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JURISPRUDENCIA
Buenos Aires, 20 de febrero de 2014.
VISTO y CONSIDERANDO:
I. Que, a fs. 63/70 y vta., el juez de primera instancia rechazó, con costas, la acción de amparo por la que FDM Management SRL persiguió el restablecimiento de su Clave Única de Identificación Tributaria (CUIT), que había sido dada de baja en los términos de la resolución general AFIP 3358/12.
Para así decidir, remitió a los fundamentos de un precedente análogo, en el que había ponderado diversas presentaciones en trámite en sede administrativa tendientes a rehabilitar la CUIT, circunstancia que -según sostuvo- desmerecía la pretendida vulneración del derecho de defensa y daba cuenta de que el interesado habría consentido la cancelación de la inscripción.
También compartió los argumentos del dictamen fiscal, que había evaluado los hechos del caso sin advertir la arbitrariedad o ilegalidad manifiesta invocada, cuya dilucidación -entendió- exigiría mayor debate y prueba que el que permitía el estrecho marco del amparo. Por lo demás, el fiscal destacó la existencia de un procedimiento administrativo -que la actora aludió haber iniciado- para solicitar la rehabilitación de la CUIT, en el que el contribuyente puede ofrecer prueba para demostrar que no está incluido en ninguno de los supuestos que prevé la mencionada resolución general.
II. Que, contra dicho pronunciamiento, a fs. 71/77 y vta., la parte actora interpuso recurso de apelación, oportunidad en la que se agravió del apartamiento de las circunstancias fundamentales para la dilucidación del pleito planteadas en su escrito inicial y denunció la configuración de un exceso ritual manifiesto de espaldas a la verdad jurídica objetiva.
En este sentido, insistió en que la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) carece de competencia para dar de baja la CUIT, porque «no existe en el artículo 7 del decreto 618/97 ninguna facultad para ‘eliminar contribuyentes’ por parte de la D.G.I.» (fs. 74vta.), toda vez que sus facultades son de verificación y fiscalización de hechos imponibles ya acontecidos, por lo que aquélla puede verificar a un contribuyente, solicitar al juez desde la ejecución de una deuda hasta el allanamiento de un domicilio pero en ningún caso puede eliminarlo de un padrón de datos públicos.
Abundando en ello, sostuvo que el sistema establecido por la RG 3358/12 es inconstitucional, porque la AFIP-DGI se ha «arrogado facultades que no tiene» (fs. 75, sexto párrafo). También negó que FDM Management SRL sea una empresa «fantasma» e invocó su interés en poner en funcionamiento la empresa y vender un inmueble de su propiedad, así como que el hecho de que no hubiera presentado declaraciones tributarias durante un tiempo no significa que cometerá ilícitos como, según dijo, presume la resolución general impugnada.
Por último, también la cuestionó porque permitiría suprimir un dato personal protegido por el art. 43 de la Constitución Nacional y por la ley 25.326.
El recurso fue concedido a fs. 80 y la AFIP contestó los agravios a fs. 85/87 y vta.
III. Que el señor Fiscal General subrogante entendió que correspondía declarar desierto el recurso por falta de fundamentos y, a todo evento, se pronunció por confirmar la sentencia apelada, porque la procedencia del amparo exigía la inexistencia de otro medio judicial más idóneo, extremo que en el caso no entendió verificado (fs. 89/90 y vta.).
En tal sentido, destacó que existe un procedimiento específico para rehabilitar la CUIT que incluye expresamente los plazos (breves) en que deben expedirse las áreas competentes, así como la posibilidad de recurrir en sede administrativa (art. 74 del decreto 1397/79) las decisiones que desestimaren las presentaciones respectivas (conf. Instrucción General Conjunta 932/12 (DI PYNF) y 1202/12 (DI PYNR). También señaló que, después de promovida la demanda, la autoridad había referido que no existían presentaciones de la actora para restablecer su CUIT, extremo que ésta no controvirtió en debida forma.
IV. Que, en primer término, se debe analizar la supuesta insuficiencia técnica del recurso de apelación, pues se trata de una de las defensas que la AFIP opuso a su progreso (v. fs. 85 y vta.) y así también lo advirtió el Ministerio Público Fiscal.
Al respecto, el Tribunal considera que la lectura de la expresión de agravios de la recurrente permite comprender la posición de esa parte y las cuestiones que intenta someter a conocimiento de esta alzada, así como las críticas que formula tanto a la sentencia de grado como a la resolución general que impugna, en este último caso con sustento en que contraría disposiciones constitucionales y legales.
En tales condiciones, se puede entender que el escrito de fs. 71/77 y vta. cumple con las exigencias que impone el art. 265 del Código de rito; máxime, cuando esta decisión asegura la garantía de la defensa en juicio y está en línea con la jurisprudencia del Tribunal de evaluar dichas condiciones con criterio amplio, de modo que permita, en caso de duda, estar por la admisibilidad formal del recurso («López, Mario Rodolfo c/ EN – AFIP DGI resol 1814/05 s/ amparo ley 16.986», res. del 30/6/11; «Delta Metalsur S.A. c/ EN – AFIP – DGI s/ amparo ley 16.986», res. del 27/11/12; entre otras).
V. Que, despejado este tema, corresponde examinar si en autos concurren los requisitos para decidir el tema de fondo por la vía procesal del amparo, pues la sentencia de primera instancia entendió que ello no era posible por la ausencia de aquellos recaudos y la actora critica esa decisión por considerarla configurativa de un exceso ritual manifiesto (conf. fs. 77).
Sobre el punto, cabe recordar que esa acción constituye un remedio de excepción y es inadmisible cuando no media arbitrariedad o ilegalidad manifiesta, así como cuando la determinación de la eventual invalidez del acto o conducta que se impugna requiere amplitud de debate y de prueba, extremos cuya demostración es decisiva para su procedencia (Fallos: 321:1252; 325:2583; 331:1403, entre muchos otros).
Ello es así, porque la existencia de una vía legal adecuada para la protección de los derechos que se dicen lesionados excluye, en principio, la admisibilidad del amparo pues este medio no altera el juego de las instituciones vigentes, regla que ha sustentado la Corte Suprema cuando las circunstancias comprobadas en la causa evidencian que no aparece nítida una lesión cierta o ineludible causada con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta, o el asunto versa sobre una materia opinable que exige una mayor amplitud de debate o de prueba para la determinación de la eventual invalidez del acto (Fallos: 310:1542; 330:4144).
Aquel Tribunal también ha señalado que el art. 43 de la Constitución Nacional, al disponer que «toda persona puede interponer acción expedita y rápida de amparo, siempre que no exista otro medio judicial más idóneo», mantiene el criterio de excluir la acción cuando por las circunstancias del caso concreto se requiere mayor debate y prueba y, por tanto, la afectación de los derechos y garantías constitucionales no se da con «arbitrariedad o ilegalidad manifiesta» (Fallos: 327:2459; 330:1279 y 2877).
Pero junto a estas características que se requieren para su admisión, también se ha exigido que los jueces efectúen un examen atento y circunstanciado de las constancias de la causa para determinar si es procedente rechazar aquella acción por dichos motivos. En tal sentido, el máximo Tribunal federal descalificó decisiones de este tipo cuando se adoptaron por aplicación de un criterio en extremo formalista, que atentaba contra la efectiva protección de los derechos que aquel instituto busca asegurar, por ejemplo, cuando no se acreditaron en forma concreta cuáles fueron los elementos probatorios que no se pudieron utilizar para dilucidar la cuestión, así como la incidencia que éstos hubieran podido tener sobre el resultado final del proceso, al considerar que esa omisión era demostrativa de la deficiente fundamentación del pronunciamiento (Fallos: 327:2955; 329:899). También se admitió aquella vía en casos en que la acción no había reducido las posibilidades de defensa del interesado, en cuanto a la amplitud de debate y prueba referentes a las cuestiones planteadas y decididas y las partes habían contado con la efectiva oportunidad de formular las alegaciones pertinentes y obtener las medidas de prueba conducentes (Fallos: 322:792; 324:1177).
En el sub lite no existe controversia sobre los hechos (la clave de la contribuyente sigue cancelada), ni se precisa de abundante o compleja prueba para dilucidar la causa, toda vez que los agravios que la amparista formula contra la decisión de la AFIP de dar de baja su CUIT, por aplicación de la RG 3358/12, remiten, en esencia, a determinar la legitimidad de ese reglamento por razones de derecho, de modo tal que desestimar el amparo con el argumento de que se requiere mayor debate y prueba sería aplicar un criterio excesivamente formalista, descalificado por la Corte Suprema en los precedentes citados (con. esta sala, causa 9.068/2012.- «Arte Radiotelevisivo Argentino S.A. -inc. med. c/ EN – JGM – SMC s/ amparo ley 16.986», sent. del 6/6/13).
Por otra parte, en cuanto a si el amparo puede ser desplazado por otras vías más aptas para resolver los planteos de la actora, procede señalar que el art. 43 de la Constitución Nacional sólo condiciona la posibilidad de interponer aquella acción a la inexistencia de otro remedio judicial más idóneo y modifica con este texto el criterio del art. 2° de la ley 16.986, que impedía admitirla cuando existieran recursos o remedios judiciales o administrativos que permitieran obtener la protección del derecho o garantía constitucional de que se trate (cfr. esta Sala, causa 24.329/2000 «Estancias La Dorita S.A. y otros c/E.N. -Jefatura de Gabinete M° S. -Insp. Gral. Justicia- decreto 55/00 s/amparo ley 16.986», sent. del 6/03/01, y su cita).
Es bien sabido que el amparo no está destinado a reemplazar medios ordinarios para la solución de controversias, pero también que su exclusión por la existencia de otros recursos no puede fundarse en una apreciación meramente ritual e insuficiente, ya que el instituto tiene por objeto una efectiva protección de derechos más que una ordenación o resguardo de competencias (Fallos: 330:5201; 331:1755, entre muchos otros), doctrina que, aplicada al caso, permite sostener que rechazar formalmente el amparo porque la actora cuenta con un procedimiento administrativo para restablecer su CUIT constituye un supuesto de exceso rigor ritual.
VI. Que dentro de los límites trazados por el memorial, el tratamiento del recurso exige determinar (i) si la AFIP tiene competencia para establecer la baja automática del CUIT cuando se verifican ciertos incumplimientos formales enunciados en la RG (AFIP) 3358/12, a cuyo fin habrá que examinar la validez constitucional de ésta última; y (ii) si la resolución en cuestión resulta razonable, a la luz de la finalidad declarada en sus considerandos.
El análisis debe tener en cuenta dos premisas fundamentales, por un lado, el principio que indica que la declaración de inconstitucionalidad constituye la más delicada de las funciones susceptibles de encomendarse a un tribunal de justicia, ya que configura un acto de suma gravedad, ultima ratio del orden jurídico, que solo cabe formularla cuando un acabado examen del precepto conduce a la convicción cierta de que su aplicación conculca el derecho o la garantía constitucional invocados (Fallos: 311:394; 322:919; 330:2981; 331:2068, entre muchos otros).
Por el otro, en tanto, también se debe considerar aquella regla según la cual es inválido privar a alguien de lo que la ley no prohíbe, que ha sido consagrada en beneficio de los particulares (art. 19 de la Constitución Nacional) y no de los poderes públicos, los cuales, para actuar legítimamente, requieren una norma de habilitación (Fallos:318:1967).
En este sentido, la Corte Suprema ha recordado en fecha reciente que «…ni el Legislativo ni ningún otro departamento del gobierno puede ejercer lícitamente otras facultades que las que le han sido acordadas expresamente o que deben considerarse conferidas por necesaria implicancia de aquéllas (Fallos: 137:47).
«Es por ello que a ninguna autoridad republicana le es dado invocar origen o destino excepcionales para justificar el ejercicio de sus funciones más allá del poder que se le ha conferido, pues ‘toda disposición o reglamento emanado de cualquier departamento (… ) que extralimite las facultades que le confiere la Constitución, o que esté en oposición con alguna de las disposiciones o reglas en ella establecidas, es completamente nulo’ (Fallos: 155:290)» (R.369, L.XLIX. «Rizzo, Jorge Gabriel [apoderado Lista 3 Gente de Derecho] s/ acción de amparo c/ Poder Ejecutivo Nacional, ley 26.855, medida cautelar [Expte. N° 3034/13], sentencia del 18 de junio de 2013, énfasis agregado).
Por ello, resulta apropiado especificar que en materia de derechos individuales, como son los implicados en el caso bajo examen, pueden ser limitados o restringidos por ley formal del Congreso de la Nación de conformidad con lo que dispone el art. 14 del texto constitucional (Fallos: 324:4048), de tal modo que el Estado Nacional se encuentra en estos aspectos sujeto al principio de legalidad y, en lo que al caso interesa, ello impone la sumisión de las normas reglamentarias a la ley que habilita su dictado (art. 31 de la Constitución Nacional y Fallos: 307:1083). En este orden de razonamiento, ha de reconocerse que la reglamentación que se dicte debe ajustarse a los principios rectores y derechos consagrados en la norma de habilitación, ya que lo contrario importaría vulnerar los derechos reconocidos en aquella norma de superior jerarquía, desvirtuando el principio de razonabilidad de la reglamentación que surge de art. 28 de la Constitución Nacional y proscribe la alteración y restricción indebida a los derechos acordados, por el ejercicio de la función reglamentaria, pues en definitiva los reglamentos deben preservar el contenido, alcances y finalidad de las prerrogativas legalmente acordadas (Fallos: 318:1707).
VII. Que, desde estas perspectivas se debe evaluar si el Administrador Federal de Ingresos Públicos cuenta con competencia para dictar la RG 3358 y disponer la baja de la CUIT de los contribuyentes en forma autoaplicativa.
Al respecto, aquel órgano invocó como fundamento para adoptar esa decisión las atribuciones que le otorga el art. 7° del decreto 618/97 (v. último considerando de la resolución mencionada) y ello fue puntualmente cuestionado por la amparista.
Si bien en el acto impugnado no se especifica el inciso del citado precepto que justificaría la medida, de su lectura se desprende que sería el que prevé que el Administrador Federal podrá dictar normas obligatorias en relación con la «inscripción de contribuyentes, responsables, agentes de retención y percepción y forma de documentar la deuda fiscal por parte de los contribuyentes y responsables» (art. 7°, inc. 1°).
Pues bien, del texto expreso o literal de la norma -primera fuente de interpretación normativa, según la Corte, Fallos:330;3160 y 330;4988, entre otros-, sólo surgen facultades para regular lo relativo a la forma y modo en que los contribuyentes y demás sujetos tributarios deben inscribirse en los distintos registros que lleve la AFIP, tal como sucede, por otra parte, con las disposiciones adoptadas para conformar el Sistema Registral, pero en modo alguno surge que también cuente con la potestad para cancelar o dar de baja la CUIT.
Esto último es así, aun cuando es bien sabido que junto con las atribuciones expresas los órganos y entes administrativos también cuentan con otras implícitas, que derivan de lo expreso, o incluso las convenientes para realizar las primeras, porque, en el caso, no se trata de ninguna de estas situaciones. En efecto, la RG 3358/12, lejos de reglar pormenores de la inscripción lo que prevé es la cancelación de la clave como forma de sanción para el contribuyente que se encuentre en alguno de los supuestos que contempla.
Una medida de este tipo significa la desaparición de la identidad tributaria del contribuyente o responsable que le impide desarrollar su labor en el marco de la legalidad, no sólo en relación con el organismo fiscal sino también con los demás sujetos que se vincule tanto en el aspecto comercial como específicamente fiscal.
Por su gravedad, en cuanto a sus consecuencias y efectos, aquélla no puede surgir implícitamente de las competencias expresas y admitirla sería contravenir el principio que impone que la restricción de derechos se realice por ley (arts. 19 de la Constitución Nacional y 30 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y Opinión Consultiva 6/86 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos).
Por último, la sanción tampoco podría encontrar sustento en la teoría de la especialidad como forma atributiva de competencia (v. art. 7°, inc. 11, del decreto 618/97), reconocido por la doctrina e incluso por la jurisprudencia (conf. «Ángel Estrada», Fallos: 328:651), porque, en términos que resultan aplicables al sub lite, «este principio de la especialidad, que supera la necesidad de que la competencia esté expresa o razonablemente implícita en una norma, no se verifica con relación a los actos de gravamen ni respecto de la materia sancionatoria, habida cuenta de la prevalencia, en su caso, de los principios del Derecho Penal (nullum crimen nulla poena sine lege, la tipicidad y las garantías sustantivas y adjetivas), no rigiendo, en esos casos, la analogía ni la interpretación extensiva» (Cassagne, Juan Carlos, Derecho Administrativo, tomo I, 8ª ed. act., Buenos Aires, Abeledo-Perrot, 2006, p. 253).
En el caso, como se dijo, la medida constituye una sanción -anómala por cierto- de claro contenido aflictivo sobre los derechos de los particulares que, como tal, no puede ser adoptada al amparo del principio de la especialidad que se utiliza para delimitar la competencia de los órganos administrativos.
VIII. Que, por lo demás, también es necesario señalar que la RG 3358/12 no supera el estándar de razonabilidad, en tanto los medios elegidos para cumplir los fines propuestos resultan manifiestamente desproporcionados. En efecto, como se expuso supra (cons. VII. [ii] a), según el emisor de la norma, los objetivos centrales de ese reglamento son, por un lado, neutralizar la eventual utilización de la inscripción como instrumento de maniobras de evasión fiscal y, por el otro, mantener actualizados los registros que administra el organismo fiscal.
Más allá de la referida incompetencia del organismo para desplegar acciones que excedan la verificación y fiscalización, lo cierto es que el régimen establece, en primer lugar, la cancelación de la inscripción y difiere para un segundo momento el ejercicio del derecho de defensa del contribuyente o afectado por esta medida así como el dictado del acto administrativo fundado.
Sabido es que las restricciones y disposiciones que establezca el Estado son válidas en la medida en que resulten razonables y mantengan adecuada proporción entre la necesidad de custodiar el interés público comprometido y eviten desnaturalizar los derechos constitucionales del afectado (arg. Fallos: 332:2468; 333:993; 334:434; 335:239). En este sentido, el Máximo Tribunal delimitó el estándar referido al examen de la proporcionalidad de los medios a los fines propuestos y, en consecuencia, si es o no admisible la consiguiente restricción de los derechos individuales involucrados (Fallos: 247:121).
Sobre dicha base, en el sub lite la irrazonabilidad se configura por la innecesaria alteración del curso natural de todo procedimiento administrativo, que normalmente ubica las etapas y secuencias del iter formal antes del acto y éste último antes de la actuación material (art. 1°, inc. f, de la ley 19.549, por remisión del art. 116 de la ley 11.683). La RG (AFIP) 3358/12 coloca en infracción automática a todos los sujetos a los que la AFIP les canceló la CUIT y los obliga a transitar un procedimiento para demostrar que la medida no se les aplica, en una clara inversión -se reitera- del procedimiento sancionatorio.
En este sentido, cabe recordar que, aun cuando la administración puede declarar unilateralmente la caducidad de un acto administrativo cuando el interesado no cumpliere las condiciones fijadas en el mismo, para ello «…deberá mediar previa constitución en mora y concesión de un plazo suplementario razonable al efecto» (conf. art. 21 de la ley 19.549 y esta sala, «Gigacables S.A. c/ COMFER – Resol. 880/04 s/ proceso de conocimiento», res. del 9/12/09; sala I, «Lapeña, Francisco c/ Lotería Nacional SE (Resol. 263/99) s/amparo ley 16.986», res. del 22/02/00; sala II, «Abbott Laboratories Argentina S.A. c/ E.N. -M° SyAS- Débito 89.453 s/ proceso de conocimiento», res. del 28/06/07).
Asimismo, la desproporción se expresa en la infundada superposición de la medida cuestionada con las facultades de verificación y fiscalización del Fisco.
Es que si, como aquél expresamente lo indicó en los considerandos de la RG (AFIP) 3358/12, había constatado la existencia de «numerosos casos» de creación y registro de sociedades para desarrollar actividades tendientes a facilitar la evasión fiscal y realizar otras conductas reprochables, entonces bien pudo -y debió- ejercer las potestades y facultades que le confiere el ordenamiento -en particular, las de los arts. 33, 35 y cc. de la ley 11.683-, para dilucidar la auténtica situación tributaria de los sujetos involucrados en sus trabajos de control y perseguir el cobro de la acreencia que le correspondiera, tal como lo obliga la Constitución Nacional en cuanto recaudador de las rentas públicas (arts. 99, inc. 10, y 100, inc.7°) sin que pueda admitirse, como indebidamente lo pretende con el acto impugnado, que para lograr sus objetivos recurra a una sanción encubierta (arg. doctrina de Fallos: 334:1854).
Es útil y conveniente recordar, entonces, que la Corte Suprema ha señalado que no resulta admisible que, a la hora de establecer procedimientos destinados a garantizar la normal y expedita percepción de la renta pública, se recurra a instrumentos que quebrantan el orden constitucional. Es que la mera conveniencia de un mecanismo para conseguir un objetivo de gobierno -por más loable que éste sea- en forma alguna justifica la violación de las garantías y derechos consagrados en la Ley Fundamental. Así, se ha sostenido que es falsa y debe ser desechada la idea de que la prosperidad general constituya un fin cuya realización autorice a afectar los derechos individuales o la integralidad del sistema institucional vigente. El desarrollo y el progreso no son incompatibles con la cabal observancia de los arts. 1° y 28 de la Constitución Nacional, sino que, por el contrario, deben integrarse con éstos, de modo tal que la expansión de las fuerzas materiales y el correlativo mejoramiento económico de la comunidad sean posibles sin desmedro de las libertades y con plena sujeción a las formas de gobierno dispuestas por la Carta Magna, a cuyas normas y espíritu resultan tan censurables la negación del bienestar de los hombres como pretender edificarlo sobre el desprecio y el quebrantamiento de las instituciones (Fallos: 333:935, cons. 15 del voto de la mayoría, y su cita).
IX. Que, asimismo, tampoco se puede pasar por alto que las conductas que reprocha la RG (AFIP) 3358/12 -y que en opinión del ente fiscal justificarían la medida que aquélla implementa- ya se encuentran expresamente contempladas y reprimidas por el legislador, circunstancia que también obsta a que el órgano administrativo las sancione con la cancelación de la CUIT.
En efecto, tanto la falta de registro de alta en impuestos o regímenes como la omisión de presentar declaraciones juradas o la presentación con datos incorrectos (supuestos contemplados en el art. 4°, incs. a, b y c, de la RG 3358/12), ya están previstas como infracciones formales por la ley 11.683 y sus modificatorias.
Así, la ley de rito fiscal sanciona con multa, de importes variables, la omisión de presentar declaraciones juradas dentro de los plazos generales que establezca la AFIP, aplicable mediante un procedimiento breve (art. 38 de la ley 11.683 y los agregados a continuación sin número por las leyes 26.044 y 25.795 para ampliar los supuestos reprimidos).
Del mismo modo, de forma más general, el art. 39 de la ley 11.683 sanciona con multas -acumulables con las que prevé el art. 38 mencionado- las violaciones a las disposiciones de esa ley, de las respectivas leyes tributarias, de los decretos reglamentarios y de toda otra norma de cumplimiento obligatorio, que establezcan o requieran el cumplimiento de deberes formales tendientes a determinar la obligación tributaria, a verificar y fiscalizar el cumplimiento que de ella hagan los responsables.
Como se advierte, el legislador ya tipificó las conductas de los contribuyentes y responsables, así como las sanciones que el ente recaudador puede aplicar para reprimir el incumplimiento de los deberes formales -como son los previstos en la RG impugnada, según surge expresamente de sus considerandos- y le otorga las herramientas para que aquél pueda desarrollar eficientemente sus funciones de control y fiscalización, sin que haya considerado apropiado conferirle la potestad para cancelar de oficio la CUIT, tal como lo dispone la RG cuestionada en exceso de las previsiones legales.
Por todo lo expuesto, habiendo dictaminado el señor Fiscal General subrogante, el Tribunal RESUELVE: 1) hacer lugar al recurso de la amparista y revocar la sentencia apelada; 2) admitir la acción y condenar a la Administración Federal de Ingresos Públicos a rehabilitar la CUIT de FDM Management SRL, declarando la inconstitucionalidad de la RG (AFIP) 3358/12 en relación con esta última. Con costas de ambas instancias a la demandada en su condición de vencida (arts. 14 de la ley 16.986 y 279 del CPCCN).
Se deja constancia que el señor juez de Cámara Rogelio W. Vincenti no suscribe la presente por hallarse en uso de licencia (art. 109 del R.J.N.).
Regístrese, notifíquese -al fiscal general subrogante en su público despacho- y devuélvase.
JORGE EDUARDO MORÁN
MARCELO DANIEL DUFFY
Decreto 618/1997 – BO: 14/7/1997
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