Se hace lugar al pedido de arresto domiciliario formulado por la defensa del imputado, al acreditarse -conforme informes médicos- las numerosas afecciones que presentaba el interno, las cuales requerían el seguimiento periódico de una variedad de especialidades médicas. Asimismo, se indicó que el Estado no estaría en condiciones de asegurar al detenido su atención en tiempo apropiado en caso de que sobrevenga una nueva emergencia de salud que podían agravar su cuadro como de hecho sucedió dentro del establecimiento penitenciario. Por lo que el riesgo que podía ser neutralizado mediante alternativas razonables que armonizan todos los aspectos en pugna.
Arresto domiciliario procedencia interno enfermo derechos humanos establecimientos penitenciarios responsabilidad del estado penas crueles
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