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JURISPRUDENCIANulidad de asamblea. Legitimación activa. Transmisión de acciones
Se confirma la sentencia que admitió la excepción de falta de legitimación activa y rechazó la demanda incoada fin de que se declare la nulidad de la asamblea general.
En Buenos Aires, a 11 de junio de 2019, se reúnen los Señores Jueces de la Sala D de la Excelentísima Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial de la Capital Federal, con el autorizante, para dictar sentencia en la causa “SIGANEVICH MARIANO c/ TUTELAR BURSATIL SOCIEDAD DE BOLSA S.A. s/ORDINARIO”, registro n° 27/2010, procedente del JUZGADO N° 24 del fuero (SECRETARIA N° 47), en los cuales como consecuencia del sorteo practicado de acuerdo con lo previsto por el art. 268 del Código Procesal, resultó que debían votar en el siguiente orden, Doctores: Heredia, Vassallo, Garibotto. El doctor Gerardo G. Vassallo no interviene por hallarse en uso de licencia (RJN, 109).
Estudiados los autos la Cámara planteó la siguiente cuestión a resolver:
¿Es arreglada a derecho la sentencia apelada?
A la cuestión propuesta, el Señor Juez de Cámara, doctor Heredia dijo:
1°) El señor Mariano Siganevich, invocando la condición de accionista de Tutelar Bursátil Sociedad de Bolsa S.A., promovió la presente demanda contra esta última a fin de que se declare la nulidad de la asamblea general ordinaria celebrada en su seno el día 29/10/2009 bajo pretexto de la existencia de vicios en sus actos preparatorios, en el orden del día y en no haberse puesto tempestivamente a consideración de los accionistas los estados contables que en dicha reunión fueron aprobados, violándose el derecho de información del socio, con abuso de mayoría.
Sostuvo, además, que la demandada se negó a inscribirlo como accionista en el libro registro respectivo y le impidió la entrada a la referida asamblea, pese a que su condición de socio resultaba de la adquisición onerosa hecha por vía de cesión de los derechos hereditarios que correspondían a las herederas del señor Alberto García; derechos hereditarios que, en lo que aquí interesa, aprehendían la titularidad de ciertas acciones clase “A” representativas del 10,58 % del capital social de Tutelar Bursátil Sociedad de Bolsa S.A.
Concretamente, afirmó que su legitimación para participar en la asamblea del 29/10/2009 y para promover la presente demanda, resultaba del carácter de cesionario de la posesión de herencia que correspondía a las herederas cedentes (Yanina Noelia García, hija del causante, y Graciela Irene Lupo, cónyuge del fallecido, quien a su vez había sido previamente cesionaria de los derechos hereditarios de otro hijo del de cujus), que lo habilitaba a “… ejercer todos los derechos que le otorgaban las acciones, sin necesidad de inscripción o trámite alguno…”. . Citó lo dispuesto por los arts. 1459, 1460, 1461 y 3410 del Código Civil (fs. 13/20).
2°) La sociedad de bolsa demandada opuso al progreso de la pretensión una excepción de falta de legitimación activa, que fundó, en sustancial síntesis, en la afirmación de que el actor no había cumplido con lo dispuesto por la Circular n° 3190 dictada por Mercado de Valores de Buenos Aires S.A., extremo que se erguía como de “previo” cumplimiento para cualquier reconocimiento de aquél como accionista. Argumentó, en tal sentido, sobre la necesidad de distinguir entre la titularidad del derecho y la legitimación legal para su ejercicio. En subsidio, contestó la demanda solicitando su rechazo con variados argumentos (fs. 104/109).
3°) La sentencia de primera instancia -dictada en fs. 825/828- admitió la excepción de falta de legitimación activa opuesta por Tutelar Bursátil Sociedad de Bolsa S.A. y, en consecuencia, rechazó la demanda con costas al actor.
Para así decidir, la juez a quo sostuvo que la legitimación para ejercer los derechos inherentes a una participación societaria se obtiene a partir de que la transferencia de los títulos se inscribe en el libro registro de acciones y que, además, en el especial caso de autos, para ser inscripto como accionista de una sociedad de bolsa como la demandada debía el señor Siganevich dar previo cumplimiento a lo dispuesto por la Circular n° 3190 de Mercado de Valores de Buenos Aires S.A., nada de lo cual lucía concretado. Sobre esa base, juzgó que a la fecha de la decisión impugnada no podía el demandante considerarse accionista frente a Tutelar Bursátil Sociedad de Bolsa S.A., por lo que de acuerdo a lo dispuesto por el art. 251 de la ley 19.550, carecía de legitimatio ad causam.
Contra tal pronunciamiento apeló el actor (fs. 833, punto I), quien presentó el memorial de agravios de fs. 882/897, cuyo traslado de ley resistió la demandada a fs. 902/906.
Posteriormente, denunció el recurrente como hecho nuevo que en el juicio sucesorio de Alberto García había sido ordenada la inscripción en los registros de la demandada de la declaratoria de herederos y de las cesiones de derechos hereditarios que mencionara en su demanda (fs. 917/918). De su lado, la sociedad de bolsa accionada informó haber acatado la decisión del juez del sucesorio, sin perjuicio de haberle hecho saber a ese magistrado que su orden había soslayado ciertos controles que sobre las transferencias de acciones están actualmente a cargo de la Comisión Nacional de Valores y, dirigiéndose a esta alzada mercantil, solicitó que lo anterior debía ser tenido en cuenta para dictar sentencia (fs. 920/921).
4°) Con carácter preliminar, corresponde señalar que la apelación del demandante no cuestionó lo decidido en la instancia anterior en cuanto a que la causa debe resolverse con arreglo a las normas vigentes en el momento de los hechos objeto de debate, esto es, teniendo en cuenta la fecha del deceso del señor Alberto García (24/4/2008), de las cesiones invocadas por el actor (23/6/2005) y de la asamblea impugnada (29/10/2009), de acuerdo al derecho privado anterior a la entrada en vigencia del Código Civil y Comercial de la Nación (leyes 26.994 y 27.077) y a la sanción de la ley de Mercado de Capitales n° 26.831. Todo lo cual lleva particularmente a considerar el Código Civil de 1869, el régimen de la ley 19.550, la ley de Bolsas y Mercados de Valores n° 17.811 y la Circular n° 3190 del Mercado de Valores de Buenos Aires S.A. del 21/9/1993.
Por cierto, la sujeción a tal pretérito escenario normativo no es para nada reprochable, pues es aplicable a la especie lo dispuesto por el art. 7, párrafo segundo, del Código Civil y Comercial de la Nación, así como el criterio expresado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación según el cual “…cuando una ley ha optado por omitir toda referencia a su aplicación al juzgamiento de hechos ocurridos bajo la vigencia de la ley anterior, aquellos deben quedar sometidos a los preceptos legales imperantes en el momento en que se produjeron, ya que en esas condiciones el nuevo ordenamiento no tiene efecto retroactivo, no se proyecta hacia atrás en el tiempo, ni altera el alcance jurídico de las consecuencias de los hechos y actos realizados en su momento bajo determinado dispositivo legal, pues de lo contrario podría afectar derechos adquiridos bajo el régimen anterior…” (conf. CSJN, 28/5/1991, “Recurso de hecho deducido por la Caja Nacional de Ahorro y Seguros en autos Escudero c/ Orandi y Massera”, Fallos 314:483; CNCom. Sala D, 12/05/2016, “Calderas y Tanques La Marina S.A. s/ quiebra s/ acción de responsabilidad por la sindicatura”; CNCom. Sala E, 16/7/1998, “Lorenzo Soto y Cía. s/ quiebra c/ Lorenzo Soto y otros s/ ordinario”).
5°) Cuestiona el recurrente, obviamente, la admisión de la excepción de falta de legitimación activa opuesta por la demandada (fs. 883/886 vta., punto III.2).
No creo que le asista razón. Me explico.
(a) La ausencia de legitimación sustancial se configura cuando una de las partes no es titular de la relación jurídica sustancial en que se sustenta la pretensión, con prescindencia de que ésta tenga o no fundamento (conf. CSJN, Fallos 324:1838; 326:3206; 327:2722; 327: 2625, entre muchos otros).
En otras palabras, a través de la excepción de falta de legitimación para obrar sólo cabe analizar si quien actúa es, en principio y para el caso, la persona a quien la ley habilita para ello y, por tal razón, estar legitimado en la causa significa tener derecho a que se resuelva sobre las peticiones formuladas en la demanda, ya sea en sentido favorable o desfavorable, es decir, sobre la existencia o no del derecho material pretendido pues se trata de una condición necesaria para poder dictar sentencia de fondo (conf. Highton, E. y Areán, B., Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, concordado con los códigos provinciales – análisis doctrinal y jurisprudencial, Buenos Aires, 2006, t. 6, p. 782).
De tal suerte, la legitimación para obrar no se relaciona con la constatación del derecho de fondo a favor de la parte, sino con la aptitud para hacer un reclamo jurisdiccional frente a otro sujeto aunque pudiera ser o no infundado (CNCom., Sala D, 27/06/2017, “Yaggi Pablo Roberto c/ Federación Patronal Seguros S.A. s/ordinario”).
(b) Concordantemente, en casos como el de autos, no debe confundirse la causa fuente que da origen a la transmisión de acciones, con la transmisión en sí y los recaudos necesarios para que el adquirente quede legitimado frente a la sociedad, accionistas y terceros (conf. Rouillón, A. y Alonso, D., Código de Comercio comentado y anotado, Buenos Aires, 2006, t. III, p. 526, n° 3).
El fallecimiento de la persona humana produce la transmisión de los derechos activos y pasivos que componen su herencia a las personas que lo sobreviven, que la ley llama para recibirla; y, en particular, autoriza al cónyuge, descendientes y ascendientes a tomar posesión de “pleno derecho” de los bienes del causante, sin formalidad o intervención judicial (arts. 3279 y 3410 del Código Civil de 1869). Y, por ser ello así, no resultó necesaria la partición para que la esposa del fallecido Alberto García y sus hijos tomaran posesión de la participación accionaria que le correspondía en la sociedad demandada (conf. CNCom. Sala B, 10/4/2008, “Vindver, Rita c/ Oftalmos S.C.A. s/ ordinario”) y, con base en ello, pudieran válidamente ceder las acciones pertinentes a favor de terceros (arg. art. 3321 del Código Civil de 1869).
Ahora bien, para que la transmisión de las acciones a favor de los herederos logre oponibilidad frente a la sociedad emitente, no basta tal posesión hereditaria, sino que se requiere la sustanciación del juicio sucesorio a fin de que terminado tal proceso se pueda inscribir la transferencia en el libro de registro previsto por el art. 213 de la ley 19.550 o, como ocurre en el caso de autos, ya que se trata de acciones escriturales (fs. 461, punto “j”), en el Libro de Registro de Acciones Escriturales (art. 208, último párrafo, de la ley 19.550), al que -valga recordarlo- le son aplicables en lo pertinentes las prescripciones del citado art. 213 (conf. Roitman, H., Ley de sociedades comerciales, comentada y anotada, Buenos Aires, 2006, t. III, p. 518).
Esto es así porque (abstracción hecha del supuesto particular de las sociedades de familia), como regla el ente societario solo debe reconocer como nuevo tenedor legítimo al o los herederos declarados judicialmente o bien -si el causante hubiera otorgado testamento- a los herederos instituidos en dicho acto de última voluntad, tal como lo ha entendido reiteradamente la jurisprudencia de esta alzada mercantil, la de otros tribunales y un sector importante de la doctrina (conf. CNCom. Sala D, 12/5/2011, “Pisani, Marcelo Oscar y otro c/ Maderera Futuro S.A. s/ ordinario”; CNCom. Sala B, 22/10/1993, “Guccerelli, Liliana c/ Cira S.A. s/ sumario”; íd. Sala B, 9/6/1994, “Servia, Alfonso c/ Medyscart S.A.; íd. Sala B, 23/2/1996, “Orrade, Gabriel c/ Frigorífico del Oeste S.A. s/ sumario”, íd. Sala B, 23/9/1998, “Rodríguez, Marcela c/ Transportes Rodríguez Cozal y Cía. S.A. s/ sumario”; íd. Sala B, 10/9/2003, “Pérez de Pérez, Marcelina y otros c/ Ladder S.A. y otro s/ sumario”; S.C.Mendoza, Sala 1ª, 15/9/2008, causa n° 92.501 “T.S. p. su hijo menor A.V.C. en j. 30.848/117445 TCSB c/ AVSA s/ inc. cas.”; “Halperín, I., Sociedades Anónimas, Buenos Aires, 1974, p. 278; Gagliardo, M., Posesión hereditaria: sus alcances en la legitimación societaria, ED 208-210; Vanasco, C., Sociedades Comerciales, Buenos Aires, 2006, t. 2, p. 461; Vitolo, D., Sociedades Comerciales – Ley 19.550 comentada, Buenos Aires – Santa Fe, 2008, t. III, ps. 664 y 666/667; Gómez Leo, O. y Balbín. S., Tratado de Derecho Comercial y Empresario, Buenos Aires, 2013, t. III, ps. 91/92; Sánchez Herrero, A. y Sánchez Herrero, P., Tratado de Derecho Civil y Comercial, Buenos Aires, 2017, t. IX, ps. 810/811; Cohen, M., Transmisión mortis causae de las acciones societarias – la cuestión en las empresas de familia, DFyP, t. 2014, p. 111).
Es que si bien la posesión hereditaria de pleno derecho a favor del cónyuge, descendientes y ascendientes puede permitir un reconocimiento de la calidad de heredero respecto de la universalidad, no es suficiente para atribuir título oponible respecto de cada uno de los bienes que integran la herencia, singularmente considerados (conf. Cifuentes, S. y Sagarna, F., Código Civil comentado y anotado, Buenos Aires, 2011, t. V. ps. 471/472; Vítolo, D., ob. cit., t. III, p. 665). La oponibilidad respecto de los indicados bienes singulares, habrá de obtenerse, entonces, cumpliéndose las reglas particulares que corresponda aplicar a cada caso, entre las que cuenta, por lo que aquí importa, la aludida inscripción en el libro registro del art. 213, tal como lo prescribe el art. 215, primer párrafo, in fine, de la ley 19.550, que es regla especial frente a la normativa general sucesoria.
No ignora el tribunal la existencia de opinión adversa a la precedentemente indicada según la cual el ejercicio de los derechos de socio por parte de los sucesores del causante no se encuentra subordinado a la inscripción de la declaratoria de herederos en los registros de la sociedad, en razón de los efectos de la posesión de herencia referidos por el art. 3420 del Código Civil (conf. Res. IGJ n° 995 del 17/8/2004, “Cerrito Car S.A.” , ED 211-260; Martorell, E., Tratado de las sociedades comerciales y de los grupos económicos, Buenos Aires, 2016, t. t, p. 331; Roca, E., La trabajosa transferencia de acciones, LL 2004-C, p. 574; Roca, E., Otra vez sobre la transferencia de acciones, LL, 2009-E, p. 1217; Medina, G., Ejercicio de los derechos societarios por el poseedor hereditario, LL 1991-E, p. 107; Ignacio, G., Los principios de derecho sucesorio y las acciones de sociedad anónima, DFyP, t. 2012, p. 116; Carestia, F., La transferencia mortis causa de acciones, JA, t. 2012-II, p. 707), pero la reseñada es, en cambio, la aceptada por esta alzada, habida cuenta las razones expuestas de prevalencia de la normativa específica societaria (conf. CNCom. Sala D, 12/5/2011, “Pisani, Marcelo Oscar y otro c/ Maderera Futuro S.A. s/ ordinario”).
A todo evento, la necesidad de pasar por la inscripción a la que se refiere el citado art. 215 de la ley 19.550, se aprecia como claramente ineludible si, como en el caso ocurre, no se trata ya de la adquisición hecha iure hereditatis por los sucesores del causante, sino de la adquisición derivada alcanzada por un cesionario de ellos como lo es el actor.
Ello es así porque el cesionario de derechos hereditarios no es ni un sucesor universal del causante ni lo es de los herederos, por lo que no puede calificarse como heredero en ningún caso, sino que es un sucesor a título particular (conf. Borda, G., Tratado de Derecho Civil – Sucesiones, Buenos Aires, 2003, t. I, ps. 521/522, n° 756; misma solución en el derecho actualmente vigente: Alterini, J., Código Civil y Comercial Comentado – Tratado Exegético, Buenos Aires, 2015, t. XI, ps. 189/190); de donde se sigue, lógicamente, que no podría invocar para sí los efectos resultantes de la posesión de la herencia referida por el art. 3410 del Código Civil de1869, toda vez que tal posesión no es más que la investidura que atribuye la condición de heredero (conf. Borda, G., ob. cit., t. I, p. 304, n° 440; Bueres, A. y Highton, E., Código Civil y normas complementarias – análisis doctrinal y jurisprudencial, Buenos Aires, 2006, t. 6-A, p. 339), calidad que, por lo dicho, no puede predicarse respecto del cesionario de herencia.
Así pues, como en el caso de los propios herederos, el ente societario solo puede reconocer como nuevo tenedor legitimado al cesionario del heredero declarado, luego de que el juez de la sucesión ordene la inscripción de la cesión en el registro de accionistas, pues resulta indudable que es la inscripción de la transferencia en el registro del emisor la que transfiere la legitimación o, en otros términos, el derecho del nuevo titular al «status» de socio. El cesionario adquirente, antes de la inscripción, podrá ser propietario de las acciones pero no titular del derecho en ellas representado, de donde no está legitimado para ejercerlo (conf. CNCom. Sala B, 23/9/1998, “Rodríguez, Marcela Silvia c/ Transportes Rodríguez Cozar y Cía. S.A. s/ sumario”).
(c) En el caso de autos, recién el 19/10/2018 el juez del sucesorio del señor Alberto García ordenó inscribir la declaratoria de herederos y las cesiones de derechos hereditarios efectuadas a favor del señor Siganevich, que incluyeron 633.464,5 acciones representativas del capital de la demandada (fs. 918); y fue en estricto cumplimiento de tal orden judicial que el 4/2/2018 inscribió la demandada en sus registros al actor como cesionario de las acciones que pertenecieran a Alberto García (fs. 921).
Se colige, pues, desde el punto de vista de las normas del derecho privado de fondo aplicables en las fechas de los sucesos, que al tiempo de tener lugar la decisión asamblearia impugnada en autos, no tenía el señor Siganevich la calidad de accionista.
De donde, aparece clara su falta de legitimación para reclamar la nulidad de tal acto social (art. 251 de la ley 19.550), pues el status socii no nace sino después de la inscripción en el libro registro, que es un requisito esencial para que la adquisición accionaria sea oponible a la sociedad (art. 215, primera parte, ley 19.550; esta Sala D, 18/2/2010, “González, Osvaldo Raúl y otros c/ Cimato, Francisco Antonio y otro s/ ordinario”; Verón, A., Sociedades Comerciales, ley 19.550, comentada, anotada y concordada, Buenos Aires, 1993, t. 3, p. 532; Roitman, H., ob. cit., t. III, 681). En otras palabras, cabe insistir, mientras no hay inscripción, el cesionario es propietario de ciertos títulos, pero no accionista de la sociedad, a la cual no es oponible la trasferencia operada. Es que, frente a la sociedad anónima y frente a los terceros, el titular de las acciones es aquel a cuyo nombre figura inscripto en el libro de registro (conf. Kenny, M., Las acciones escriturales, RDCO, t. 1985, p. 130; Verón, A., Sociedades Comerciales, ley 19.550, comentada, anotada y concordada, Buenos Aires, 1986, t. 3, ps. 533 y 534 in fine), no siendo posible a ningún accionista nuevo atacar resoluciones asamblearias adoptadas con anterioridad a su ingreso a la sociedad (conf. López Tilli, A., Las asambleas de accionistas, Buenos Aires, 2001, ps. 362/363).
A esta altura, no es ocioso señalar que, si bien más brevemente, una decisión con igual orientación fue ya adoptada por esta Sala en causa anterior seguida entre las mismas partes en la que el actor impugnó otra asamblea societaria (conf. CNCom. Sala D, 28/6/2011, “Siganevich, Mariano c/ Tutelar Bursátil Sociedad de Bolsa S.A. s/ ordinario”, causa n° 67.992/2008, con cita del precedente “Pisani”).
6°) Por cierto, la conclusión expuesta no cambia sino que queda confirmada si, desde perspectiva afín pero distinta, se examina la problemática a partir de las normas especiales que regulaban la transferencia accionaria en sociedades de bolsa como la demandada.
Al respecto, cabe observar, ante todo, lo siguiente: I. Tutelar Bursátil Sociedad de Bolsa S.A. se encuentra inscripta en el registro que llevaba Mercado de Valores de Buenos Aires S.A. en calidad de sociedad de bolsa desde el 2/5/1991 (fs. 438); II. La demandada y, lógicamente, sus socios, están sujetos a los reglamentos bursátiles aplicables y en particular a los que fijaban en la época que aquí interesa las condiciones de admisión, idoneidad, solvencia moral y responsabilidad material que han de reunir los socios de las sociedades de bolsa que no sean agentes de bolsa (art. 44, segundo párrafo, de la ley 17.811); y III. El estatuto de Mercado de Valores de Buenos Aires S.A. determinaba su facultad para “…fijar los requisitos y condiciones que deben cumplir, para ser inscriptos en los Registros del Mercado y autorizados a desempeñarse como tales… las Sociedades de Bolsa, incluidos sus accionistas…” (arts. 1° y 3°, inc. “a”, de su Estatuto Social, inscripto en el Registro Público de Comercio el 19/11/1929 y modificaciones).
Pues bien, el “iter” transmisivo de las acciones invocadas por el actor en su demanda estaba sujeto a un doble andarivel: por una parte, el propio y general resultante de la ley de circulación que correspondía a tales títulos según las normas de fondo ya examinadas en el considerando anterior; y por el otro, el que resultaba de la reglamentación especial del mercado bursátil.
Con relación al último, al tiempo de las cesiones, regía la ya mencionada Circular n° 3190 sobre “…disposiciones relativas a la aprobación de accionistas de las Sociedades de Bolsa…”, dictada por el directorio de Mercado de Valores de Buenos Aires S.A.
Tal Circular disponía en su punto “E” que “…Toda modificación de la titularidad accionaria de una Sociedad de Bolsa sólo podrá llevarse a cabo previa aprobación de este Mercado de Valores de Buenos Aires S.A. en cumplimiento de lo mencionado en A.1…”.
A su vez, en el indicado punto “A.1.” se ordenaba que previamente a la aprobación por Mercado de Valores de Buenos Aires S.A. de las transferencia de acciones correspondientes a sociedades de bolsa, debía “…todo accionista…” acreditar “…los antecedentes económicos y patrimoniales necesarios que respalden la integración de su participación accionaria…”.
Y, seguidamente, refiriéndose a las personas físicas, la Circular n° 3190 establecía que debían “…presentar una manifestación en carácter de declaración jurada en la que harán constar que no se hallan comprendidos en los impedimentos mencionados en el artículo 27 del Reglamento Interno…” de Mercado de Valores de Buenos Aires S.A. (punto “A.2”), esto es, que no se tratase de sujetos a los cuales se les hubiera cancelado la matrícula de Agente de Bolsa o se hallasen comprendidos en las causales de inhabilidad o incompatibilidad para desempeñar dicha actividad previstas en los incisos a, b y c del art. 42 de la ley 17.811, y en el inciso g, último párrafo, e inciso i, apartado 5°, del art. 3 del Reglamento Interno del Mercado (cit. art. 27 del Reglamento Interno, inscripto en el Registro Público de Comercio el 10/2/1989).
Ciertamente, el demandante no controvirtió estar sujeto a las disposiciones precedentemente indicadas. Tampoco mencionó haber sido eximido por el directorio de Mercado de Valores de Buenos Aires S.A. de cumplir con alguno o todos de los indicados requisitos, extremo que, en su caso, valga destacarlo, solamente habría estado habilitado para supuestos ajenos al sub lite (punto “F” de la Circular n° 3190), lo que brinda natural consistencia a la respuesta dada en fs. 438 por dicha entidad en el sentido de que “…a la mencionada Firma de Bolsa le resultan de aplicación las disposiciones contenidas en la Circular Nro. 3190…”.
Argumenta el actor, empero, que resultaba obligación del directorio de Tutelar Bursátil Sociedad de Bolsa S.A. informar todo cambio de su titularidad accionaria a Mercado de Valores de Buenos Aires S.A., y por ende, requerirle a él como cesionario de una participación societaria la entrega de la información y/o documentación que resultaba necesaria para que la entidad pudiera expedirse sobre la aprobación de la transferencia de acciones respectiva. Señala, asimismo, que su parte sólo tenía obligación de cumplir las disposiciones de la Circular n° 3190 a requerimiento de la demandada, a quien además, dice, le incumbe la carga de la prueba contraria, nada de lo cual aprecia concurrente en el caso examinado (fs. 885 vta.).
No comparto tal punto de vista.
Como fue visto, la citada Circular n° 3190 impuso determinadas cargas de acreditación a “…todo accionista…” y, en particular, cuando se trata de personas físicas, la de presentar una declaración jurada con determinadas características.
No son cargas que hayan sido impuestas a las sociedades de bolsa, sino a los socios de ellas o a quienes pretenden ser admitidos como tales en los términos del art. 44, segundo párrafo, de la ley 17.811; términos que claramente eran los reglamentados por las previsiones de la mencionada Circular n° 3190.
La sociedad de bolsa, en su caso, solo actuaba como una intermediaria entre el accionista (o pretenso socio) y Mercado de Valores de Buenos Aires S.A. (véase el informe de esta última obrante a fs. 438, tercer párrafo), pero la cargas impuestas por la Circular n° 3190 eran de aquél y no de la sociedad de bolsa, de donde se infiere que no resulta razonable que el incumplimiento de la obligación de gestionar los trámites concernientes a la inscripción de la cesión de acciones pueda ser reprochado a la demandada.
Mirando su naturaleza, se trataba del cumplimiento de formalidades impuestas en el interés propio antes que en el ajeno, cuya inobservancia perjudica al propio interesado (sobre el concepto jurídico de “carga” con el alcance indicado, véase: Carnelutti, F., Teoría general del derecho, Editorial Revista de Derecho Privado, Madrid, 1941, ps. 188/190, nº 92; Candian, A., Instituciones de Derecho Privado, UTEHA, México, 1961, p. 29, nº 21). Ello es así, pues la libertad conferida al titular del interés, mediante la facultad o el derecho subjetivo, para gozar y disponer, puede estar vinculada a otro deber que le exija, para obtenerla o para ejercitarlo, algo más de lo estrictamente necesario para su ejercicio, y que tiene su fundamento en el interés público relacionado con el interés privado (conf. Carnelutti, F., op. cit., loc. cit.).
Empero, por lo que toca al caso, no hay constancia de que el actor hubiera cumplido en momento alguno con las cargas resultantes de la Circular n° 3190 que, se insiste, hacían a su propio interés y también, obviamente, al interés público comprometido en el control sobre los actores del mercado bursátil.
Ciertamente, la necesidad de tal “previo” cumplimiento no era ignorada por el actor, a punto tal que al tiempo de contestar la excepción de falta de legitimación activa reconoció que debía “…acreditar frente al MERVAL antecedentes económicos y patrimoniales…” (fs. 118). No obstante, se empecinó en no cumplir lo propio hasta el día de hoy bajo un argumento que, por lo antes expuesto, no puede ser aceptado, cual fue que “… si bien es el accionista quien debe acreditar frente al MERVAL la acreditación de su integración, es el directorio quien ejecuta estos actos y quien se encuentra a cargo de impulsar estos trámites…” (fs. 119 in fine y vta.). Es decir, sin dar concreción al aporte documental que era de su exclusiva incumbencia (explicación de antecedentes económicos y patrimoniales necesarios que respalden la integración de su participación accionaria y declaración jurada antes referidos), intentó trasladar las consecuencias de su propio incumplimiento a la demandada que, como se dijo, solo podía actuar como intermediaria entre él y Mercado de Valores de Buenos Aires S.A. y que, obviamente, nada podía hacer si no le era allegado ese aporte documental que constituía un imprescindible “prius” para eventualmente obtener la aprobación de la transferencia accionaria por dicha entidad. Antes bien, si la demandada hubiera procedido voluntariamente a inscribir la transferencia sin contar con la aprobación “previa” referida por la Circular n° 3190, habría incurrido en falta porque la llevanza del libro de registro de acciones no se agota en la función material de respetar un adecuado tracto registral, sino que conlleva también el deber de analizar la legitimación de quien requiere el acto para así efectuar la anotación sin culpa grave o dolo, evitando incurrir en responsabilidad (conf. CNCom., Sala B, 26/10/2016, “Borelli, Avelino Oscar c/ Electrosistemas S.A.S. y otros s/ ordinario), siendo por ello que incluso el registrador puede oponerse a la toma de razón cuando hubieran dudas sobre la autenticidad del contrato de transferencia o violación de las normas estatutarias, reglamentarias o legislativas que impongan ciertas restricciones o limitaciones a la transferencia de acciones (Richard, E., Acciones escriturales, RDCO, t. 1984, p. 96).
Ahora bien, la pasividad u omisión que el actor mostró respecto del cumplimiento de cargas resultantes de la reglamentación bursátil no parece haber sido considerada por el juez del sucesorio de Alberto García, pues tal magistrado dio a la sociedad demandada la orden de inscribir las cesiones de derechos hereditarios continentes de las acciones en cuestión, sin exigir la previa aprobación de la transferencia accionaria por parte de la autoridad de control bursátil según las normas en vigor al tiempo de su decisión, esto es, prescindiendo completamente de la previa aprobación de la Comisión Nacional de Valores referida por el art. 9° del Reglamento Interno de Bolsas y Mercados Argentinos S.A. (continuadora de Mercado de Valores de Buenos Aires S.A.), aprobado por la Resolución CNV n°18.425 del 29/12/2016.
En ese marco, el actor ha obtenido a través de la apuntada decisión jurisdiccional un resultado práctico que es el fruto de eludir el cumplimiento de normas imperativas, por lo que se impone someter el acto a la norma eludida (art. 12, segundo párrafo, del Código Civil y Comercial de la Nación), de acuerdo a lo pedido en fs. 921 vta.
A ese fin, no pudiendo este Tribunal desconocer la orden dada por el juez del sucesorio, solo le corresponde declarar, desde la perspectiva indicada, que la legitimación del actor para actuar como accionista de la demandada, sólo podrá ser aceptada después de que obtenga la aprobación de la autoridad de control bursátil que ha omitido. Es que la orden judicial indicada, que a todas luces prescindió de considerar la necesidad de esa “previa” aprobación, no implicó, desde ya, eximir al actor de lograrla en lo futuro, ello incluso como conducta exigible derivada del debido acatamiento que todo accionista de la demandada ha de prestar, según los propios estatutos de esta última, a las reglas bursátiles aplicables (fs. 365/366, cláusula 22ª, de los estatutos de Tutelar Bursátil Sociedad de Bolsa S.A.).
Evidentemente, si de todo ello se deriva algún perjuicio para el demandante sólo a él le es imputable, cabiendo recordar, en tal sentido, que es inadmisible el agravio cuando la pérdida que se experimenta proviene de la discrecional conducta observada por el litigante (conf. CSJN, Fallos 256:371; 258:126; 299:259; 263:51; 266:274; 268:102; 275:218; 280:395).
7°) De acuerdo a lo desarrollado se impone el rechazo del recurso deducido por el actor, pues la calidad de socio requerida para dar curso a la acción no luce debidamente acreditada.
Teniendo ello en cuenta, las restantes argumentaciones que pueden leerse en la expresión de agravios referentes al contenido del acto asambleario impugnado son irrelevantes para decidido. Las dejaré a todas ellas de lado porque los jueces no están obligados a seguir a las partes en cada uno de los planteos, sino solamente en aquellos que estimen pertinentes para la correcta composición del litigio (conf. CSJN, Fallos 258:304; 262:222; 272:225; 278:271; 291:390; 297:140; 301:970, entre otros).
8°) Al fallar la causa seguida entre las misma partes n° 67.992/2008 y confirmar, como ahora acontece, la admisión de la excepción de falta de legitimación activa que allí se le opusiera al actor, esta Sala decidió distribuir las costas de ambas instancias en el orden causado. Ello tuvo lugar el 28/6/2011 y fue consentido por el señor Siganevich.
Sin poder ignorar el apuntado criterio adverso de esta alzada mercantil, el actor siguió, no obstante, litigando desde entonces con argumentos de derecho de fondo que sabía no serían aceptados y lo hizo, además, en un escenario signado por la aplicación de normas bursátiles específicas que tampoco observó tempestivamente.
En esas condiciones, más allá de la existencia de doctrina que en el primer aspecto le podía ser favorable, claramente se obstinó en mantener una actividad jurisdiccional a sabiendas de su seguro rechazo, actitud equivalente a la de litigar sin razón suficiente.
Por ello, para decidir sobre las costas, no hay motivo para apartarse del principio objetivo de la derrota que consagra, como regla, el art. 68 del Código Procesal (conf. Palacio, L. y Alvarado Velloso, A., Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, explicado y anotado jurisprudencial y bibliográficamente, Santa Fe, 1989, t. 3, p. 85), lo que implica, justamente, que el peso de las expensas del juicios deba debe ser soportado por quien provocó una actividad jurisdiccional sin razón suficiente (conf. Fassi, S., Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, t. 1, n° 315, Buenos Aires, 1971).
De tal suerte, la costas de la instancia de revisión deben quedar a cargo del demandante.
9°) Por lo expuesto, propongo al acuerdo confirmar la sentencia apelada, con costas de alzada a la parte actora (art. 68, primera parte, del Código Procesal).
Así voto.
Los señores Jueces de Cámara, doctores Vassallo y Garibotto adhieren al voto que antecede.
Concluida la deliberación los señores Jueces de Cámara acuerdan:
(a) Confirmar la sentencia apelada, con costas de alzada a la parte actora (art. 68, primera parte, del Código Procesal).
(b) En lo que concierne a las apelaciones de honorarios, cabe destacar inicialmente que, conforme los argumentos expuestos en un caso análogo (esta Sala, 13/3/2018, “Skillmedia S.R.L. c/ Estudio ML S.A. s/ Ordinario”, expte. n° 36208/2015), la presente regulación de honorarios habrá de efectuarse con el arancel vigente al momento en que las tareas profesionales, objeto de retribución, fueron cumplidas.
Sentado lo anterior, debe señalarse que si bien no ha sido cuestionado lo meritado en la sentencia de grado respecto a que la demanda de autos es de «monto indeterminado», tal circunstancia no impide considerar, de manera prudencial y como referencia a los fines aquí propuestos, las sumas que, a los fines impositivos y fiscales, acordaron las partes en las cesiones de derechos hereditarios que invocó el actor en su demanda (fs. 8 y 11 del expte. n° 67.992/2008).
Dicho todo ello, en atención a la naturaleza, importancia y extensión de las labores de los profesionales intervinientes, corresponde: elevar a las sumas de $ 163.400 (pesos ciento sesenta y tres mil cuatrocientos), $ 51.500 (pesos cincuenta y un mil quinientos), $ 7.700 (pesos siete mil setecientos) y $ 20.100 (pesos veinte mil cien) los honorarios de Christian Richter, Ana Cecilia Alonso, María Luján Gallego y Marcos Nazar Anchorena, respectivamente; por estar apelados solo por altos, confirmar en las sumas de $ 1.300 (pesos mil trecientos), $ 1.900 (pesos mil novecientos) y $ 1.000 (pesos mil) los honorarios de Martín A. Cafoncelli, Lisandro A. Allende y la perito contadora Vanesa Vázquez, respectivamente; elevar a las sumas de $ 32.600 (pesos treinta y dos mil seiscientos) y $ 11.400 (pesos once mil cuatrocientos) los honorarios de Christian Richter por las incidencias resueltas a fs. 141/142 y 690/691, respectivamente (arts. 6, 7, 9, 10, 33, 37 y 38 de la ley 21.839; y dec. ley 16.638/1957). En tanto no se advierte que María Luján Gallego haya intervenido en las incidencias mencionadas, corresponde dejar sin efecto la retribución fijada a su favor.
Por último, por los escritos de fs. 902/906 y 921, se fijan en 7,22 UMA, equivalentes a la fecha a $ 14.981,50 (pesos catorce mil novecientos ochenta y uno con cincuenta centavos) y en 20,28 UMA, equivalentes a la fecha a $ 42.081 (pesos cuarenta y dos mil ochenta y uno) los emolumentos de Christian Richter y Javier Bernardo Stier Rosner, respectivamente (art. 30 de la ley 27.423 y Acordada n° 8/2019).
Notifíquese y una vez vencido el plazo del art. 257 del Código Procesal, devuélvase la causa al Juzgado de origen.
Cúmplase con la comunicación ordenada por la Excma. Corte Suprema de Justicia de la Nación (Ley 26.856 y Acordadas 15/13 y 24/13).
Pablo D. Heredia
Juan R. Garibotto
Julio Federico Passarón
Secretario de Cámara
043812E
