Se revoca la sentencia apelada, y se admite la demanda de desalojo interpuesta contra el yerno divorciado que habita el inmueble con la nieta menor de la accionante, al probarse su condición de precariedad y su obligación de restituir. Asimismo, se aclara que la existencia de un menor no es óbice para la procedencia del desahucio, pues tal circunstancia no lo convierte en parte ni merece una primordial tutela, al tratarse de una ocupación derivada de los derechos y deberes derivados de la responsabilidad parental impuestos a sus progenitores.
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