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JURISPRUDENCIARecurso extraordinario. Contrato de permuta. Subrogación real. Libertad contractual. Obligación de dar cantidades de cosas
Se resuelve rechazar el recurso extraordinario interpuesto por el cesionario demandado, pues el impugnante no ha logrado demostrar el error en el encuadramiento legal de la relación contractual, lo que implica la insuficiencia del embate desplegado con ese objetivo, resultando procedente suscribir la escritura traslativa de dominio por tratarse de un contrato de permuta -y no de una compraventa- al tratarse de una obligación de dar cantidades de cosas -entrega de combustible- siendo esto una forma de subrogación real, que fue convenida entre acreedor y deudor en el marco de la libertad contractual.
En la ciudad de La Plata, a 22 de junio de 2016, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctores Genoud, Pettigiani, Kogan, Negri, se reúnen los señores jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa C. 119.197, «Freccero, Darío Omar y otro contra Torretta, Maricel. Cumplimiento de contratos civiles y comerciales».
ANTECEDENTES
La Sala II de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial de Mercedes confirmó la sentencia de primera instancia en cuanto acogiera parcialmente la demanda; y la revocó en cuanto había mandado abonar intereses por la obligación principal objeto de reclamo e impuesto las erogaciones judiciales en un 80% a los demandados y el 20% a los actores. Asimismo, impuso las costas de alzada en un 70% al demandado Mac Dermott (fs. 392 vta./393).
Se interpuso, por el cesionario demandado, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (fs. 399/406 vta.).
En atención a la entrada en vigencia del Código Civil y Comercial de la Nación se corrió traslado a las partes (fs. 427), el que fue respondido sólo por el demandado (fs. 431/432).
Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
CUESTIÓN
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
VOTACIÓN
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Genoud dijo:
I 1. El señor Darío Omar Freccero y la señora Telba Luisa Garabello de Freccero promovieron demanda contra la señora Maricel Torretta por cumplimiento de contrato y daños y perjuicios.
Sostuvieron que la relación contractual que los unió fue celebrada el 28 de octubre de 2004 por la cual los actores transfirieron el dominio de un inmueble en la localidad de Carmen de Areco, del que eran propietarios; la otra parte asumía la obligación de hacer entrega de ciento veinticinco mil litros de gasoil o su equivalente en pesos en la forma o condiciones que surgían de la cláusula segunda del instrumento; se pactó la firma de la escritura traslativa de dominio a los cuarenta y cinco días de haber suscripto el boleto, momento en el que la compradora debía constituir a favor de los actores derecho real de hipoteca, en garantía del cumplimiento de su obligación.
Le otorgaron la tenencia precaria del inmueble a la demandada y se postergó la entrega de la posesión para el momento en que se escriturara.
Reconocieron que la contraria había cumplido con la entrega de las remesas extraordinarias, cuyos vencimientos habían operado entre abril y octubre de 2005, y con el pago de 17 remesas mensuales hasta el vencimiento de la que había operado con fecha 28 de febrero de 2006 y que también había transcurrido el plazo dispuesto para escriturar, sin que se hubiera formalizado la transferencia del dominio ni la constitución del derecho real.
Peticionaron que se condenara a escriturar, a entregar el combustible, al pago de impuestos y tasas, a que se determinara el canon locativo por el tiempo de ocupación precaria y que se fijaran intereses derivados de la mora en el cumplimiento de la aludida prestación de entrega de combustible (fs. 51/55).
Ampliaron la demanda solicitando la citación como tercero del señor Daniel Oscar Mac Dermott, en su carácter de cesionario del boleto suscripto (fs. 61 y vta.).
De esa presentación contestó traslado el tercero citado, negando estar en presencia de un contrato de permuta y señalando que la referencia del precio al valor del gasoil constituía una cláusula de indexación, lo que era violatorio de los arts. 7 y 10 de la ley 23.928, luego de su modificación por el art. 4 de la ley 25.561. Reclamó, por ello, la nulidad de la cláusula segunda del contrato. Rechazó, además, el reclamo por escrituración porque las cargas impuestas a la compradora del inmueble no enervaba el carácter recíproco de la obligación y no habían demostrado los actores haber realizado gestión alguna con ese fin, y negó que la compradora estuviera en mora con el pago de impuestos y tasas del inmueble pues no se encontraban esas obligaciones a su cargo.
Manifestó que la cesión de derechos del boleto de compraventa se había celebrado el 11 de septiembre de 2006, acto que le fue notificado a los vendedores, como surge del reconocimiento que han hecho de la recepción de la misiva pertinente, donde además se les hizo saber la intención de regularizar las deudas existentes, frente a la cual guardaron silencio. Alegó el abuso de derecho en la actitud remisa de los actores a solucionar el entuerto (fs. 79/85 vta.).
La accionada señora Torretta contestó demanda y relató los hechos y circunstancias en consonancia con lo manifestado por el tercero citado, reconociendo la cesión de derechos realizada a favor del señor Mac Dermott y su notificación a los vendedores (fs. 133/135).
Se abrió el juicio a prueba y oportunamente se dictó sentencia haciendo lugar parcialmente a la pretensión de la actora, ordenando a los accionantes y al cesionario de la demandada a: 1) suscribir la escritura traslativa de dominio dentro de los treinta días de quedar firme el pronunciamiento, simultáneamente con la hipoteca pactada de conformidad con la cláusula sexta del contrato; 2) entregar los litros de gasoil o su equivalente en pesos con más los intereses que pagaba el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus operaciones de plazo fijo a 30 días y 3) abonar de las tasas, impuestos y servicios de la manera pactada en el contrato de cesión celebrado (fs. 311/318).
Este pronunciamiento fue apelado por los actores (fs. 319) y por el demandado (fs. 327), presentando sus respectivos memoriales (fs. 364/368; 356/361) y réplicas (fs. 374/378 vta.; 370/373).
2. La Cámara confirmó en lo principal la sentencia de primera instancia que había mandado a escriturar y abonar las cuotas adeudadas y el saldo del precio, pero la revocó en cuanto mandaba pagar intereses por la obligación principal objeto del reclamo e imponía las costas a los demandados, las que distribuyó en un 80% a estos últimos y el 20% restante a los actores.
Para decidir de esa manera, determinó que el contrato celebrado entre las partes había sido una permuta.
En este orden de ideas se partió de considerar que la nulidad articulada por el demandado respecto de un elemento esencial del contrato -la cláusula segunda que contenía la prestación a su cargo- estaba relacionada con la violación de la prohibición legal de indexar la obligación del comprador, por ello era menester determinar si se estaba frente a un contrato de compraventa o de permuta (fs. 387 vta.).
Ingresó así a analizar los términos de la cláusula segunda del contrato que transcribió íntegramente y del contenido de la cláusula quinta para determinar que se encontraba en presencia de una permuta porque de la primera de las cláusulas mencionadas surgía una sola prestación debida que era la entrega de 125.000 litros de gasoil, sin perjuicio de que la deudora se hubiera reservado la facultad de sustituirla por otra accesoria como era la entrega de una suma de dinero (fs. 388 y vta.).
De esa manera la Cámara, con cita de opinión doctrinaria, estableció que la prestación que debía cumplir el deudor era una obligación facultativa de él, sin que pudiera ser reclamada por el acreedor, quien sólo tenía derecho a la obligación principal y que al consistir esta última en la entrega de una cosa, 125.000 litros de gasoil, se estaba frente a un contrato de permuta, donde no había precio -elemento esencial de la compraventa- (fs. 388 vta./389).
Agregó el tribunal de alzada que no era óbice a lo decidido que los vendedores no hubieran tenido un concreto y real interés de recibir la prestación en especie, pues por sus actividades no se dedicaban al comercio de combustible, ni tampoco lo necesitaban en las cantidades fijadas, ni eran tenedores de vehículos automotores que precisaran de ese elemento, en tanto el accionante era joyero y relojero y su esposa, ama de casa (fs. 389).
Apreció, además, que había sido probable que los actores hubieran elegido esa forma contractual -permuta- para preservarse de los efectos de la inflación, ya que si su precio se expresaba en dinero cierto, como ocurría en la compraventa, quedaba sujeto a la prohibición de cualquier tipo de cláusulas de ajuste (fs. 389 vta.).
Concluyó que en la permuta la contraprestación -entrega de la cosa- no estaba sujeta a la prohibición de cláusulas de reajuste porque no se trataba de dinero y que en el contrato de marras la obligación principal era la de dar o entregar cantidades de cosas y la obligación dineraria sólo era subsidiaria de la principal, además de facultativa, de libre y lícita contratación (fs. cit.).
Por último, se abocó a resolver el pedido de aplicación de la ley 24.283, desestimándolo.
Para ello dispuso, con cita de autor, que la obligación que se reclamaba no era una deuda de dinero ni de valor, se trataba de una obligación de dar cantidades de cosas que no se actualizaba por índices, estadísticas ni ningún otro mecanismo legal o contractual (fs. 390).
II. Se agravia el recurrente denunciando la violación de la regulación de la compraventa y de la ley 23.928 y la inaplicación de la ley 24.283.
Señala que la Cámara ha interpretado erróneamente las cláusulas contractuales, ya que llevó a encuadrar el contrato como «permuta» cuando se trata de uno de «compraventa» en el cual el precio se encuentra actualizado por el coste del gasoil (fs. 400 vta./401).
Hace referencia -siguiendo en su relato a doctrina autoral- a los principios sobre los que se apoya la interpretación del alcance y naturaleza de los contratos, para destacar que la Cámara, en definitiva, había reconocido que Freccero se había querido preservar de la inflación (fs. 401).
Sostiene que en la interpretación de los contratos debe tenerse en cuenta las declaraciones de las partes.
Con ese objetivo pone de relieve que el instrumento está intitulado como compraventa de inmueble y de las cláusulas primera, segunda y cuarta se hace referencia a «la venta» y al «boleto de compraventa» precisando que en la cláusula quinta se menciona que la hipoteca se constituirá por el «saldo de precio» (v. fs. 401 y vta.)
Alega que debe estarse a las circunstancias del caso, ya que surge del expediente que Freccero no utiliza gasoil habitualmente pero sí que su conducta habitual es la compraventa de inmuebles actualizando su precio en base al valor del gasoil; que ni siquiera posee vehículos ni actividad que le demande un uso intensivo del combustible por lo que no se aprecia la utilidad de pactar el precio de esa manera como no sea con propósito indexatorio. Cita doctrina de autor en apoyo de su postura (fs. 401 vta.).
Esgrime que de tenerse en cuenta la conducta de las partes aparece demostrado que todos los pagos han sido efectuados y recepcionados en dinero, lo que constituye un claro indicio del alcance de los términos contractuales (fs. 402).
Afirma, también, que es errónea la postura del a quo al interpretar que el contrato es de permuta, sin tener en cuenta las demás expresiones contenidas en el instrumento, ya que ante cláusulas oscuras o contradictorias debe estarse a la interpretación fáctica que contempla el inc. 4 del art. 218 del Código de Comercio (fs. cit.).
Aduna que la Cámara ha desechado el principio liminar del favor debitoris, con el que se resguarda la equidad o equivalencia de las prestaciones, pues al considerar el contrato de permuta e inaplicar la ley 23.928 altera el sinalagma contractual en detrimento de la parte demandada por la vía de la repotenciación del precio del gasoil, dando lugar a que el valor a cancelar del inmueble supere su valor real (fs. 402 vta./403 vta.).
Entiende que es forzada la interpretación que ha hecho la Cámara de que la obligación a cargo del demandado es facultativa, la que a su vez luce contradictoria, ya que el autor que cita en sustento explica que en ese tipo de deberes la elección por el deudor entre uno o más prestaciones cesa cuando comienza a cumplir una u otra prestación (fs. 403 vta./404).
Indica, además, basándose en otro prestigioso autor, que en el caso no hay pluralidad de objetos aptos para el pago que es lo que caracteriza a la obligación facultativa, pues como lo reconoce la Cámara el precio está fijado en litros de gasoil, lo que constituye una cláusula de actualización (fs. cit.).
Pone de relieve que es también contradictorio el fallo cuando por un lado reconoce la facultad de abonar en especie o en dinero equivalente al valor de los litros de gasoil, siendo que de hacerlo de esta última manera se encuentra facultado para solicitar que se aplique la ley 23.928 o subsidiariamente la ley 24.283 (fs. 404).
Arguye que por el reconocimiento que la alzada ha hecho de que el pago de su obligación puede hacerse en dinero, es de aplicación la ley 24.283, ya que la suma abonada supera el valor real de inmueble adquirido, luciendo contradictorio el fallo que la desestima (fs. 404 vta./405 vta.).
Concluye que es de aplicación la prohibición de indexar sin importar que el contrato de autos fuera de compraventa o de permuta cuando tiene como obligación facultativa la de dar sumas de dinero actualizado por el valor del gasoil (fs. 405 vta./406).
III. El recurso no prospera.
De manera liminar, en virtud de la entrada en vigencia del Código Civil y Comercial de la Nación a partir del 1 de agosto de 2015 (ley 26.994, texto según ley 27.077, B.O., 19-XII-2014), corresponde dejar sentado el marco legal en que habrá de resolverse la cuestión planteada.
En el caso nos encontramos ante un reclamo derivado de la relación contractual que unió a las partes litigantes. Por lo tanto y a la luz de lo que dispone el art. 7 del Código Civil y Comercial, corresponde aplicar el régimen fondal anterior, en razón de que el negocio jurídico se ha constituido bajo su vigencia y lo que aquí se dirime es la naturaleza jurídica del contrato celebrado.
La cuestión traída al debate se centra en determinar si estamos en presencia de contrato de compraventa o de permuta, para -a partir de allí- considerar si se ha violado la prohibición de indexar establecida en la ley 23.928.
Esta Corte tiene dicho que quien afirma que la sentencia viola determinados preceptos del derecho vigente o denuncia absurdo, anticipa una premisa cuya demostración debe luego llevar a cabo. El incumplimiento de esta exigencia provoca la insuficiencia del intento revisor (conf. doct. C. 116.696, sent. del 11-VI-2014; C. 109.044, sent. del 2-VII-2014).
De la lectura de los agravios desplegados por el impugnante no encuentro que haya demostrado las infracciones legales que denuncia (conf. art. 279, C.P.C.C.).
1. La Cámara determinó que el contrato era de permuta y lo hizo indagando en la cláusula segunda. Allí encontró lo siguiente:
a) el precio total y convenido de la venta era de 125.000 litros de gasoil o su equivalente en pesos;
b) en ese acto se recibían pesos un mil ($ 1.000) equivalentes a seiscientos noventa y cinco litros de gasoil (695 lts.);
c) 19 cuotas ordinarias mensuales y consecutivas de seiscientos noventa y cinco litros de gasoil (695 lts.) cada una o su equivalente en pesos;
d) veinticuatro cuotas extraordinarias semestrales de un mil setecientos treinta y seis litros de gasoil (1736 lts.) cada una o su equivalente en pesos (fs. 388, 2do. párr.).
Luego, se lee que en la cláusula quinta las partes habían acordado instrumentar la operación bajo la forma de una permuta pues la obligación de Torretta -ahora de su cesionario Mac Dermontt- consistía en la entrega de ciento veinticinco mil litros de gasoil (125.000 lts.) o su valor equivalente en pesos, tratándose de una obligación facultativa para la deudora, ya que había una prestación principal, la entrega de combustible, y otra accesoria, su valor en pesos (fs. 388 vta.).
Explicó, además el tribunal de alzada, que «La facultad de reemplazar la prestación principal (de ahí el nombre de éste tipo de obligaciones ‘facultativas’) por la accesoria le corresponde al deudor, y el acreedor no puede reclamarla porque no es la que se le debe (CC 646). El fundamento es que la prestación principal es la única que configura el derecho del acreedor…» (v. fs. 388 vta., 4to. párr.; el destacado es del original).
Reforzó su fundamento sosteniendo que correspondía la aplicación de la ley 23.928 a las obligaciones de dar sumas de dinero pero no a la de entregar cosas, como era el caso de autos, encontrándose por ello fuera de la prohibición indexatoria y la prestación subsidiaria era una obligación facultativa de libre y lícita contratación (fs. 389, párrs., 2do. a 4to.).
2. El recurrente despliega sus argumentos confrontando la decisión de la Cámara sin hacerse cargo del fundamento central del pronunciamiento que determinó:
a) que el contrato suscripto por las partes era de permuta;
b) que la prestación a cargo de la parte demandada era una obligación de dar cantidades de cosas;
c) que esa obligación era facultativa pues le otorgaba la opción de sustituirla por su valor en pesos;
d) que al no ser una obligación de dar sumas de dinero no era de aplicación la ley 23.928.
En su prédica insiste en que se está en presencia de un contrato de compraventa y que el tribunal de alzada ha interpretado erróneamente el contrato. Así lo entiende, porque -dice- surge claramente del título del convenio y del texto de las cláusulas primera, segunda, cuarta, quinta y sexta que se está en presencia de un contrato de compraventa y no de permuta (fs. 401 y vta.).
Sin embargo, el apelante no refuta el análisis pormenorizado efectuado por la Cámara, quien aseveró que la entrega del combustible es la nota tipificante del contrato celebrado, y ello determinó que no fuera aplicable la ley 23.928.
El tribunal de alzada no ha hecho otra cosa que valerse del art. 1485 del Código Civil que establece que el contrato de trueque o permuta tiene lugar cuando uno de los contratantes se obliga a transferir a otro la propiedad de una cosa con tal de que éste le dé la propiedad de otra cosa (el destacado me pertenece). Ello es lo que, para la Cámara y en base a las constancias que señaló, ha ocurrido en el caso de autos.
Por otro lado, el recurrente sólo hace referencia al contenido de su obligación cuando se agravia de la decisión de que se está en presencia de una obligación facultativa, para establecer que la prestación en dinero no convierte la obligación principal de entregar una cosa en una dineraria, sin demostrar con la postura que desarrolla el error en el encuadramiento legal que hiciera el tribunal a quo.
Ya sobre dicha calificación efectuada por la alzada omite atacar que la obligación principal era la entrega del combustible y que la accesoria era la entrega de una suma de dinero representativa del valor del bien que se sustituye, lo que pone en evidencia la insuficiencia del embate (art. 279, C.P.C.C.).
En disconformidad con el fallo, apontocado en su opinión por cierto subjetiva, discurre toda su crítica esgrimiendo el carácter dinerario de la obligación a su cargo apoyado en que el contrato es de compraventa y no de permuta, que el pago siempre se hizo en dinero, enunciando, además, que se ha alterado el sinalagma y reclamando la aplicación del favor debitoris, tópicos con los que no logra demostrar las violaciones legales que denuncia.
En suma, el reclamante pretende la nulificación de la cláusula segunda, lo que conllevaría a la nulidad del contrato, en razón del carácter esencial de la contraprestación que se dejaría sin efecto, sin lograr demostrar ante esta casación el error en el encuadramiento legal que ha hecho la Cámara de la cuestión traída a resolución.
El cumplimiento de la obligación accesoria -entregar el valor de la cosa prometida en dinero- no convierte la obligación principal en dineraria, pues ese dinero ha venido a reemplazar a la cosa en su valor. Es lo que se denomina «subrogación real».
Otra cosa distinta es que la obligación principal sea estipulada en dinero y se haya convenido su ajuste por algún índice de inflación. Se ha visto que no es el caso de autos.
Sobre las deudas dinerarias el art. 10 de la ley 23.928 dispuso lo siguiente: «Mantiénense derogadas, con efecto a partir del 1° de abril de 1991, todas las normas legales o reglamentarias que establecen o autorizan la indexación por precios, actualización monetaria, variación de costos o cualquier otra forma de repotenciación de las deudas, impuestos, precios o tarifas de los bienes, obras o servicios. Esta derogación se aplicará aun a los efectos de las relaciones y situaciones jurídicas existentes, no pudiendo aplicarse ni esgrimirse ninguna cláusula legal, reglamentaria, contractual o convencional inclusive convenios colectivos de trabajo de fecha anterior, como causa de ajuste en las sumas de pesos que corresponda pagar» (t.o. ley 25.561 y dec. 664/2003).
Surge claramente de su texto que es aplicable a las obligaciones de dar sumas de dinero cuando así fueron originalmente pactadas, ya que el art. 7 de esa normativa legal dice que: «El deudor de una obligación de dar una suma determinada de pesos cumple su obligación dando el día de su vencimiento la cantidad nominalmente expresada. En ningún caso se admitirá actualización monetaria, indexación por precios, variación de costos o repotenciación de deudas, cualquiera fuere su causa, haya o no mora del deudor, con las salvedades previstas en la presente ley» (el destacado me pertenece).
La Corte nacional in re «Massolo, Alberto c/ Transporte del Tejar S.A.» (M.913.XXXIV, sent. del 20-IV-2010; Fallos: 333:447) tuvo oportunidad de analizar la aplicación de los artículos de la ley 23.928 anteriormente mencionados pues la cuestión debatida estaba referida a obligaciones de dar sumas de dinero, prohibiendo su indexación. De lo que se colige que esa normativa legal no alcanza a las obligaciones de dar una cosa cierta.
Por lo tanto no son de aplicación los arts. 7 y 10 de la ley 23.928, ya que en el caso de autos no se está en presencia de una deuda de dinero, extremo respecto del cual el impugnante no ensaya crítica alguna. Su obligación es de dar cantidades de cosas, a la que hace referencia el art. 606 del Código Civil, y posee la facultad de dar una suma de dinero equivalente al valor de la cosa prometida. O sea que estamos en presencia de una forma de subrogación real, convenida entre acreedor y deudor en el marco de la libertad contractual que reconoce nuestro ordenamiento legal (arts. 1197 y 1198 del Código Civil).
Se ha dicho que «La distinción expresada [deudas de dinero y de deudas de valor] es fundamental y constituye un arbitrio apropiado para mantener la paridad de las prestaciones recíprocas, salvando la justicia conmutativa, en tiempos de intensa inflación monetaria. La deuda de dinero es insensible a las oscilaciones del poder adquisitivo de la moneda (…) En cambio la deuda de valor toma en cuenta tales variaciones, porque en ella el objeto debido es una utilidad a que el acreedor tiene derecho, la cual ha de medirse en los términos monetarios que correspondan al momento de la liquidación de la deuda. La cuestión es saber cuanto vale, en dinero cierto, el bien del que ha sido privado el acreedor» (Llambías Jorge J.-Raffo Benegas, Patricio J., actualizador; en Obligaciones de Dar Sumas de Dinero-II. Obligaciones de valor; 886. Deudas de Dinero y Deudas de Valor; Tratado de Derecho Civil y Obligaciones; Lexis N° 7007/001891).
A ello, también hacen referencia algunos autores en oportunidad de analizar la emergencia económica y social acaecida en el año 2001, diferenciando la deuda de dinero de la deuda de valor. Al respecto dijeron que «… Con esta categoría de la deuda de valor quedan protegidas del azote de la inflación muchas relaciones jurídicas, prácticamente todas aquellas que no tengan por objeto originario una suma de dinero. Porque todas las obligaciones que no tengan por objeto una suma de dinero se cumplirán por el dar la cosa debida (diversa al dinero)…» (Casiello, Juan José y Méndez Sierra, Eduardo Carlos en «Obligaciones y Contratos Doctrinas Esenciales» -ET. III, pág. 199; en «La Ley» 2003-E, 1282; cita online AR/DOC 10653/2003).
De lo expuesto hasta aquí se desprende que el impugnante no ha logrado demostrar el error en el encuadramiento legal de la relación contractual, lo que implica la insuficiencia del embate desplegado con ese objetivo (art. 279, C.P.C.C.).
Al respecto, sabido es que resulta insuficiente el recurso que desinterpreta los términos de la sentencia dictada por la Cámara y se desentiende del razonamiento que guió al tribunal en su tarea de fundar su decisión (C. 118.902 y C. 118.466, ambas sents. del 4-III-2015; entre muchas), lo que acontece en la especie y sella el resultado adverso del intento revisor.
3. Tampoco es atingente su agravio en torno a que no es de aplicación la ley 24.283, porque -como se ha dicho anteriormente- no estamos en presencia de una obligación de dar sumas de dinero, sino en la de entregar cantidades de cosas ciertas con la opción para el deudor de reemplazar la cosa por su valor en pesos (art. 279, C.P.C.C.).
IV. En consecuencia, si mi opinión es compartida, el recurso extraordinario interpuesto debe ser rechazado, con costas al recurrente vencido (arts. 68 y 289, C.P.C.C.).
Voto, pues, por la negativa.
Los señores jueces doctores Pettigiani y Kogan, por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Genoud, votaron también por la negativa.
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Negri dijo:
Los fallos de la Corte Suprema de
Justicia de la Nación sólo resultan vinculantes para el caso en que se dictaron (conf. P. 43.994, sent. del 29-X-1991; P. 47.881, sent. del 29-XII-1994; Ac. 78.215, sent. del 19-II-2002, entre muchos otros), lo que no obsta a que su contenido sea receptado en orden a su validez conceptual.
Con la consideración efectuada y en atención a la insuficiencia del recurso (art. 279, C.P.C.C.) sostenida por el colega que abre el acuerdo adhiero a su voto y doy el mío por la negativa.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
SENTENCIA
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, se rechaza el recurso extraordinario interpuesto; con costas al recurrente (arts. 68 y 289, C.P.C.C.).
El depósito previo de $ 23.200, efectuado a fs. 396, queda perdido (art. 294, C.P.C.C.). El tribunal a quo deberá dar cumplimiento a lo dispuesto por los arts. 6 y 7 de la resolución 425/2002 (texto resol. 870/2002).
Notifíquese y devuélvase.
LUIS ESTEBAN GENOUD
HILDA KOGAN
HECTOR NEGRI
EDUARDO JULIO PETTIGIANI
CARLOS E. CAMPS
Secretario
Ley 23928 – BO: 28/03/1991
008358E
