Se confirma la sentencia que rechazó la demanda por cobro del saldo impago de la tarjeta de compra corporativa emitida para uso del presidente de la sociedad anónima codemandada, pues al encontrarse incontrovertido que la principal obligada al pago era la sociedad que solicitó la emisión de los plásticos, la previsión contractual que pretendía responsabilizar directamente a los usuarios debió redactarse de forma destacada por expresa manda legal (artículo 7 de la ley 25.065), en tanto la ley de tarjetas de crédito constituye una norma de orden público.
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