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JURISPRUDENCIAAcción de repetición. ANSeS. Pensión por fallecimiento. Separación de hecho. Pago sin causa
Se hace lugar a la acción de repetición iniciada por ANSeS, toda vez que la actora percibió erróneamente una pensión por fallecimiento a la que no tenía derecho. Para decidir así, se explica que si la demandada y el causante se encontraban separados de hecho con mucha anterioridad al deceso de este último, tal situación la margina del derecho al cobro de la pensión por fallecimiento y habilita a ANSeS para repetir sobre los montos cobrados injustificadamente.
En Buenos Aires, a los 3 días del mes de agosto del año dos mil diecisiete, hallándose reunidos en acuerdo los Señores Vocales de la Sala III de la Excma. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal a fin de pronunciarse en los autos “ANSES c/ Baru María Ester s/ repetición”, y de acuerdo al orden de sorteo la Dra. Graciela Medina dijo:
I. Mediante la sentencia obrante a fs. 110/117 la magistrada a quo hizo lugar en forma parcial a la demanda que el ANSES entabló contra Doña María Ester Baru y condenó a esta última a pagar la suma de pesos cuarenta y siete mil setecientos cincuenta y dos con 93/100, con más los intereses y las costas del juicio.
Para así resolver, analizó en primer término lo actuado en la causa sobre divorcio vincular (reservada en Secretaría) y destacó algunas cuestiones, a saber:
a) que con fecha 6.1.95 se celebró el matrimonio del Sr. Ángel Giammusso -italiano, 83 años de edad y jubilado-, con la Sra. María Ester Baru, argentina, 41 años de edad y empleada (conf. fs. 6 del expte. n° 82.298/95);
b) El 30.5.95, la Sra. Baru se presentó en la Comisaría n° 5ta. de Moreno -Paso del Rey-, Pcia. de Buenos Aires, y expone que hace abandono del hogar conyugal para irse a vivir a la ciudad de Morón (conf. fs. 5 del expte. de divorcio mencionado);
c) El 22.6.95, el Sr. Ángel Giammusso presentó demanda judicial contra la Sra. Baru, con el objeto de que se decrete el divorcio vincular de la misma, por culpa de ésta (conf. fs. 10/11 de la causa aludida);
d) el 22.3.96, la Sra. Baru contestó la demanda de divorcio interpuesta por el Sr. Giammusso, en la que utilizó expresiones tales como: “Así a lo largo de nuestro corto matrimonio”, “…mientras duró nuestro matrimonio…”, “el único culpable de la disolución del matrimonio es…” (conf. fs. 27/29 vta. de los autos mencionados);
e) El 29.9.97, se produjo el deceso del Sr. Ángel Giammusso (conf. acta de defunción obrante a fs. 104 y 151 del expte. n° 82.298/95);
f) El 18.11.97, el Sr. Juez Héctor Lázzaro -a cargo del Tribunal interviniente en la causa de disolución del matrimonio-, dictó sentencia decretando el divorcio vincular de aquélla unión, por culpa exclusiva de la señora Baru, por las causales de “malos tratos” y “abandono voluntario y malicioso del hogar” (conf. fs. 93/94 vta. de la citada causa);
g) El 8.5.06, el jefe de la ANSES, UDAI – Morón, a través de la Resolución n° 2408 decidió otorgar a la señora María Ester Baru el beneficio de pensión por fallecimiento del señor Giammusso (con. fs. 13 de estas actuaciones y fs. 44 del expte. administrativo n° 024-27109344813-007-3);
h) El 15.11.10, la ANSES, por Resolución 1634 GD, ponderando los fundamentos de la sentencia de divorcio vincular dictada contra la señora Baru, resolvió declarar la nulidad de la Res. del jefe de UDAI Morón n° 2408 del 8.5.06, por la que se le acordó el beneficio de pensión, disponiendo la baja definitiva de dicho beneficio otorgado a la aquí accionada, y formulando cargo por las sumas que entendió el organismo estatal fueron percibidas indebidamente por Baru, ordenando iniciar la acción de recupero (conf. fs. 25/30 del expte. adm. n° 024-27-10934481-3-107-00001);
i) El 23.12.13 la magistrada interviniente en aquélla causa de divorcio resolvió dejar sin efecto la sentencia de fs. 93/94 vta., y declarar extinguido el vínculo matrimonial por la causal de muerte de uno de los cónyuges, conforme lo establecido por el artículo 213, inc. 1 del Código Civil, esto es, por el fallecimiento de Ángel Giammusso (conf. fs. 171/172 vta. de la mentada causa);
j) Posteriormente, la Sra. Baru, ante la nueva circunstancia de haberse dejado sin efecto la sentencia de divorcio vincular por culpa de ella, promovió nueva actuaciones administrativas ante la ANSES a fin de lograr la rehabilitación de la pensión; sin embargo, por Resolución del 17.7.14, aquel organismo, al considerar que los cónyuges Giammusso y Baru se encontraban separados de hecho por decisión unilateral de la esposa, decidió desestimar ese nuevo pedido efectuado por la aquí demandada (conf. fs. 67 vta./69 de las presentes actuaciones y fs. 101/102 del expte. adm. n° 024271093448138201).
Sentado ello, ponderó que se encontraba debidamente acreditado en la causa que, con anterioridad a que sucediera el deceso del Sr. Giammusso, éste y la señora Baru se encontraban separados desde hacía mucho tiempo y que dicha situación fue reconocida por la propia accionada al momento de contestar la demanda de divorcio, donde daba cuenta y manifestaba que su relación matrimonial se encontraba terminada. Así, concluyó que le asistía razón a la accionante respecto de que el caso de la Sra. Baru encuadra perfectamente en lo establecido por el artículo 1, inciso a) de la ley 17.562, modificado por el artículo 1° de la ley 23.263 por cuanto allí se establece que no tendrán derecho a pensión: a) el cónyuge que por su culpa o culpa de ambos, estuviera divorciado o separado de hecho al momento de la muerte del causante, excepto cuando el divorcio hubiera sido decretado bajo el régimen del artículo 67 bis de la ley 2.393 y uno de los cónyuges hubiera dejado a salvo el derecho a percibir alimentos.
Señaló la jueza, que de ello, se desprendía que la Sra. Baru percibió indebidamente la pensión derivada del fallecimiento del señor Giammusso, quien era titular del beneficio n° …, ya que carecía de derecho para acceder a dicha prestación previsional. Puso de resalto que los pagos que le efectuó la ANSES, derivados del beneficio que erróneamente se le concedió, no estaban vinculados a suma alguna de su propiedad, de modo que correspondía considerarlos pagos “indebidos”, siendo claro que ésta los percibió sin revestir la calidad de acreedora, es decir, se trataron de pagos sin causa en los términos del artículo 792 del Código Civil.
Respecto a la extensión económica del reclamo, ponderó lo actuado en el expediente administrativo n° 024-27109344813-820-1, del cual surgía que la accionada cobró de manera indebida la prestación en cuestión desde el 1/6/06 al 31/1/11, totalizando la suma de $47.752,93 en concepto de capital, correspondiendo fijar el crédito reclamado en dicha suma. En cuanto a los intereses, dispuso que la mencionada suma devengará los mismos desde la constitución en mora de la deudora, lo que se produjo -a su criterio- con la presentación efectuada por la actora con fecha 26/9/14 (ver fs. 42) y hasta el día del efectivo pago de la condena, de conformidad con la tasa fijada por Resolución n° 874/05 de la ANSES, en su artículo 1°.
Por último, impuso las costas del proceso a la demandada vencida.
La sentencia fue apelada por ambas partes (ver recursos de fs. 132 y fs. 133, concedidos a fs. 132 y fs. 134). A fs. 143/144, expresó agravios la actora y a fs. 145/147 lo hizo la demandada, cuyo traslado fue contestado mediante presentación de fs. 149/150.
II. La accionante se agravia por cuanto la magistrada de grado decidió contabilizar los intereses desde la traba de la litis sin ningún fundamento, en lugar de contabilizarlos desde que las sumas fueron percibidas.
La demandada, se queja por entender que la jueza hizo una errónea valoración de lo actuado en la causa n° 82.298 “Giammusso Ángel c/ Baru, María Ester s/ Divorcio Vincular, tramitada ante el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial N° 7, Departamento Judicial de Mercedes, Provincia de Buenos Aires. En síntesis, sostiene que con su decisorio, la sentenciante hace valer una disposición administrativa por sobre los padecimientos que ella debió sufrir en su matrimonio, concretamente, violencia y maltratos.
III. Formulado el resumen que antecede, considero oportuno recordar que los jueces no están obligados a tratar todas y cada una de las argumentaciones desarrolladas por las partes en sus agravios, sino sólo aquéllas que estimen conducentes para la correcta solución del litigio (conf. CSJN, Fallos: 262:222; 278:271; 291:390; 308:584, entre otras).
IV. Por una cuestión de orden lógico, corresponde tratar en primer término los agravios de la demandada para concluir analizando los de la actora.
De una simple lectura de la presentación de fs. 145/147, se desprende sin hesitación que el recurso debe ser declarado desierto.
Cabe recordar que de acuerdo con lo establecido por el artículo 265 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, la argumentación del recurso de apelación exige una crítica concreta y razonada del decisorio; ello requiere un análisis serio que demuestre, de manera apropiada, que aquél es erróneo o contrario a derecho, y a tal fin se debe indicar las deficiencias atribuidas al fallo (conf. esta Sala, causas n° 48.099/95 del 27.2.03, 6.686/07 del 22.09.09, 119/03 del 10.07.12, entre otras).
Desde esta perspectiva, se impone destacar que esta Sala observa un criterio amplio para juzgar la suficiencia de una expresión de agravios, por estimar es el que mejor se adecua a un cuidadoso respeto del derecho constitucional de la defensa en juicio (en igual sentido, Sala II, causas 11.613/03 del 4.03.09, 9.640/01 del 5.08.10, entre otras), en el caso es evidente que la deserción del recurso resulta procedente.
Por amplio que sea el criterio que se aplique para ponderar un memorial de agravios como habilitante de la instancia de revisión, esa actitud benevolente no puede llegar a ser de una lenidad tal que, en los hechos, implique marginar las normas procesales vigentes que rigen los pasos para acceder a la alzada. Y esto es lo que sucedería, en el sub lite, si frente a los exámenes fácticos y jurídicos que contiene la resolución apelada se considerara que el memorial expone, con apropiada argumentación, una crítica concreta y razonada del pronunciamiento de primera instancia. Dicho memorial pues no satisface, mínimamente, los requisitos de fundamentación que exige el artículo 265 del CPCC.
En efecto, nótese que la decisión apelada se basó, sustancialmente, en que, conforme surgía de las constancias y de las pruebas producidas en la causa, se acreditaba en el sub lite que la Sra. Baru y el Sr. Giammusso Ángel se encontraban separados de hecho con mucha anterioridad al deceso de este último y que tal situación, la marginaba del derecho al cobro de la pensión que erróneamente percibió desde el 1/6/06 al 31/1/11.
Pues bien, la apelante no dedicó ni uno de los párrafos vertidos en su expresión de agravios a atacar lo sostenido por la jueza en su decisorio a lo largo de trece páginas. En efecto, se limita a denunciar una errónea valoración por parte de ésta respecto de lo actuado en la causa n° 82.298 “Giammusso Ángel c/ Baru, María Ester s/ Divorcio Vincular”, tramitada ante el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial N° 7, Departamento Judicial de Mercedes, Provincia de Buenos Aires, pero no se explaya sobre el particular ni brinda ningún argumento serio que permita avalar su postura, lo que, sin lugar a dudas, sella la suerte de su recurso.
Cabe destacar que resulta -por lo menos- llamativo que en defensa de su postura, la recurrente pretenda introducir la denuncia de hechos de violencia y malos tratos que -según dice- habría sufrido en el trascurso de su corta vida conyugal con el Sr. Giammusso y motivaron su decisión de abandonar el hogar y separarse. Lo cierto es que nada dijo al respecto al momento de presentarse en la causa, así como tampoco lo hizo en presentaciones posteriores. En tal sentido, cabe destacar que tampoco lo hizo en la causa de divorcio vincular que ha sido acompañada a la presente y tengo a la vista.
Si bien, es harto sabido que el tribunal de Alzada tiene vedado el análisis de cuestiones que no fueron puestas a debate en primera instancia, hago mención del tema para hacer un llamado de atención a la dirección letrada de la demandada por cuanto resulta de público y notorio conocimiento que la violencia de género es una problemática acuciante en la actualidad. Cualquiera sabe hoy que la consigna “Ni una menos” pretende hacerse carne en nuestra sociedad y basta encender cualquier medio de comunicación por las mañanas para desayunar con la noticia de una mujer maltratada, víctima de violencia y, lamentablemente, muerta en muchos de los casos.
En tal contexto, resultan fuera de lugar y de pésimo gusto las expresiones vertidas sobre el particular en el memorial, por cuanto carecen de asidero ya que -como he dicho- ni en esta causa, ni en la causa n° 82.298 de divorcio vincular, se han aportado pruebas que acrediten siquiera mínimamente tales afirmaciones. De hecho, en esta última, las pruebas producidas sólo hacen mención de los malos tratos que la Sra. Baru le propinaba a su ex marido, el Sr. Giammussa (ver testimonios de fs. 74, 75 y 79 de la causa reservada).
De tal manera, debe quedar claro que un tema realmente sensible al día de hoy, merece un trato extremadamente serio, so riesgo de trivializarlo. Por ello, aseverar que la magistrada de grado, asumió una postura dogmática, que aprueba la violencia sufrida por una mujer, es un dislate que no debe ser pasado por alto.
Por todo lo expuesto, considero que el recurso de la demandada debe ser declarado desierto.
V. Trataré el agravio referido a la condena de intereses.
La sentenciante dispuso que la suma devengará intereses desde la constitución en mora de la deudora, que en el caso se constituyó con la presentación efectuada por la propia demandada el 26.9.14 (ver fs. 42), y hasta el día del efectivo pago de la condena, de conformidad con la tasa fijada por el artículo 1 de la Resolución n° 874/05 ANSES (B.O. 9.9.05), sin que proceda adicionar intereses punitorios desde que ellos no fueron pactados, ni aparecen contemplados en la resolución aplicable en el sub examen.
La actora pretende que los intereses sean fijados desde que las sumas fueron percibidas pero no aporta en su expresión de agravios ningún argumento sólido que permita revertir lo decidido en primera instancia. De hecho, recurre a la cita poco clara de doctrina y resoluciones, pero no da fundamentos concretos a su postura ni indica de manera clara y concisa porqué resulta desacertado o injusto lo decidido sobre este punto por la a quo. Por ello, considero que debe confirmarse también este aspecto de la sentencia.
VI. En consecuencia, propongo al Acuerdo confirmar el fallo apelado. Las costas de Alzada se imponen a la demandada vencida (art. 68, primera parte del Código Procesal).
Así voto.
El Dr. Ricardo Gustavo Recondo por análogos fundamentos adhiere al voto precedente. Con lo que terminó el acto, de lo que doy fe.
Buenos Aires, 3 de agosto de 2017.
Y VISTO: lo deliberado y las conclusiones a las que se arriba en el Acuerdo precedente, el Tribunal RESUELVE: confirmar el fallo apelado. Las costas de Alzada se imponen a la demandada vencida (conf. art. 68, primer párrafo).
Por las tareas desarrolladas en Alzada y de acuerdo al resultado obtenido, se establecen los honorarios de los Dres. Sosnik Nancy Silvia y Claudio M. A. Gorosito en las sumas de pesos tres mil ciento cincuenta ($3.150) y de setecientos cincuenta ($750) respectivamente (art. 14 de la ley de arancel).
El Dr. Guillermo Alberto Antelo no suscribe la presente por haber sido aceptada su excusación a fs. 155
Regístrese, notifíquese, oportunamente publíquese y oportunamente devuélvase.
Graciela Medina
Ricardo Gustavo Recondo
Ley 24241 – BO: 18/10/1993
ANSeS c/S., S. D. s/repetición – Cám. Nac. Civ. y Com. Fed. – SALA III – 27/09/2016 – Cita digital IUSJU010654E
021723E
