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JURISPRUDENCIA
Buenos Aires, 26 de noviembre de 2014.
Vistos: los autos indicados en el epígrafe,
resulta:
1. Paula Mariana Oliveto Lago y Maximiliano Carlos Ferraro promueven acción declarativa de inconstitucionalidad en los términos de los arts. 113, inc. 2, CCABA y 17 y siguientes de la ley n° 402, para que se declare la inconstitucionalidad de los artículos 1, 2, 3 y 4 de la resolución nº 593/AGIP/14 de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos de la Ciudad (AGIP).
Explican los accionantes que la resolución aludida establece un régimen de retención del Impuesto sobre los Ingresos Brutos respecto de la contratación de servicios de suscripción on line para acceder a películas, TV y otros tipos de entretenimiento audiovisual que se transmiten por internet a televisores, computadoras y otros dispositivos conectados a internet, comprendiendo el alquiler de contenidos digitales relacionados con música, juegos, videos o similares, el cual regirá a partir del 1° de noviembre de 2014.
Entienden que la norma de mención resulta contraria a los artículos 9 inc. 1, 51 y 80 inc. 2) punto a) de la CCABA, que establecen que no hay tributo sin ley formal y que otorgan a la Legislatura de la Ciudad competencia exclusiva para legislar en materia fiscal y tributaria.
En especial, afirman que la citada resolución “vulnera palmariamente lo establecido por la Constitución de la Ciudad en virtud de legislar sobre cuestiones que son competencia originaria e indelegable de la Legislatura, tal como taxativamente lo establecen sus artículos 51 y 80. En este punto, cabe recordar que los preceptos y principios constitucionales prohíben a otro poder que no sea el legislativo el establecimiento de impuestos, contribuciones o tasas y que esta limitación es propia e inherente de un régimen representativo y republicano de gobierno, tal es el adoptado por la Constitución de la Ciudad” (fs. 6vta).
En sustancia, se cuestiona que los arts. 1, 2, 3 y 4 de la resolución nº 593/AGIP/14 violentan:
a) Los principios de legalidad y razonabilidad (arts. 19 y 28 CN), en tanto el establecimiento de impuestos y tributos es competencia exclusiva de la Legislatura y es inconstitucional que el Poder Ejecutivo se arrogue la misma. La parte actora indica que “la norma no puede desatenderse del valor justicia y como ella es emanación directa de la Constitución debe ser razonable. No basta dar cualquier contenido a la llamada regla de derecho, debemos tender al contenido justo y aspirar a la legitimidad que es lo sustancial, más que a la legalidad que es lo puramente formal. Porque el principio de legalidad sólo es una verdadera garantía cuando la ley es justa” (fs. 8) y que este razonamiento conduce a la formulación del conocido adagio “de que no gobiernan los hombres sino la ley” (idem); y
b) Los principios generales de la tributación (arts. 51 y 80 CCABA) dado que el art. 51 “determina que no puede existir tributo sin ley formal y que es nula cualquier derogación explícita o implícita que realice la Legislatura de esta facultad” (fs.8 vta) . Sostienen al respecto que “esta norma contiene una precisa regulación de los principios que rigen la creación y aplicación de impuestos. Su desconocimiento por parte del legislador determina la posibilidad cierta de que las correspondientes normas sean impugnadas e impedidas de ser cumplidas (…). De esta manera, la Constitución de la Ciudad establece en forma expresa la reserva de ley con carácter absoluto en materia fiscal” (fs. 8 vta.). Enuncia jurisprudencia del Tribunal en este sentido.
2. A fs. 16/22 el Sr. Fiscal General emite su dictamen y propicia que se declare la inadmisibilidad de la acción interpuesta. Considera, en síntesis, que la interesada no ha fundado adecuadamente los planteos que sustentan la acción, ni explicado de manera suficiente la contradicción entre las normas impugnadas con las reglas constitucionales invocadas en la demanda.
Fundamentos:
La jueza Ana María Conde dijo:
1. Los actores se encuentran legitimados para interponer la presente acción en los términos del art. 18, inc. 1, ley n° 402. Además, los preceptos objetados de la resolución nº 593/AGIP/2014(1) pueden ser considerados normas de carácter general emanadas de una autoridad de la Ciudad. Sin embargo, la demanda es inadmisible por las razones que seguidamente expongo.
2. Como primera aproximación al examen de admisibilidad de la acción deducida, cabe señalar que, en su constante jurisprudencia, el Tribunal ha expresado que “es un requisito esencial del trámite preliminar de admisibilidad de la acción declarativa de inconstitucionalidad que quien la inicia precise con claridad cuáles son las normas de carácter general sobre las que solicita el control de constitucionalidad y cuáles los preceptos y principios constitucionales con los que las primeras entran en colisión, explicando de manera clara y pormenorizada las razones en las que sustenta la tacha de inconstitucionalidad” (in re: “Massalin Particulares S.A. c/ Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires s/ acción declarativa de inconstitucionalidad”, expte. n° 31/99, resolución del 5/5/99, en Constitución y Justicia [Fallos del TSJ] t. I, Ed. Ad Hoc, Buenos Aires, 2001, ps. 56 y siguientes).
En este sentido, el Tribunal ha puesto de resalto que para evaluar la admisibilidad de la acción declarativa de inconstitucionalidad debe especificarse cuál es la relación directa que existe entre las normas que son impugnadas y los principios constitucionales que son invocados (in re: “Alegre Pavimentos SACICAFI c/ Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires s/ acción declarativa de inconstitucionalidad”, expte. nº 366/00, resolución del 20/6/00 y “Tórtora, Carlos Alfredo c/ GCBA s/ acción declarativa de inconstitucionalidad”, expte. n° 4884/06, resolución del 1° de noviembre de 2006).
En este caso, el accionante, pese a señalar en forma concreta las normas impugnadas e identificar aquéllas otras reglas constitucionales con las cuales entiende que colisiona, no ha conseguido formular un claro desarrollo que demuestre que el mecanismo fijado para establecer el Régimen de Retención del Impuesto sobre los Ingresos Brutos respecto de la contratación de servicios de “suscripción online para acceder a películas, TV y otro tipo de entretenimiento audiovisual (películas y series) que se transmiten por internet a televisores, computadoras y otros dispositivos” establecido en la Resolución nº 593/2014 de la AGIP, se oponga o desvirtúe alguna norma o principio de la Constitución local. En este sentido, la línea argumental seguida por la parte actora no logra establecer con suficiente entidad cuál es la vulneración constitucional que surgiría de la confrontación de las normas analizadas.
Resulta claro que para evaluar por esta vía una cuestión impositiva que involucra transacciones comerciales efectuadas por medio de la modalidad del comercio electrónico que puede ser considerada parte de una política de diseño fiscal, se requiere una argumentación sólida que sustente firmemente el planteo, especialmente desde el punto de vista constitucional, de la que carece esta demanda que pretende fundar el planteo mediante meras enunciaciones.
Es necesario destacar, además, que la declaración de inconstitucionalidad de una norma constituye una medida de extrema gravedad institucional, por lo que corresponde exigir a quien pretenda obtenerla un sustento argumental sólido que contenga la propuesta de un debate constitucional serio y fundado. Ello implica tanto la mención precisa de las normas que se cuestiona como de los preceptos constitucionales que se sostiene conculcados y la vinculación entre ambos, como la necesidad de completitud del planteo, es decir la consideración y argumentación de todas aquellas cuestiones atingentes respecto de las cuales, razonablemente, debe hacerse cargo quien interpone una acción de la naturaleza de la aquí intentada para permitir el debate constitucional con las características apuntadas precedentemente (cf. mi voto, al que adhirió el juez José Osvaldo Casás, in re: “Acebedo, Horacio Néstor c/ GCBA s/ acción declarativa de inconstitucionalidad”, expte. n° 6218/09, sentencia del 4/03/2009, en Constitución y Justicia [Fallos del TSJ] t. XI, año 2009-A, Ed. Ad-Hoc, Buenos Aires, 2012, ps. 270 y siguientes, y más recientemente, en el voto que, junto con los jueces Weinberg y Casás, suscribí in re: “Cárdenas, Eduardo D. c/ GCBA s/ acción declarativa de inconstitucionalidad”, expte. n° 9884/13 y su acumu lado: “Confederación Sindical de Trabajadores de los Medios de Comunicación c/ GCBA s/ acción declarativa de inconstitucionalidad”, expte nº 9893/13, sentencia del 12 de febrero del corriente año).
3. En este contexto, asiste razón al Sr. Fiscal General cuando advierte cierta imprecisión de la demanda a la hora de especificar cuál es la relación directa existente entre cada una de las normas que vienen cuestionadas y los principios constitucionales que se dicen violentados.
Sin perjuicio de ello, es posible advertir que las objeciones formuladas contra la resolución nº 593/AGIP/2014 se basan, en primer término, en la alegada violación del principio de reserva de ley en materia tributaria tutelado a nivel constitucional, por considerarse que ella crea un nuevo impuesto sin intervención de la Legislatura (fs. 6 vta.).
En este sentido, se afirma que la citada resolución “vulnera palmariamente lo establecido en la Constitución de la Ciudad en virtud de legislar sobre cuestiones que son de competencia originaria e indelegable de la Legislatura, tal como taxativamente lo establecen sus artículos 51 y 80”…en tanto “prohíben a otro poder que no sea el Legislativo el establecimiento de impuestos, contribuciones o tasas y que esta limitación es propia e inherente de un régimen representativo y republicano de gobierno” (fs. 6 vta), puesto que en nuestro sistema constitucional “la facultad que se le otorga al Legislativo es la potestad de crear los recursos y votar los gastos públicos, mientras al Poder Ejecutivo se le asigna la competencia de recaudar y emplear esos recursos en los gastos designados” (fs. 7 y ss. )
4. Así formulada, la demanda deja entrever una defectuosa fundamentación a la luz de la vía procesal elegida.
En efecto, con relación a la pretendida violación del principio de reserva de ley en materia tributaria a partir del dictado de la resolución nº 593/AGIP/14, a) no se precisa si se considera que la norma atacada crea un nuevo impuesto o si establece una nueva forma de percepción o un diferente régimen de retención; b) no se aclara ni determina quiénes serían los contribuyentes obligados al pago del impuesto y c) tampoco se profundiza acerca de las actividades comprendidas en los servicios de suscripción online a los que se refiere la resolución en cuestión. Se alega que el sistema previsto en la norma cuestionada no tiene basamento legal pero no se analizan mínimamente las actividades de entretenimientos comprendidas en la actual Ley Tarifaria, ni se explica por qué motivo deberían quedar al margen de la actual legislación las indicadas actividades que se transmiten por internet. Por lo demás, si bien se resalta la jurisprudencia del Tribunal en materia tributaria con relación al principio de legalidad, no se explica de qué manera la apuntada doctrina se vincula concretamente con la situación evaluada en autos.
En suma, un planteo genérico como el que se formula en la presente acción declarativa no parece suficiente para cuestionar en abstracto una norma de naturaleza tributaria, puesto que -frente a la evaluación de la admisibilidad de la acción- el problema serio que presenta la demanda es que carece de un desarrollo fundado en razones constitucionales. No basta, para dar curso a su tramitación, que los demandantes invoquen la afectación de principios y garantías constitucionales si el planteo no presenta la envergadura y razonable vinculación argumental que requiere una presentación de esta naturaleza, por la que se puede llegar a abrogar una norma de carácter general, por medio de una decisión que proyectaría sus efectos sobre la población en general.
Por todo lo expuesto, considero que la acción intentada por los actores a fs. 4/10 resulta formalmente inadmisible.
La juez Inés M. Weinberg dijo:
1. Concuerdo con la opinión de la Sra. Juez de trámite Ana María Conde, en cuanto a que, si bien la actora se encuentra legitimada para interponer la presente acción -conforme los términos del inc. 1, art. 18 Ley 402- la demanda, tal como ha sido planteada, resulta inadmisible (cfr. arts. 113, inc. 2º CCABA y 17 ley 402).
2. Como regla, la interposición de la acción declarativa de inconstitucionalidad debe contener “… la mención precisa de la norma que el accionante estima contraria a la Constitución Nacional o a la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires y los fundamentos que motivan la pretensión, indicando los principios, derechos o garantías constitucionales presuntamente afectados” (inc. 2, art. 19 ley 402).
Al analizar si en la especie concurren dichos presupuestos – como requisito de admisibilidad del control concentrado y abstracto de constitucionalidad-, se advierte que los presentantes fracasan en demostrar, de forma clara y suficiente, la falta de adecuación constitucional de la resolución nº 593/AGIP/14 (BOCBA nº4471) que impugnan.
Atento las gravosas consecuencias que acarrea su admisión – última ratio del ordenamiento jurídico-, el Tribunal desde sus primeros pronunciamientos ha expresado que quien inicie una acción declarativa de inconstitucionalidad debe explicar de manera clara y pormenorizada las razones en las que sustenta la tacha de inconstitucionalidad (cfr “Massalin Particulares S.A. c/ Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires s/ acción declarativa de inconstitucionalidad”, expte. n° 31/99, Fallos TSJCABA, T. I, 1999, p. 56).
3. A partir de la resolución nº 593/AGIP/14, el Administrador Gubernamental de Ingresos Públicos establece un régimen de retención del Impuesto sobre los Ingresos Brutos respecto de la contratación de servicios de suscripción online -entretenimiento audiovisual transmitido por Internet-, designando como agentes de retención a las entidades emisoras de tarjetas de crédito, débito y compra que intervengan en dichas operaciones, y aplicando para su liquidación una alícuota del 3% sobre el precio neto de la operación, a practicarse en el momento de la rendición de los fondos para su transferencia al exterior.
Téngase en cuenta que los actores impugnan la constitucionalidad de un sistema de retención de impuestos establecido por la Administración y dirigido a recaudar anticipadamente el gravamen sobre los Ingresos Brutos, al afectar -según su entender- de manera flagrante el principio de legalidad en materia tributaria (inc. 1 art. 9; art. 51; pto. a, inc. 2 art. 80 CCABA y art. 19 CN). Consideran así que la resolución estaría creando en realidad un tributo y por ello “…legisla[r] sobre cuestiones que son competencia originaria e indelegable de la Legislatura” (fs. 6 vuelta).
4. Como se ha indicado, es requisito de admisibilidad de la presente acción que los reclamantes demuestren de forma clara y pormenorizada la conexión directa entre las normas de alcance general objetadas y las previsiones constitucionales que se invocan afectadas.
En este sentido, los argumentos brindados por los actores se limitan a aludir imprecisa y genéricamente, una aparente afectación al principio constitucional de legalidad o reserva de ley, omitiendo desarrollar una fundamentación adecuada de las razones que sustentan su reclamo.
Si bien asiste razón a los accionantes al postular que todo tributo debe configurarse como una obligación ex lege, no se logra advertir de su presentación los motivos que permitan sustentar por qué el régimen de retenciones instaurado por la AGIP estaría creando -conforme expresan- un impuesto.
De una visión preliminar de la cuestión, y sin pretender introducirme en el análisis de fondo del asunto, no es posible comprobar -de lo expuesto por los actores- que la resolución controvertida establezca prima facie una carga tributaria que contravenga preceptos y recaudos constitucionales.
Las retenciones, en su naturaleza jurídica, constituyen pagos a cuenta de la obligación tributaria principal, correspondiendo, en el caso, una detracción anticipada del Impuesto sobre los Ingresos Brutos.
Es reiterada doctrina de la Corte -referida a anticipos impositivos en su carácter de pagos anticipados del impuesto- que “los anticipos de impuestos constituyen obligaciones de cumplimiento independiente, que tienen su propia individualidad” (Fallos 302:504; 308:919, entre otros), y que “la exigencia de anticipos reposa en la razonable presunción de continuidad de la actividad que da lugar a los hechos imponibles” (Fallos 303:1496).
En este marco, los actores omiten explicitar los motivos por los que consideran que la resolución dictada por la AGIP, lejos de instaurar un sistema de retención, estaría creando un gravamen, sin identificar cuál sería aquel que finalmente constituye. Es por ello, que la ausencia de un esfuerzo argumental que permita demostrar acabadamente que los efectos impositivos de la Resolución nº 593/AGIP/14 lleven a considerarla una gabela, sella la suerte adversa de la presente acción.
Como corolario, y tal como indica el Sr. Fiscal General en su dictamen, los reclamantes prescinden de considerar las atribuciones que la ley 2603 (BOCBA N° 2846) y el Código Fiscal confieren al Administrador Gubernamental de Ingresos Públicos a fin de implementar regímenes de percepción y retención; normas cuya constitucionalidad si quiera se encuentra discutida.
Así como me expidiera en un precedente similar, “…a los fines de la tramitación de la presente acción, no basta con que se invoque la afectación de determinadas garantías constitucionales, sino que debe exponerse una vinculación argumental razonable entre aquellas y la norma de alcance general en crisis” (in re “Asociación Argentina de Compañías de Seguros («AACS») c/ GCBA s/ acción declarativa de inconstitucionalidad” expte. 10830/14, sentencia del 27/8/2014).
De este modo, los planteos de la accionante no superan una mera exposición dogmática relativa a la aparente afectación de un principio constitucional que no termina de ser explicitado con la profundidad y solidez que exige el control centralizado de constitucionalidad. Máxime cuando en relación a su admisión y, conforme indica el texto constitucional, “…la declaración de inconstitucionalidad hace perder vigencia a la norma” (inc. 2 art. 113 CCABA).
5. En virtud de las consideraciones expuestas, al no satisfacerse adecuadamente la carga de establecer la relación directa entre las normas cuestionadas y aquellas garantías de rango constitucional que entienden vulneradas, voto por declarar inadmisible la acción declarativa de inconstitucionalidad.
El juez Luis Francisco Lozano dijo:
Coincido con mis colegas, las Dras. Ana María Conde e Inés M Weinberg, en que corresponde declarar inadmisible la presente acción, porque, tal como lo indican mis colegas, los argumentos en que se apoyan los planteos de los accionantes carecen del vigor que ésta acción requiere para ser tramitada (cf. el inc. 2 del art. 19 de la ley 402 y mi voto in re “Fedecámaras c/ GCBA s/ acción declarativa de inconstitucionalidad”, expte. n° 3725/2004, sentencia de este Tribunal del 16/3/2004).
En ese orden de ideas, cabe señalar que la parte actora no ha dedicado una línea en explicar por qué, a su juicio, la Resolución nº 593/AGIP/14 resultaría violatoria de los principios de legalidad y razonabilidad (cf. el punto 1 de los “Resulta”); esa falencia argumental me lleva, como dije, a votar por declarar inadmisible la presente acción.
La jueza Alicia E. C. Ruiz dijo:
La Sra. Paula Mariana Oliveto Lago y el Sr. Maximiliano Carlos Ferraro están legitimados para interponer la acción prevista en el art. 113 inc. 2 de la CCBA (art. 18, inc. 1, de la ley nº 402). Su presentación, además, está dirigida contra una norma de alcance general -la que aparece debidamente precisada-, emanada de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos de la Ciudad.
La demanda declarativa de inconstitucionalidad, sin embargo, debe ser declarada inadmisible, en atención a los defectos de fundamentación que el Sr. juez Luis Francisco Lozano reseña en el segundo párrafo de su voto.
Es que los accionantes se limitan a afirmar que “… [l]a sanción de la Resolución nº 593/AGIP/14 vulnera palmariamente lo establecido por la Constitución de la Ciudad en virtud de legislar sobre cuestiones que son competencia originaria e indelegable de la Legislatura” (fs. 6), y apoyan su acción, únicamente, en la creencia de que aquella afirmación es autoevidente.
Corresponde, por lo expuesto, declarar inadmisible la demanda intentada. Así lo voto.
El juez José Osvaldo Casás dijo:
1. Coincido con mis colegas en que, si bien los actores se hallan legitimados para interponer la presente acción declarativa de inconstitucionalidad, la demanda resulta inadmisible pues no reúne los recaudos señalados en el art. 19 de la LPTSJ.
A ese respecto cabe recordar que desde sus primeros pronunciamientos el Tribunal señaló que “… es un requisito esencial del trámite preliminar de admisibilidad de la acción declarativa de constitucionalidad que quien la inicia precise con claridad cuáles son las normas de carácter general sobre las que solicita el control de constitucionalidad, y cuáles los preceptos y principios constitucionales, con los que las primeras entran en colisión. También es ineludible que explique de manera clara y pormenorizada las razones en las que sustenta la tacha de inconstitucionalidad” -in re: “Massalin Particulares S.A. c/ Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires s/ Acción declarativa de inconstitucionalidad”, Expte. nº 31/99, sentencia del 5 de mayo de 1999 [en Constitución y Justicia, Fallos del TSJ, tomo I, 1999, Ed. Ad-Hoc, Buenos Aires, ps. 119 y ss.]-.
Con posterioridad, entró en vigencia la ley nº 402 que regula los procedimientos ante este Estrado y que, al reglar los requisitos que debe cumplir la demanda de inconstitucionalidad, en su art. 19, inciso 2, exige: “La mención precisa de la norma que el accionante estima contraria a la Constitución Nacional o a la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires y los fundamentos que motivan la pretensión, indicando los principios, derechos o garantías constitucionales presuntamente afectados”. Al aplicar esa disposición legal, en reiteradas oportunidades, el Tribunal ha señalado que quien acciona debe indicar cuál es la relación directa que existe entre las normas que son impugnadas y los principios constitucionales que se invocan -in re: “Roitman, Mauricio José c/ Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires s/ acción declarativa de inconstitucionalidad”, expte. nº 453/00, sentencia del 25 de septiembre de 2000 [en Constitución y Justicia, Fallos del TSJ, tomo II, 2000, Ed. Ad-Hoc, Buenos Aires, ps. 283 y ss.]; “Villegas Héctor c/ GCBA s/ acción declarativa de inconstitucionalidad”, expte. nº 1254/01, sentencia del 16 de noviembre de 2001 [en Constitución y Justicia, Fallos del TSJ, tomo III, 2001, Ed. Ad-Hoc, Buenos Aires, ps. 620 y ss.]; entre otros-.
2. En la especie, se advierte que los actores no han efectuado un desarrollo suficiente de las razones por las que consideran que los artículos 1 a 4 de la resolución nº 593/AGIP/2014 que impugnan suponen una vulneración de las normas y principios constitucionales que invocan -arts. 51 y 80, inc. 2, a, de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y principios de legalidad y de razonabilidad, respectivamente-.
En particular respecto de la violación principio de legalidad -más precisamente de reserva de ley en el ejercicio de la potestad tributaria normativa- al instituir la Administración Fiscal el régimen de retención del Impuesto sobre los Ingresos Brutos para el caso de la “contratación de servicios de suscripción on line para acceder a películas, TV y otros tipos de entretenimiento audiovisual (‘películas y series’) que se transmiten por Internet a televisores, computadoras y otros dispositivos conectados a Internet como así también por la suscripción para alquilar contenidos digitales relacionados con música, juegos, videos o similares (conf. art. 1º, resolución nº 593/AGIP/2014), la designación de las entidades emisoras de tarjetas de crédito, débito y compra como agentes de retención y el establecimiento de la alícuota aplicable (arts. 2º y 3º de la citada resolución general), es mi parecer que la acción declarativa carece de la consistencia argumentativa mínima imprescindible y necesaria para el andamiento formal de la demanda.
Es que, tal como sostuve recientemente al emitir mi voto para la causa “Asociación Argentina de Compañía de Seguros (‘AACS’) c/ GCBA s/ acción declarativa de inconstitucionalidad”, expte. nº 10.830/14, sentencia del 27 de agosto del corriente año, para dar sustento a la intervención de este Estrado en el escrutinio de constitucionalidad concentrado -que, como consecuencia de una sentencia estimatoria del cuestionamiento que se formula, salvo insistencia de la Legislatura con mayoría calificada, se deriva en la abrogación de la norma-, se imponía la necesidad de realizar una demostración acabada y terminante de que el dictado de la resolución nº 593/AGIP/2014 infringe la prohibición de instituir, al margen de la ley, tributos nuevos o agravar los ya existentes. De igual modo, se debía demostrar que resultan insuficientes para decretar tal medida las atribuciones contenidas en la ley nº 2.603 de creación de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos -en especial, al definir los deberes y atribuciones del titular del apuntado Organismo, en el art. 14, inc. c), y art. 15, relativos a la designación de agentes de percepción, retención, recaudación e información tributaria, e impartir normas generales obligatorias para responsables y terceros-; en el marco general del Código Fiscal -Título Primero: Parte General, Capítulo Primero: Del Ámbito y de la Autoridad de Aplicación, en el art. 3º relativo a las atribuciones de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos, inc. 19)-; o en las disposiciones específicas referidas al Impuesto sobre los Ingresos Brutos -Código Fiscal, Título Segundo: Impuesto sobre los Ingresos Brutos, Capítulo X: De los Agentes de Retención, arts. 219 y ss.-.
Más aún, si se entendiera que la demanda comprende un planteo vinculado a que las previsiones normativas antes referidas importarían una delegación indebida de funciones legislativas en los términos del art. 51, párrafo primero, segundo enunciado -en materia estrictamente tributaria-, o del art. 84 -con alcance general-, en ambos casos, de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ello hubiera obligado a la interesada a efectuar una fundamentación orientada a descartar que se estuviera en presencia de reglamentos ejecutivos o de ejecución para hacer operativo el funcionamiento de los procesos recaudatorios habilitados por la ley; o de reglamentos autónomos, atendiendo a que dentro de las atribuciones y facultades del Jefe de Gobierno se encuentra, dentro del art. 104 de la CCABA en su inciso 25, aquella por la cual: “Recauda los impuestos, tasas y contribuciones y percibe los restantes recursos que integran el tesoro de la Ciudad”.
Por lo demás, para brindar sustento a su pretensión los actores bien pudieron argumentar -lo que, desde ya, no hicieron- en el sentido de que el régimen de retención impugnado importa un apartamiento por la Ciudad del perfil del Impuesto sobre los Ingresos Brutos tal como se encuentra definido en el art. 9º, inc. b, numeral 1, de la ley nº 23.548 de Coparticipación Provincial en Impuestos Nacionales, en especial en cuanto allí se establecen pautas relacionadas con el sustento territorial de la respectiva hipótesis de incidencia del gravamen, así como con relación a los momentos de vinculación y atribución de la misma; o bien desplegar razones que tuvieran apoyatura en el carácter de pago único y definitivo que a la retención en la fuente cuestionada le asigna el propio art. 6º de la resolución objetada, lo que permitiría sostener que quita al régimen la característica condición de consistir en un pago a cuenta del impuesto que, en definitiva, el contribuyente deba abonar, para transformarlo en un mecanismo de lisa y llana determinación e ingreso del gravamen -dispositivo que, a tenor de las propias expresiones contenidas en el escrito de demanda, se encuentra fuera de la pretensión formalmente instada (v. en particular, fs. 4)-.
3. De acuerdo con las consideraciones expuestas, en razón de su generalidad y debilidad argumentativa concreta, tal como propician mis colegas, entiendo que la demanda no resulta formalmente admisible en los términos del art. 113 inc. 2º de la CCABA.
Así lo voto.
Por ello, de acuerdo con lo dictaminado por el Sr. Fiscal General, el Tribunal Superior de Justicia resuelve:
1. Declarar inadmisible la acción declarativa de inconstitucionalidad interpuesta por los Sres. Paula Mariana Oliveto Lago y Maximiliano Carlos Ferraro a fs. 4/10.
2. Mandar que se registre, se notifique y se archive.
Firmado: Lozano, Casás, Conde, Ruiz y Weimberg.
Cricco, Antonio, Análisis del régimen de retención del impuesto sobre los ingresos brutos instaurado por la ciudad de buenos aires por la adquisición de contenido digital web contratado por internet y pagado con tarjeta, Erreius on line, Septiembre 2014
Nota:
(1) BOCBA n° 4471 del 02/09/2014
Cita digital:
