En el marco de una causa penal por abuso sexual infantil, se rechaza la intervención solicitada por la presidenta de una asociación civil como amicus curiae, al considerarse que más allá de la indiscutida relevancia social de la problemática, debió justificar -y no lo hizo- que la decisión que pudiera recaer en el exclusivo marco del recurso de casación interpuesto poseía una proyección capaz de suscitar trascendencia o interés de carácter público.
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