Tiempo estimado de lectura 4 minutos
Mis documentos Documentos Relacionados
JURISPRUDENCIA
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 30 días del mes octubre de 2020, se reúnen en acuerdo los jueces de la Sala VIII de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo para dictar sentencia en la causa del epígrafe, y, de acuerdo con el resultado del sorteo realizado, proceden a votar en el siguiente orden:
EL DOCTOR VICTOR A. PESINO DIJO:
I.- Apela la parte actora la sentencia de grado que desestimó la declaración de nulidad del despido solicitada y, consecuentemente, su reincorporación al puesto de trabajo.
Disconforme con la regulación de sus honorarios se presenta el perito contador.
II.- El pronunciamiento de grado se sostiene en la falta de acreditación de los hechos invocados como causa del despido, calificado como discriminatorio. Ellas fueron el estado de salud y la condición de activista.
Ante ello insiste el actor, reclamando la inversión de la carga de la prueba, por haberse invocado la aplicación de la Ley 23592.
El punto fue considerado y analizado en grado. Se explicó allí que la carga dinámica de la prueba rige, a partir de que el reclamante demuestre que posee las características personales que estima motivantes del ataque.
En el caso, ello quiere decir que el actor debió haber demostrado que efectivamente padecía una enfermedad pulmonar y que desarrollaba, dentro del ámbito laboral, una actitud compatible con la de un militante del Partido Obrero o con la de un representante sindical.
La Señora Juez de grado entendió que ello no sucedió y la presentación en tratamiento no conmueve lo decidido.
En relación con el enfisema pulmonar, que se aduce acreditado, se cita la declaración de excompañeros que, en su calidad de testigos, declararon conocer su padecimiento pulmonar, por conversar con el actor (ver Castillo Davila Luis – fs. 115-, Castillo Dávila César -fs. 129-), lo que evidencia la falta de acreditación de la condición de salud desfavorable, en la que se pretendió sustentar la conducta discriminatoria que le adjudicó a la empleadora.
En cuanto a su actuación gremial y/o política, es claro que, no se encontraba tutelado por la garantía gremial prevista en la Ley 23551, de lo que se deriva, de acuerdo al criterio sostenido por esta Sala, “…la imposibilidad de obtener la reinstalación de aquellos trabajadores que no están incluidos en el artículo 48 de la Ley 23.551, o cuando son militantes sin cargo de representación en las hipótesis en las que sólo se invoca como sustento de la ineficacia del despido, lo dispuesto por el artículo 47 de la norma citada…la protección genérica no es idónea para restarle eficacia a la decisión directa de disolver el contrato de trabajo” .
En efecto, la detenida lectura de los artículos 48, 49 y 52 de la Ley 23.551 permite deducir, sin lugar a dudas, que sólo tienen derecho a la estabilidad los trabajadores que poseen, lo que podríamos llamar, “representación sindical orgánica” y no aquellos activistas o militantes, vinculados a la actividad profesional, pero que no han accedido a los cargos, ni han sido electos delegados.”
“…el texto del artículo 47 de la Ley 23.551, no puede ser interpretado como atribuyendo una “prohibición temporal” de despedir sin causa a esos trabajadores que están incluidos en el régimen común de protección contra el despido arbitrario, en los momentos en que están ejerciendo alguna actividad sindical, y el principio de legalidad y reserva (artículo 19 de la Constitución Nacional) hubiera exigido una norma expresa que convirtiera en ilícito y vedado al objeto del acto jurídico rescisorio.” (VIVAS VERON INTI ANDRES c/ ADMINISTRACION NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL ANSES” S.D. del 26/9/18, CNT 16653/2018/CA1, del registro de esta Sala).
III.- La imposición de costas responde a la pauta general del artículo 68 CPCCN y será mantenida, por no existir razones atendibles y relevantes que autoricen su modificación.
IV.- La regulación de honorarios practicada en favor del perito contador luce razonable, de acuerdo a la importancia, mérito y extensión de su trabajo, así como adecuada a las pautas arancelarias de aplicación, por lo que se propone sea ratificado su valor, fijado en $ 8.000, equivalente, al momento de la regulación, a … UMAS ($ 2.638 c/u).
V.- Por lo expuesto propongo, se confirme la sentencia apelada; se impongan las costas de Alzada a la parte actora vencida y se regulen los honorarios de los firmantes de los escritos dirigidos a esta Cámara, en el …% de lo que, en definitiva, les corresponda por su actuación en la anterior instancia (arts. 68 y aplicables de la Ley 27243).
LA DOCTORA MARIA DORA GONZÁLEZ DIJO:
Que, por análogos fundamentos, adhiere al voto que antecede.
Por ello, el TRIBUNAL RESUELVE:
1) Confirmar la sentencia apelada;
2) Imponer las costas de Alzada a la parte actora;
3) Regular los honorarios de los firmantes de los escritos dirigidos a esta Cámara, en el …% de lo que, en definitiva, les corresponda por su actuación en la anterior instancia. Regístrese, notifíquese, cúmplase con lo dispuesto en el artículo 4º de la Acordada de la C.S.J.N. 15/13 del 21/5/13 y oportunamente, devuélvanse.
VICTOR A. PESINO
JUEZ DE CAMARA
MARIA DORA GONZALEZ
JUEZ DE CAMARA
Ante mí:
SANTIAGO DOCAMPO MIÑO
SECRETARIO
Guardiola, Angélica Beatriz c/Vázquez, Amor María del Pilar y otros s/despido – Cám. Nac. Trab. – Sala V – 05/07/2018 – Cita digital IUSJU032611E
Varela, José Gilberto c/Disco SA s/amparo sindical – Corte Sup. Just. Nac. – 04/09/2018 – Cita digital IUSJU030860E
002621F
