Se hace lugar a la demanda por daños y perjuicios interpuesta por el actor contra el Servicio Penitenciario Federal, en virtud de haberse acreditado el ejercicio irregular del servicio brindado por el Estado Nacional en el establecimiento penitenciario de Ezeiza, pues la seguridad, como deber primario del Estado, no solo importa resguardar los derechos de los ciudadanos frente a la delincuencia, sino también, como se desprende del citado art. 18 CN, los de los propios penados, cuya readaptación social se constituye en un objetivo superior del sistema al que no sirven formas desviadas del control penitenciario.
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