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JURISPRUDENCIARecurso extraordinario. Jueces. Juicio político. Destitución. Tribunal de Enjuiciamiento. Defensa en juicio. Debido proceso
Se confirma la sentencia emitida por el Tribunal de Enjuiciamiento de Magistrados de la Provincia de Santa Fe que destituyó a un magistrado, al no probar la entidad del agravio que pregonó para sortear el limitado margen de revisión que se admite en asuntos de esta naturaleza, máxime si pudo ejercer su derecho de defensa, efectuando su descargo sobre la base de los hechos concretos que le fueron imputados, y si su conducta como magistrado fue evaluada y juzgada dentro de un plazo razonable.
Buenos Aires, dieciocho de octubre de 2016.
Vistos los autos: «Recurso de hecho deducido por Alejandro Martín en la causa Procurador General Corte Suprema de Justicia Dr. Jorge Alberto Barraguirre s/ eleva dictamen n° 12 fecha 21/12/2012», para decidir sobre su procedencia.
Considerando:
1°) Que el Tribunal de Enjuiciamiento de Magistrados de la Provincia de Santa Fe, mediante sentencia del 3 de octubre de 2013, destituyó al doctor Alejandro Pedro Martín del cargo de Juez de Primera Instancia de Distrito en lo Civil y Comercial de la Decimoséptima Nominación, del Distrito Judicial número 2 -Rosario-, por considerar encuadrada su conducta en las previsiones de los artículos 7°, incisos 1 -segunda parte- y 2°, de la ley 7050, y sus modificatorias 11.115 y 12.949.
Contra dicho pronunciamiento el afectado interpuso recurso de inconstitucionalidad local que, declarado inadmisible por el superior tribunal (fs. 19/26), dio lugar al recurso extraordinario federal (fs. 28/48) cuya desestimación (fs. 57/58) motivó la presente queja (fs. 60/64)
2°) Que para cancelar la apertura del recurso de inconstitucionalidad local, el tribunal a quo -tras recordar el alcance del control judicial establecido por la Corte Suprema de Justicia de la Nación sobre esta clase de enjuiciamientos- descartó la alegada afectación de la garantía de tribunal imparcial invocada por el recurrente, sosteniendo que los planteos realizados no logran traspasar el umbral de la mera discrepancia en relación con el criterio sostenido por los jueces de la causa, en una temática que le es propia y de neta índole procesal, sin que pueda vislumbrarse que la garantía del debido proceso haya sido menoscabada en estos actuados.
En este sentido observó, por un lado, que la intervención de los miembros naturales de la Corte Suprema local, al ordenar la instrucción del sumario administrativo referido a los hechos del presente caso, se fundó en el ejercicio de las funciones de gobierno o superintendencia que la Constitución provincial asigna a aquel cuerpo en el artículo 92, sin que aquella resolución importara el desarrollo de actividad de índole investigativa alguna. Más aún, agregó, cuando las tareas instructorias fueron llevadas a cabo por un magistrado que no integraba dicha Corte, concretamente, por un integrante de la Sala IV de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Rosario, Dr. Edgar Baracat.
También señaló que si la investigación conjugó, necesariamente, el análisis de la conducta funcional del Dr. Martín, ello no fue consecuencia de ninguna decisión previa de la Corte, sino, en todo caso, constituyó un dato de la realidad que fue precisándose durante la misma investigación, en mérito a las pruebas y razonamientos que únicamente realizó el magistrado instructor.
Sobre esta misma cuestión, señaló que a igual conclusión desestimatoria se llegaba en lo atinente al prejuzgamiento alegado con apoyo en la ratificación por parte del pleno de la Corte respecto de la suspensión preventiva del interesado -ordenada en su momento por la presidenta de dicho tribunal-, puesto que, como surge de los propios términos empleados y del contenido de dicha decisión, se trata de un acto de evidente índole cautelar, adoptado en ejercicio de potestades legalmente atribuidas al cuerpo por la ley 10.160. Máxime, cuando esa decisión preventiva fue tomada en base a la información que provenía de la justicia de instrucción que estaba interviniendo en los hechos que «prima facie» referían al desempeño funcional del Dr. Martín, y que resultaban adecuadas en orden a la tutela de los di versos intereses que estaban en juego, entre los cuales correspondía computar no solo las garantías del cargo judicial, sino los derechos de numerosos particulares que eran titulares de fondos depositadose cuentas judiciales que, en principio, habrían estado siendo movilizados de modo irregular.
Por otro lado, la Corte provincial también rechazó el motivo de agravio fundado en la alegada violación del debido proceso y del derecho de defensa a raíz de la defectuosa integración del jury, al no contar -según el enjuiciado- con la cantidad necesaria de miembros para realizar determinados actos procesales.
En este sentido, el tribunal a qua señaló que el recurrente efectuaba una particular interpretación de las normas procedimentales de la ley local 7050, queriendo hacerles decir lo que ellas no expresan, pues, concretamente, el artículo 2°, segundo párrafo, establece la exigencia de la asistencia de la totalidad de los miembros del jury para la admisión o rechazo de la denuncia (artículo 10), en la audiencia de vista de causa (artículo 15) y para el estudio, deliberación y resolución de la misma (artículo 16), requisito que ha sido cumplido en todas las oportunidades mencionadas.
De modo concorde añadió que no resultaba atendible el argumento del recurrente, en cuanto a que la prueba testimonial debió producirse ante la mayoría del tribunal, en tanto el ya aludido artículo 2°, le acuerda al presidente la dirección del trámite o actuaciones. Destacó, además, que esas probanzas se produjeron y sustanciaron con el debido control de las partes, sin que haya existido durante su tramitación cuestionamiento alguno, el que recién se introdujo en el escrito de interposición del recurso de inconstitucionalidad, por lo que los agravios del impugnante resultaban no solo el fruto de una reflexión tardía que no podía ser atendida, sino que carecían de todo sustento legal.
Por último, la Corte local descartó la alegada existencia de gravedad institucional.
3°) Que en el remedio federal, con la invocación de la doctrina de la arbitrariedad, el ex magistrado sostiene que la sentencia apelada no resulta una derivación razonada del derecho vigente, puesto que con afirmaciones dogmáticas rechaza los motivos de agravio fundados en la afectación de la garantía a contar con un tribunal imparcial, como también del debido proceso y la defensa en juicio frente a la inobservancia de la participación de la mayoría de los miembros del Tribunal de Enjuiciamiento en la producción de la prueba.
El planteo sustancial del recurrente, en cuanto al primer motiva, radica en la invocación de la afectación de la garantía del juez imparcial sobre la base de que los integrantes de la Corte local -que formaron parte del jurado de enjuiciamiento- habrían incurrido en un adelanto de opinión en dos oportunidades: 1) al encomendar la instrucción del sumario -frente a la denuncia presentada por el presidente del Banco Municipal de Rosario- al Juez de la Sala Cuarta de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial de Rosario, Dr. Baracat; y 2) al disponer, mediante acuerdo n° 52, de fecha 27 de noviembre de 2012, la ratificación de la suspensión preventiva del Dr. Martín, que había sido adoptada previamente por la presidenta de ese cuerpo.
4°) Que, a su turno, el superior tribunal provincial denegó el remedio federal, señalando que no se había cumplido con el requisito de fundamentación exigido por el artículo 3° de la acordada 4/2007, puesto que el recurrente se había limitado a reproducir los argumentos expuestos en el recurso de inconstitucionalidad local, sin atacar los fundamentos razonados de la sentencia apelada que rechazaron cada uno de los agravios invo~ cados en el recurso extraordinario local.
5°) Que cabe precisar, en primer lugar, que el alcance de la revisión en la instancia del artículo 14 de la ley 48 en asuntos de esta naturaleza, se encuentra delineado a partir del estándar fijado en el conocido precederite «Graffigna Latino» (Fallos: 308: 961), según el cual las decisiones en materia de los llamados juicios políticos o enjuiciamiento de magistrados en la es fera provincial, cuyo trámite se efectuó ante órganos ajenos a los poderes judiciales locales, constituyen un ámbito en el que solo es posible la intervención judicial en la medida en que se aduzca y demuestre inequívocamente por el interesado, la violación de alguno de los derechos o garantías establecidos en el artículo 18 de la Constitución Nacional.
6°) Que por ser el objetivo del instituto del juicio político, antes que sancionar al magistrado, el de determinar si este ha perdido los requisitos que la ley y la Constitución exigen para el desempeño de una función de tan alta responsabilidad, el sentido de un proceso de esta naturaleza es muy diverso al de las causas de naturaleza judicial, por lo que sus exigencias revisten una mayor laxitud. De ahí, pues, que como concordemente lo ha subrayado este Tribunal desde su tradicional precedente sentado en la causa «Nicosia» (Fallos: 316:2940), con respecto a las decisiones del Senado de la Nación en esta materia; lo reiteró con posterioridad a la reforma de 1994 frente al nuevo texto del artículo 115 de la Ley Suprema en el caso «Brusa» (Fallos: 326:4816) con relación a los fallos del Jurado de Enjuiciamiento de la Nación; y lo viene extendiendo al ámbito de los enj uiciamientos de magistrados provinciales hasta sus pronunciamientos más recientes [causas «Paredes, Eduardo y Pessoa, Nelson» (Fallos: 329:3027); «Acuña» (Fallos: 328:3148); «De la Cruz» (Fallos: 331:810); «Rodríguez» (Fallos: 331:2156); «Rojas» (Fallos: 331:2195); «Trova» (Fallos: 332:2504); y causas CSJ 936/2009 (45-A) ICS1 «Agente Fiscal si solicita instrucción de sumario», sentencia del 10 de junio de 2010 y «Parrilli» (Fallos: 335:1779)J, quien pretenda el ejercicio de aquel escrutinio deberá demostrar en forma nítida, inequívoca y concluyente, con flagrancia, un grave menoscabo a las reglas del debido proceso y a la garantía de defensa en juicio que, asimismo, exhiba relevancia bastante para variar la suerte de la causa en función de la directa e inmediata relación que debe tener la cuestión federal invocada con la materia del juicio (artículo 18 de la Constitución Nacional; artículos 80 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; artículo 15 de la ley 48) .
7°) Que, desde tal perspectiva, corresponde señalar en primer lugar, que el recurso extraordinario interpuesto no satisface el recaudo de fundamentación exigido por tradicionales precedentes del Tribunal e incorporado al reglamento aprobado por acordada 4/2007 (artículo 3°, incisos b, d y e), con marcada evidencia en lo que se refiere al segundo motiva de agravio, puesto que carece de un relato apropiado y suficiente de los antecedentes más relevantes de la causa -sino su parcial mención que estén relacionados con las cuestiones que se invocan como de índole federal, y de una crítica circunstanciada de los argumentos en que se apoya el tribunal a qua para sostener las conclusiones que motivan sus agravios. Esta deficiencia conspira, ciertamente, contra la demostración de la lesión a las reglas estructurales del debido proceso que, con singular precisión, exige la doctrina del Tribunal para intervenir por medio de la vía intentada en este tipo de proceso.
8°) Que análogo defecto padece el escrito de interposición de la queja, puesto que el apelante no se hace cargo de refutar, en forma concreta y razonada, los fundamentos que dan sustento a la resolución denegatoria, limitándose a reeditar los antecedentes del caso y los planteas introducidos en el recurso extraordinario, con prescindencia de las razones formales señaladas por el superior tribunal para cancelar esta instancia de revisión federal, pues la lectura de los diecisiete (17) renglones que ocupa el cometido sustancial de este remedio a fs. 63 vta./64, dan clara cuenta que incumple con su finalidad principal.
9°) Que más allá de los defectos formales señalados y dados que el examen sobre el cumplimiento de recaudos de esa especie debe atenuarse en esta clase de juicios [conf. CSJ 1593/2008 (44-C)/CS1 «Castría, José Néstor -Agente Fiscal de San José de Feliciano- s/ denuncia promovida por el Superior Tribunal de Justicia»; CSJ 1070/2012 (48-B)/CS1 «Bordón, Miguel Ángel s/ causa 69.115/10»; y CSJ 142/2015/RH1 «Fiscal de Estado Guillermo H. de Sanctis y otro c/ titular del Juzgado en lo Civil y Comercial de Minería de la 5ta. Nom. de San Juan s/ denuncia», sentencias del 27 de mayo de 2009, 27 de agosto de 2013 y 9 de agosto de 2016, respectivamente], corresponde adelantar que los planteas del recurrente no promueven el examen de cuestiones constitucionales aptas para suscitar la competencia revisora, federal y extraordinaria puesta en manos de este Tribunal por el artículo 14 de la ley 48.
10) Que, en efecto, con referencia a la invocada violación a la garantía del juez imparcial, introducida por el apelante con sustento en la doctrina de la arbitrariedad, debe observarse en primer lugar que el recurrente no se hace cargo de la doctrina de los precedentes de esta Corte que, ante cuestionamientos substancialmente análogos a los que se concretan en el sub examine, ha dejado establecido que no puede aplicarse al juicio político el mismo estándar de imparcialidad que el que se desarrolla en sede judicial. Ello es así, pues la circunstancia de admitir múltiples recusaciones por prejuzgamiento o presunto interés en la destitución del funcionario llevaría a desintegrar el órgano establecido por la Constitución para efectuar el control entre los .poderes, bloqueando el apropiado funcionamiento del sistema al sustraer el conocimiento de la causa al poder controlante previsto en el ordenamiento vigente, sea porque cualquier modo alternativo de reemplazo que se hubiera elegido podría ser tachado de inconstitucional, o fuera por impedir derechamente la constitución del órgano [caso «Del Val», Fallos: 314: 1723, considerando 9° del voto de la mayoría; causas CSJ 346/2008 (44-M) /CS1 «Molina de Alcázar, Graciela s/ amparo», sentencia del 20 de octubre de 2009; «Trova», Fallos: 332:2504 y CSJ 935/2009 (45-A) /CS1 «Agente Fiscal s/ solicita instrucción de sumario», sentencia del 1° de junio de 2010].
11) Que, desde tal premisa, se advierte que en el marco del juicio político que aquí se examina, el afectado no ha logrado demostrar que la entidad del agravio que pregona permita sortear el limitado margen de revisión que se admite en asuntos de esta naturaleza, puesto que el apelante además de no rebatir en su totalidad los argumentos de la sentencia apelada, tampoco acredita -ni se advierte- de qué modo la intervención de los miembros de la Corte local, al disponer la instrucción del sumario administrativo y delegar la investigación en un juez de la instancia anterior para que lleve adelante la instrucción, le habría generado un menoscabo de la naturaleza que invoca, máxime cuando -naturalmente- aquella resolución preliminar de procedencia de la denuncia en modo alguno vinculaba la actuación ulterior del jurado, que contaba con plenas facultades para absolver al enjuiciado y restablecerlo en el ejercicio de sus funciones (artículo 17 de la ley 7050)
12) Que, en este sentido, las alegaciones del recurrente hacen pie en que la Corte provincial, al admitir formalmente la denuncia, valoró los hechos y la prueba invocados en dicha presentación, formulando un juicio de valor en torno a su conducta; y que igual situación se observó al disponerse por aquel cuerpo la suspensión preventiva del enjuiciado, todo lo cual lleva a concluir que ha tomado una intervención que habría contaminado la actuación posterior de sus miembros al dictar sentencia como integrantes del jury.
Sin embargo, estas afirmaciones reposan, ciertamente, en una apreciación subjetiva que, en rigor, no consulta lealmente los términos del ordenamiento normativo que regula el procedimiento de enjuiciamiento.
En efecto, la ley local 7050, expresamente dispone: «Satisfecho .los requisitos formales de la denuncia, el Presidente de la Corte dará vista de ella por tres (3) días al Procurador General y convocará luego a los miembros del Tribunal para dentro de cinco (5) días a fin de decidir, apreciando ‘prima facie’ su fundamento, la admisión o rechazo de aquella. A dicho efecto, podrá recabar otros elementos de juicio y oír al denunciado. Se desestimará la denuncia manifiestamente temeraria y maliciosa, o fundada en hechos que claramente no configuren causal de remoción…».
Como se observa, la ley -que no ha sido objetada corno inconstitucional por el impugnante- pone en cabeza del máximo tribunal provincial la facultad de admitir o rechazar la denuncia formulada contra un magistrado, utilizando la locución latina «prima facie» que significa «a primera vista (de otras subsiguientes que puedan ocurrir y hacer cambiar de opinión o parecer)», se trata, corno es sabido, de una expresión que se agrega en el discurso antes de una opinión o comentario para aclarar implícitamente que no se quiere arriesgar una conclusión definitiva.
13) Que, de tal suerte, la crítica que formula el recurrente, más allá de las especulaciones en las que se funda, no logra desvirtuar las aserciones de la Corte local que, sobre la base de la ley provincial 10.160, sostiene que su intervención inicial, disponiendo la instrucción del sumario administrativo a raíz de la denuncia recibida, se llevó a cabo en ejercicio de las funciones de gobierno o superintendencia que la Constitución provincial asigna a dicho cuerpo en el artículo 92, y no solo no implicó una valoración de los hechos ni actividad investigativa alguna, sino que, además, precisamente para resguardar los derechos y garantías de los posibles involucrados, se delegó la instrucción en un magistrado ajeno a ese tribunal.
La demostración más cabal de que la interpretación postulada en el recurso es insostenible, se verifica si se observa que de seguirse dicha postura hermenéutica se frustraría insuperablemente el mandato legal de que los jueces de la Corte Suprema estadual deben integrar el jurado de enjuiciamiento (ley 7050, artículo 2°) Ello es así, desde el momento en que este órgano de control solo toma intervención ante una denuncia que ha sido previamente admitida y, en este punto, la competencia para llevar a cabo esta declaración inicial de admisibilidad ha sido puesta en manos exclusivas de la Corte Suprema; de ahí que, según la comprensión propuesta, en todos los casos en que la denuncia no ha sido rechazada los jueces de dicho superior tribunal local deberían excusarse de integrar el Jurado de Enjuiciamiento (ley citada, artículo 10, 2° párrafo), desarticulando por esta vía elíptica el sistema previsto por el legislador provincial de que los miembros de su más alto tribunal de justicia participen, personalmente, del juicio en que se discute la ingente responsabilidad política de los jueces de los tribunales inferiores del poder judicial santafesino.
Además, cabe recordar que en uno de los precedentes de esta Corte citados por la recurrente en materia de imparcialidad («Dieser», Fallos: 329: 3034, con su remisión al dictamen del señor Procurador Fiscal), se dejó en claro que en el examen de la intervención anterior tomada por los jueces que juzgaron el caso que, «…cobra especial interés para decidir la calidad de la resolución o interlocutorio de que se trate, pues siguiendo los principios sentados por la Corte Interamericana, puedo afirmar que en el sub-lite la decisión que confirma el auto de procesamiento de la imputada Dieser, implicó un estudio minucioso de la cuestión en cuanto a consideraciones de hecho, prueba, calificación legal y determinación de responsabilidad por la realización de conductas desde el punto de vista de la culpabilidad» (punto IV, párrafo 9°)
De modo que, no se trata de que cualquier intervención genere de por sí una afectación a la garantía cuyo alcance aquí se discute, pues como se subrayó en el precedente «Dieser» citado, es relevante examinar en cada caso la calidad de la resolución o interlocutorio que dio lugar a la intervención anterior que se invoca como determinante del apartamiento pretendido.
Por último, tampoco desvirtúa el recurrente la afirmación del tribunal a quo -seguida para rechazar el planteo concerniente a la existencia de prejuzgamiento- en punto a que la ratificación de la suspensión preventiva del magistrado por parte de la Corte local se trató de una medida cautelar adoptada en ejercicio de las potestades atribuidas por la ley 10.160 y en base a la información suministrada por la justicia de instrucción, que no importó asumir ninguna postura o adoptar un temperamento en torno a la responsabilidad del enjuiciado.
En este sentido, las alegaciones del impugnante atingentes a que los magistrados del superior tribunal se inclinarían a adoptar idéntico criterio en el Jury de Enjuiciamiento, constituyen en sí mismas una aseveración dogmática que es inidónea para sostener la tacha de arbitrariedad que pregona.
14) Que, en definitiva, no se advierte del texto de las dos decisiones adoptadas por la Corte local que se hubiese hecho mérito -o expresado un juicio de valor- en torno a la responsabilidad del enjuiciado, pues, en ambos casos, se atuvo al acontecimiento fáctico explicitado en el escrito de denuncia, en términos potenciales y sin avanzar en el examen de la eventual participación y responsabilidad del enjuiciado. Por lo demás, se observa que la referencia a la gravedad del hecho estuvo circunscripta a la descripción del suceso contenido en la denuncia y en las comunicaciones recibidas, y solo fue merituado en el limitado ámbito de constituir presupuesto de la admisión formal del escrito que dio pie a la formación del sumario administrativo (artículo 10 de la ley 7050), y de la consecuente suspensión preventiva que taxativamente impone la ley local.
En las condiciones expresadas, el recurrente solo expresa su desacuerdo con el alcance que debe otorgarse a dos resoluciones previas adoptadas por los miembros del jurado de enjuiciamiento, mas la tacha que sostiene el planteo dista de alcanzar el estándar definido por este Tribunal hace más de cincuenta años, y recordado hasta pronunciamientos recientes, inclusive en materia de enjuiciamiento público, para dar lugar a un supuesto de inequívoco carácter excepcional como es la arbitrariedad (caso «Estrada», Fallos: 247:713; «Córdoba – Convocatoria a elecciones de Gobernador, Vicegobernador, legisladores y Tribunal de Cuentas provincial para el día 2 de septiembre de Fallos: 330:4797; causas «Trovan y «Parrillin, antes citadas), con arreglo al cual se debe demostrar que la equivocación del pronunciamiento impugnado es tan grosera que aparece como algo inconcebible dentro de una racional administración de justicia.
15) Que, por último, cabe poner de resalto que ninguna de las dos decisiones adoptadas por la Corte local (disponer la instrucción del sumario administrativo y ratificar la suspensión preventiva del enjuiciado), se identifica ni guarda analogía suficiente con aquellas que dieron lugar a los precedentes .de la Corte Suprema que el recurrente trae en sustento de su proclama, pues en el caso «Freytesn (Fallos: 331:1784) se trató de la intervención en el juicio político de un integrante del superior tribunal provincial, quien había llevado adelante el sumario previo que concluyó en una resolución fundada que ordenó la remisión de las actuaciones al procurador general local para que promueva acusación contra el magistrado investigado y, posteriormente, integró el jurado que juzgó y destituyó al juez Freytes (considerando 4°, 2° párrafo). Por otro lado, en el precedente «Froisn (Fallos: 337: 1081), se trató de la ausencia de imparcialidad en el tribunal de justicia que llevó a cabo el control judicial del juicio político, en la medida en que los cuatro miembros de la Corte provincial que participaron de la decisión de rechazar el recurso judicial de inconstitucionalidad habían integrado, junto con los demás miembros que contempla la ley 7050, el tribunal de enjuiciamiento que había destituido al enjuiciado.
16) Que, por último, lo atingente al motivo de agravio fundado en la afectación del debido proceso y el derecho de defensa en juicio, a raíz de la alegada integración irregular del Tribunal de Enjuiciamiento en distintos actos procesales del juicio, el cuestionamiento no solo remite a la interpretación y aplicación de normas del derecho público local, cuestión que, por su naturaleza, es regularmente ajena a la competencia federal de esta Corte reglada por los artículos 31, 116 y 117 de la Constitución Nacional, y el artículo 14 de la ley 48, sino que, además, se trata -como señaló el tribunal a quo- del producto de una reflexión tardía que no guarda relación directa e inmediata con los hechos de la causa.
Ello es así, puesto que no se encuentra en discusión la afirmación de la Corte provincial, en punto a que tanto la defensa como la parte acusadora controlaron y consintieron la realización de todas las secuencias procesales que tuvieron lugar en el juicio, y que el enjuiciado formuló su alegato de defensa sin realizar ninguna objeción en torno a esta cuestión.
De ahí, pues, que es de aplicación la tradicional doctrina que excluye de la competencia apelada que regla el artículo 14 de la ley 48 a las cuestiones que, por la conducta discrecional del interesado, fueron deliberadamente sustraídas del conocimiento de los tribunales de la causa (Fallos: 329:3235, considerando 19), como lo ha sostenido esta Corte frente a cuestiones sustancialmente análogas a las ventiladas en el sub lite, en que la cuestión federal había sido discrecionalmente introducida en forma tardía (Fallos: 324: 2268 y 2571), y que es de aplicación en materia de juicios políticos (Fallos: 335:686).
17) Que en las condiciones expresadas no puede ponerse fundadamente en tela de juicio que el magistrado denunciado pudo ejercer su derecho de defensa, efectuando su descargo sobre la base de los hechos concretos que le’ fueron imputados; su conducta como magistrado fue evaluada y juzgada dentro de un plazo razonable; y fue destituido -con sustento, en los mismos hechos por el órgano en cuyas manos la Constitución de la Provincia de Santa Fe puso el ejercicio exclusivo de dicha atribución, tras tener, por acreditada la causal contemplada en el ordenamiento provincial -por la cual el magistrado fue acusado y oído- (artículos 7°, inciso 1, segunda parte, y 2° de la ley 7050). Promovido el control judicial de dicho enjuiciamiento, la sentencia dictada por el Superior Tribunal provincial dio fundada respuesta a los planteas considerados, mediante desarrollos argumentativos que la sostienen suficientemente como acto judicial válido.
De ahí que, ausente la demostración por parte del recurrente de haberse transgredido en forma nítida , inequívoca y concluyente las reglas estructurales del debido proceso, no hay materia federal que habilite la intervención de esta Corte, en el marco de los rigurosos límites de su competencia que, para asuntos de esta naturaleza, le imponen los artículos 31, 116 Y 117 de la Constitución Nacional, y el artículo 14 de la ley 48 (causas CSJ 32/2011 (47-B)/CS1 «Badana, Eduardo José s/juicio político», sentencia del 14 de febrero de 2012, y sus citas; CSJ 425/2013 (49-R)/CS1 «Reuter, Javier Enrique s/ legajo de evaluación n° 10/09 CM», sentencia del 15 de mayo de 2014).
Por ello, se desestima la queja. Notifíquese y, oportunamente, archívese.
RICARDO LUIS LORENZETTI
ELENA I. HIGHTON de NOLASCO
JUAN CARLOS MAQUEDA
HORACIO ROSATTI
VOTO DEL SEÑOR PRESIDENTE DOCTOR DON RICARDO LUIS LORENZETTI
Considerando:
Que el infrascripto concuerda con los considerandos 1° a 5° del voto de la mayoría, que por razones de brevedad se dan íntegramente reproducidos.
6°) Que por ser el objetivo del instituto del juicio político, antes que sancionar al magistrado, el de determinar si este ha perdido los requisitos que la ley y la Constitución exigen para el desempeño de una función de tan alta responsabilidad, el sentido de un proceso de esta naturaleza es muy diverso al de las causas de naturaleza judicial, por lo que sus exigencias revisten una mayor laxitud. De ahí, pues, que como concordemente lo ha subrayado este Tribunal desde su tradicional precedente sentado en la causa «Nicosia» (Fallos: 316:2940), con respecto a las decisiones del Senado de la Nación en esta materia; lo reiteró con posterioridad a la reforma de 1994 frente al nuevo texto del, artículo 115 de la Ley Suprema en el caso «Brusa» (Fallos: 326:4816) con relación a los fallos del Jurado de Enjuiciamiento de la Nación; y lo viene extendiendo al ámbito de los enjuiciamientos de magistrados provinciales hasta sus pronunciamientos más recientes (Fallos: 332: 2504, voto de los jueces Lorenzetti y Fayt) , quien pretenda el ejercicio de aquel escrutinio deberá demostrar un menoscabo a las reglas del debido proceso y a la garantía de defensa en juicio que, asimismo, exhiba relevancia bastante para variar la suerte de la causa en función de la directa e inmediata relación que debe tener la cuestión federal invocada con la materia del juicio (artículo 18 de la Constitución Nacional; artículos 8° y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; artículo 15 de la ley 48) .
7°) Que el infrascripto concuerda con los considerandos 7° a 16 del voto de la mayoría, que por razones de brevedad se dan íntegramente reproducidos.
17) Que en las condiciones expresadas no puede ponerse fundadamente en tela de juicio que el magistrado denunciado pudo ejercer su derecho de defensa, efectuando su descargo sobre la base de los hechos concretos que le fueron imputados; su conducta como magistrado fue evaluada y juzgada dentro de un plazo razonable; y fue destituido con sustento en los mismos hechos por el órgano en cuyas manos la Constitución de la Provincia de Santa Fe puso el ejercicio exclusivo de dicha atribución, tras tener por acreditada la causal contemplada en el ordenamiento provincial -por la cual el magistrado fue acusado y oído- (artículos 7°, inciso 1, segunda parte, y 2° de la ley 7050). Promovido el control judicial de dicho enjuiciamiento, la sentencia dictada por el Superior Tribunal provincial dio fundada respuesta a los planteas considerados, mediante desarrollos argumentativos que la sostienen suficientemente como acto judicial válido.
De ahí que, ausente la demostración por parte del recurrente de haberse transgredido las reglas estructurales del debido proceso, no hay materia federal que habilite la intervención de esta Corte en el marco de los rigurosos límites de su competencia que, para asuntos de esta naturaleza, le imponen los artículos 31, 116 y 117 de la Constitución Nacional, y el artículo 14 de la ley 48 [causa CSJ 425/2013 (49-R)/CS1 «Reuter, Javier Enrique s/ legajo de evaluación n° 10/09 CM», sentencia del 15 de mayo del 2014, voto de los jueces Lorenzetti y Fayt] .
Por ello, se desestima la queja. Notifíquese y, oportunamente, archívese.
RICARDO LUIS LORENZETTI
Frois, Mauricio s/causa N° 88/2011 – Corte Sup. Just. Nac. – 07/10/2014
010811E
