Se confirma la decisión mediante la cual el juez a quo rechazó la ejecución en forma liminar, al concluir que la base documental en la que se fundó el crédito (documento de compraventa) no configuraba título ejecutivo, por lo que resultaba insuficiente para acceder al trámite abreviado que suponía, en el que era menester que el pretensor demostrase la existencia de un derecho que pudiera ser abstraído con autonomía intelectual cuando se presentaba un contexto negocial complejo. En ese contexto, el documento aportado contenía eficacia simplemente probatoria y no aptitud constitutiva de derechos, pues no fue revestido por ley de presunción de autenticidad.
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