Se hace lugar a la demanda deducida en contra de la aseguradora de riesgos del trabajo contratada por la empleadora del actor, a fin de obtener el pago de la reparación económica de la incapacidad que padece el trabajador a consecuencia de un accidente de trabajo. Asimismo, se hace lugar al planteo de inconstitucionalidad de los artículos 21, 22 y 46 de la Ley de Riesgos del Trabajo y se los declara inaplicables en autos, en tanto sólo le asignan competencia a las Comisiones Médicas cuando la denuncia del siniestro laboral fue rechazada por la aseguradora.
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