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JURISPRUDENCIAHábeas corpus colectivo. Hábeas corpus correctivo. Trabajo carcelario. Situación de vulnerabilidad. Protocolo. Recurso de inconstitucionalidad
Se declara parcialmente procedente el recurso de inconstitucionalidad interpuesto en el marco de un hábeas corpus colectivo correctivo y se ordena la implementación para los casos que procedan del Protocolo de Resguardo de Personas en Especial Situación de Vulnerabilidad en la Circunscripción Judicial N° 1 de la provincia de Santa Fe.
En la ciudad de Santa Fe, a los veintiún días del mes de agosto del año dos mil dieciocho, se reunieron en acuerdo los señores Ministros de la Corte Suprema de Justicia de la Provincia, doctores Roberto Héctor Falistocco, María Angélica Gastaldi y Mario Luis Netri, con la presidencia del titular doctor Rafael Francisco Gutiérrez, a fin de dictar sentencia en los autos caratulados “HABEAS CORPUS COLECTIVO Y CORRECTIVO -RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD EN AUTOS: ‘HABEAS CORPUS COLECTIVO CORRECTIVO INTERPUESTO POR LOS DRES. GABRIEL GANÓN Y SEBASTIÁN AMADEO EN FAVOR DE TODAS LAS PERSONAS PRIVADAS DE LIBERTAD EN LAS CÁRCELES DE LA CIRCUNSCRIPCION N° 1’- (CUIJ N° 21-07002687-9) sobre RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD (CONCEDIDO POR LA CÁMARA)” (EXPTE. C.S.J. CUIJ N°: 21-00510800-1). Se resolvió someter a decisión las siguientes cuestiones PRIMERA: ¿es admisible el recurso interpuesto? SEGUNDA: en su caso, ¿es procedente? TERCERA: en consecuencia, ¿qué resolución corresponde dictar? Asimismo, se emitieron los votos en el orden en que se realizó el estudio de la causa, o sea, doctores: Falistocco, Gastaldi, Netri y Gutierrez.
A la primera cuestión, el señor Ministro doctor Falistocco dijo:
1. En lo que resulta de interés -teniendo en cuenta los motivos por los cuales en definitiva la Alzada concedió el presente recurso de inconstitucionalidad-, de las constancias de la causa surge que:
1.1. En fecha 3 de noviembre de 2014, el Defensor Provincial, Gabriel Ganón y el Defensor Regional de la Primera Circunscripción Judicial, Sebastián Amadeo, interpusieron hábeas corpus colectivo y correctivo en favor de todas las personas privadas de libertad en las cárceles de la Circunscripción Judicial N° 1 de Santa Fe por agravamiento de las condiciones de detención.
Señalaron en primer término que los condenados y procesados sólo pierden el ejercicio de la libertad, pero en modo alguno deben ser privados del resto de sus derechos, los que, agregaron, corresponde al Estado garantizar.
Relataron que realizaron diversas constataciones en los lugares de detención y a partir de las realidades verificadas, efectuaron diversos planteos vinculados con: las condiciones edilicias, habitacionales y sanitarias; la situación de superpoblación y hacinamiento que padecen los internos; la falta de separación entre condenados y procesados; asistencia médica y espiritual, alimentación, educación, capacitación y trabajo; el modo en que se llevan a cabo las requisas; el procedimiento previsto para la aplicación de sanciones disciplinarias; las medidas de resguardo; y el régimen de visitas y de comunicación de los internos con el exterior.
En concreto, en relación al trabajo, explicaron que una parte de la población carcelaria aunque tenga derecho a trabajar y goce de buena conducta, no puede hacerlo por falta de cupo, planteando además la escasez de talleres en comparación con el número de internos. Asimismo, señalaron que: quienes trabajan no lo pueden hacer en forma continua; nadie cuenta con seguro ni con la vestimenta adecuada; y que no reciben, por la labor realizada, la remuneración que correspondería de aplicarse de acuerdo a las leyes laborales vigentes en la materia.
Sobre este punto, solicitaron que se ordenara al Poder Ejecutivo Provincial (vía Ministerio de Seguridad) que arbitre los medios pertinentes a efectos de “…inmediatamente asegurar igualitariamente el acceso al trabajo (cupos suficientes, materiales y herramientas de trabajo suficientes, maestros suficientes, instalaciones suficientes, continuidad en la prestación de trabajo) en las condiciones exigidas por la normativa constitucional, internacional, legal y reglamentaria, debiendo aplicarse el régimen laboral común (en remuneración, previsión social, seguro, vestimenta adecuada, condiciones salubres de trabajo, jornadas limitadas de labor, etc.), debiendo inmediatamente revertirse las condiciones de peligrosidad en que trabajan las internas de la Unidad Penitenciaria 4 (Mujeres) en el lavadero externo de IAPIP; como asimismo el injustificado descuento del 20 % de su peculio para comprar material para el lavadero”.
Por otro lado, respecto a las situaciones en las que existen problemas de convivencia entre internos que lleva al Servicio Penitenciario a trasladarlos a los Pabellones de Aislamiento, solicitaron al Juez que aprobara la homologación del “Protocolo para la Implementación del Resguardo de Personas en Situación de Especial Vulnerabilidad” para la Circunscripción Judicial N° 1.
Agregaron que resultan insuficientes las legislaciones nacional (ley 24660) y provincial (ley 11661 y decreto reglamentario 598/11) para evitar la vulneración de derechos del interno que ingresa a un régimen de aislamiento, situación en la que se empeoran las condiciones de detención y aumentan -dicen- las posibilidades de afectación de derechos humanos. Por ello, entendieron necesario la aprobación y homologación judicial del referido protocolo, poniendo de relieve que el citado documento se encuentra vigente en Rosario, por lo que su no homologación para la Circunscripción Judicial N° 1 importaría consagrar una desigualdad territorial en el tratamiento de una cuestión que está agravando las condiciones de detención.
1.2. Por decisión del 29 de diciembre de 2014, la Jueza del Colegio de Jueces Penales de Primera Instancia de la ciudad de Santa Fe resolvió: “…5- Hacer lugar a lo solicitado respecto del punto 3.7. Trabajo, encomendando a la Dirección del Servicio Penitenciario y al Ministerio de Trabajo adecuen la normativa vigente a lo dispuesto por la ley 24660 y en su caso a la ley 20744 de contrato de trabajo y sus modificatorias, elaborando un régimen de trabajo para las personas privadas de libertad atendiendo al especial ámbito en el que se desarrolla la labor (…) 11- No hacer lugar al recurso interpuesto respecto de la aplicación del Protocolo para la implementación del resguardo de personas en especial situación de vulnerabilidad…”.
1.3. Contra esta resolución, el Defensor Provincial, Gabriel Ganón y el Defensor Regional de la Primera Circunscripción Judicial, Sebastián Amadeo, interpusieron recurso de apelación en relación a algunos puntos del fallo de grado.
Tal impugnación fue declarada admisible por la Cámara por resolución 546 del 10 de agosto de 2015. Se celebró la respectiva audiencia el 16 de setiembre de 2015 y, finalmente, por fallo 237, del 21 de abril de 2016, los Jueces del Colegio de Cámara de Apelación en lo Penal de Santa Fe, doctores Feijoó, Burtnik y Reyes, decidieron -por mayoría-: “…IV) Confirmar lo resuelto por el a quo, en cuanto resuelve el planteo referido a la normativa laboral aplicable a los internos de las unidades penitenciarias de la provincia de Santa Fe y arbitrar la medidas necesarias para revertir las condiciones de seguridad en que trabajan las internas de la Unidad Penitenciaria 4 (mujeres) en el lavadero externo del IAPIP y el cese del descuento del 20% de su peculio para la compra de materiales para el lavadero (…) VI) Confirmar la resolución dictada en relación al Protocolo para la implementación del resguardo de personas en especial situación de vulnerabilidad y encomendar al Poder Ejecutivo, a través del órgano correspondiente, que verifique si subsisten las condiciones fácticas y jurídicas que motivaron la suscripción del citado protocolo, en caso afirmativo, recomendar su aplicación a los internos de la 1° Circunscripción Judicial de esta Provincia”.
1.4. Esta decisión es impugnada por el Defensor Regional de la Primera Circunscripción Judicial de la Provincia por vía del recurso de inconstitucionalidad (fs. 1/45).
En primer lugar, señala que sus agravios se dirigen a cuestionar los puntos IV, VI, VII y VIII de la resolución de la Cámara y sólo en lo expresamente transcripto de ellos. Se advierte entonces que los aspectos recurridos se vinculan con la decisión de la Alzada de confirmar: lo resuelto por el Juez de grado en relación a la normativa laboral aplicable a los internos de las unidades penitenciarias de Santa Fe; lo fallado en primera instancia respecto al Protocolo para la implementación del resguardo de personas en especial situación de vulnerabilidad, recomendando al Poder Ejecutivo que, a través del órgano correspondiente, verifique si subsisten las condiciones fácticas y jurídicas que motivaron su suscripción y de ser así, recomendar su aplicación a los internos de la 1° Circunscripción Judicial de la Provincia; del punto 7 del resuelvo del pronunciamiento de grado, que había rechazado las postulaciones defensivas acerca del régimen de visitas y de comunicación con el exterior de los internos; y de lo dispuesto en relación a la asistencia espiritual.
Postula que la resolución cuestionada contraría expresas mandas constitucionales, leyes nacionales y locales y estándares internacionales en la materia; a la vez que resulta arbitraria por no reunir los requisitos mínimos necesarios para satisfacer el derecho a la jurisdicción.
Por otro lado, señala que el caso reviste gravedad institucional, por cuanto trasciende los intereses particulares al atentar contra toda la comunidad de privados de libertad en el ámbito de las Unidades Penitenciarias de la Circunscripción Judicial N° 1 de la Provincia.
1.4.1. A la hora de fundar la procedencia de la vía deducida, en primer lugar, desarrolla sus agravios constitucionales en relación a la cuestión del trabajo carcelario.
Alega que los artículos 2 y 3 de la ley 11661 que regulan el trabajo de las personas privadas de libertad en Santa Fe violan las disposiciones de la Constitución provincial y de la ley 24660.
Explica que esta última establece el estándar mínimo a respetar en materia laboral, disponiendo que el trabajo debe ser remunerado y que se respetará la legislación laboral y de seguridad social vigente. Asimismo, considera que se afectan los artículos 117 y 120 de la referida normativa. Concluye que la distinción que formulan los preceptos de la ley provincial mencionados violan expresas mandas jurídicas aplicables, al restringir los derechos de las personas privadas de libertad en abierta contradicción con el ordenamiento jurídico aplicable.
Refiere que también se vulneran las leyes nacionales 24658 -que aprueba el Protocolo Adicional a la Convención Americana de Derechos Humanos en Materia de Derechos Sociales, Económicos y Culturales- y 23592 -Ley anti discriminatoria-, la Constitución nacional y las disposiciones normativas del bloque de constitucionalidad federal (art. 75, inc. 22, C.N.).
Al respecto, cuestiona que la resolución impugnada considerara que no es correcto igualar en forma absoluta el trabajo realizado por los internos a la actividad desplegada por quien realiza tareas en estado de libertad. Señala que esta distinción viola flagrantemente la prohibición de hacer discriminaciones, máxime en un contexto en que se reconoce a la ejecución de la pena privativa de libertad la finalidad de resocialización y se parte de la base de que del único derecho del que está privado el interno es el de la libertad.
Luego de detallar los montos correspondientes a la categoría “peculio estímulo”, manifiesta que si se comparan estas cifras con lo que se paga en el mundo libre por el mismo trabajo y con la canasta básica según estadísticas oficiales, puede afirmarse que existen “trabajadores en negro” en las Unidades Penitenciarias de la provincia de Santa Fe, que trabajan como verdaderos esclavos y bajo situaciones de servidumbre.
Concluye en la inconstitucionalidad de los artículos 2 y 3 de la ley 11661, en el entendimiento de que la remuneración de un trabajador preso debería ser la misma que la de un trabajador libre que realiza cualquier tarea y ello por el principio de igualdad.
Sigue diciendo que si se pretende “resocializar” al condenado se debe admitir que todo trabajador tiene derecho a igual remuneración por igual tarea, ya que de otro modo el “peculio estímulo” de los artículos 2 y 3 de la ley 11661 aparece como una “capitis diminutio” en comparación con la remuneración. Agrega que esta idea de “peculio estímulo” lleva a interpretar el trabajo como un trato cruel, inhumano y degradante puesto que no dignifica.
Asimismo, postula que se afectan las disposiciones de las “Reglas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de Reclusos” y el “Manual de Buena Práctica Penitenciaria”; el objetivo resocializador que el ordenamiento jurídico reconoce a la pena privativa de libertad; el derecho a la salud de los internos; y la posición de garante del Estado respecto del resto de derechos que tiene una persona presa.
Por otro lado, señala que tales preceptos legales imponen una pena no prevista legalmente, que constituye un trato cruel, inhumano y degradante, consagrando -a su juicio- una suerte de esclavitud o servidumbre laboral que constituye una forma compleja de violencia institucional.
Plantea que la regulación provincial del trabajo carcelario importa un enriquecimiento ilícito del Estado, toda vez que se producen bienes o se prestan servicios y los internos no se benefician remunerativamente con ellos. Agrega que también importan la violación de los principios de personalidad o intrascendencia de la pena, de inocencia, de dignidad de las personas y los de progresividad, “pro homine” y buena fe con que se debe interpretar el derecho internacional de los derechos humanos.
En función de lo expuesto, solicita la declaración de inconstitucionalidad de los artículos 2 y 3 de la ley 11661, toda vez que la repugnancia de sus textos con las cláusulas constitucionales, convencionales internacionales y legales nacionales aplicables es manifiesta, clara e indudable.
En consecuencia, estima que se debe ordenar que a los trabajadores privados de su libertad que prestan funciones en las Unidades Penitenciarias de la Circunscripción Judicial N° 1 se les reconozcan iguales derechos laborales que a los que prestan tareas en contextos de libertad, sin perjuicio de acordar con los Magistrados en la necesidad de que las autoridades correspondientes adecuen la legislación vigente a los parámetros que surgen de la normativa constitucional, convencional, internacional y nacional.
1.4.2. En segundo lugar, se agravia de lo resuelto por los Jueces de la causa en relación a la aplicación del Protocolo para la implementación de Resguardo de Personas en Especial Situación de Vulnerabilidad.
Postula la afectación del principio de igualdad y la convalidación de un agravamiento ilegítimo de las condiciones de detención.
Relata que dicho documento no fue producto aislado de ese Ministerio Público de la Defensa, sino de una mesa de diálogo convocada por éste y en el que se verificó la amplísima participación de todos los sectores involucrados en la problemática y cuyo fruto fue un instrumento elaborado con consenso. Agrega que el 22 de julio de 2014 fue aprobado y homologado en Rosario por el Juez Penal de Primera Instancia, doctor Suárez.
Cuestiona que la Alzada considerara que no se violaba el principio de igualdad por no haberse acreditado que sean idénticas las condiciones de detención en todo el territorio provincial. Refiere, en este sentido, que las pruebas aportadas al interponer el hábeas corpus demuestran que la realidad de la Circunscripción Judicial N° 1 en la materia es la misma a la de Rosario.
Sostiene que, según el artículo 1 del Protocolo, sus disposiciones se aplican en las unidades carcelarias dependientes del Servicio Penitenciario de Santa Fe, por lo que -estima- no resulta razonable que la autoridad administradora que participó de su elaboración y lo está aplicando en la Circunscripción Judicial N° 2, no lo haga en la de Santa Fe.
Entiende que esta situación importa sin más un agravamiento ilegítimo de las condiciones de detención en la Circunscripción Judicial N° 1, toda vez que en una misma materia se verifica la existencia de un doble estándar, que perjudica a los internos alojados en estas unidades penitenciarias, pues no permite asegurar las garantías judiciales del mismo modo.
Critica que los Judicantes invocaran la afectación del principio de división de poderes para no hacer lugar a su planteo y que citaran en apoyo de su decisión las consideraciones efectuadas por esta Corte provincial en la causa “I.R.A.R. s/ Hábeas Corpus”, sin expresar razonadamente por qué se aplican al presente caso, cuya plataforma fáctica difiere de la analizada por el Tribunal en el referido fallo. Por ello, postula la arbitrariedad de la resolución impugnada.
Insiste con que se ha consolidado un agravamiento ilegítimo de las condiciones de detención en relación a los internos privados de libertad en las Unidades Penitenciarias de la Circunscripción Judicial N° 1, ya que al no existir medidas de resguardo que respeten estándares constitucionales, internacionales y legales, la cuestión se resuelve de manera desigual y todo queda a merced de la discrecionalidad y los abusos del poder administrador.
1.4.3. En tercer término, se agravia de que se rechazaran sus postulaciones vinculadas con la casi nula comunicación con el exterior que tienen los internos. Cuestiona que los Sentenciantes consideraran que la realidad descripta -falta de funcionamiento de los teléfonos fijos; escaso crédito en las tarjetas para su uso; falta de contacto con sus defensores; falta de provisión de radios, diarios y revistas y no acceso igualitario a la televisión e Internet- no implicaba un agravamiento de las condiciones de detención.
Señala que lo resuelto viola normas de las Constituciones nacional y provincial, de la ley 24660, de las Reglas de Naciones Unidas para el Tratamiento de Reclusos y transgrede el Manual de Buena Práctica Penitenciaria.
En este sentido, manifiesta que no hay readaptación social posible si se consolida una práctica de aislamiento de los privados de libertad y que no permitir una adecuada comunicación con el exterior de los internos equivale a aislarlos indebidamente. Agrega que implica imponerles una sanción no prevista legal ni jurisdiccionalmente que importa una tortura y/o tratos crueles, inhumanos y degradantes, contrarios a la dignidad humana.
Añade que lo decidido también afecta el principio de dignidad de las personas, el mandato de resocialización, el derecho a la salud mental y psíquica de los internos, violando asimismo la posición de garante del Estado de los derechos de los que gozan los privados de libertad.
1.4.4. Por último, cuestiona lo resuelto en relación a su pedido vinculado con la asistencia espiritual de los internos, consistente en que se arbitraran los medios necesarios para evitar que ciertas religiones cuenten con privilegios por parte del Servicio Penitenciario.
Tilda de arbitraria a la respuesta brindada por la Alzada, en el entendimiento de que la afirmación de que la asistencia espiritual está garantizada constituye una aseveración dogmática que no se compadece con los elementos probatorios incorporados a la causa. Sostiene que el Tribunal debió indicar por qué entendía que los internos pueden ejercer libremente su derecho de atención espiritual y por qué resultaban insuficientes los argumentos brindados por su parte.
Resalta que de las pruebas acompañadas surge que los internos que no eligen ingresar en los pabellones evangélicos se encuentran en peor situación que los que sí optan por ello, atento a que aquéllos reciben privilegios indebidos por parte del Servicio Penitenciario. Denuncia que esta situación afecta no sólo el principio de igualdad sino el derecho constitucional a profesar libremente el culto.
1.5. Mediante auto 537, del 1 de agosto de 2016, el A quo resuelve declarar parcialmente admisible el recurso de inconstitucionalidad interpuesto.
Para así decidir, expresan los Magistrados que respecto al trabajo carcelario y a la aplicación del Protocolo para la implementación de Resguardo de Personas en Especial Situación de Vulnerabilidad, el recurrente ha articulado planteos que pueden encasillarse como supuestos de inconstitucionalidad, por configurar hipótesis de arbitrariedad y de afectación de derechos y garantías constitucionales suficientes como para abrir la instancia pretendida.
Por otro lado, consideran que no se arriba a idéntica conclusión en relación a las postulaciones vinculadas con la comunicación de los internos con el exterior y la asistencia espiritual, en tanto entienden que sus agravios sólo demuestran disconformidad con lo decidido y con la apreciación y valoración que de las probanzas presentadas efectuó el Tribunal.
1.6. El señor Procurador General contesta la vista corrida, aconsejando declarar al presente recurso de inconstitucionalidad admisible y parcialmente procedente en lo relativo al Protocolo para la Implementación de Resguardo de Personas en Especial Situación de Vulnerabilidad.
1.7. En resolución del 20.12.2016, esta Corte Suprema anuló la resolución de la Cámara del 1.08.2016 por no haberse dado intervención en el trámite del recurso a los representantes de la provincia de Santa Fe.
1.8 Una vez satisfecho el traslado del recurso de inconstitucionalidad a la Fiscalía de Estado de la provincia de Santa Fe, resuelve la Sala declarar la admisibilidad parcial del recurso, únicamente en cuanto al planteo de la normativa laboral y el protocolo de resguardo.
1.9. El señor Procurador General se pronuncia por la procedencia parcial del recurso, sólo en relación a la implementación del Protocolo de Resguardo a Personas en Especial Situación de Vulnerabilidad.
2. En el examen de admisibilidad que corresponde realizar a esta Corte atento lo dispuesto en el artículo 11 de la ley 7055, no encuentro razones para apartarme de la posición sustentada por el A quo, de conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador General.
Voto, pues, por la afirmativa.
A la misma cuestión, la señora Ministra doctora Gastaldi, el señor Ministro doctor Netri y el señor Presidente doctor Gutierrez expresaron idénticos fundamentos a los expuestos por el señor Ministro doctor Falistocco y votaron en igual sentido.
A la segunda cuestión, el señor Ministro doctor Falistocco dijo:
1. Corresponde de inicio señalar que en esta instancia se evaluarán exclusivamente los planteos defensivos que han sido motivo de concesión del presente recurso de inconstitucionalidad por la Alzada, considerando que los demás agravios no han sido admitidos por el A quo y que no existe constancia de que el presentante concurriera en queja ante esta Sede.
2. Sentado ello, corresponde analizar las postulaciones defensivas, adelantando desde ya que propiciaré la procedencia parcial de la presente vía.
Como surge del relato efectuado al tratar la primera cuestión, los planteos del Defensor Regional de Santa Fe por los que fuera abierta la presente instancia transitan por dos andariveles.
Por un lado, se cuestiona la normativa provincial que rige la actividad laboral de las personas privadas de libertad, postulándose su inconstitucionalidad por violación de diversas mandas constitucionales, convencionales y legales.
Y, por el otro, se solicita la aplicación del Protocolo para la Implementación de Resguardo de Personas en Especial Situación de Vulnerabilidad en las unidades penitenciarias de la Circunscripción Judicial N° 1, poniendo de relieve que éste se encuentra vigente en la Circunscripción Judicial N° 2.
3. En primer lugar se analizará la inconstitucionalidad de los artículos 2 y 3 de la ley 11661.
En el presente tópico, en consonancia con lo argumentado y dictaminado por el Procurador General, advierto que el fallo cuestionado realiza un adecuado análisis de las normativas en cuestión, efectuando una atinada distinción de los casos en que la organización del trabajo esté a cargo del Estado, diferenciándola de cuando trabajan para terceros.
Esta distinción no es caprichosa, sino que encuentra respaldo normativo en el artículo 2 de la ley 11661 que adhiere -parcialmente- a la ley 24660.
Sobre la declaración de inconstitucionalidad de la norma, pretendiendo la equiparación a la actividad laboral desplegada por las personas en estado de libertad, el análisis de la mayoría de la Cámara exhibe un núcleo argumental en que “…la finalidad primordial es la generación de hábitos laborales, la capacitación y la creatividad (art. 108 ley 24660), sino también porque la jornada laboral es reducida (mayoritariamente es de 4 o 5 horas diarias y con un límite de 25 horas semanales), además de considerar que la naturaleza jurídica del peculio no es igual a la remuneración de la Ley de Contrato de Trabajo, es un estímulo al interno para que realice tareas, logrando así los fines primordiales que busca” (f. 41 de la resolución de Cámara).
Este postulado esencial no logra ser desbaratado por la recurrente en su escrito introductor y a más de ello, la referencia que realiza la mayoría, al explicar que en primera instancia se “encomendó” al Poder Ejecutivo la adecuación de la norma, teniendo presente lo dispuesto en el artículo 228 de la ley 24660 -en donde se “invita” a las provincias a adecuar su normativa a dicha ley-, luce como una respuesta prudente y correcta ponderando todos los principios en juego, como bien lo resalta el fallo aquí cuestionado.
En conclusión, remito a lo argumentado y dictaminado por el señor Procurador General, resultando improcedente esta cuestión.
4. Por otro lado, corresponde abordar los planteos vinculados con la aplicación del Protocolo para la Implementación de Resguardo de Personas en Especial Situación de Vulnerabilidad.
En primer término, la garantía del artículo 16 de la Constitución nacional implica la igualdad de tratamiento para casos idénticos o razonablemente similares o asimilables entre sí.
Si bien es cierto que nada impide que la legislación contemple en forma distinta situaciones que considere diferentes, y por ello se atribuye “…a la prudencia del legislador una amplia latitud para ordenar y agrupar, distinguiendo y clasificando los objetos de su reglamentación, en la medida en que dichas distinciones no se basen en un propósito de hostilidad contra un determinado individuo o grupo de personas, pues nada obsta a que se trate de modo diferente a aquellos que se encuentran en situaciones distintas por sus actividades específicas” (Fallos:329:304 y jurisprudencia allí citada).
En el caso, frente a un protocolo surgido de una Mesa de Diálogo inter-institucional, con la presencia de especialistas en materia penitenciaria y representantes del Poder Ejecutivo, se presume como un tratamiento superador y por tanto con un mayor estándar garantizador para las personas privadas de su libertad que se hallan en situación de vulnerabilidad. Justamente en estos términos se pronunció el Juez José Luis Suárez, al momento de decidir una cuestión análoga a la presente (“Acción de hábeas corpus colectivo y correctivo promovido por el Servicio Público de la Defensa Penal” CUIJ nro. 21-07001063-9).
En este contexto, no se avizoran diferencias significativas que justifiquen un tratamiento distinto a los presos en condición de vulnerabilidad de acuerdo a cuál es la jurisdicción a la que pertenece y que habilite a soslayar un régimen que se considera, de acuerdo a lo antes mencionado, superador del previamente existente.
Por ello, adquiere relevancia la postura del suscripto in re “Scalcione” (A. y S. T. 271, pág. 239) en cuanto a que, una vez alcanzado un determinado estándar garantizador no se puede restringir tal posición so pena de caer en una violación al principio de progresividad que implica, como pauta de interpretación, que se debe partir de la mejor situación a la que ha llegado el sistema jurídico (Alberto Binder, “Derecho Procesal Penal”, Tomo I, Ed. Ad Hoc, 2013, pág. 179).
En la misma línea, se ha dicho que “…el derecho internacional de los derechos humanos […] se infiltra en el derecho interno para coadyuvar a la optimización del sistema. En aquella retroalimentación siempre hay que buscar los ‘plus’, o sea, todo lo que en vez de aminorar al sistema lo hace más amplio, más pleno, más fecundo” (Germán Bidart Campos, “La interpretación del sistema de los derechos humanos”, Ed. Ediar, 1994, pág. 83).
Por tanto, corresponde declarar parcialmente procedente el presente recurso, en cuanto a la implementación del Protocolo de Resguardo de Personas en Especial Situación de Vulnerabilidad en la Circunscripción Judicial N° 1 de Santa Fe.
Voto, pues, parcialmente por la afirmativa.
A la misma cuestión, la señora Ministra doctora Gastaldi dijo:
1. Se elevan a consideración de esta Corte, las postulaciones recursivas admitidas por el Tribunal Pluripersonal del Colegio de Jueces de Cámara de Apelación en lo Penal de la Primera Circunscripción Judicial -y exclusivamente- en vinculación: 1. A la normativa laboral aplicable a los internos de las unidades penitenciarias de la provincia de Santa Fe; y 2. En relación a la implementación del Protocolo para el Resguardo de Personas en Especial Situación de Vulnerabilidad (Auto de concesión, Resolución 480, 16/06/2017, Fdo. Jueces del Colegio de Cámara doctores Tizón, Mudry y Andrés).
Y en torno a estas cuestiones, adelanto que coincido sustancialmente con lo fundamentado -respecto de la normativa laboral aplicable- por el señor Ministro doctor Falistocco, por lo cual debe declararse improcedente en este aspecto.
Ahora bien, debe declararse procedente el recurso en relación a aquellos cuestionamientos que se dirigen a exigir la aplicación del Protocolo para el Resguardo de Personas en Situación de Especial Vulnerabilidad, en el ámbito de las unidades carcelarias dependientes del Servicio Penitenciario de Santa Fe -de la Circunscripción Judicial N° 1. Ello así, pues la aplicabilidad del Protocolo responde a finalidades claramente preventivas y para “casos individuales” (art. 3). Por lo que no veo inconveniente en que obligadamente se aplique el mismo a los fines de una adecuada tutela de los internos. Todo ello así, por resultar exigido e implicadas las disposiciones legales, constitucionales y convencionales, que resguardan los más esenciales y fundamentales derechos a la vida, dignidad, salud física, psíquica, y protección contra tratos crueles y degradantes (artículos 18 y 75, inc. 22, C.N.; arts. 3, 5, D.U.D.H.; 5.1, 6, C.A.D.H.; 1, 7, D.A.D.D.H.; 7, 10.3, P.I.D.C.P., ley 24660).
Razón por la cual entiendo corresponde declarar parcialmente procedente el recurso de inconstitucionalidad, implementándose para los casos que procedan el aludido Protocolo de Resguardo de Personas en Especial Situación de Vulnerabilidad en la Circunscripción Judicial N° 1.
A la misma cuestión, el señor Ministro doctor Netri expresó idénticos fundamentos a los expuestos por el señor Ministro doctor Falistocco y votó en igual sentido.
A la misma cuestión, el señor Presidente doctor Gutierrez expresó idénticos fundamentos a los expuestos por la señora Ministra doctora Gastaldi, y votó en igual sentido.
A la tercera cuestión, el señor Ministro doctor Falistocco dijo:
Atento el resultado obtenido al tratar las cuestiones anteriores corresponde: Declarar parcialmente procedente el presente recurso, implementándose para los casos que procedan el aludido Protocolo de Resguardo de Personas en Especial Situación de Vulnerabilidad en la Circunscripción Judicial N° 1 de la provincia de Santa Fe.
Así voto.
A la misma cuestión, la señora Ministra doctora Gastaldi, el señor Ministro doctor Netri y el señor Presidente doctor Gutiérrez expresaron que la resolución que correspondía adoptar era la propuesta por el señor Ministro doctor Falistocco y así votaron.
En mérito a los fundamentos del acuerdo que antecede, la Corte Suprema de Justicia de la Provincia RESOLVIÓ: Declarar parcialmente procedente el recurso de inconstitucionalidad, implementándose para los casos que procedan el aludido Protocolo de Resguardo de Personas en Especial Situación de Vulnerabilidad en la Circunscripción Judicial N° 1 de la provincia de Santa Fe.
Registrarlo y hacerlo saber.
Con lo que concluyó el acto, firmando el señor Presidente y los señores Ministros por ante mí, doy fe.
FDO.: GUTIÉRREZ – FALISTOCCO – GASTALDI – NETRI – FERNÁNDEZ RIESTRA (SECRETARIA).
Tribunal de origen: Jueces del Colegio de Cámara de Apelación en lo Penal de la ciudad de Santa Fe, doctores Feijoó, Burtnik y Reyes.
Tribunal que intervino con anterioridad: Juez del Colegio de Jueces Penales de Primera Instancia de Santa Fe, doctor Patrizi.
Hábeas corpus colectivo solicitado por Defensoría Penal Nº 1 y Fiscalía Penal -ANTA- Personas privadas de su libertad s/hábeas corpus – Corte Sup. Just. Salta – 30/06/2017 – Cita digital IUSJU018696E
032545E
