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JURISPRUDENCIASuspensión de asamblea. Suspensión cautelar. Finalidad. Orden del día. Asamblea general ordinaria. Club de campo
Se confirma la resolución que suspendió preventivamente ciertos puntos del orden del día de la asamblea general ordinaria de accionistas, como así también en lo que respecta a la aprobación de la gestión del directorio, en tanto responsable por sus conductas y omisiones lesivas, al arribar a tal solución luego de considerar los postulados de un pleito anterior y del presente como aristas sucedáneas de un mismo conflicto, de modo tal que aparecía imprescindible concatenar lo actuado en ambos. Así, se advirtió que en los estados contables aprobados en el acto cuya nulidad se perseguía se habrían contabilizado conceptos que habrían sido también objetados -por erróneos, inexactos, irregulares y/o falsos- en los estados contables del ejercicio económico anterior cuya ejecución quedó provisionalmente suspendida por imperio del artículo 252 ley de sociedades comerciales.
Buenos Aires, 19 de marzo de 2019.
Y Vistos:
1. Apeló la parte demandada la resolución copiada en fs. 1/7 por medio de la cual el magistrado de grado admitió parcialmente la medida cautelar solicitada por la actora, suspendiendo preventivamente los puntos 2 y 3 del orden del día de la Asamblea General Ordinaria de accionistas de Club de Campo La Emilia SA celebrada en fecha 22.09.2017.
Básicamente juzgó el a quo que la actora, nuevamente, no habría contado con la documentación establecida por el art. 234 inc. 1° de la LGS a efectos de concurrir a las asambleas cuestionadas, tal como habría sucedido en la asamblea del 29.4.2016 cuyos efectos fueron suspendidos de modo cautelar en el marco de expediente de igual carátula n° 15443/2016, en el que se entendió transgredido el derecho de información que la ley societaria le otorga al socio. Ponderó asimismo, que el antecedente necesario para la confección del balance correspondiente al ejercicio finalizado el 31.12.2016 resultaría ser aquel cuya aprobación social fue suspendida preventivamente en la causa homónima mencionada, decisión que se encuentra firme, razón por la cual estos estados contables carecerían de sustento necesario para su realización, el cual consistiría en aquellos debidamente analizados y aprobados. En función de ello y como consecuencia necesaria, suspendió la aprobación de la gestión del directorio.
2. Los fundamentos del recurso fueron expuestos en fs. 41/45 y contestados por la actora en fs. 65/74.
3. En primer lugar, advierte esta Sala que los agravios presentados no contienen una crítica concreta y razonada del fallo, de conformidad con lo que estatuye el CPr. 265.
Es que los dichos de la quejosa reflejan un mero criterio discrepante que desatiende un adecuado tratamiento de las cuestiones específicamente consideradas por el a quo, omitiéndose desarrollar una autosuficiente línea argumental, que confiera sustento a la pretensión recursiva.
4. No obstante ello, soslayando el aludido obstáculo procesal y analizando los agravios, en pos de un mayor resguardo del derecho de defensa, igualmente el recurso merece ser rechazado.
a. A modo introductorio, cabe recordar que las atribuciones judiciales para decretar la suspensión de una asamblea impugnada se condicionan, básicamente: (i) a la petición de un sujeto legitimado al efecto, (ii) a la existencia de motivos graves y, (iii) a la inexistencia de perjuicios para terceros (Sala A, 22.6.82, «Marcanti Héctor L. c/ Empresa de Transportes General Roca», JA, 1983-I, Síntesis p. 135, índice, fallo cit. Por Halperín-Otaegui, Sociedades Anónimas, Buenos Aires, 1998, pág. 779; Sala B, 31.10.83, «Milrud Mario c/ The American Rubber Co. SRL»; Sala E, 10.2.87, «La Gran Provisión S.A. c/ Meili y Cía. S.A. s/ inc. med. cautelares»; 30.3.95, «Galante Bernardo c/ Aerolíneas Argentinas S.A.»). Un significativo cúmulo de precedentes judiciales, ha requerido también en orden a autorizar la procedencia de medidas cautelares innovativas, la configuración de un cuarto requisito -amén de la verosimilitud del derecho invocado, el peligro en la demora y la contracautela- cual es la posibilidad de que se consume un daño irreparable (cfr. cita 20 en «Impugnación de actos y decisiones asamblearias, resoluciones directoriales y aspectos conexos», de Ramiro G. Viñal, pág. 237, Ed. Heliasta, 2007). Sobre el punto, autorizada doctrina precisó que la consideración del periculum in mora implícitamente previsto en el inciso 2° del art. 230 CPCC, cubría con sobrada amplitud la extensa gama de daños involucrados en el otorgamiento de la medida (cfr. Palacio, Enrique L. «La venerable antigüedad de la llamada medida cautelar innovativa y su alcance actual», Rev. de Derecho Procesal, T. I, p. 112, Ed. Rubinzal Culzoni, 1998).
Vinculando las consideraciones generales relativas a las medidas precautorias conservatorias con la temática específica, debe reconocerse la existencia de disenso acerca del alcance que debe darse a la expresión motivos graves que refiere la LSC: 252.
Cualquiera que sea la posición que se adopte sobre este aspecto, parece claro que -en los límites en que la cuestión puede actualmente juzgarse- la facultad que el ordenamiento societario confiere al juez para decidir la suspensión de los acuerdos sociales impugnados persigue una doble finalidad de protección: (i) conjurar el eventual perjuicio individual y (ii) evitar la consumación de actos lesivos del interés social.
Ambos extremos han sido materia de expresa invocación en el caso en la presentación inicial aquí obrante en fs. 77/106.
Debe tenerse en cuenta por otra parte, que a la ley no escapa la posibilidad de que mantener una decisión asamblearia en estado de latencia pueda implicar perjuicio para el ente cuya voluntad se formó en la reunión de socios; antes bien, para conjurar tal estado de situación impone la prestación de contracautela por los eventuales daños que la medida pueda causar a la sociedad (esta Sala F, 25.10.2018, “Risso, Leandro Antonio c/ S.V. Comunicación S.A. s/ordinario”).
Dicho ello, se reconoce que esta Sala ya ha asumido criterio sobre la factibilidad de suspender judicialmente la aprobación de los estados contables in re: «Craig Garry Patrick c/Panoceanica SACII A y otros s/incid. de apelación» del 27/5/2010 y «Marago José c/Gas Trelew Sa y otros s/ordinario» del 25/8/2011, ambos con disidencia de la Dra. Tevez.
b. Pues bien, en el expediente homónimo (n° 15443/2016) se promovió la impugnación judicial de la decisión asamblearia del 29.4.2016 que, en lo que aquí interesa apuntar, aprobó los estados contables cerrados al 31.12.2015 y la gestión del directorio (v. fs. 126/158 de dicho pleito).
Por los argumentos vertidos en el pronunciamiento de fs. 163/166, el magistrado de grado hizo lugar a la medida cautelar pedida por la Sra. Tome Fuentes y decretó la suspensión preventiva de los efectos de la decisión adoptada en la asamblea antes referida. Concretamente, puntos 2° y 3° del orden del día, relacionados con la aprobación de la documentación contable del art. 234 de la LGS por el ejercicio finalizado el 31.12.2015 y, la aprobación de la gestión del directorio, respectivamente. Tal decisorio se encuentra firme.
Así entonces, puede avizorarse a esta altura que los postulados de aquel pleito y del presente no resultan sino aristas sucedáneas de un mismo conflicto, de modo tal que aparece imprescindible concatenar lo actuado en ambos. Véase que en los estados contables aprobados en el acto cuya nulidad aquí se persigue se habrían contabilizado conceptos que habrían sido también objetados -por erróneos, inexactos, irregulares y/o falsos- en los estados contables del ejercicio económico anterior cuya ejecución quedó provisionalmente suspendida por imperio del art. 252 LSC (v. acta de fs. 61vta.).
Con lo cual, un criterio de prudencia aconseja la ratificación de la solución brindada en la anterior instancia, sin que de ningún modo pueda tomarse como adelantamiento indebido de opinión de lo que habrá constituir materia de ulterior tratamiento.
No empece a lo dicho la nueva asamblea celebrada con posterioridad -el 21.5.2018-, máxime cuando la actora ha manifestado expresamente haber impugnado judicialmente la misma (v. fs. 68vta.).
Ello así ya que, en definitiva, en la asamblea aquí cuestionada el letrado de la actora al momento de darse tratamiento al punto segundo del orden del día expuso que “… no corresponde el tratamiento de los Estados Contables de la Sociedad por el ejercicio económico cerrado al 30 de Diciembre de 2016 toda vez que éstos fueron confeccionados sobre la base de Estados Contables de 2015 que, actualmente, se encuentran impugnados y cuya aprobación se encuentra judicialmente suspendida en virtud de lo resuelto en los autos caratulados “Tome Fuentes María Florencia c/ Club de Campo LA Emilia SA s/ ordinario”, Expte. N° 15443/2016 …”, sin perjuicio de lo cual, la moción de “no tratamiento” de la cuestión de la actora fue desechada y tal punto fue votado favorablemente por los restantes socios.
En función de ello, como se dijo, ha de concluirse, prima facie al menos y en el escueto marco de cognición que es dable esperar aquí, que los vicios detectados en aquella oportunidad fueron arrastrados a esta nueva reunión.
Con consecuencia de ello y en función del contexto descripto, ha de confirmarse también la suspensión de lo decidido en lo que respecta a la aprobación de la gestión del directorio, en tanto responsable por sus conductas y omisiones lesivas.
Finalmente, debe recordarse que en la consideración de esta materia, no cabe exigir de los magistrados un examen de certeza sobre la existencia del derecho pretendido, sino tan sólo de su verosimilitud. Es más, el juicio de verdad se encuentra en oposición a la finalidad del instituto cautelar, que no es otra que atender a aquello que no excede del marco de lo hipotético, dentro del cual, asimismo, agota su virtualidad (conf. C.S.J.N Fallos 327:849; 327:2738; 327:3202).
Es que, como fue dicho, por encima de cualquier consideración que pudiera hacerse en tiempo procesal oportuno respecto de la intensidad de los vicios alegados por el actor y su eventual sanción, lo cierto es que no puede soslayarse que podría llevar razón la aquí peticionante en su planteo, razón por la cual, un criterio de prudencia aconseja la ratificación de la solución brindada en la anterior instancia.
5. Por ello, se resuelve:
Confirmar lo decidido en el pronunciamiento apelado, con costas (CPr: 68).
Notifíquese (Ley N° 26.685, Ac. CSJN N° 31/2011 art. 1° y N° 3/2015), cúmplase con la protocolización y publicación de la presente decisión (cfr. ley N°26.856, art. 1; Ac. CSJN N°24/13 y N°6/14) y devuélvase a la instancia de grado.
Alejandra N. Tevez
(en disidencia)
Ernesto Lucchelli
Rafael F. Barreiro
María Julia Morón
Prosecretaria de Cámara
Disidencia de la Dra. Alejandra N. Tevez:
Como ya he tenido oportunidad de sostener en diversos precedentes de esta Sala, no concuerdo con la solución que propician mis distinguidos colegas en torno a la posibilidad de suspender provisionalmente -con el alcance que sienta el art. 252 de la L.S.- las decisiones asamblearias que aprueban estados contables, temática sobre la cual la jurisprudencia de esta Cámara exhibe posiciones contrapuestas.
Así, existen precedentes que sostienen: “en principio, resulta susceptible de suspensión cautelar la decisión asamblearia que aprueba los balances en tanto la importancia que tienen en cualquier empresa y que cobran especial significado en la sociedad anónima para los socios y los terceros por su triple función de hacer conocer el estado patrimonial de la sociedad, asegurar la integridad del capital con la realización de amortizaciones y formación de reservas, etc.; dar a conocer los negocios sociales y, su consecuencia, la distribución de utilidades o la distribución de las pérdidas” (CNCom., Sala B, “Eurodale S.A c. Univista S.A.”, del 13.04.05, con cita de Halperín, Isaac, “Sociedades Anomima”, Segunda edición, 1978, p. 468 y ss.).
La postura contraria sostiene que: “las decisiones asamblearias que simplemente aprueban los estados contables de un ejercicio resultan insusceptibles de ser suspendidas, dado que la virtualidad se agota en la resolución misma, sin que exista materia alguna que permita hablar de la ejecución de la decisión respectiva” (CNCom., Sala E, “Schettini Juan c/ Oblimento s/ expte. Separado”, del 13.12.95; id. id., “Testori Eoverto Elias s/suc. V. SKE SACCIFA y M y otro s/medida cautelar”, del 25.05.98; CNCom., Sala A, “Culini Mario c/Sagima S.A: s/ordinario”, del 28.06.07; id.id., “Quirini Leticia c. Díaz y Querini S.A.C.I. s/ordinario” del 25.10.07; id. id., “Armor S.A. c/Armor Latina S.A.”, del 11.12.08.; CNCom., Sala “C”, “Fridman Gerardo c/Pullmania Argentina S.A.”, del 2.04.90; “Parola de Alcoba María c/La Holando Sudamericana Cia. de Seguros S.A.”, del 29.12.95,; Íd. “Sala B, “Carloni, Aladino Eusebio c/ A Campo Traviesa SRL”, del 29/9/2013 entre otros).
Adhiero a esta segunda postura que rechaza que la aprobación de los estados contables sea susceptible de suspensión, tal como lo expuse -reitero- en precedentes anteriores, donde dejé sentado mi criterio disidente con los entonces firmantes (Cfr. esta Sala el 27/5/2010, “Craig Garry Patrick c/ Panoceánica SACI A y otros s/ inc. de apelación- art 250”, expte n° 8320/2010; ídem 25/8/2011 “Marago José c/ Gas Trelew S.A y otros s/ ordinario”, expte n° 22006/2010). Ello así, con el argumento adicional referido a que es dable presumir que serán mayores los perjuicios que la suspensión puede irrogar a la sociedad, frente a los que puedan ocasionarse de mantener vigente su aprobación.
En efecto, la parálisis de la decisión es susceptible de generar graves inconvenientes en el giro ordinario, en la gestión del ente y, en general, en todo aspecto que refiera a la toma de decisiones en el seno de la sociedad.
Tales trastornos sociales no son sólo susceptibles de generar perjuicios en las relaciones internas del ente: también pueden engendrarlos en las relaciones de la sociedad para con los terceros, con aptitud para frustrar un sinnúmero de operaciones comerciales.
Ha sido dicho incluso que las implicancias de la suspensión de la ejecución de la solución asamblearia pueden no sólo lesionar los intereses de la sociedad -de allí su carácter excepcional y restrictivo- sino también los intereses de los terceros que contrataron con ella, sobre los cuales no pueden recaer las consecuencias de los problemas que se suscitan entre los integrantes de la sociedad (CNCom., Sala “A”, “Serafica Martini Mario c/Alta Salud S.R.L. s/ ordinario s/ inc. de apelación”, del 20.12.97).
Tal conclusión me coloca en los requisitos necesarios para la procedencia de la medida prevista en el art. 252 de la L.S.; en particular, aquel referido a la existencia de un motivo grave.
En definitiva, considero que: a) las decisione s asamblearias que aprueban estados contables no son susceptibles de ser suspendidas en los términos de la LSC: 252 (cfr. CNCom., Sala C, 29.12.2010, «Biedma Cristian c/ Biedma Carlos Ignacio»; Verón, Víctor Alberto, «La suspensión de las resoluciones aprobatorias de estados contables», en Rev. del Der. Com. del Consumidor y la Empresa», año II, número 3 junio 2011, pág. 201; Farina, Juan M., Errepar, «Doctrina Societaria y Concursal», enero 2010, pág. 10); y, b) el daño que es pasible de generar a la sociedad la suspensión de la aprobación de los estados contables, es mayor que el mismo perjuicio que mediante la suspensión se pretende evitar.
Por ello, juzgo que corresponde revocar lo decidido en el grado en cuanto suspendió preventivamente los puntos 2 y 3 del orden del día de la asamblea celebrada en fecha 22.9.2017, en tanto no aparecen configurados los motivos graves requeridos para su procedencia.
Alejandra N. Tevez
María Julia Morón
Prosecretaria de Cámara
Ley 19550 – BO: 25/04/1972
037331E
