Se declara procedente el recurso extraordinario y se deja sin efecto la sentencia apelada, en cuanto concedió la detención domiciliaria a quien fue condenado a la pena de prisión perpetua, al concluirse que el a quo no debió disponer esa medida excepcional sin antes haber corroborado que el Servicio Penitenciario no pudiera garantizar que el interno recibiera la atención médica necesaria para resguardar su salud. En particular, en tanto no existía una situación de urgencia por la cual se debía considerar que la salud o la vida del interno corrían un peligro inminente y que, en consecuencia, debía adoptarse esa decisión con premura, aun cuando se careciera de una información que resultaba decisiva.
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