Se deja sin efecto la sentencia que hizo lugar a la demanda por reintegro de gastos médicos a favor de un menor discapacitado, al juzgarse ajustada a derecho la conducta de la obra social que exigió el certificado de discapacidad expedido por autoridad competente, tratándose de un reclamo netamente patrimonial, sin compromiso del derecho a la salud. Es que la condición de discapacidad del afiliado no puede depender de la valoración discrecional -acertada o no- de las obras sociales, cuando el legislador en realidad optó por atribuir esa facultad a las autoridades pertenecientes al Ministerio de Salud de la Nación, o a otras autoridades provinciales.
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