Se hace lugar al recurso extraordinario y se deja sin efecto la sentencia apelada, al concluirse que el a quo omitió valorar que las partes suscribieron un contrato de seguro de retiro con posterioridad a la determinación del daño, por lo que no parecía razonable condenar a la aseguradora a pagar un capital mayor al transferido e intereses relativos a sumas que no estuvieron en su poder. De manera que la decisión arribada adoleció de ausencia de fundamentación suficiente y lesionó las garantías constitucionales consagradas en los artículos 17 y 18 de la Constitución Nacional.
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