Se resuelve que la revocación del beneficio inicialmente concedido, por no reunir los requisitos establecidos en la resolución 884/06 dispuesta por la ANSeS, no resulta procedente, puesto que la restricción impuesta por la norma vulnera derechos de raigambre constitucional. El hecho de exigir la cancelación de los aportes no ingresados se convierte, en innumerables casos, en la imposibilidad cierta de acceder al propio beneficio previsional si se tiene en cuenta el monto a que asciende la suma que deberían integrar los solicitantes y el carácter alimentario de la prestación en juego.
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