Se deja sin efecto la multa aplicada a la empresa de tarjeta de crédito, pues no surge probado que no hubiera explicado claramente la exactitud de la liquidación frente a la impugnación del consumidor. Se destaca que el deber puesto en cabeza de los prestadores del servicio de tarjeta de crédito está dirigido a brindar al usuario información adecuada, veraz, detallada y eficaz sobre el alcance de las obligaciones asumidas. No puede pasarse por alto que el usuario conocía los cargos formulados, pues sabía de antemano sobre su existencia y alcance, aunque habría procurado esquivarlos con sustento en una supuesta anulación que, aun de existir, no se corresponde con las operaciones en trato.
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