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JURISPRUDENCIA
Suprema Corte:
-I-
La Corte de Justicia de la Provincia de Salta rechazó el recurso local de inconstitucionalidad que había sido interpuesto por la parte demandada en la presente causa, Arte Radiotelevisivo Argentino S.A. (ARTEAR), contra la sentencia pronunciada por la Sala I de la Cámara de Apelaciones Civil y Comercial de esa misma ciudad. En lo que interesa a los fines de este dictamen, en dicho resolutorio la cámara resolvió: 1) admitir parcialmente el recurso interpuesto por los actores T. S.A., J. M. B. y T. M. de B., modificando, de esa manera, la suma concedida en concepto de daño moral sufrido por ésta última; 2) hacer lugar al recurso introducido por el co-actor, A. P., admitiendo su demanda que había sido desestimada en la sentencia de primera instancia; y 3) denegar la apelación intentada contra la sentencia de grado por la parte demandada.
En los autos, el matrimonio compuesto por J. M. B. y T. M., actores en esta causa y propietarios de la empresa dedicada al turismo T. S.A., y un empleado de ésta última, A. P., promovieron sendas demandas contra ARTEAR, reclamando daños y perjuicios en virtud de la difusión de un informe periodístico que tuvo por objeto indagar acerca de actividades relacionadas con la pornografía infantil, el turismo sexual y la prostitución de menores en nuestro país. El mencionado informe habría sido emitido en el mes de noviembre de 1996, en el programa televisivo de la señal LS83 TV Canal 13 (empresa licenciadora de ARTEAR) denominado «Telenoche Investiga», sintiéndose los actores en la presente causa falsamente involucrados en él e invocando la lesión de su derecho al honor.
El Superior Tribunal rechazó el remedio intentado en el entendimiento de que éste no cumplía con el requisito de fundamentación autónoma, habida cuenta de que la recurrente no se habría hecho cargo de los argumentos en los que habría reposado el pronunciamiento de la cámara de apelaciones. En este sentido, afirmó que las críticas de la impugnante sólo habrían traducido diferencias de criterio con los juzgadores, y que habrían sido insuficientes para rebatir las consideraciones de éstos.
Brevemente, en relación con la falta de fundamentación atribuida a la sentencia de la cámara, el a quo recordó que en dicho resolutorio y con sustento en las constancias de la causa penal iniciada contra empleados de la empresa T. S.A., en las declaraciones testimoniales recabadas y en el video del programa, se había establecido que la demandada divulgó una noticia obtenida mediante la actuación de periodistas, cuya inexactitud habría sido constatada previamente a su difusión. Señaló que la cámara sostuvo que el hecho denunciado por la investigación cuestionada sería inexistente respecto de T. S.A., el matrimonio B. y de P., que constituía una «burda invención», lesionando, de esa manera, su derecho al honor y generando «perjuicios no amparados por la libertad de información».
Contra este pronunciamiento, la demandada interpuso recurso extraordinario federal (fs. 555/572), cuya denegatoria (fs. 621/625) motivó la presente queja.
-II-
La apelante afirmó que las libertades de expresión y de prensa habrían sido violentadas por una interpretación errada de las normas constitucionales que las amparan (artículos. 14 y 32 de la Constitución Nacional). Añadió que ello importaba el ejercicio de una censura «a posteriori», que sería tan o más perjudicial que la censura previa.
En este sentido, la impugnante censuró la concesión de la indemnización solicitada por los accionantes ante la conducta «de quien se presentó como A. ‘E. M.’ ofreciendo un ‘catálogo’ con niñas de 12 a 16 años, o de 18 o 20 años, fijando un ‘precio’ entre … u … pesos (¡!) por el ‘servicio’ y asegurando que lo que uno quiera imaginar al respecto él lo consigue». Asimismo, agregó que habría sido efectivamente el co-demandante en la presente causa, P., quien dentro del ámbito de la Agencia T. «ante el pedido de ‘seis u ocho pibas con disponibilidad de tres días’, lejos de extrañarse o de producir cualquier reacción negativa, respondió con absoluta seguridad: ‘Usted dirá, a tal hora, a tal lado, está. Lo que usted imagina, tiene. Hable conmigo'». En consecuencia, sostuvo que sería impropio sostener que la investigación difundida televisivamente, habría sido inventada por el medio, en especial habida cuenta de que «culminó con la aparición, dentro de una camioneta de la agencia T., al comando de un empleado de T., de una menor ‘dispuesta’ y ‘consciente’ de que va a prostituirse» (el subrayado pertenece al original).
En este orden de ideas, pues, la recurrente se refirió en primer lugar al contenido del informe periodístico cuestionado, y destacó que el tema sobre el cual versaba poseía una innegable trascendencia pública, tanto a nivel nacional como internacional, y aseveró, una vez más, que se refirió a un hecho verdadero, es decir, a la existencia en nuestro país del tráfico de menores y de su explotación sexual en el turismo. Asimismo, la recurrente manifestó que no tuvo intención de injuriar ni de perjudicar a los actores. Concluyó, en suma, que la condena recaída en el expediente habría sido lesiva del derecho a la libertad de expresión. Citó en apoyo de su tesitura el precedente de V. E. publicado en Fallos: 314:1517 («Vago, Jorge A. c/Ediciones de La Urraca S. A. y otros»).
De todas maneras argumentó que aun «…cuando se insista en reputar inexacta la noticia de marras (no lo fue), ello no resultaría suficiente para generar responsabilidad, porque dentro de las garantías a la libertad de prensa existe un margen de error permisible que ameritaba, en última instancia, el rechazo de la acción». En este sentido, la impugnante agregó que una manifestación inexacta o errónea sería inevitable en los medios, pero que, no obstante ello, dicha manifestación debería ser protegida «…para que exista el margen de respiro (‘the breathing space’) que la libertad de expresión necesita para existir». En relación con esto último, invocó el precedente de la Corte Suprema de los Estados Unidos, Gertz vs. Welch, Inc. (418 U.S. 323 [1974]), que, en materia de libertad de expresión, reconoció que en el supuesto de sentarse una regla de estricta responsabilidad que obligara a un editor o a un radiodifusor a garantizar la precisión de sus aserciones fácticas, ello podría conducir a una «intolerable censura», y que en consecuencia se necesita que alguna falsedad sea tolerada en aras de proteger el discurso que importa.
Como corolario de lo anterior, la recurrente argumentó que una eventual inexactitud en la información difundida no podría por sí sola generar responsabilidad en cabeza de los medios de comunicación, sino que también sería necesario acreditar el factor de atribución subjetivo, culpa o dolo, aspecto que -alegó- no habría sido demostrado en la causa.
En otro orden de ideas, la impugnante afirmó que el fallo recurrido habría convalidado una «doble contradicción» y que ello ameritaría su anulación. Con ello se refirió a que la Corte de Salta reconoció que el fallo de primera instancia habría sido contradictorio al afirmar que la información difundida era inexacta respecto de la agencia T., pero no así respecto de P.. Sin embargo -criticó la demandada-, no reconoció que posteriormente la cámara también habría incurrido en una contradicción al hacer lugar a la demanda interpuesta por P., afirmando por ello que el informe tampoco habría sido veraz respecto de este último.
Por otra parte, ARTEAR denunció la violación de su derecho de defensa, habida cuenta de que el fundamento de la sentencia reposaría exclusivamente en la causa penal 75072/96 [iniciada en virtud de la difusión de la investigación aquí cuestionada contra P. y contra otro empleado de la empresa, Q.], de la cual -manifestó- ella no habría sido parte, ni tenido oportunidad de participar o controlar la prueba producida, en violación al principio de contradicción de la prueba.
Con relación a la valoración de la prueba alegó una vez más que los hechos cuestionados efectivamente habrían ocurrido, destacando que en la causa se habrían valorado arbitrariamente las pruebas, omitiendo considerar aquéllas que proporcionaban sustento a su pretensión y, por el contrario, teniendo por ciertos hechos relevantes que -en su entendimiento- no habrían sido acreditados.
En este punto la defensa letrada del medio periodístico hizo hincapié en la circunstancia de que el sobreseimiento de quienes fueran imputados en la mencionada causa penal, en nada debería conmover la decisión acerca de la concesión o no de una indemnización por daños y perjuicios, habida cuenta de que -según expresó-: «P., dentro de la agencia T., se comprometió a obtener los servicios sexuales de una menor de edad, a quien luego se contactó dentro de una camioneta de la empresa. Dicha menor, de 19 años (lo es para nuestra legislación civil y también lo era para la ley penal al momento de los hechos), no fue ‘inventada’ por mí representada. Tiene nombre y apellido: G. A. A., y estaba dispuesta a prostituirse gracias a la intermediación de su ex compañero de trabajo [se refiere a P.], quien por al motivo fue desvinculado de la empresa de la familia B.».
Por otra parte, negó que en la investigación cuestionada se hubiera involucrado a la Sra. M. de B. y que se la hubiera considerado la «cabecilla de la organización», afirmación que -según sostuvo- no se desprende de la noticia ni de la voz en off, que «en ningún momento la menciona». Aseveró que sólo se podría inferir una relación entre aquélla y los hechos denunciados en razón de que los dependientes formularon sus manifestaciones dentro de la agencia T. y en ocasión de sus empleos.
Finalmente, la parte demandada se agravió de lo que consideró una «excesiva e incausada indemnización»; manifestó al respecto que ello habría constituido una censura indirecta (artículos. 14 y 32 de la Constitución Nacional), así como también habría sido lesivo de sus derechos de propiedad y de defensa en juicio (artículos. 17 y 18 de la Constitución Nacional), pues el monto concedido no tendría sustento en las constancias agregadas a la causa. Tachó, en consecuencia, a la sentencia recurrida de arbitraria.
-III-
En primer lugar, antes de ingresar en el análisis de los agravios esgrimidos por la apelante en sustento de su pretensión, corresponde señalar lo siguiente. La cuestión principal debatida en el sub examine se relaciona con el alcance y los límites del derecho a la libertad de prensa. Como es sabido, este derecho puede entrar en colisión con otros -como el honor, en este caso- que, del mismo modo, merecen una amplia protección. En estos supuestos, se hace necesario analizar los alcances y límites de todos los derechos en pugna, y ponderar cuidadosamente cuál debe prevalecer.
En este sentido, aun cuando la recurrente no haya realizado una invocación expresa, tanto de las citas jurisprudenciales contenidas en su escrito recursivo como de los argumentos allí incluidos, se colige que cuestiona, en lo principal, el alejamiento del tribunal a quo de las reglas que en ayuda de aquella labor de armonización del ejercicio de esos diversos derechos V.E. ha adoptado, es decir, la llamada doctrina de la «real malicia» (Fallos: 310:508, 314:1517 y 319:3428; entre otros).
Aclarado ello, estimo que existe cuestión federal que habilita la instancia extraordinaria en los términos del artículo 14, inciso 3°, de la ley 48, toda vez que se encuentra en discusión la inteligencia de cláusulas de la Constitución Nacional, y la decisión impugnada es contraria al derecho que la recurrente pretende sustentar en aquéllas. Corresponde, asimismo, tratar en forma conjunta los agravios relativos a la supuesta arbitrariedad del pronunciamiento en la consideración de argumentos planteados en la causa, pues a ello se imputa la directa violación de los derechos constitucionales invocados, guardando, en consecuencia, ambos aspectos, estrecha conexidad entre sí (v. doctrina de Fallos: 327:789, entre otros).
-IV-
De esta manera, corresponde ingresar al análisis del fondo de la cuestión. Tal como se destacó en los párrafos anteriores, se discute aquí, en lo principal, la aplicación a los hechos del caso del estándar emanado de las reglas de la real malicia. Al respecto, y tal como expuse en mi dictamen en la causa P. 2297 L. XL. «Patitó, José Ángel y otro c/Diario La Nación y otros», del 11 de abril de 2007 -a la que me remito por razones de brevedad-, cabe señalar brevemente que la mencionada doctrina es una ponderación de los intereses del honor y la libertad de prensa, según la cual, por razones de diseño de política constitucional, las reglas del derecho civil de daños no se aplican, aunque producto de una publicación haya existido un daño efectivo al honor, en aras de proteger la cantidad más amplia posible de libertad de expresión futura. La razón es clara: la doctrina intenta estimular el debate libre y desinhibido, como modo de garantizar un elemento esencial del sistema republicano democrático y, entonces, ello determina que la libertad de expresión no se agote en las meras afirmaciones verdaderas u opiniones. Por el contrario, una regla que obligara a los medios a cerciorarse de la veracidad de todas sus afirmaciones podría desalentar la formulación de enunciados que, al momento de la publicación, sean considerados razonablemente ciertos (y que podrían efectivamente serlo), pero cuya veracidad no pudo ser corroborada con exactitud.
En el caso sub examine, es menester señalar que ni en el fallo recurrido ni en las sucesivas sentencias pronunciadas en las instancias anteriores se tuvo por acreditado que los hechos denunciados por ARTEAR en el informe televisivo objeto de esta controversia hayan efectivamente acaecido, circunstancia que, entre otras, provocó la concesión de la indemnización pretendida por los demandantes. En efecto, allí sobre la base de las pruebas colectadas en el expediente se concluyó que, a diferencia de lo informado en el programa, no habría existido una organización dedicada a la promoción del turismo sexual en la provincia de Salta; y que a pesar de las afirmaciones realizadas por dos empleados de la agencia de turismo T. en ese sentido, éstas propuestas habrían sido falsas y que los supuestos encuentros con menores nunca se habrían producido.
Sin embargo, y por el contrario, el medio demandado a través de las distintas etapas recursivas afirmó la veracidad de los hechos difundidos, haciendo especial hincapié en las circunstancias (documentadas en la filmación) de que el propio co-demandante en esta causa, P., junto con otro de los empleados de la empresa, Q., manifestó ante los periodistas que efectivamente podían conseguir menores de edad dispuestas a mantener relaciones sexuales a cambio de dinero y que inclusive se puede observar en el video a una menor.
Paralelamente, la apelante destacó también el interés público que -a su juicio— revestía el informe cuestionado por los actores y la importancia de proteger su libre divulgación, aun cuando según un examen efectuado ex-post lo allí relatado pudiera ser calificado de erróneo u inexacto y lesivo del honor de aquéllos, pues, de otra manera, podría verse cercenado el margen futuro del ejercicio de la libertad de prensa.
En este sentido -y de conformidad con lo expuesto más arriba-, considero correcta la tesitura sostenida por la recurrente pues si bien en un análisis realizado ex-post no se pudo comprobar que las afirmaciones contenidas en la investigación periodística se correspondieran con la realidad, la doctrina de la real malicia ampara, en principio, algunas falsedades en miras a la protección del interés prioritario que representa la comunicación de informaciones. De otra manera, como se dijo, se correría el riesgo de que información vital para el debate democrático quedara sin ser comunicada por el temor que representa sufrir una sanción. Es por ello que sólo si el medio periodístico al momento de la difusión de la noticia conocía o desconsideró temerariamente su posible falsedad se genera el deber de reparar.
Al respecto, no debe soslayase que se desprende tanto de la filmación cuestionada como de las declaraciones contenidas en el expediente que los propios P. y Q. aseveraron poder conseguir menores para que formaran parte de los supuestos «tours sexuales» e inclusive procedieron a la presentación de una menor quien también manifestó estar de acuerdo con la realización de tales encuentros, circunstancia que fue soslayada por el a quo mediante la afirmación de que, de conformidad con lo resuelto en las instancias anteriores, el hecho denunciado «sería inexistente respecto de T. S.A., el matrimonio B. y de P., que constituía una ‘burda invención'».
En este sentido, dejando de lado que de las pruebas recolectadas en el expediente no se desprende que el medio periodístico hubiera conocido la inexistencia de los hechos difundidos en el informe periodístico, circunstancia que sería, de suyo, suficiente para revocar la sentencia sobre la base de la doctrina de la arbitrariedad (Fallos: 315:28; 318:652), lo cierto es que fueron los propios empleados de la empresa los que con su comportamiento asumieron el riesgo de que se creyera que prostituían a jóvenes menores de edad y, por ello, no parece correcto que sea la demandada en esta causa sobre quien recaigan las consecuencias de aquél obrar, aún cuando la magnitud de la difusión que alcanzó lo que posteriormente se tuvo por desacreditado hubiera sido insospechado por los propios empleados de la empresa. Dicho en otras palabras, fueron los empleados quienes, mediante su comportamiento, expusieron su honra haciendo creer a quienes posteriormente resultaron periodistas que organizaban encuentros sexuales con menores de edad, y dieron lugar, de esta manera, al comportamiento que se concretó en el daño aquí alegado.
Esta circunstancia relativa a la autorresponsabilidad de los dos empleados (uno de ellos a la postre demandante) puede ser expresada de otra manera en relación a lo que importa, es decir, a la construcción de la regla de cuál es el deber de diligencia en la comprobación de la veracidad de la información que recae sobre el medio que la hace pública. Y al respecto parece evidente que el propósito de la regla de la real malicia -esto es, constituir un parámetro destinado a proteger y promover la información pública aun cuando pueda dañarse el honor- se vería desvirtuado si el medio, con la premura inherente a la difusión de la información, tuviera siempre un estricto deber de corroboración ulterior aun en los casos en los que los propios implicados en la conducta cuya difusión resultaría lesiva al honor son la fuente de la información. Si un sujeto informa que él mismo realiza conductas impropias, los deberes de comprobación del medio que hace la investigación han de ser menores en comparación con los deberes que surgen de la recepción de la información relativa a que otro (diferente al informante) es quien lleva a cabo conductas de esa clase. No es temerario en la publicación el medio que considera posiblemente veraz una información dada por el mismo sujeto que la protagoniza, cuando del contexto en el que fue emitida la información no surgen evidencias de su falsedad que podrían ser fácilmente detectadas por el medio. Estatuir ulteriores deberes de comprobación en estos casos, salvo cuando de especiales circunstancias concomitantes (el desarrollo de una casuística no puede hacerse aquí) se desprenda evidentemente la falsedad de la información -lo que no parece haberse dado en la especie- entraría en colisión con el parámetro estatuido en materia de real malicia. Se trata de una evaluación de política constitucional que no puede ser subvertida en los casos en los que, justamente, hay identidad entre la fuente de la información difamatoria y el sujeto que resulta difamado por la difusión de la información.
No desconozco que estas consideraciones no son aplicables exactamente a los co-actores, (la empresa T. S.A., J. M. B y T. M. de B.), ya que no fueron ellos quienes aseveraron ofrecer esos ilegales servicios. Pero lo cierto es que un parámetro parecido es aplicable. Se trata de empleados de la empresa quienes otorgaron la información y además aseveraron, como ya quedó claro, su propia responsabilidad en los hechos. Ello sigue siendo -aun respecto de quienes no realizaron la manifestación y particularmente por la veracidad que otorga la pertenencia a la estructura y la autoinclusión en la conducta- un elemento de juicio que incide en la medida exigible del deber de comprobación y habilita a la publicación de la información en aras del interés general. En este supuesto también hay que descartar la existencia de desconsideración temeraria al emitir la información. En efecto, tal como señalé en mi dictamen en la causa S.C.M. 1126 L. XLI, «Meló, Leopoldo F. y otros c/Majul Luis Miguel» el fundamento del deber de tolerar lesiones al honor provocadas por afirmaciones de hecho falsas se vincula con una serie de factores. Uno de ellos radica en la preferencia de arriesgar que salgan a la luz informaciones cuya certeza absoluta no puede ser alcanzada al momento de la publicación, en tanto el beneficio que la sociedad obtendría en caso de ser cierta la información supera el valor del perjuicio producido. Por este motivo, en el caso tratado aquí, en el que evidentemente la índole esencialmente pública de la cuestión, combinada con el perjuicio que cabría esperar de que la publicación se hubiera demorado más produce que el estándar de diligencia debida que demuestre que el medio periodístico cumplió con el requisito de no haber actuado de manera «temerariamente desconsiderada» sea menos exigente y se encuentre satisfecho a la luz de las pruebas aportadas por el medio periodístico en su sustento.
-V-
Finalmente, y en atención a las consideraciones expuestas en el acápite anterior, considero inoficioso pronunciarme acerca de los demás agravios contenidos en el presente recurso.
Por todo lo expuesto, opino que corresponde declarar procedente la presente queja, admitir el recurso extraordinario interpuesto por la parte demandada y revocar la sentencia impugnada.
Buenos Aires, 18 de noviembre de 2008.
ESTEBAN RIGHI
ADRIANA N. MARCHISIO
Prosecretaria Administrativa
Procuración General de la Nación
Buenos Aires, 1° de agosto de 2013.
Vistos los autos: «Recurso de hecho deducido por la demandada en la causa B., J. M.; M. de B., T. – T. S.R.L. c/ Arte Radiotelevisivo Argentino S.A.», para decidir sobre su procedencia.
Considerando:
1°) Que los antecedentes de la causa están adecuadamente reseñados en los capítulos I, II y III del dictamen del señor Procurador General, los que se dan aquí por reproducidos brevitatis causae.
2°) Que con referencia a la cuestión federal indicada en el capítulo III del citado dictamen -invocada aplicación al caso de la doctrina de la llamada «real malicia»- corresponde recordar que en el caso «Ramos» (Fallos: 319:3428), el Tribunal ratificó la doctrina que ya había expresado en el precedente «Costa» (Fallos: 310:508), según la cual para obtener la reparación pecuniaria por las publicaciones concernientes a la discusión sobre asuntos de interés público, los funcionarios (o figuras públicas) deben probar que la información fue efectuada a sabiendas de su falsedad o con total despreocupación acerca de tal circunstancia; en cambio, basta la «negligencia precipitada» o «simple culpa» en la propalación de una noticia de carácter difamatorio de un particular para generar la condigna responsabilidad de los medios de comunicación pertinentes (Fallos: 319:3428, considerandos 9°, 10 y sus citas; «Melo, Leopoldo Felipe y otros c/ Majul, Luis Miguel», disidencia de los jueces Lorenzetti, Maqueda y Zaffaroni, Fallos: 334:1722, considerando 15).
3°) Que conforme lo expuesto este Tribunal ha establecido como principio un tratamiento diferenciado según la calidad del sujeto pasivo de la información. No debe olvidarse que la protección atenuada respecto de quienes ostentan calidad pública asume por fundamento principal el hecho de que éstas tienen un mayor acceso a los medios periodísticos para replicar las falsas imputaciones y -por su condición- se han expuesto voluntariamente a un mayor riesgo de sufrir perjuicio por noticias difamatorias (conf. Fallos: 316:2416, voto de los jueces Fayt, Belluscio y Petracchi; entre otros). Ello obliga a un criterio estricto en la ponderación de los presupuestos de la responsabilidad, ya que lo contrario conspiraría contra la formación de una opinión pública vigorosa, en razón de la fuerza paralizadora y disuasiva del deber de resarcir.
El fundamento expresado -siempre en el marco de la necesidad de garantizar un debate público robusto- ha permitido aludir a la posible extensión de esta doctrina respecto de supuestos en los que el objeto de la presunta difamación haya sido un simple ciudadano, más bajo estrictas condiciones que en ningún caso pueden desatender el origen de tal extensión ni la calidad del asunto discutido.
4°) Que pese a ello, la recurrente interpreta -con cita del precedente registrado en Fallos: 314:1517, in re «Vago», entre otros- que el estándar que surge de la doctrina de la real malicia puede resultar de aplicación -sin más- respecto de particulares que se encuentran «involucrad(o)s (…) voluntaria o involuntariamente» en una cuestión de interés general o público (cfr. fs. 177 vta.; énfasis agregado). De este modo, la apelante asigna a la jurisprudencia del Tribunal un efecto igualador -en cuanto a la utilización de la doctrina citada- que no distingue entre los sujetos pasivos de la información presumiblemente difamatoria ni atiende al significado de la garantía; tampoco a cuáles son los intereses tutelados por ella (cfr. fs. 178/178 vta.).
5°) Que lejos de poder colegirse del precedente citado esta aseveración, la Corte ha delineado de otro modo -y siempre como obiter respecto de particulares (Fallos: 320:1272 y «Patitó, José Ángel y otro c/ Diario La Nación y otros», Fallos: 331:1530, entre otros)- el contexto en el cual podría privilegiarse la expresión por sobre el honor de determinadas personas y en ciertas situaciones específicas que, cabe adelantar, no se configuran en el sub lite.
Es sabido que la mera alusión a una nota de interés público o general, en modo alguno basta -tal como se verá a continuación- para soslayar el principio que se ha establecido con relación a los casos efectivamente resueltos por el Tribunal; mucho menos para equiparar sin más los supuestos en los que el particular resulta implicado con aquellos otros en los que (libremente) interviene.
Antes bien, la recurrente debió en todo caso demostrar que la vulnerabilidad característica de los simples ciudadanos -que como tales se encuentran excluidos de la aludida «protección débil»- no se hallaba presente en la especie; cuanto menos, debió advertir si en conexión de sentido con ello, la dimensión de los asuntos discutidos (en términos de debate público y en tanto razón de ser de la real malicia) permitía absorber de alguna manera la condición de los sujetos involucrados.
6°) Que, en efecto y tal como fuera afirmado en el mencionado caso «Vago», el punto de partida de la doctrina cuya aplicación al sub examine la recurrente pretende (real malicia) «está en el valor absoluto que tiene que tener la noticia en si, esto es su relación directa con un interés público y su trascendencia para la vida social, política o institucional. Se suma la misión de la prensa, su deber de informar a la opinión pública proporcionando el conocimiento de qué y cómo actúan sus representantes y administradores; si han cometido hechos que deben ser investigados o incurren en abusos, desviaciones o excesos».
Dicha doctrina que -como se dijo- surge del aludido caso «Costa», revela el prioritario valor constitucional según el cual debe resguardarse el más amplio debate respecto de las cuestiones que involucran la discusión sobre asuntos públicos como garantía esencial del sistema republicano democrático.
En la interpretación, entonces, de esta Corte la prensa tiene por función política, mediante la información, transmitir la voluntad de los ciudadanos a los gobernantes y por función social, mediante la crónica, informar de todo cuanto ocurre en el mundo que nos rodea y que tenga interés público; permitir el control de los órganos del sistema republicano, defender los derechos individuales y hacer posible que cualquier ciudadano participe en la acción de gobierno (Fallos: 312:916, disidencia del juez Fayt), garantizándose así también su cuota de influencia democrática. Y alumbrada, pues, «por la libertad, es decir por la injerencia de los pueblos en la gestión de sus destinos, hace posible la formación de una opinión (…) que todo lo ve y todo lo juzga sin temor» (cfr. Juan Bautista Alberdi, «El crimen de la guerra», AZ editora, Serie testimonial, San Pablo, 1994, p. 71).
De ahí que solo si en el contexto de dichos hechos han intervenido «funcionarios o figuras públicas, incluso particulares -que han adquirido notoriedad suficiente para encontrarse involucrados voluntariamente en la cuestión pública de que trata la información- su situación (…) obliga [a tales sujetos] a demostrar la falsedad de la noticia, el dolo o la inexcusable negligencia de la prensa» (considerando 11, in re «Vago»; énfasis agregado).
7°) Que la garantía de libertad que ostentan en nuestra Constitución los discursos sobre asuntos de interés público atiende así a fortalecer la discusión e importa, entre otras cuestiones, hacer mérito de la doctrina tradicional de esta Corte según la cual la prensa sigue siendo condición necesaria de la existencia de un gobierno libre.
Asimismo, supone adoptar como criterio final de valoración que de no acreditarse, real malicia, deba asumirse la natural molestia que la noticia considerada difamatoria pueda producir en los intervinientes. Por ello también, se ha manifestado que dicho criterio no resulta aplicable cuando «la información no se refier(a) a funcionarios o figuras públicas, ni a particulares que centren en su persona suficiente interés público» (Fallos: 330:3685, in re «Sciammaro», voto de la mayoría y voto concurrente del juez Fayt; énfasis agregado).
8°) Que, sin embargo, la recurrente no solo omitió dar razones para sostener que la condición de los sujetos Juan Martín Barrantes y Teresa María Molinas de Barrantes (propietarios de la agencia de turismo TEA) podía ceder en este caso, sino que tampoco demostró -como era necesario a fin de fundar su pretensión en contra de lo sostenido por el a quo- cuan vital resultaba a los fines del debate público privilegiar la difusión de una imagen por sobre el honor de los particulares en cuestión.
Asimismo y en contradicción con su propio punto de partida (el del interés superior que a su entender tenía para la comunidad toda la noticia), la apelante no acreditó siquiera cómo la imposibilidad de vincular -por medio de una cámara oculta- la imagen de la empresa de turismo con quienes aparecían como presuntamente implicados en un delito (sus empleados) impedía la discusión pública acerca de temas tan trascendentes como «la pornografía infantil, el turismo sexual y la prostitución de menores».
En efecto, la recurrente solo aludió en abstracto a la innegable existencia de la problemática de la explotación sexual infantil tanto a nivel nacional como internacional y de allí derivó inopinadamente que el interés público se sostenía a partir de ese contexto respecto incluso de los propietarios de la agencia de turismo (conf. fs. 174 vta./175).
9°) Que, por lo demás, resulta claro que las instancias de acceso a la opinión pública con las que contaban los sujetos con quienes se vinculó una suerte de «agent provocateur» eran prácticamente nulas. Distinto, sería claramente el caso, si quienes hubiesen sido involucrados en una cuestión tan sensible como la «trata de personas» hubieran sido funcionarios públicos; ellos no podrían reclamar una mayor protección atento a su rol inherente.
Como es sabido, quien decide participar en política (argumento de la voluntariedad) acepta que en esta arena (que no se circunscribe al salón de sesiones) recibirá golpes que cualquier otro ciudadano consideraría insoportables, pues el emplazamiento en combate público expone a los contendientes a lesiones a su fama y quien libremente decide una profesión no solo asume sus reglas de juego y consecuencias, sino también el papel que ha de representar para la sociedad (conf. García Ferrer, Juan José, El Político – Su Honor y Vida Privada, ed. Edisofer, Madrid, 1998, pág. 147). Del mismo modo se han expedido, tanto la Corte Suprema estadounidense como el Tribunal Constitucional alemán, los que han utilizado el argumento de la voluntariedad de la participación política del individuo, según el cual, la decisión de entrar en política supone asumir la posibilidad de que el honor resulte más fácil y frecuentemente dañado.
Por dicha razón, los medios de comunicación están legitimados para actuar asumiendo que los funcionarios públicos y las figuras públicas, se han expuesto voluntariamente a un riesgo agravado de lesión por falsedades difamatorias concernientes a ellos. No se justifica tal suposición con respecto a un particular (precisamente esta es la doctrina que se deriva del apartado III del fallo «Gertz v. Robert Welch, Inc.», 418 U.S. 323, citado en forma sesgada por la recurrente).
Es claro que en el sub lite, los particulares no han aceptado un cargo público ni asumido un rol influyente en el ordenamiento de la sociedad (conf. doctrina de «Curtís Publishing Co. v. Butts», 388 U.S. 164). Tampoco han adoptado acto voluntario alguno ni pretendido -de seguirse alguno de los parámetros utilizados por la casuística de la jurisprudencia norteamericana, cuyo acierto no cabe aquí considerar- influenciar en la resolución de asuntos públicos de un modo incompatible con los mecanismos naturalmente democráticos.
Por lo tanto, no han renunciado a parte alguna de su interés en la protección de su buen nombre y, consecuentemente, cuentan con argumentos más concluyentes para acudir ante los tribunales a fin de obtener la reparación de los perjuicios producidos por falsedades difamatorias (caso «Gertz», apartado citado).
10) Que lo dicho hasta aquí no importa en modo alguno desconocer el interés general que puede suscitar la discusión pública de cuestiones de relevancia social como la de la temática que informó la investigación cuestionada en estas actuaciones.
Sin embargo, esta Corte considera que lo que el a quo ha decidido con respecto a este punto en nada afecta el pleno debate público en un Estado democrático, a la par que conjura el inconmensurable daño que podría causar a los particulares antes nombrados, la exposición de su imagen en un contexto difamatorio. Desde esta perspectiva no se advierte que la nota difundida aparezca como corolario del ámbito de discurso garantido por la Constitución Nacional y necesario, por tanto, para proteger entre otras cuestiones la autodeterminación colectiva (conf. Owen M. Fiss, La misión democrática de la prensa, trad. de Roberto Saba y Christian Courtis, en publicación «No hay Derecho», Año IV, Nro. 10, diciembre 1993 – marzo 1994). Tampoco que se trate de la única manera de exponer ideas que de otro modo faltarían en el debate público.
Este simple cotejo demuestra que la extrema rigidez de la posición del recurrente sólo trasunta la aparente preservación de un dogma al referirse en términos absolutos a la «libertad de expresión» y limitándose a realizar citas que no guardan estricta relación con el caso de autos, olvidando la finalidad política que motiva a la doctrina de la real malicia y que como tal tuvo en cuenta el Tribunal al adoptar los criterios de ponderación que de ella surgen.
Por último, ni siquiera puede aducirse que la difamación sea consecuencia de la instantaneidad que requería el caso y que, por tanto, habría dificultado el logro de un más amplio margen de objetividad.
11) Que de tal modo y aun considerando que frente a la difusión de asuntos de interés público, la posibilidad de reprimir los juicios que pudieran tener contenido difamatorio sólo podría hallarse justificada en un muy estrecho margen, la protección que merecen los particulares del caso en cuanto a su honor, obligaba a una mayor prudencia, bastando la «negligencia precipitada» o «simple culpa» en la propalación de imágenes o referencias de los demandantes antes nombrados para generar la condigna responsabilidad de la demandada.
En consecuencia, los argumentos expresados resultan suficientes para rechazar la pretensión de la recurrente en cuanto a la aplicación sin más de un estándar de «protección atenuada» respecto de simples particulares.
12) Que tampoco han de acogerse los agravios de la apelante relacionados con la supuesta arbitrariedad de la indemnización que los tribunales de grado han reconocido a favor de los señores B. y de T. S.R.L. En este sentido, las conclusiones de aquéllos respecto de los daños materiales y morales causados a los actores remiten al examen de cuestiones de hecho, prueba y derecho común, materia propia de los tribunales de la causa y ajena -como regla y por su naturaleza- al remedio del art. 14 de la ley 48, máxime cuando la decisión apelada se sustenta en argumentos suficientes que, más allá de su acierto o error, bastan para excluir la tacha de arbitrariedad invocada.
13) Que, en especial, resulta infundada la pretensión de la demandada de haber dejado al margen de la investigación a la señora M. de B.. En efecto, del video surge que el locutor del programa afirmó que en la agencia T. S.R.L. se habían «contratado servicios sexuales», se mostró la imagen de la mencionada señora y se hizo lo mismo con la imagen del logo de la agencia en reiteradas oportunidades. Resultaba lógico, entonces, que quienes vieran la emisión del programa concluyeran en la vinculación de la señora -titular de la agencia- con las afirmaciones de que era en ese ámbito donde se contrataban «servicios sexuales» prestados por menores. Las conclusiones del a quo sobre la negligente actuación del medio no resultan, en este punto, arbitrarias.
14) Que, en cambio, no corresponde atribuir responsabilidad al medio periodístico por los daños invocados por A. P., pues lo cierto es que -como señala en su dictamen el señor Procurador General- fueron los propios empleados de la agencia quienes con su comportamiento asumieron el riesgo de que se creyera que prostituían a jóvenes menores de edad y, por ello, no parece procedente que sea la demandada en esta causa sobre quien recaigan las consecuencias de aquel obrar. Dicho en otras palabras, fueron los chóferes de la agencia los que, con su conducta, expusieron su honra haciendo creer a quienes posteriormente resultaron periodistas, que organizaban encuentros sexuales con menores de edad y dieron lugar, de esta manera, al comportamiento que se concretó en el daño aquí alegado.
15) Que en el mencionado dictamen -cuyas consideraciones se comparten en este aspecto- se señala que si un sujeto informa que él mismo realiza conductas impropias, los deberes de comprobación del medio que hace la investigación han de ser menores en comparación con los que surgen de la recepción de la información relativa a que otra persona (diferente al informante) es quien lleva a cabo conductas de esa clase. En tales circunstancias, no es reprochable que el medio difunda una información que considera posiblemente veraz si ha sido suministrada por el mismo sujeto que la protagonizó.
16) Que si bien en la causa penal se ha dictado el sobreseimiento de A. P., dicha circunstancia se verificó después de haberse difundido la noticia por televisión y de haberse realizado una profusa investigación en sede criminal, circunstancia que descarta -en este aspecto- un obrar imprudente por parte de la demandada. El hecho de que ésta hubiese dado un tinte sensacionalista a la noticia al hablar de una «organización delictiva» dedicada al turismo sexual infantil que en realidad no existía, no legitima el reclamo de daño moral efectuado por una persona que admitió expresamente haber efectuado ofrecimientos de esa naturaleza, aunque después haya intentado justificar esa actitud «para hacerse el canchero» y «para no pasar por pajuerano» frente a los empresarios porteños que «querían hacerse los vivos» (conf. declaración indagatoria obrante a fs. 42/45 de la causa penal).
17) Que, por lo demás, cabe señalar que cuando el órgano de prensa se limita a informar sobre los hechos tal cual ellos ocurrieron o reproduce la noticia divulgada por una fuente debidamente identificada, las dudas que pudieran generarse en la opinión pública sobre la conducta de sus protagonistas han de reputarse como consecuencias inmediatas y directas de lo ocurrido y no de la acción de informar, la cual, por lo demás, ha de ser preservada al máximo a fin de garantizar el pleno ejercicio del derecho de información.
Por lo expresado, habiendo dictaminado el señor Procurador General, se declara procedente la queja, formalmente admisible el recurso extraordinario deducido por la demandada y se confirma el pronunciamiento apelado en lo relacionado al progreso de la demanda deducida por J. M. B., T. M. de B. y T. S.R.L. Con costas (art. 68 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación). Asimismo, en uso de las atribuciones conferidas por el art. 16, última parte, de la ley 48, se revoca el fallo apelado en cuanto admite la demanda deducida por A. P., la que es rechazada. Con costas al vencido en todas las instancias (art. 68 cit.). Reintégrese el depósito. Agréguese la queja al principal. Notifíquese y devuélvase.
RICARDO LUIS LORENZETTI
ELENA I. HIGHTON de NOLASCO
(en disidencia parcial)
CARLOS S. FAYT
ENRIQUE S. PETRACCHI
(con su voto)
JUAN CARLOS MAQUEDA
E. RAÚL ZAFFARONI
CARMEN M. ARGIBAY
(en disidencia parcial)
VOTO DEL SEÑOR MINISTRO DOCTOR DON ENRIQUE SANTIAGO PETRACCHI
Considerando:
1°) Que los antecedentes de la causa están adecuadamente reseñados en los capítulos I, II y III, del dictamen del señor Procurador General, los que se dan aquí por reproducidos brevitatis causae.
2°) Que con referencia a la cuestión federal indicada en el cap. III del referido dictamen -invocada aplicación al caso de la doctrina de la llamada «real malicia»- corresponde recordar que en el caso «Ramos» (Fallos: 319:3428), el Tribunal ratificó la doctrina que ya había expresado en el precedente «Costa» (Fallos: 310:508), según la cual para obtener la reparación pecuniaria por las publicaciones concernientes al ejercicio de su ministerio, los funcionarios públicos (o figuras públicas) deben probar que la información fue efectuada a sabiendas de su falsedad o con total despreocupación acerca de tal circunstancia; en cambio, basta la «negligencia precipitada» o «simple culpa» en la propalación de una noticia de carácter difamatorio de un particular para generar la condigna responsabilidad de los medios de comunicación pertinentes (Fallos: 319: 3428, considerandos 9°, 10 y sus citas).
3°) Que, según lo expuesto, cuando se trata -como los actores en el sub lite- de ciudadanos comunes (en ningún momento se adujo que fueran funcionarios públicos ni figuras públicas), basta con la acreditación de la simple culpa, aun cuando se considere que el tema sobre el que versaba la nota era de interés público o general. Este criterio, que es también el de la jurisprudencia de la Suprema Corte Norteamericana («Gertz vs. Robert Welch, Inc.», 418 U.S. 323, año 1974), ha sido reafirmado por esta Corte en Fallos: 321:3170 (caso «Díaz», voto de los jueces Belluscio y Bossert, considerando 7°; Fayt, considerando 10; Petracchi, considerando 3°; Boggiano, considerando 13; y Vázquez, considerando 12); en Fallos: 324:4433 (caso «Guazzoni», voto de los jueces Fayt, considerando 11 y Vázquez, considerando 13); en Fallos: 325:50, (caso «Spacarstel», voto de los jueces Petracchi y Boggiano, considerando 8°); Fallos: 326:2491 (caso «Menem, Amado Calixto», considerando 6°) y 4285 (caso «Perini», considerando 27).
4°) Que, en consecuencia, no corresponde aplicar a los actores -que no son funcionarios públicos ni figuras públicas- un estándar de «protección atenuada» del honor, concebido sólo para los casos en que esos funcionarios (o esas figuras) están comprometidos en temas de interés general (conf. Fallos: 316:2416, caso «Triacca» considerando 12 y Fallos: 319:3428, caso «Ramos», considerando 9°). Esto resulta suficiente para rechazar -en este aspecto- la pretensión de la recurrente.
5°) Que tampoco han de acogerse los agravios de la apelante relacionados con la supuesta arbitrariedad de la indemnización que los tribunales de grado han reconocido a favor de los señores B. y de T. S.R.L. En este sentido, las conclusiones de aquéllos respecto de los daños materiales y morales causados a los actores remiten al examen de cuestiones de hecho, prueba y derecho común, materia propia de los tribunales de la causa y ajena -como regla y por su naturaleza- al remedio del art. 14 de la ley 48, máxime cuando la decisión apelada se sustenta en argumentos suficientes que, más allá de su acierto o error, bastan para excluir la tacha de arbitrariedad invocada.
6°) Que, en especial, resulta infundada la pretensión de la demandada de haber dejado al margen de la investigación a la señora M. de B.. En efecto, del video surge que el locutor del programa afirmó que en la agencia T. S.R.L. se habían «contratado servicios sexuales», se mostró la imagen de la mencionada señora y se hizo lo mismo con la imagen del logo de la agencia en reiteradas oportunidades. Resultaba lógico, entonces, que quienes vieran la emisión del programa concluyeran en la vinculación de la señora -titular de la agencia- con las afirmaciones de que era en ese ámbito donde se contrataban «servicios sexuales» prestados por menores. Las conclusiones del a quo sobre la negligente actuación del medio no resultan, en este punto, arbitrarias.
7°) Que, en cambio, no corresponde atribuir responsabilidad al medio periodístico por los daños invocados por A. P., pues lo cierto es que -como señala en su dictamen el señor Procurador General- fueron los propios empleados de la agencia quienes con su comportamiento asumieron el riesgo de que se creyera que prostituían a jóvenes menores de edad y, por ello, no parece procedente que sea la demandada en esta causa sobre quien recaigan las consecuencias de aquel obrar. Dicho en otras palabras, fueron los chóferes de la agencia los que, con su conducta, expusieron su honra haciendo creer a quienes posteriormente resultaron periodistas, que organizaban encuentros sexuales con menores de edad y dieron lugar, de esta manera, al comportamiento que se concretó en el daño aquí alegado.
8°) Que en el mencionado dictamen -cuyas consideraciones se comparten en este aspecto- se señala que si un sujeto informa que él mismo realiza conductas impropias, los deberes de comprobación del medio que hace la investigación han de ser menores en comparación con los que surgen de la recepción de la información relativa a que otra persona (diferente al informante) es quien lleva a cabo conductas de esa clase. En tales circunstancias, no es reprochable que el medio difunda una información que considera posiblemente veraz si ha sido suministrada por el mismo sujeto que la protagonizó.
9°) Que si bien en la causa penal se ha dictado el sobreseimiento de A. P., dicha circunstancia se verificó después de haberse difundido la noticia por televisión y de haberse realizado una profusa investigación en sede criminal, circunstancia que descarta -en este aspecto- un obrar imprudente por parte de la demandada. El hecho de que ésta hubiese dado un tinte sensacionalista a la noticia al hablar de una «organización delictiva» dedicada al turismo sexual infantil que en realidad no existía, no legitima el reclamo de daño moral efectuado por una persona que admitió expresamente haber efectuado ofrecimientos de esa naturaleza, aunque después haya intentado justificar esa actitud «para hacerse el canchero» y «para no pasar por pajuerano» frente a los empresarios porteños que «querían hacerse los vivos» (conf. declaración indagatoria obrante a fs. 42/45 de la causa penal).
10) Que, por lo demás, cabe señalar que cuando el órgano de prensa se limita a informar sobre los hechos tal cual ellos ocurrieron o reproduce la noticia divulgada por una fuente debidamente identificada, las dudas que pudieran generarse en la opinión pública sobre la conducta de sus protagonistas han de reputarse como consecuencias inmediatas y directas de lo ocurrido y no de la acción de informar, la cual, por lo demás, ha de ser preservada al máximo a fin de garantizar el pleno ejercicio del derecho de información.
Por lo expresado, habiendo dictaminado el señor Procurador General, se declara procedente la queja, formalmente admisible el recurso extraordinario deducido por la demandada y se confirma el pronunciamiento apelado en lo relacionado al progreso de la demanda deducida por J. M. B., T. M. de B. y T. S.R.L. Con costas (art. 68 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación). Asimismo, en uso de las atribuciones conferidas por el art. 16, última parte, de la ley 48, se revoca el fallo apelado en cuanto admite la demanda deducida por A. P., la que es rechazada. Con costas al vencido en todas las instancias (art. 68 citado). Reintégrese el depósito. Agréguese la queja al principal. Notifíquese y devuélvase.
ENRIQUE S. PETRACCHI
DISIDENCIA PARCIAL DE LA SEÑORA VICEPRESIDENTA DOCTORA DOÑA ELENA I. HIGHTON. de NOLASCO
Considerando:
Que la suscripta comparte y hace suyos los fundamentos y conclusiones del dictamen del señor Procurador General de la Nación y remite a sus consideraciones respecto a la doctrina constitucional de la real malicia efectuadas en la causa «Patitó, José Ángel y otro c/ Diario La Nación y otros» (Fallos: 331:1530).
Por ello, de conformidad con lo dictaminado, se hace lugar al recurso interpuesto y se revoca la sentencia apelada. Con costas. Reintégrese el depósito. Agréguese la queja al principal. Notifíquese y devuélvase.
ELENA I. HIGHTON. de NOLASCO
DISIDENCIA PARCIAL DE LA SEÑORA MINISTRA DOCTORA DOÑA CARMEN M. ARGIBAY
Considerando:
1°) Que los antecedentes de la causa están adecuadamente reseñados en los capítulos I, II y III del dictamen del señor Procurador General, los, que se dan aquí por reproducidos, brevitatis causae.
2°) Que con referencia a la cuestión federal indicada en el cap. III del referido dictamen -invocada aplicación al caso de la doctrina de la llamada «real malicia»- corresponde recordar que en el caso «Ramos» (Fallos: 319:3428), el Tribunal ratificó la doctrina que ya había expresado en el precedente «Costa» (Fallos: 310:508), según la cual para obtener la reparación pecuniaria por las publicaciones concernientes al ejercicio de su ministerio, los funcionarios’ públicos (o figuras públicas) deben probar que la información fue efectuada a sabiendas de su falsedad o con total despreocupación acerca de tal circunstancia; en cambio, basta la «negligencia precipitada» o «simple culpa» en la propalación de una noticia de carácter difamatorio de un particular para generar la condigna responsabilidad de los medios de comunicación pertinentes (Fallos: 319: 3428, considerandos 9°, 10 y sus citas).
3°) Que, según lo expuesto, cuando se trata -como los actores en el sub lite- de ciudadanos comunes (en ningún momento se adujo que fueran funcionarios públicos ni figuras públicas), basta con la acreditación de la simple culpa, aun cuando se considere que el tema sobre el que versaba la nota era de interés público o general. Este criterio, que es también el de la jurisprudencia de la Suprema Corte Norteamericana («Gertz vs. Robert Welch, Inc.», 418 U.S. 323, año 1974), ha sido reafirmado por esta Corte en Fallos: 321:3170 (caso «Díaz», voto de los jueces Belluscio y Bossert, considerando 7°; Fayt, considerando 10; Petracchi, considerando 3°; Boggiano, considerando 13; y Vázquez, considerando 12); en Fallos: 324:4433 (caso «Guazzoni», voto de los jueces Fayt, considerando 11 y Vázquez, considerando 13); en Fallos: 325:50, (caso «Spacarstel», voto de los jueces Petracchi y Boggiano, considerando 8°); Fallos: 326:2491 (caso «Menem, Amado Calixto», considerando 6°) y 4285 (caso «Perini», considerando 27) .
4°) Que, en consecuencia, no corresponde aplicar a los actores -que no son funcionarios públicos ni figuras públicas- un estándar de «protección atenuada» del honor, concebido sólo para los casos en que esos funcionarios (o esas figuras) están comprometidos en temas de interés general (conf. Fallos: 316:2416, caso «Triacca» considerando 12 y Fallos: 319:3428, caso «Ramos», considerando 9°). Esto resulta suficiente para rechazar -en este aspecto- la pretensión de la recurrente.
5°) Los demás agravios de la apelante tales como que los jueces de la causa no tuvieron en cuenta las grotescas intervenciones de Pastrana y de Quinteros ni la complaciente actitud de sus empleadores, que contrariamente a lo que afirmaron, jamás habían sindicado a T. M. de B. como cabecilla o integrante de una organización delictiva dedicada al comercio sexual con menores de edad, y que los montos concedidos en concepto de indemnización eran excesivos y constituían una censura encubierta, remiten a cuestiones fácticas y de derecho común ajenos a la instancia del art. 14 de la ley 48, por lo que el recurso extraordinario, resulta inadmisible (art. 280 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación).
Por lo expresado, oído el señor Procurador General, se declara procedente la queja, formalmente admisible el recurso extraordinario deducido por el demandado y se confirma el pronunciamiento apelado. Con costas (art. 68 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación). Reintégrese el depósito. Agréguese la queja al principal. Notifíquese y devuélvase.
CARMEN M. ARGIBAY
Correlaciones:
M., J. L. c/Diario La Arena y otros s/daños y perjuicios – Corte Sup. Just. Nac. – 26/3/2013
Bruno, Arnaldo Luis c/SA La Nación s/recurso de hecho – Corte Sup. Just. Nac. – 23/8/2001
Cita digital:
