Se ordena como medida cautelar a quienes se nominan como responsables de la aplicación UBER que procedan a suspender la operatividad de la aplicación -en las distintas plataformas- dentro del plazo de 48 horas, y a los efectivos y potenciales prestadores que se adhieran y/o asocien a la misma que se abstengan de utilizarla mientras dure la tramitación del presente proceso. Ello es así porque están en debate los alcances de la intervención regulatoria y el control estatal sobre la actividad de los taxis, remises y autos con chofer mediados por el uso de las tecnologías. Máxime cuando, a juzgar por la documentación obrante en la causa, se anunció el inicio inmediato de la operatoria de UBER en la ciudad de Córdoba, por lo que era clara evidencia de la urgencia en despachar la cautelar a fin de salvaguardar el objetivo de mantener un sistema de transporte urbano integrado que, en su actual organización, aparecía prima facie como incompatible con una pretensión de plena desregulación y competencia entre sí de los operadores del mercado de transporte urbano de alquiler de autos con chofer, sin fiscalización estatal.
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