Se revoca el decisorio que decretó la oponibilidad de la inscripción como bien de familia del inmueble de la actora embargado en una quiebra, respecto del crédito por honorarios que los abogados pretendían ejecutar. Así, iniciadas las actuaciones con anterioridad a la afectación del bien, aunque la intervención de los letrados se hubiera efectuado con fecha posterior, debía proceder el embargo y la ejecución, ya que el hecho generador era anterior a la interposición de la semanda y los acreedores no podían ser perjudicados por la afectación del bien realizada con posterioridad al origen de la deuda.
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