/ daños y perjuicios” del 20 de abril de 2009, desde la fecha de la mora o del perjuicio hasta el efectivo pago. Solicitan que se aplique la tasa del 6% anual o la tasa pasiva desde la fecha del hecho hasta el efectivo pago, ello con excepción del monto fijado por “tratamiento psicológico” respecto del cual solicitan que los intereses se computen desde la fecha de la sentencia.
Si bien con anterioridad en esta Sala por mayoría, que integrábamos con el Dr. Posse Saguier, se hacía un distingo para la determinación de la tasa de interés a aplicar según la fecha en que se valoraban los montos indemnizatorios, a partir del precedente resuelto por la Sala con fecha 14 de febrero de 2014 en los autos “Zacañino, Loloir Z. c/ AYSA s/ daños y perjuicios” (expte. N° 162543/2010, L. 628.426), un nuevo planteo de la cuestión realizado ante la situación económica del país, nos ha llevado a adherir a la solución según la cual la tasa activa prevista en el fallo plenario «Samudio de Martínez, Ladislaa c/ Transportes Doscientos Setenta S.A. s/ daños y perjuicios», del 20 de abril de 2009, no representa un enriquecimiento indebido, pues en manera alguna puede considerarse que la aplicación de esa tasa en supuestos como el del caso implique una alteración del significado económico del capital de condena.
Por lo expuesto propongo confirmar este aspecto del pronunciamiento, aclarando que los intereses relativos al importe admitido por tratamiento psicológico, por ser un gasto futuro, deberán computarse desde que quede firme el presente pronunciamiento a la tasa activa antes señalada.
En mérito a lo expuesto, voto por que se confirme la sentencia de fs. 519/531 en lo sustancial que decide y por que se la modifique fijando por “incapacidad física” la cantidad de $100.000 y por “incapacidad psíquica” el importe de “$60.000. Asimismo se confirma la sentencia en todo lo demás que fue materia de agravio con la aclaración hecha en el considerando IX respecto del cálculo de los intereses relativos al monto fijado por “tratamiento psicológico”. Con costas de alzada a cargo del demandado y la citada en garantía, sustancialmente vencidos (art. 68 del Código Procesal).
Por razones análogas a las aducidas por el vocal preopinante los Dres. POSSE SAGUIER y ZANNONI votaron en el mismo sentido a la cuestión propuesta. Con lo que terminó el acto.
José Luis Galmarini
Fernando Posse Saguier
Eduardo A. Zannoni
Buenos Aires, mayo de 2016.
AUTOS Y VISTOS:
Por lo que resulta de la votación que instruye el acuerdo que antecede, se confirma la sentencia de fs. 519/531 en lo sustancial que decide y se la modifica fijando por “incapacidad física” la cantidad de $100.000 y por “incapacidad psíquica” el importe de “$60.000. Asimismo se confirma la sentencia en todo lo demás que fue materia de agravio con la aclaración hecha en el considerando IX respecto del cálculo de los intereses relativos al monto fijado por “tratamiento psicológico”. Con costas de alzada a cargo del demandado y la citada en garantía.
Toda vez que se ha modificado lo decidido por el Sr. Juez “a-quo”, deberán adecuarse los honorarios de los profesionales intervinientes de conformidad con lo dispuesto por el art. 279 del Código Procesal.
En atención al monto del proceso (capital e intereses), trabajos realizados, apreciados por su importancia, extensión y calidad, etapas cumplidas, resultado obtenido, teniendo en cuenta lo dispuesto por los arts. 6, 7, 9, 10, 19, 37, 38 y concs. de la ley 21.839 -mod. por ley 24.432-, se regulan los honorarios de la DRA. SILVINA GLADYS DE VITA, letrada apoderada de la parte actora, en PESOS NOVENTA MIL ($90.000). Asimismo, se regulan los honorarios de la representación letrada de la demandada y citada en garantía, DRAS. SILVINA A. FAIJA y PATRICIA SILVIA IOVINO, en PESOS CINCUENTA Y OCHO MIL ($58.000), en conjunto.
En atención a los trabajos realizados por el perito médico DR. ENRIQUE JOSÉ CALZADA y la psicóloga LIC. MARISA G. CESARINI, apreciados por su importancia y calidad y teniendo en cuenta lo dispuesto en lo pertinente por la ley 24.432, se regulan sus honorarios en PESOS QUINCE MIL ($15.000), a cada uno.
Por la tarea realizada por la perito ingeniera MÓNICA S. VELCIC, apreciada por su importancia y calidad y teniendo en cuenta lo dispuesto por decreto ley 7887/55 (modif.por el dec. ley 16.146/57 y ley 21.165), y en lo pertinente por la ley 24.432, se regulan sus honorarios, en PESOS QUINCE MIL ($15.000).
En atención a la labor del los consultores técnicos DR. NÉSTOR J. CAMINOS, DR. EFRAÍN FERNÁNDEZ COLLAZO y LIC. MARÍA MARTA DOMÍNGUEZ, apreciada también por su importancia y calidad y lo establecido en lo pertinente por la ley 24.432, se regulan sus honorarios en PESOS SIETE MIL QUINIENTOS ($7.500), a cada uno.
Por la tarea desarrollada, por el DR. CARLOS BERIACHETTO, mediador, teniendo en cuenta lo dispuesto por el Anexo III Decreto 1467/11 – sustituido por Decreto 2536/2015, Art. 2°) inc. G, se fijan sus honorarios en PESOS DOCE MIL SETECIENTOS SETENTA Y CINCO ($12.775).
Por la labor de alzada (art. 14 del arancel) se regulan los honorarios de la DRA. SILVINA GLADYS DE VITA en PESOS VEINTIDOS MIL QUINIENTOS ($22.500). Asimismo, se regulan los honorarios de la DRA. SILVINA A. FAIJA en PESOS CATORCE MIL QUINIENTOS ($14.500) y los de la DRA. PATRICIA SILVIA IOVINO en PESOS ONCE MIL ($11.000).
Notifíquese y devuélvase.
Firmado por: ZANNONI-POSSE SAGUIER-GALMARINI,
Firmado por: JOSE LUIS GALMARINI, JUEZ DE CÁMARA
Firmado por: EDUARDO ANTONIO ZANNONI, JUEZ DE CÁMARA
Firmado por: FERNANDO POSSE SAGUIER, JUEZ DE CÁMARA
012264E
