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JURISPRUDENCIATentativa de homicidio agravado por el vínculo. Separación de hecho
Se rechaza el recurso de casación interpuesto por la defensa contra la sentencia que no hizo lugar al planteo de nulidad del requerimiento de elevación a juicio y condenó al imputado por el delito de homicidio agravado por el vínculo, en grado de tentativa, por el hecho consistente en asestar a su esposa -con quien no convivía- un puntazo en el abdomen a la altura del hígado con un elemento punzo-cortante tras sujetarla de los brazos y arrinconarla contra la pared.
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Capital Federal de la República Argentina, a los 6 días del mes de octubre de dos mil quince, se reúnen los miembros de la Sala Segunda de la Cámara Federal de Casación Penal, integrada por el doctor Pedro R. David como Presidente y los doctores Alejandro W. Slokar y Angela Ester Ledesma como Vocales, asistidos por la Prosecretaria de Cámara, doctora María Laura Vilela, con el objeto de dictar sentencia en la causa n° CCC 32758/2010/TO1/CFC1 caratulada “R., E. A. s/recurso de casación”, con la intervención de la Sra. Fiscal General en esta instancia, Dra. Irma Adriana García Netto, y de la Defensora Oficial ad hoc ante esta Cámara, Dra. Elisa Herrera, por la asistencia técnica de E. A. R.
Efectuado el sorteo para que los señores jueces emitan sus votos, resultaron designados para hacerlo en primer término la juez doctora Angela E. Ledesma, y en segundo y tercer lugar los jueces doctores Pedro R. David y Alejandro W. Slokar, respectivamente.
La señora juez Angela Ester Ledesma dijo:
I
El Tribunal Oral en lo Criminal nº 2 de esta ciudad, resolvió “I. RECHAZAR el planteo de nulidad formulado por el señor defensor oficial durante su alegado (arts. 166, 167 y concordantes -todos a contrario sensu- del Código Procesal Penal de la Nación).
II. CONDENAR a E. A. R….a la pena de DIEZ AÑOS DE PRISIÓN, accesorias legales y costas, por encontrarlo autor penalmente responsable del delito de homicidio agravado por el vínculo, en grado de tentativa (arts. 12, 29 inc. 3º, 42, 45 y 80 inc. 1º del Código Penal de la Nación).” -fs. 348/348 vta. y 351/372-.
Contra dicha decisión, la Defensora Oficial ad hoc Dra. Andrea Jimena Ares interpuso recurso de casación (fs. 373/387 vta.), el que fue concedido a fs. 388 y mantenido a fs. 395.
II
La impugnante, bajo la invocación de las causales contempladas en ambos incisos del art. 456 del código adjetivo, introdujo las siguientes críticas.
a) En primer lugar, aseveró que “la acusación que formula el Sr. Agente Fiscal en base al requerimiento de elevación a juicio de fs. 298/300 es nula…arbitrariamente el Sr. Fiscal de Instrucción cambio la calificación legal que estaba consolidada, ya que el procesamiento no había sido apelado, y también la base fáctica. En este sentido el hecho ya había sido analizado y calificado como lesiones graves agravadas por el vínculo.”.
Al respecto, argumentó que una vez radicada la causa en “la instancia de juicio oral, y a pedido del Sr. Fiscal General, se decretó la nulidad del requerimiento de elevación a juicio…una nulidad que no sólo quedó ahí sino que el nuevo requerimiento de elevación a juicio es idéntico al declarado inválido, un requerimiento que fuerza al juez de instrucción a ampliar la indagatoria y el procesamiento que ya se encontraba firme y que no había sido apelado oportunamente.”.
Añadió que no se han incorporado nuevas pruebas para habilitar el cambio de calificación, y que la defensa se vio sorprendida al no haberse resuelto adecuadamente el planteo de nulidad, por lo que a su ver la sentencia objetada carece de fundamentación en lo que a este tópico respecta.
Por ello, consideró que “debe resolverse la nulidad del requerimiento de elevación a juicio de fs. 298/300 y en consecuencia del alegato fiscal en relación a la acusación formulada.”.
b) En segundo lugar, aseveró que el fallo en cuestión contiene una fundamentación tan sólo aparente, debido a que le atribuye a su asistido en forma dogmática la responsabilidad por el hecho juzgado, sin exponer correctamente la vinculación de las pruebas producidas con las razones de hecho y de derecho para sostener la imputación.
Agregó que las evidencias colectadas son insuficientes para acreditar el hecho denunciado y que nos encontramos ante un caso de un único testigo, dado que “toda la prueba descansa en los dichos de la Sra. P H., el resto de los testimonios nos remiten a este testimonio original.”.
Sumó a lo dicho, que la nombrada “es una persona débil físicamente, manipulada por su actual pareja, ahora el Sr. A….”, y que “El otro testimonio, la Sra. L….también es un testigo poco creíble…”.
En síntesis, sostuvo que no existe certeza sobre la ocurrencia del suceso y la actuación del encartado R., y que por ello debe primar el principio in dubio pro reo; por ende, postuló la absolución del nombrado.
c) En tercer lugar, aseguró que los jueces aplicaron erróneamente la ley sustantiva, en tanto que no se verifican en el caso los presupuestos requeridos por el art. 80 inc. 1º del código sustantivo “pues es claro que no existía el vínculo matrimonial en aquel entonces entre [su] defendido y la Sra. P. H….el vínculo matrimonial se encontraba disuelto de hecho desde hace más de tres años, ya que la Sra. P. H. se encontraba unida de hecho con el Sr. A., y ella pretendía romperlo.”.
Adicionó que por tal circunstancia, tampoco resulta aplicable dicha figura agravada al supuesto de lesiones graves, y que al descartarse la procedencia de la norma observada, la calificación legal que corresponde al caso sería la prevista en el art. 79 del código de fondo.
Arguyó que sin perjuicio de ello, no hay certeza sobre la voluntad homicida, constituyendo una clara evidencia en este sentido, que la lesión no fue causada en una zona vital del cuerpo, como así también el hecho de haber concurrido la damnificada al domicilio del enjuiciado diez días después de acaecido el episodio investigado; de modo que, al no existir una prueba categórica respecto al dolo homicida, el hecho debe catalogarse como lesiones graves.
Finalmente, manifestó que tampoco es posible hablar de dolo eventual, dado que no se constató una previsión del resultado. En resumidas cuentas, entendió que en atención a la disposición contenida en el art. 3º del código de rito, corresponde estar a la calificación más favorable a su asistido “esto es, la de lesiones graves culposas (art. 94 del C.P.), o en su caso, lesiones graves dolosas (art. 90 del C.P.)…”.
Formuló expresa reserva del caso federal.
III
a) En el término de oficina, la Dra. G. N., sostuvo que la impugnante no ha logrado demostrar la arbitrariedad que invoca, que el planteo de nulidad resulta tardío, y que no indica cuál sería “el perjuicio irrogado con relación a la aplicación de la acusación, cuando contrariamente a lo sostenido por la defensa los dos requerimientos difieren en tanto entre el anulado y el vigente se ha practicado la correspondiente indagatoria y procesamiento, por lo que en toda instancia se pudo ejercer correctamente los actos de defensa.”.
Señaló asimismo que las pruebas fueron correctamente evaluadas, de conformidad con las reglas que hacen a la sana crítica racional, y que la calificación jurídica asignada al hecho es acertada, dado que “no puede considerarse que R. al apuñalar a la víctima profundamente en el abdomen pueda descartar la posibilidad de provocarle la muerte, lo que no sucedió en autos por causas ajenas a su voluntad.”.
Concluyó su escrito aseverando que “el dolo queda acreditado, toda vez que el imputado no pudo no representarse el resultado en función del medio empleado, lo que torna completa la estructura subjetiva de dolo eventual.”. Por todo ello, postuló el rechazo del recurso de casación interpuesto por la defensa.
b) En la misma ocasión procesal, la Dra. H. indicó que no ha podido acreditarse la intención homicida del encartado, argumentando que era la primera vez que se encontraron casualmente en la vía pública luego de que la damnificada decidiera irse del hogar conyugal, lo que descarta cualquier idea de premeditación.
Por otra parte, arguyó que todo sucedió en un contexto emocional importante, que no permite descartar el supuesto extraordinario de atenuación regulado en el último párrafo del art. 80 del Código Penal, toda vez que “el quehacer de R. puede entenderse como una reacción emocional al saberse engañado por P. H. quien mantenía una relación sentimental de varios meses con un ex novio previo a la disolución de hecho del vínculo (…todas situaciones reconocidas y alegadas por la propia víctima).”.
Expuso que todo comenzó cuando su defendido se enteró de dicha relación extramatrimonial y accedió a los mensajes de texto que su esposa se enviaba con el ex novio, por lo que decidió echarla de la casa, y al poco tiempo H. P. quedó embarazada. Citó doctrina sobre la materia.
Además, esgrimió que tampoco puede descartarse un estado de emoción violenta diferida, donde la respuesta agresiva no aparece “de inmediato a la causa desencadenante de la emoción violenta.”.
Reiteró la reserva del caso federal.
c) Cumplida la etapa prevista en el art. 468 del código de forma (15 de septiembre de 2015, conforme constancia de fs. 412), la causa queda en condiciones de ser resuelta.
IV
a) En principio, y para una más adecuada comprensión del caso traído a estudio, amerita recordar que el tribunal de juicio tuvo por acreditado que el encausado R. “en horas de la tarde -las 15 aproximadamente- del 15 de mayo de 2010, en la vereda impar de la calle X, le asestó a su esposa I. T. P. H., luego de sujetarla de los brazos y arrinconarla contra la pared, un puntazo en el abdomen a la altura del hígado con un elemento punzo cortante (posiblemente un arma blanca) que le produjo lesiones de carácter grave.” (fs. 367).
b) Ahora bien, ingresando al tratamiento de las críticas incoadas por la asistencia técnica del aludido R., concretamente en lo que atañe al planteo de nulidad, se advierte que la defensa reedita un tema que ya tuvo correcto tratamiento en la sentencia objetada; veamos.
Allí, consignaron los magistrados que cuando arribó la causa al tribunal, “el Fiscal de Juicio cuestionó la validez del primer requerimiento de elevación de fs. 215/217 por cuanto, si bien el imputado había sido indagado y procesado por el delito de lesiones graves en perjuicio de su esposa, allí se habían introducido elementos que modificaban sustancialmente la imputación original, esto es, la intención de ultimar a su esposa P. H., valiéndose de un cuchillo que llevaba entre sus ropas.”; y que, para sostener tal tesitura, el acusador público manifestó que no es lo mismo asestar una puñalada y ocasionar una lesión grave, que concurrir al lugar con un cuchillo oculto con el fin de ultimar, más allá que el resultado haya sido sólo una lesión de ese carácter.
Seguidamente, precisaron que ante tal situación “el Tribunal declaró la nulidad del citado requerimiento…y devueltos los autos a la instancia anterior, a pesar de que el fiscal pidió la ampliación de la indagatoria de R. a fin de subsanar la falencia apuntada, el magistrado instructor no hizo lugar a la petición…provocando la intervención de la Cámara del Crimen que revocó tal decisorio…”; y que, al ser “indagado nuevamente R. a fs. 290…el Sr. Juez de Instrucción resolvió adecuar y mantener el auto de procesamiento sin prisión preventiva…modificando la calificación legal a la figura del homicidio agravado por el vínculo en grado de tentativa (arts. 42, 45 y 80 inc. 1º del Código Penal).”.
A continuación, destacaron que esta resolución fue oportunamente notificada, sin merecer reparo alguno, “razón por la cual a fs. 297 fue declarada firme, provocando un nuevo requerimiento de elevación a juicio que obra a fs. 298/300…”, respecto del cual la defensa no dedujo excepciones ni formuló planteo de nulidad alguno.
Culminaron el punto, afirmando que en el contexto repasado “mal puede…la defensa agraviarse por un cambio de calificación en el auto de procesamiento y consecuente requisitoria de elevación, cuando en la etapa y momento procesal oportuno guardó silencio y hasta los consintió…” (ver fs. 366/367).
Compete recordar aquí que la anulación de actos procesales tiene en mira resguardar las garantías del debido proceso y defensa en juicio; resultando improcedente declarar la nulidad por la nulidad misma, exigiéndose la existencia de perjuicio (pas de nullité sans grief).
En este orden de ideas, señala Maier que “(l)a nulidad, comprendida como ultima ratio de la reacción procesal frente al defecto, es, tan sólo, una excepción, algo así como una decisión rara en el procedimiento, para cuando no haya forma de reparar el daño causado con el incumplimiento formal.”(Julio B. J. Maier, “El incumplimiento de las formas procesales” en NDP, 2000-B, del Puerto, pág. 813).
Sobre el particular, D’Albora sostiene que “La nulidad e vincula íntimamente con la idea de defensa (art. 18, CN). Sólo cuando surge algún vicio, defecto u omisión que haya privado a quien lo invoca del ejercicio de alguna facultad, afectando la garantía en cuestión, se produce una indefensión configurativa de nulidad…Si no media tal perjuicio, la invalidez del acto por nulidad queda descartada.”, y que “La cuantía o el grado de afectación puede variar; aunque jamás faltar. De lo contrario se trataría de un mero formalismo.” (Francisco J. D’Albora, “Código Procesal Penal de la Nación. Anotado. Comentado. Concordado”, Novena edición corregida, ampliada y actualizada por Nicolás F. D’Albora, AbeledoPerrot, Buenos Aires, 2011, pág. 256).
De modo que habrá que observar las especiales circunstancias del caso, a fin de verificar si se produce una afectación a tales garantías de orden superior, que amerite acudir a dicha vía excepcional, a fin de subsanar la lesión ocasionada.
Pues bien, en la reseña precedente no se constata una transgresión a las citadas garantías, toda vez que tal como lo describen los magistrados en el fallo examinado, una vez anulado el primigenio requerimiento de elevación a juicio, se dispuso, luego del trámite repasado y que no amerita iterar, recibirle al imputado una nueva declaración indagatoria, de conformidad con lo solicitado por el acusador público, oportunidad en la que se le hizo saber al encartado R. las circunstancias de modo, tiempo y lugar del hecho acriminado, las pruebas de cargo obrantes en su contra y que la conducta desplegada consistió en haber intentado ultimar a su esposa con el empleo de un cuchillo (ver fs. 290 y vta.).
Así fue que a fs. 292/294 vta. se dictó un nuevo auto de procesamiento y posteriormente el respectivo requerimiento de elevación a juicio (fs. 298/300 vta.), todo ello con ajuste a la misma calificación legal por la que finalmente resultó responsabilizado el enjuiciado, sin que -como también lo marcan los Sres. jueces- tales actos hayan merecido reproche por parte de la defensa en la ocasión procesal oportuna.
En el cuadro de situación apuntado, no se alcanza a vislumbrar, ni la recurrente logra demostrar, cuál habría sido el perjuicio concreto que todo ello podría haber causado en el ejercicio del derecho de defensa del imputado, ministerio éste que pudo ser plenamente desempeñado en todas las instancias pertinentes.
Por lo demás, cabe resaltar que los aspectos referenciados, atinentes a la modalidad del suceso, las evidencias colectadas y la signatura jurídica asignada, han sido ampliamente discutidos en el debate oral y público (ver fs. 327/334, 337/338 y 342/347); por ende, no se constata un menoscabo de las garantías que amparan al imputado, de acuerdo a la doctrina brevemente evocada.
En virtud de lo expuesto, entiendo que el planteo de nulidad no puede tener favorable agogida (arts. 123, 166, 167 y 404 inc. 2º a contrario sensu del C.P.P.N.).
c) Por otro lado, la defensa intenta conmover lo decidido esgrimiendo una errónea evaluación de las pruebas producidas en dicho debate, y cuestionando especialmente la credibilidad que el tribunal le otorgó a los dichos de la damnificada P. H. y a los de la testigo S. R. L.
En torno a ello, debemos recordar liminalmente que la veracidad que el tribunal de juicio atribuye a los testimonios brindados ante sus estrados, constituye un aspecto propio de la inmediación, y por lo tanto ajeno al contralor de esta Cámara; sin que, por otra parte, se advierta en nuestro caso un quiebre de logicidad en el razonamiento seguido por los jueces, a la hora de evaluar el plexo probatorio incorporado regularmente al juicio, para determinar la ocurrencia del hecho juzgado y el grado de responsabilidad que le cupo al sindicado R.
En efecto, los magistrados ponderaron un amplio marco de pruebas constituído, entre otras cosas, por numerosas declaraciones testimoniales, no sólo de la damnificada I. T. P. H. y la testigo presencial del hecho S. R. L., sino además de los médicos que asistieron a la víctima, del funcionario policial que concurrió al lugar del hecho, del médico forense que confeccionó el informe de fs. 59, como así también la historia clínica del nosocopio donde fue atendida la nombrada P. H., actuaciones de la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, copia certificada de la partida de matrimonio, informe del Cuerpo Médico Forense de fs. 247/249, etc., todo lo cual se encuentra detallado a fs. 318/318 vta. y 351 vta./359, donde me remito a fin de evitar reiteraciones estériles.
Estos elementos, fueron adecuadamente confrontados y cotejados en la resolución examinada, surgiendo de tal labor en forma indubitable, la ocurrencia del hecho y el grado de responsabilidad que le cupo al enjuiciado R.
Cabe memorar, que el tribunal indicó que para constatar la lesión sufrida por la damnificada y el carácter grave de la misma, se tuvieron en consideración la historia clínica de fs. 21/53 y el informe médico forense de fs. 59, como así también las declaraciones de los profesionales que elaboraron dichos documentos.
En este sentido, se precisó en el fallo que “Fueron escuchadas durante el debate las doctoras M. C. A. y P. N. C., las cuales, teniendo a la vista la recordada historia clínica…señalaron que la paciente P. H., de acuerdo al parte quirúrgico presentaba una herida de arma blanca en el lado izquierdo del abdomen y al ser operada se determinó una lesión a nivel hepático que generaba el sangrado. Explicaron que…por sus características exigía una cirugía inmediata, pues de otra manera su vida corría peligro. En cuanto al elemento productor de la lesión…destacaron que pudo ser cualquier arma blanca o elemento cortante.”.
Asimismo, marcaron los jueces que “se presentó al juicio el médico forense A. R. F., quien suscribiera el informe de fs. 59, reiterando ante preguntas de las partes que la lesión sufrida por la víctima fue de carácter grave…”, y que en relación a “la acreditación del vínculo matrimonial que para el momento del hecho unía al imputado con la víctima obra en autos el acta de fs. 161, incorporada al debate por lectura.”.
Por otra parte, señalaron que para determinar que fue el aludido R. el que le infirió a su esposa la grave lesión en cuestión, “se valoró fundamentalmente la declaración de la damnificada. Testimonio que…coincidió no solo con otras manifestaciones colectadas durante el juicio, sino también con probanzas documentales demostrativas de la situación de violencia anterior que la víctima sufría por parte de su marido, desembocando en el episodio que aquí nos ocupa.”; y afirmaron que ello responde a la crítica efectuada por la defensa, “en cuanto a que no se trata aquí de hacer prevalecer los dichos de un único testigo, en detrimento de los brindados por su pupilo, sino que, la versión de la víctima encuentra sustento en el resto del material histórico colectado.”.
En esta línea de pensamiento, destacaron que la nombrada P. H. “declaró que ese día (mayo de 2010) había concurrido a su casa de Lugano para ver a su propio padre y a sus hijos que vivían allí, pues ella se había retirado del hogar en febrero de ese año. Luego se dirigió a efectuar unas compras en la zona, momento en el que se cruzó con el imputado en la vía pública, quien luego de recriminarla por una supuesta conversación telefónica que había tenido con sus hijos, la empujó contra la pared y empezó un forcejeo, hasta sentir que la apuñalaba.”.
Además, y entre otras cosas que no es del caso ahondar, los sentenciantes consignaron que la damnificada refiriéndose a los episodios de violencia sufridos antes del hecho “sumamente angustiada y llorando, explicó que la relación matrimonial ya no podía seguir pero, cuando intentaba conversar al respecto con su marido, siempre temiendo cómo reaccionaría, la agarraba del cuello, a punto tal que en una ocasión durante el año 2009, la tomó del cuello esgrimiendo un cuchillo y le dijo “yo te voy a matar si te vas”. Fue entonces que ese año radicó una denuncia por “violencia familiar”.”.
A continuación, aseveraron que el testimonio de la víctima se vio corroborado por otros elementos de convicción, entre los que mencionaron los dichos de la testigo S. R. L., quien, según allí se especificó, relató que “vio a una pareja discutiendo…forcejeaban hasta que el hombre, que estaba ubicado de espalda a ella, con un cuchillo o navaja, apuñaló a la chica en el estómago.”; como así también, aludieron a los dichos del testigo G. S. G., puntualizando que negó “conocer al imputado y sí a la víctima, pues actualmente era la pareja de un conocido del barrio, de apellido A.”, y que “Respecto al hecho recordó que dos años atrás, en la puerta de su domicilio (X) al escuchar gritos se asomó y vio a un hombre de campera negra que se iba del lugar y a “T.” agarrándose la “panza”, al tiempo que le decía…que había sido el marido o el ex marido…”.
A esta altura del análisis, los magistrados marcaron que la defensa cuestionó la credibilidad de ambos testimonios, “fundamentalmente el de G., por su amistad con la actual pareja de T. P. H..”, sin embargo, aseguraron que no existen razones que justifiquen tal postura “pues no se advirtió que los testigos hayan recreado la escena que presenciaran exagerando circunstancias comprometedoras para el incuso…”.
Seguidamente, resaltaron que también deben tenerse en cuenta “los testimonios brindados por el padre de la damnificada, S. T. P. H. y el policía D. A. R….lo fundamental de tales dichos es que, si bien no presenciaron lo ocurrido y el último ni siquiera lo recordaba, ambos fueron contestes al informar de que por boca de los médicos que asistieran a la víctima o directamente a través de ella, asentándolo en el acta de fs. 1, supieron que el autor del ilícito había sido R..”.
Por último, anotaron que “la Licenciada A. M. P. (integrante de la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema de Justicia de la Nación) quien confeccionara el informe de fs. 117/120, confirmó lo allí asentado al tiempo que explicó la mecánica de la entrevista a las denunciantes, recordando que en el caso de P. H. la habían atendido dos personas.”, y que de las actuaciones labradas por dicha dependencia, surge que “el 16 de febrero de 2010 -como asegurara la damnificada, imputando a su marido R.- se le constataron lesiones en ambos brazos producto de golpe, choque y/o roce con una superficie dura…”.
Finalmente, concluyeron el tema consignando que “ninguna duda albergó el Tribunal de que el encartado había sido el autor del hecho que damnificara a su esposa P. H., no obstante la negativa que ensayara en la audiencia…en un vano intento por mejorar su comprometida situación procesal.”, de modo que “no habiéndose acreditado ni tampoco invocado causas de justificación ni tampoco razones que excluyeran la culpabilidad (ver informe médico de fs. 247/8 incorporado por lectura), no otro que un temperamento condenatorio cabe adoptar en contra del encausado…” (fs. 367/370).
En definitiva, reitero, considero que los magistrados han confrontando y armonizando adecuadamente el complejo plexo probatorio reseñado, quedando corroborado en forma indubitable el relato brindado por la damnificada P. H., de modo que la sentencia examinada satisface el requisito de certeza necesaria exigida a todo veredicto de condena, en torno a las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que ocurrió el suceso juzgado y la actuación que en él desempeñó el enjuiciado E. A. R. (conf. causas n° 6892, “Toledo, Marcos s/rec. de casación”, reg. n° 1128/06, de fecha 9 de octubre de 2006, nº 6907, “Calda, Cintia Laura s/rec. de casación”, reg. n° 1583, rta. el 27 de diciembre de 2006, nº 5605, “Ledesma Sánchez, Sergio Bernardo y otro s/rec. de casación”, reg. n° 876/07, de fecha 27 de junio de 2007 -de la Sala III de este Tribunal-, y nº 15197, “Taboada, Mathías Ezequiel s/rec. de casación”, reg. nº 20559 de la Sala II, de fecha 10 de octubre de 2012).
Como colofón de lo expuesto, se concluye que el decisorio cuestionado, en lo que atañe a los tópicos señalados, aparece como la derivación lógica y razonada de las pruebas allí evaluadas, y la aplicación del derecho vigente (tal como se verá en el siguiente apartado) a las particulares circunstancias del caso concreto, sin que las críticas esbozadas por la impugnante, logren conmover lo resuelto como acto jurisdiccional válido (arts. 123, 404 inc. 2°, 470 y 471 a contrario sensu del C.P.P.N.).
d) En otro orden, la defensa objeta la calificación legal asignada a la conducta desplegada por su asistido, arguyendo que no se verifica el presupuesto contemplado en la tipo penal del art. 80, inc. 1º, del código sustantivo, en tanto que los protagonistas del suceso se encontraban separados de hecho, y que tampoco se constata la existencia de una voluntad homicida; también, alega en el término de oficina, que se debe contemplar el supuesto extraordinario de atenuación contenido en el último párrafo del referido precepto legal, e invoca un estado de emoción violenta, en los términos reseñados en el punto b) del considerando III.
1- En lo que atañe a la figura penal acuñada en el precepto de referencia, Prunotto Laborde comenta que “En este supuesto se busca fundar la agravante en el respeto que se deben mutuamente los cónyuges, en la profunda relación afectiva que existiera. Otros piensan que se ha querido dar una mayor protección a la institución de la familia, con lo que sería un delito pluriofensivo.” (conf. Adolfo Prunotto Laborde “Artículos 79/82. Homicidio simple. Homicidio calificado. Homicidio en estado de emoción violenta y preterintencional. Atenuante al homicidio agravado por el vínculo”, publicado en “Código Penal y normas complementarias. Análisis doctrinal y jurisprudencial”, Tomo 3, artículos 79/96, Parte Especial, dirección David Baigún y Eugenio Raúl Zaffaroni, coordinación Marco A. Terragni, Hammurabi, Buenos Aires, 2007, pág. 425).
Sobre el tema, Aboso señala que “La ley funda la agravante en el menosprecio del respeto que se deben mutuamente los cónyuges…”, y que “La agravante requiere la existencia de un matrimonio válido…” (conf. Gustavo Eduardo Aboso, “Código Penal de la República Argentina. Comentado, concordado con jurisprudencia”, B de f, Buenos Aires-Montevideo, 2012, pág. 456).
En el caso, el tribunal precisó que el vínculo matrimonial estaba acreditado con el acta de fs. 161 (ver fs. 367 vta.), y que “Respecto al planteo de la defensa pretendiendo que la agravante por el vínculo matrimonial debía descartarse pues, por decisión de la mujer había concluido, el Tribunal, aún desde dicha óptica entendió que en la conciencia y sentir del encartado el vínculo continuaba vigente, pues él si la seguía considerando su mujer. Valga si no recordar en párrafo de su declaración durante el juicio: “…Lo que sí fue es lo que pasó en mi casa, porque me enteré que mi mujer, la madre de mis hijos…andaba con otro…Fue un momento de tensión y bronca…”.” (fs. 370 y vta.).
Aquí se debe relevar que la norma en cuestión, califica el homicidio al que matare al cónyuge, y el tribunal de juicio aplicó el derecho vigente a las particulares circunstancias del caso, constatando la existencia del vínculo matrimonial, más allá de que para el momento del hecho los aludidos P. H. y R. no se encontraban conviviendo.
De igual modo, y en torno al dolo exigido los jueces indicaron que “Ninguna duda cabe que R., atendiendo a las circunstancias y modalidad en que desplegara su ilícito proceder, actuó no solo a sabiendas que la víctima era su esposa sino también, utilizando un elemento punzo cortante y la fuerza necesaria como para infligir una herida de consideración que puso en peligro la vida de la damnificada.”.
Añadieron, “Recuérdese en este sentido la declaración de la víctima: el imputado le apoyó a la altura del abdomen un elemento punzante, que fue penetrado hasta provocarle la lesión que describieran los médicos que la asistieran. Resulta evidente entonces que R. procedió con conciencia y voluntad de ultimar a su esposa o, cuanto menos no podía descartar la posibilidad de que tal accionar concluyese con la vida de ella, lo cual no se concretó por razones ajenas a su voluntad.” (fs. 370).
Así las cosas, se observa que la sentencia examinada en lo que a tales aspectos se refiere, cuenta con fundamentos mínimos necesarios y suficientes, en los términos preceptuados por la Corte Suprema de Justicia de la Nación (Fallos: 293:294; 299:226; 300:92; 301:449; 303:888, entre muchísimos otros), que impiden su descalificación como acto jurisdiccional válido.
2- En cuanto al resto de los planteos tratados en este ítem, vale recordar que las circunstancias extraordinarias de atenuación, previstas en el último párrafo del art. 80 ibidem, aluden a un hecho que “debe ser inesperado, extraordinario, fuera de lo común, del que pueda decirse que se encuentra fuera del curso normal de los acontecimientos.”, y que “El fundamento de esta atenuación debe buscarse en la calidad de los motivos que determinaron la actuación del sujeto; ellos deben significar una razonable y comprensible disminución del respeto hacia el vínculo de sangre o la calidad de cónyuge.” (conf. Adolfo Prunotto Laborde, ob. cit., pág. 455), extremo éste que quedó descartado por el tribunal de juicio, conforme surge de la reseña precedente.
Por otro lado, en lo que hace al estado de emoción violenta alegado por la defensa, compete memorar con Buompadre que “El Código Penal, en la regulación de este tipo de homicidio, no hace referencia a cualquier emoción, por más perturbación espiritual que ella produzca en la persona, sino a una emoción violenta. Por lo tanto, lo que interesa, desde una primera perspectiva, es la intensidad de la emoción. La emoción es intensa cuando produce una conmoción psicológica en el individuo, de tal magnitud que debilita su capacidad de frenación frente al hecho externo que la estimula.” (Jorge E. Buompadre, “Derecho Penal. Parte especial”, Tomo 1, 2º edición actualizada, Mave, Buenos Aires, 2003, pág. 169).
Al respecto, Vicente Cabello señala que “…La comprobación semiológica de la emoción violenta, choca con serias dificultades debido a su condición furtiva que impide asentarla fehacientemente en la historia clínico criminológica, levantada generalmente mucho tiempo después del hecho…” (cfr. Vicente P. Cabello, “Psiquiatría forense en el derecho penal”, t. 2, reimpresión de la edición original, Hammurabi, Bs. As., 2005, pág. 53/54).
La norma en estudio, requiere la actualidad de la emoción con respecto a la acción homicida, es decir que este “emocionado mientras ejecuta el hecho…”, de modo que “La capacidad de reflexión del agente debe haber quedado tan menguada, que no le permita la elección de una conducta distinta que le posibilite controlar los impulsos.” (conf. Gustavo Eduardo Aboso, ob. cit., págs. 477 y ss).
Ahora bien, tal como han quedado acreditadas las circunstancias de modo, tiempo y lugar en las que acaeció el suceso ventilado en el caso, no se condicen con la posibilidad de que el imputado haya actuado bajo un estado de emoción intenso, caracterizado por la impulsividad, la irreflexión y la pérdida de frenos inhibitorios, en los términos de la doctrina brevemente esbozada.
Por otra parte, además de lo dificultoso que normalmente resulta acreditar un estado de emoción violenta y las discusiones acerca de su alcance, en este caso la prueba de esa emoción debió discutirse en el debate, donde ninguna de las partes la introdujo (conf. fs. 370).
En definitiva, reitero, considero que la sentencia examinada constituye la derivación necesaria y razonada de las evidencias allí evaluadas, y la aplicación del derecho vigente al caso concreto, sin que las objeciones formuladas por la impugnante, logren desmerecer lo decido como acto jurisdiccional válido.
Por todo ello, propongo al acuerdo rechazar el recurso de casación interpuesto por la defensa, con costas (arts. 123, 166, 167, 404 inc. 2º, 470 y 471 a contrario sensu 530 y cc del C.P.P.N.).
Tal es mi voto.
El señor juez doctor Pedro R. David dijo:
Que adhiere a la solución propuesta por la doctora Ledesma.
El señor juez Alejandro W. Slokar dijo:
Que, tal como vengo sosteniendo en forma reiterada, la magnitud de hechos como el que se ventila en la presente no escapan a una reconsideración normativa frente a los deberes del Estado asumidos en virtud de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Vid. Causa n° 10.040 “Díaz, Ernesto Rubén s/ recurso de casación”, reg. 19.518, rta. 25/11/2011, entre tantos otros).
Por cierto, nuestro país se ha comprometido también a “Modificar los patrones socioculturales de conducta de hombres y mujeres, con miras a alcanzar la eliminación de los prejuicios y las prácticas consuetudinarias y de cualquier otra índole que estén basados en la idea de la inferioridad o superioridad de cualquiera de los sexos o en funciones estereotipadas de hombres y mujeres” (art. 5 CEDAW). La misma Convención dispone que “1. Los Estados Partes adoptarán todas las medidas adecuadas para eliminar la discriminación contra la mujer en todos los asuntos relacionados con el matrimonio y las relaciones familiares y, en particular, asegurarán, en condiciones de igualdad entre hombres y mujeres: […] b) El mismo derecho para elegir libremente cónyuge y contraer matrimonio sólo por su libre albedrío y su pleno consentimiento; c) Los mismos derechos y responsabilidades durante el matrimonio y con ocasión de su disolución…” (art. 16).
Así es: “el criterio de la diligencia debida exige que el Estado actúe los medios existentes a su disposición para hacer frente tanto a los distintos actos de violencia contra la mujer como a las causas estructurales de modo de prevenir la violencia futura”. (“Poner fin a la violencia contra la mujer. De las palabras los hechos. Estudio del Secretario General Naciones Unidas”, ONU, 2006, p. 94, énfasis agregado).
De otro lado, resulta pertinente recordar cuanto llevo dicho en orden a que “no es posible construir las reglas de una […] comunidad sobre la base de actitudes unilaterales de hombres que identifican a las mujeres como seres sin derechos” (causa nº 11.343, caratulada: “Nadal, Guillermo Francisco s/recurso de casación”, reg. n° 1260/13, rta. 5/9/2013).
Empero, y aunque obvio, nunca huelga expresar que no siempre se reconocen las necesidades jurídicas de las mujeres, lo que se manifiesta en prácticas institucionales que carecen de una adecuada perspectiva de género, y no hacen más que traducir valoraciones propias de determinados contextos histórico culturales fundados en el mantenimiento de relaciones sociales asimétricas a partir de la asignación de pretendidas diferencias sexuales.
En este sentido, se ha dicho que: “Los procesos por los cuales las relaciones de género son socialmente construidas están asociados a estructuras y prácticas organizacionales que materializan dicho marco institucional. Las desigualdades de género son reproducidas en los procesos de distribución de los recursos, de las responsabilidades, del poder y del tiempo. Las reglas y prácticas organizacionales determinan qué categorías de personas serán incluidas o excluidas y de que manera se posicionarán dentro de las organizaciones. En este sentido, los patrones organizacionales de inclusión, exclusión, posicionamiento y progreso, expresan desigualdades de género, clase y raza, entre otros” (Cfr. La Serna, Carlos, “Introducción” en “La cuestión de género en las políticas locales”, CICCUS, Buenos Aires, 2011 p. 13-14).
Es que la idea de patriarcado aparece necesariamente vinculada al poder punitivo y al saber inquisitorial, o sea, la confiscación de las víctimas y el establecimiento de la verdad por interrogación violenta, como formas de las tres vigas maestras sobre las que se asienta un mismo poder estructuralmente discriminante (Zaffaroni, E. Raúl et. al., “Derecho penal. Parte general”, Segunda Edición, Ediar, Buenos Aires, 2002, pp. 229 y ss. Y 271 y ss.).
Ya supo sostener Alessandro Baratta que: “Si adoptamos el enfoque de los procesos de inmunidad de la violencia masculina contra las mujeres, la relación de subsidiaridad del sistema de la justicia criminal frente al sistema informal de control de la esfera privada se invierte. En este caso, el sistema penal se presenta como el sistema principal, y el informal como secundario. La no intervención del sistema penal en la esfera privada y su abstinencia respecto de la violencia masculina ya no pueden considerarse, entonces, como una tutela de la esfera privada por parte del aparato estatal, sino como una falta estructural de tutela de las mujeres, vale decir, la legitimación ‘pública’ en sí del incondicional poder patriarcal” (Baratta, Alessandro, “El paradigma del género. De la cuestión criminal a la cuestión humana” en Birgin, Haydée (comp.) “Las trampas del poder punitivo. El género del Derecho penal”, Biblos, Buenos Aires, 2000 p. 67).
En adición a ello, sobre lo inadecuada que resulta la consideración de la violencia contra las mujeres en las relaciones íntimas como una cuestión privada, se ha enseñado que: “El concepto de maltrato masculino hacia las mujeres como algo privado tiene una fuerza ideológica potente en nuestra conciencia. Al ser considerado como una cuestión privada, lo reafirmamos como un problema individual que involucra solo a una relación íntima y particular, lo cual impide la generación de la responsabilidad social para encontrar una solución legal […] en lugar de concentrarnos en quien maltrata, analizamos a la mujer maltratada, investigamos su conducta, examinamos su patología y la culpamos por seguir en la relación, a fin de mantener nuestra negación y nuestra incapacidad para enfrentar las cuestiones más básicas y problemáticas referidas al poder y el control en las relaciones íntimas” (Vid. mi voto en causa n° 9.125, caratulada: “K., S. N. y otro s/recurso de casación” reg. n° 50/2013, rta. 21/2/2013, con cita de Schneider, Elisabeth, La violencia de lo privado, en Di Corleto, Julieta (comp.), “Justicia, género y violencia”, Libraria- Red Alas, Buenos Aires, 2010, p. 47).
Por fin, y a este respecto, no puede dejar de referenciarse el enjundioso que ensaya que: “en la nueva familia burguesa, el marido se convirtiese en el representante del estado, el encargado de disciplinar y supervisar las nuevas ‘clases subordinadas’, una categoría que para los teóricos políticos de los siglos XVI y XVII (por ejemplo Jean Bodin) incluía a la esposa y sus hijos (Schochet, 1975). De ahí la identificación de la familia con un micro-estado o una micro- Iglesia, así como la exigencia por parte de las autoridades de que los trabajadores y trabajadoras solteros vivieran bajo el techo y las órdenes de un solo amo. Dentro de la familia burguesa, se constata también que la mujer perdió mucho de su poder, siendo generalmente excluida de los negocios familiares y confinada a la supervisión de la casa. Pero lo que falta en este retrato es el reconocimiento de que, mientras que en la clase alta era la propiedad lo que daba al marido poder sobre su esposa e hijos, la exclusión de las mujeres del salario daba a los trabajadores un poder similar sobre sus mujeres”. (Federici, Silvia, “Calibán y la bruja. Mujeres, cuerpo y acumulación originaria”, 2º edición, trad. de Verónica Hendel y Leopoldo Sebastián Souza, Tinta Limón, Buenos Aires, 2015, pp. 174-175).
En resumidas cuentas: “los malos tratos domésticos representan el ejercicio extremo de una autoridad que se considera legitima. Hay un mecanismo que justifica la utilización de esta violencia: ideología de la superioridad masculina (con el correspondiente deber de obediencia femenina) que autoriza el ejercicio del derecho de corrección. Ello está amparado por mensajes positivos: en el «ámbito doméstico» la representación del poder punitivo la ostenta el marido, y por mensajes negativos, auspiciados por la renuencia de los poderes públicos a intervenir en los espacios previamente definidos como «privados»” (Larrauri, Elena, “Control informal: Las penas de las mujeres…” en Larrauri, Elena (comp.), “Mujeres, Derecho penal y criminología”, Siglo XXI, Madrid, 1994, p. 6).
En este contexto, adquiere pleno sentido la violencia de género como una forma de discriminación a las mujeres, pues “la indiscutible posición subordinada que la sociedad patriarcal atribuye a lo femenino -como género, como colectivo- hace que la violencia contra ellas sea un reflejo de esa sumisión, al tiempo que un instrumento para mantenerla. Esto es lo que dota de especificidad -y gravedad- a la violencia contra las mujeres frente a otras formas de violencia doméstica, incluidas las agresiones -sin duda posibles- de una mujer a su pareja masculina. A las circunstancias individuales presentes en cualquier acto violento -consumo de sustancias, estrés, agresividad, etc.-, se añade en este caso ese componente estructural que hace del acto agresivo el reflejo y resultado de un modelo de comportamiento social asociado al desprecio de ‘lo femenino’ (o de ‘lo indígena’ o de ‘lo foráneo’, por poner otros ejemplos) y su sumisión al varón. Y eso es, precisamente, lo que incrementa la gravedad de este tipo de agresiones, ya que no se está atentando sólo contra la integridad física o psíquica de la persona, sino también, y de modo muy significativo, contra su dignidad y libertad. Dentro de este marco se explican las palabras del Tribunal Constitucional cuando califica la violencia contra la mujer en la pareja como una conducta ‘negadora de su igual condición de persona’ y como reafirmación del ‘menosprecio que la identifica con un grupo menospreciado” (Laurenzo Copello, Patricia, “La violencia de género en la política criminal española: entre el reconocimiento social y la desconfianza hacia las mujeres”, en “Discriminación y género. Las formas de la violencia”, Ministerio Público de la Defensa, Buenos Aires, 2011. pp. 165-166).
De tal suerte, sólo atendiendo a las características de sistema imperante -y sus trampas- puede darse un significado al burocrático actuar de las agencias estatales, cuya inactividad casi se cobra la vida de I. T. P. H..
En efecto, tres meses antes de que fuera apuñalada por su cónyuge -tal resulta del detallado voto de la distinguida colega que lidera el acuerdo-, I. P. H. concurrió el 16 de febrero de 2010 a la OVD (Oficina de Violencia Doméstica dependiente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación) oportunidad en la que supo manifestar: “que su esposo se enoja de nada […] Su esposo no quería que ella trabaje ni estudie. Decía que el estudiar era muy caro, y le pegaba, por lo que tuvo que dejar de concurrir. Que en los últimos ocho años hubo entre 5 y 7 episodios de violencia física, pero nunca lo denunció […] el hecho que motiva la presente denuncia ocurrió el domingo 14 de febrero siendo las 21 horas […] Comencé a discutir con mi esposo. Yo tengo una relación con un ex novio desde hace 8 meses […] Yo no se lo dije porque él me amenazaba con un cuchillo de cocina en la garganta, cada vez que quería saber quien era mi relación […] Que cuando su esposo supo el número de G., le rompió el celular […] Yo le dije que no me iba a ir porque era mi casa. Me dijo que si me quedaba un minuto más me mataba…”. Al preguntársele que deseaba obtener con la denuncia, dijo “prohibición de contacto y acercamiento del denunciado y restitución de las pertenencias. Asimismo, que se fije un régimen de visitas para ver a [sus] hijos”. Luego, el informe señaló la evaluación del riesgo como alto (cfr. fs. 114/115 y 119, énfasis agregado).
El “expediente papel” que se sustanció por el delito de amenazas quedó radicado ante el Juzgado Correccional nº 9, que decretó su incompetencia en razón de la materia a favor del Juzgado en lo Criminal de Instrucción nº 29, que con fecha 26 de abril de 2010 dictó el sobreseimiento del cónyuge R. (fs. 132vta. y 166).
Con posterioridad al ataque ocurrido en mayo, que aparece sometido a juzgamiento, nuevamente el 21 de septiembre de 2010, I. P. H. realizó una nueva visita a la OVD (Oficina de Violencia Doméstica), donde realizó un detallado relato respecto a las dificultades familiares, poniendo de manifiesto su voluntad de reintegrarse al domicilio “previa exclusión de la vivienda de su esposo” (fs. 126). En esta ocasión nuevamente se valoró la situación de la damnificada como de alto riesgo (fs. 127vta., énfasis agregado).
Así, la víctima en dos oportunidades confió al Estado dos reclamos: la prohibición de acercamiento de R. y su exclusión del hogar conyugal. El primero recién fue atendido el 23 de septiembre de 2011, en ocasión del dictado del procesamiento de R., cuando se impuso una prohibición de acercamiento a los lugares de su habitual concurrencia, es decir, más de un año y siete meses de que efectuara la denuncia y luego de que -como una suerte de profecía auto-cumplida- sufriera el acometimiento de su esposo con el propósito de darle muerte. Sin embargo, aquel primer reclamo, solo requirió dos meses para el mero dictado de un sobreseimiento, sin la consideración de parte de ningún estamento de medida restrictiva alguna. Por si fuera poco, siquiera se advierte continuidad temporal en la disposición cautelar, que fue impuesta por 90 días en 2011, renovada por el mismo término el 29 de octubre de 2012 y, finalmente, fijada en la sentencia condenatoria hasta tanto esta adquiera firmeza, de la que además -nuevamente- la víctima denunció su transgresión (fs. 176/vta., 292/295, 567/572 y fs. 405, respectivamente).En cuanto al segundo aspecto, se conoce que, al finalizar el debate, R. continuaba domiciliado en el hogar conyugal.
En el sub examen, el funcionamiento de las agencias estatales revela una matriz que responde ante el conflicto con una intervención meramente formal, mas no con debida diligencia. Esto es sencillo advertir en los dichos de la testigo A. M. P., profesional de la OVD, quien admitió que: “Cuando alguien concurre a la oficina se hace una pequeña entrevista de admisión y después pasa a ser atendida por los equipos que suelen estar integrados por tres profesionales […] La vemos durante una hora y media, a lo sumo dos horas. Con esa historia familiar se describe la situación y después se da una idea del nivel de riesgo, que tiene que ver con el material que la persona proporciona y la experiencia de las profesionales. […] Cada vez se arma un legajo. Si trae una denuncia previa, se agrega y se remite el legajo a la intervención penal previa. La oficina está pensada para que la persona venga una vez y se inicie el expediente y después lo siga con su abogado, pero la realidad es que vienen más de una vez, y en ese caso se le agrega una copia del anterior para que el juzgado no tenga que buscarlo” (fs. 330vta., destacado agregado).
En definitiva, pareciera que -con la sola excepción del fiscal de juicio, que ante las manifestaciones de P. H. en orden a que R. le imponía obstáculos para ver a sus hijos como mecanismo de presión, solicitó la comparecencia del imputado para que deponga su actitud, pretensión que recibió un lacónico “no ha lugar” por parte del tribunal, que sin embargo aprovechó la ocasión para recordar a la nombrada que “podrá acudir ante el fuero correspondiente para solicitar las medidas que estime pertinentes”- (cfr. fs. 339/341) toda intervención estatal resultó absolutamente inadecuada para atender los reclamos de la mujer víctima de violencia de género.
Sobre el extremo, no puede dejar de memorarse que: “en un caso en el que el Estado de Brasil omitió todo tipo de intervención para hacer cesar la violencia intrafamiliar, a pesar de las denuncias policiales de la mujer que la sufría, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos consideró que ello importa la omisión de cumplir con las obligaciones de prevención, y detectó una violación concreta al deber de investigación y sanción oportuna de estos hechos, derivada de los compromisos internacionales asumidos en virtud de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la violencia contra la Mujer -Convención Belém do Pará- (Caso “Maria da Penha Fernandez Maia vs. Brasil”, informe 54/01 del 16 de abril de 2001, párr. 46-46, 51, 55-56) por lo que recomendó que se debería realizar lo conducente para concientizar a los agentes estatales para que puedan brindar la atención oportuna y adecuada en casos de violencia e impartir la formación necesaria para deconstruir los patrones culturales que llevan a la policía y a los órganos judiciales a desoír las denuncias (ap. VIII, párr. 4.a, c, d y e)” (Vid. mi voto en causa nº 513/2013, caratulada: “Adorno Florentín, Atilio Ramón s/recurso de casación”, reg. N° 649/14, rta. 25/4/2014).
Es indiscutible que -no pocas veces- cuando se persigue la violencia de género se termina discriminando aún más y no se protege lo suficiente (o directamente, se desprotege) a las víctimas, mientras lo indispensable en estas hipótesis es identificar los factores de riesgo y dar una respuesta estatal efectiva e inmediata ante ellos.
Desde siempre “…se destaca la importancia de la identificación de los factores de riesgo y la respuesta inmediata ante ellos…” [ya que] “…las autoridades reconocieron en alguna instancia el riesgo que representaba el agresor (por ejemplo, dictando órdenes de protección o restricción, arrestando y deteniendo al individuo violento, asistiendo a la víctima en la presentación de denuncias o acciones legales), pero luego no continuaron con el caso en forma diligente para garantizar la protección adecuada. Una buena estrategia de prevención también debe mitigar los factores de riesgo y consolidar las instituciones que pueden suministrar una respuesta efectiva” (cfr. mi voto en causa n° 9.125, caratulada: “K., S. N. y otro s/recurso de casación” reg. n° 50/2013, rta. 21/2/2013, con cita de Chinkin, Christine “Acceso a la justicia, género y derechos humanos”, con cita Corte IDH, Caso Jessica Lenahan (Gonzalez) vs. Estados Unidos, Informe Nº 80/11, Caso 2.626, 21 de julio de 2001, § 134, y Caso González y otras, “Campo Algodonero” vs. México., 16 de noviembre de 2009, Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas, § 292, en “Violencia de Género. Estrategias de litigio para la defensa de los derechos de las mujeres”, Ministerio Público de la Defensa, Buenos Aires, 2012, pág. 35, destacado agregado).
Por fin, debe recordarse que los estados partes de la Convención Belém do Pará se han comprometido a: “a) abstenerse de cualquier acción o práctica de violencia contra la mujer y velar por que las autoridades, sus funcionarios, personal y agentes e instituciones se comporten de conformidad con esta obligación; b. actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra la mujer” (art. 7).
Con estos resguardos, derivados del valor propedéutico de la especie, adhiero en lo sustancial y comparto la solución propuesta por la jueza que inaugura el acuerdo.
Así doy mi voto.
En virtud del resultado habido en la votación que antecede, el Tribunal RESUELVE:
RECHAZAR el recurso de casación interpuesto por la defensa, con costas (arts. 123, 166, 167, 404 inc. 2º, 470 y 471 a contrario sensu 530 y cc del C.P.P.N.).
Regístrese, comuníquese, hágase saber, y remítase la causa al origen, sirviendo la presente de atenta nota de envío.
Fdo. Angela E. Ledesma Alejandro W. Slokar
Ante mi: María Laura Vilela
NOTA: Para dejar constancia que el Dr. Pedro R. David participó de la deliberación, votó y no suscribe la presente por hallarse en uso de licencia.
B., V. N. Homicidio calificado por el vínculo – Trib. Crim. Jujuy – Nº 2 – 01/08/2014.
003990E
