Se responsabiliza al Estado demandado por el irregular procedimiento de destitución de la actora, pues la manera en que se notificaron las supuestas causales en las que habría incurrido le dificultó a ésta entender cuál era el objetivo del procedimiento que se abrió en su contra, por lo que habría ejercido su derecho a la defensa sin contar con la información mínima necesaria, violándose así el deber de motivación, el principio de legalidad y el principio de presunción de inocencia.
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