Se confirma la resolución que hizo lugar a la excepción de falta de acción interpuesta y que apartó del rol de querellante a una Fundación, pues el objeto procesal de las actuaciones penales se halla afincado en la investigación de una serie de maniobras delictivas relativas al incremento patrimonial, y eventual enriquecimiento ilícito, de diversos ex funcionarios de la Secretaría de Inteligencia, y no principalmente la trata de personas y el trabajo esclavo.
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