Se revoca la decisión apelada y se manda llevar adelante la ejecución contra la demandada, al juzgarse que el documento base daba cuenta de que, si bien la fecha de creación se encontraba enmendada, pero no salvada, y el perito calígrafo sostuvo que no podía determinarse cuándo se estamparon las escrituras (edad absoluta), sí logró dictaminar el orden de prelación de los trazos (edad relativa), con lo cual cabía tener por suscripto el documento en el año 2001. Además, la ejecutada -con ocasión de oponer excepciones- no denunció en ningún momento que se encontraba incapacitada para obligarse.
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