Se ratifica la licitud de la grabación incorporada al proceso penal por la víctima menor del delito de exhibiciones obscenas agravadas y abuso sexual, generada por aquella con el posible victimario, como así también los mensajes de whatsapp obtenidos de los teléfonos de los protagonistas, al concluirse que se trataba de una grabación legal, pues fue hecha en un ámbito donde no había expectativa de reserva -la niña no era profesional de la salud, ministro de culto, abogado, familiar cercana o amiga íntima del imputado-; fue legalmente introducida al proceso, debido a que fue provista voluntariamente por la víctima. Se dispuso que el Estado podía utilizar esta grabación, ya que negar su validez sería igual a negarla en el supuesto de que una víctima hubiera entregado una fotografía donde constaban sus lesiones, o si una víctima de un robo aportara la grabación de la vereda donde dejó su automóvil violentado.
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