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JURISPRUDENCIADeber médico. Abandono de persona
Se rechaza el recurso de inconstitucionalidad articulado por la fiscalía pues solo exhibía la discrepancia con la solución alcanzada, y no lograba plantear un caso constitucional que habilitara la intervención del Tribunal.
Buenos Aires, 16 de febrero 2016
Vistos: los autos indicados en el epígrafe.
Resulta
1. La Sra. Fiscal a cargo de la Fiscalía de Cámara Sudeste dedujo queja (fs. 726/742) contra el pronunciamiento de la Sala I de la Cámara de Apelaciones en lo Penal, Contravencional y de Faltas (fs. 719/721) que declaró inadmisible el recurso de inconstitucionalidad agregado a fs. 691/705. Allí la fiscalía había impugnado la resolución obrante a fs. 662/678, que -en lo que aquí importa- revocó la sentencia condenatoria dictada en primera instancia y absolvió a las médicas Eva Celia Rodríguez y Marcela Susana Tela en orden al delito de abandono de persona, por haberse negado a concurrir al domicilio sito en la casa n° … de la manzana n° … de la Villa 31 para atender al Sr. Humberto Ruiz, por quien se había requerido el auxilio médico del SAME a raíz de las convulsiones que sufriera en la mañana del 5 de abril de 2011.
2. En su recurso de inconstitucionalidad, la representante del Ministerio Público Fiscal denunció la arbitrariedad del fallo de Cámara por estar fundado en la sola voluntad de los magistrados y en una apreciación fragmentada de la prueba. Invocó la afectación de los principios de legalidad, culpabilidad, igualdad y no discriminación.
3. La Cámara, a su turno, denegó el recurso de inconstitucionalidad, porque sólo exhibía la discrepancia del Ministerio Público Fiscal con la solución alcanzada, proponía un nuevo análisis de la prueba y no lograba plantear un caso constitucional que habilitara la intervención del Tribunal.
4. El Fiscal General, al tomar intervención, opinó que se debían admitir los recursos del MPF y revocar la decisión cuestionada (fs. 745/750).
Fundamentos:
Los jueces José Osvaldo Casás e Inés M. Weinberg dijeron:
1. La queja, aunque interpuesta ante el Tribunal en tiempo oportuno (art. 33 de la ley n° 402), debe ser rechazada. La señora Fiscal de Cámara no ha logrado demostrar que sus motivos de agravio conformen un caso de competencia del Tribunal.
2. En cuanto a la alegada arbitrariedad de la sentencia, la Fiscal de Cámara denuncia en su queja que la resolución dictada por los jueces de la Sala I de la Cámara “pone en jaque las reglas constitucionales que deben regir la valoración de la prueba al fundarse en una valoración arbitraria, fragmentada y parcial de los elementos probatorios producidos en el debate” (fs. 731 vuelta).
Consideramos que, pese al esfuerzo realizado, la recurrente no ha logrado demostrar que la absolución dictada por el tribunal a quo haya estado asentada en una apreciación fragmentada de la prueba. En todo caso, lo que sí se advierte es una valoración diferente de las constancias de la causa pero esa circunstancia no invalida el modo en que los jueces fundaron su decisión.
En efecto, de modo alguno la decisión adoptada por la Cámara aparece ante esta instancia como infundada. En cambio, expone que mientras el análisis de la fiscal se concentró en la actuación de las médicas como únicas responsables de la atención de Humberto Ruiz, el de los jueces abarcó la situación y el contexto en el que aquéllas debieron realizar su labor.
Nótese que la Fiscal de Cámara sostiene en su recurso que “a través de la arbitraria aplicación de una causal de exclusión de la culpabilidad, los magistrados realizaron una inversión de la posición de garante que resulta contraria a los deberes de actuación asegurados en la norma penal bajo análisis” (cf. fs. 731). Sin embargo, la Cámara no confrontó la posición de garante de las médicas sino el deber de acción en el caso concreto, en tanto sostuvo que “[l]as contradictorias indicaciones de los operadores del SAME y la ausencia de conocimiento de un protocolo de actuación formal y claro impidieron a Rodríguez y Tela comprender el deber de acción, inverso al que asumieron en contra de la norma. Existieron motivos que las indujeron al equívoco -aunque mayúsculo- sobre la calidad de su conducta” (fs. 677).
De esta manera, a pesar del cuestionamiento que, en términos genéricos, efectúa la recurrente, lo cierto es que ninguna de las reflexiones expuestas en el recurso de la representante del Ministerio Público Fiscal permite concluir que la interpretación efectuada por los señores jueces de la Cámara exceda las reglas de la sana crítica judicial, ni que aquellos hayan efectuado un recorte arbitrario de los elementos probatorios; sino y por el contrario, la quejosa se ha limitado a exponer un mero desacuerdo con dicha lectura efectuada por el tribunal de alzada.
En definitiva, se ha omitido cualquier desarrollo que permita advertir la vinculación de garantías constitucionales con la cuestión efectivamente decidida en estas actuaciones y tampoco se ha expuesto la existencia de contradicción lógica alguna en la sentencia cuestionada. Reiteramos, entonces, que la discusión planteada se reduce a una cuestión que involucra aspectos de hecho, prueba y derecho infraconstitucional (artículos 37 inciso 1° y 106 del CP, ley nº 1883, Ley de Gestión de Emergencias Médicas, y ley nº 153, Ley Básica de Salud) que no habilita la competencia extraordinaria del Tribunal, pues queda reservada a la decisión de los jueces de mérito quienes -en el caso- afirmaron que no puede serle reprochada la conducta imputada, puesto que “[l]as médicas tuvieron la creencia, errada por cierto, de que estaban autorizadas a optar por esperar a Humberto Ruiz en los puntos de encuentro preestablecidos de la Villa 31, a los cuales los agentes del SAME le indicaban a los choferes que se dirigieran”, de modo que “el imperativo de defender la vida fue soslayado sobre la base de un error insuperable fundado en desaciertos provenientes del Sistema de Atención Médica de Emergencia y, en última instancia, deficientes políticas públicas de salud, tendientes a brindar cobertura a los grupos más vulnerables de la sociedad” (cf. fs. 677/677 vuelta).
En este sentido, basta recordar que este Tribunal ha expresado en su constante jurisprudencia que la discrepancia del recurrente con el razonamiento efectuado por la Cámara no significa que su sentencia devenga infundada y, por ende, arbitraria (cf. este Tribunal, in re “Federación de Box c/ Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires s/ acción de inconstitucionalidad”, expte. n° 49/99, resolución del 25/8/99, en Constitución y Justicia [Fallos del TSJ], Ed. Ad-Hoc, Buenos Aires, 2001, t. I, ps. 282 y ss., entre otros). En igual sentido, para el recurso extraordinario federal, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha sostenido que “[l]a doctrina de la arbitrariedad no tiene por objeto convertir a la Corte en un tribunal de tercera instancia ordinaria, ni corregir fallos equivocados o que se reputan tales, sino que tiende a cubrir casos de carácter excepcional en los que, deficiencias lógicas del razonamiento o una total ausencia de fundamento normativo, impidan considerar el pronunciamiento de los jueces ordinarios como la ‘sentencia fundada en ley’ a que hacen referencia los arts. 17 y 18 de la Constitución Nacional” (Fallos: 308:2351, 2456; 311:786; 312:246, 608 y 323:2196, entre otros).
3. Por lo expuesto, corresponde rechazar la queja interpuesta.
Así lo votamos.
El juez Luis Francisco Lozano dijo:
1. El precedente de la CSJN “Sandoval, David Andrés”, publicado en Fallos: 333:1687, en tanto no ha sido revisado por la CSJN, rige, como se verá, los alcances de la doctrina de la arbitrariedad, a la luz de la garantía del ne bis in idem, en los procesos penales. No se me pasa por alto que dos de los 4 jueces que formaron la mayoría (la Corte estaba compuesta en ese tiempo por siete miembros), los Dres. Petracchi y Zaffaroni, no integran actualmente la CSJN, y uno, el Dr. Fayt, ha renunciado el 11 de diciembre de 2015. Pero, los precedentes, como principio, sobreviven a sus emisores, cesando así como stare decisis únicamente cuando son revisados, si es que ello ocurre, por otra, o la misma, composición que los dictó. Tampoco encuentro razones novedosas que pudieran eventualmente ser propuestas al Supremo Tribunal federal a fin de estimular una reapreciación de su parecer.
2. Tres de los jueces que formaron la mayoría en “Sandoval”, los Dres. Petracchi, Lorenzetti y Fayt, entendieron que la “cuestión [allí] planteada” resultaba “sustancialmente análoga” a la tratada en Fallos: 321:1173 y merecía igual solución a la expuesta en la disidencia de los jueces Petracchi y Bossert, reiterada en el considerando 17 del voto del juez Petracchi en Fallos: 329:1447 (cf. el cons. 6º).
El Dr. Zaffaroni, por su parte, si bien formó parte de la mayoría, lo hizo según su voto. Sostuvo principalmente que la decisión del Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Río Negro de anular la sentencia absolutoria y el debate respecto del Sr. Sandoval con el objeto de que se realizara un nuevo peritaje que permitiera despejar las contradicciones que había entre los dos ya efectuados resultaba violatorio del modelo acusatorio. Expresamente dijo “[q]ue, en definitiva, la anulación del fallo absolutorio a raíz del recurso de casación de la querella obedeció fundamentalmente a una actividad jurisdiccional que, distanciándose de los postulados propios de un modelo acusatorio como el regido por nuestra Constitución Nacional, obligó a un tribunal a disponer prueba de oficio que, en el caso, asumió una tendencia incriminante -al punto que modificó sustancialmente el resultado del proceso, trocando absolución por condena-, con la necesaria confusión de roles entre acusador y juez, hasta superar el propio límite que impone el favor rei al avance del poder punitivo, en tanto opción de tutela de la inmunidad de los inocentes, incluso al precio de la impunidad de algún culpable” (cf. el cons. 29).
Ciertamente no cabe interpretar el voto del Dr. Zaffaroni en oposición, o contradicción, con lo dicho por sus colegas Petracchi, Lorenzetti y Fayt puesto que ello supondría interpretar que la CSJN incurrió en el supuesto de arbitrariedad a que se refiere la doctrina de Fallos: 332:826, esto es, una sentencia que no “exhibe una sustancial coincidencia en los fundamentos”.
3. Así, de los dos fundamentos centrales en que se apoyó la sentencia in re “Sandoval”, el alcance de la garantía del ne bis in idem y del “modelo” acusatorio, para descalificar el reenvío dispuesto por el Superior Tribunal de Río Negro, interesa a los fines del recurso a estudio únicamente el primero; y, principalmente, el desarrollo que de esa garantía hicieron los jueces Petracchi y Bossert en Fallos: 321:1173.
4. En Fallos: 321:1173, los mencionados magistrados analizan la procedencia de un recurso extraordinario interpuesto por el MPF contra la sentencia del tribunal oral que había absuelto al Sr. Alvarado del delito de retención y omisión de depósito de aportes previsionales (cf. el art. 8 de la ley n° 23.771), cuya comisión se le imputaba. La absolución había estado fundada en “…la diversidad de conclusiones a las que arribó el organismo denunciante acerca de los montos y conceptos cuya retención y omisión de depósito se imputó a Alvarado” (cf. el cons. 1° del voto). El MPF tachó de arbitraria esa decisión por entender que “…el tribunal oral [había] prescindi[do] de las pruebas producidas en el juicio que, según la inteligencia del mencionado art. 8° que el recurrente consideró adecuada, determinaba una solución del caso opuesta a la impugnada”. Expresamente en el considerando 4º del voto se puede leer, que “…los agravios alegados en el escrito que se dedujo recurso extraordinario -esto es, arbitrariedad e incorrecta interpretación de la ley 23.771- se halla[ba]n inescindiblemente ligados entre sí, pues la prescindencia de prueba introducida al debate que el apelante atribuye al tribunal a quo responde, según lo manifestado por aquél, a la incorrecta interpretación del tipo penal contenido en el art. 8º de la ley 23.711 y de su art. 16”.
5. Los Dres. Petracchi y Bossert entendieron que el recurso del MPF era “inadmisible”.
5.1. Su razonamiento fue el siguiente.
(i) En caso de hacer lugar al recurso, la CSJN debería devolver la causa para se realizara un nuevo juicio. Expresamente dijeron, “[q]ue las críticas formuladas por el apelante tienen por objeto la revocación, por parte del Tribunal, del fallo impugnado y, como necesaria consecuencia de ello – en atención a las características de dicho pronunciamiento-, la realización de nuevo juicio” (cf. el Cons. 5°).
Ello así, toda vez que las partes no habían consentido la valoración de la prueba que habían realizado los jueces de mérito.
(ii) A partir de ello se preguntaron si el derecho federal (en particular, la garantía del ne bis in idem) habilita el dictado de una decisión que importe nulificar actos del proceso penal (en ese caso, el debate) válidamente llevados adelante haciendo transitar de ese modo al imputado nuevamente el “riesgo” a ser condenado por el que ya había pasado.
(iii) Concluyeron que, a la luz de la mencionada garantía, “…una sentencia absolutoria dictada luego de un juicio válidamente cumplido precluye toda posibilidad de reeditar el debate como consecuencia de una impugnación acusatoria”. Una decisión diversa significaría otorgar al Estado una nueva chance para realizar su pretensión de condena, en franca violación al principio constitucional del non bis in idem y a sus consecuencias, la progresividad y la preclusión” (cf. el Cons. 13, el subrayado corresponde al original).
6. Asimismo, también respondieron al argumento con arreglo al cual el reenvío que ordenara la CSJN no tendría necesariamente que conllevar la realización de un nuevo debate, sino sólo aquellos actos que la CSJN dispusiera.
Dijeron al respecto que “…tales caracteres propios [, se refieren a los del reenvío,] sólo son indicados con el fin de determinar las limitaciones de la actividad de las partes y del tribunal en el juicio de reenvío. Mas en ningún caso se somete a contradicción el hecho de que aquél constituye un nuevo juicio -o bien la renovación del juicio cuya sentencia definitiva se sometió a impugnación- impuesto por la necesidad de sustituir por otra la sentencia que el tribunal ad quem ha rescindido […]. Por lo tanto, cualquiera sea la forma de reducir a conceptos al juicio de reenvío, lo cierto es que -en casos como el presente-, para el imputado absuelto, aquél constituye un nuevo juicio, básicamente idéntico al primero, en el que su honor y su libertad vuelven a ponerse en riesgo. Ello es suficiente, pues, para que la garantía del non bis in idem impida al Estado provocarlo. 15) Que, como consecuencia de los dicho, el objeto del recurso sub examine -en tanto, por medio del él, el acusador público pretende revocar la sentencia absolutoria dictada en autos y reenviar el caso a nuevo juicio- no encuentra amparo a la luz del derecho federal vigente, más allá del acierto o el error de los agravios de fondo que el apelante ha pretendido hacer valer contra el pronunciamiento impugnado” (cf. los cons. 14 y 15).
7. La tesis a la que me vengo refiriendo puede ser sintetizada del siguiente modo. El riesgo a ser condenado en un proceso penal viene definido por el legislador en las normas adjetivas. Una vez que se arriba a una sentencia absolutoria en un juicio (en palabras de los Dres. Petracchi y Bossert) “válidamente cumplido”, esto es, un proceso realizado de acuerdo a lo que las leyes procesales establecen, no puede verse incrementado el riesgo del imputado a ser condenado por la vía de retrotraer el proceso a etapas precluidas.
Esa tesis tiene implicancias directas sobre los alcances del recurso extraordinario por arbitraria determinación de los hechos; supuesto en que el MPF venía fundando su recurso en Fallos: 321:1173, como así también aquí. Entre otras, elimina la procedencia del recurso por esa causal cuando lo que se pretende es la revisión de una sentencia absolutoria dictada en un juicio “válidamente cumplido”. Ello así, porque de prosperar el recurso, la CSJN debería anular la decisión recurrida y reenviar la causa para que se dictara un nuevo pronunciamiento (todo ello sobre la base de una causal recursiva de creación pretoriana de la CSJN); viéndose así incrementado el riesgo a ser condenado definido por el legislador, en oposición a lo que manda la garantía del ne bis in idem. La causa habría sido retrotraída a etapas precluidas con arreglo a lo previsto en ley adjetiva.
8. Esa interpretación de la garantía del ne bis in idem es coincidente con la que expusiera en mi voto in re “Ministerio Público- Defensoría Contravencional y de Faltas n° 3 s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en ‘Montero Montero, María Nela s/ infracc. art. 71- apelación’”, expte n° 3739, resolución del 9 marzo de 2005. Allí sostuve que el ne bis in idem garantiza, por un lado, que el imputado no sea perseguido penalmente dos veces por el mismo hecho y, por el otro, que el riesgo de ser condenado al que fue sometido no exceda el definido por el legislador (el desarrollo del tema se puede ver en mi voto in re “Montero Montero”).
9. El recurso de inconstitucionalidad por arbitrariedad de sentencia no está previsto en el ordenamiento jurídico local (cf. el art. 113, inc. 3, de la CCBA, la ley 402 y, en los procesos penales, el CPP). Su tratamiento le viene impuesto a este Tribunal por la doctrina de la sentencia publicada en Fallos: 311:2478, con arreglo a la cual los superiores tribunales y cortes de provincia constituyen el “superior tribunal de la causa” a que se refiere el art. 14 de la ley n° 48; razón por la cual están obligados a tratar todas aquellas cuestiones que puedan suscitar la competencia extraordinaria de la CSJN, entre las que se encuentra la tacha de arbitrariedad.
En ese marco, la doctrina de la CSJN respecto de la arbitrariedad de sentencia es la que rige el ámbito de competencia que esa cuestión acuerda a este Tribunal.
10. El precedente “Sandoval”, por lo dicho más arriba, impide, en lo que aquí importa, que como consecuencia de la doctrina de la arbitrariedad se dicte un pronunciamiento que importe, por revocar una absolución cuya motivación se estima nula, hacer pasar nuevamente al imputado por el riesgo, válidamente ya transitado, de ser condenado.
11. El recurso del fiscal a estudio está alcanzado por esa doctrina de la Corte.
Ello así, toda vez que el MPF viene sosteniendo que es arbitraria la valoración que la Cámara hizo de las constancias de la causa para concluir que las médicas Tela y Rodriguez habían obrado bajo un “error exculpante invencible”.
La Cámara expresamente sostuvo:
“… [l]as circunstancias expuestas determinaron que Eva Rodriguez se dirigiera a las calles 4 y 5 y luego al Destacamento, lugar donde se quedó esperando que le acercaran al paciente. Ello estaba convencida de que actuaba conforme a la ley.
En cuanto a Marcela Tela, -más allá de las efectivas posibilidades de salvataje en razón del horario en que arribó al Correo Viejo y la hora del deceso de Ruiz, lo que incidiría directamente en la acreditación del nexo de evitabilidad- tuvo idéntica convicción. Su error fue invencible pues -justamente- cuando ella dudó acerca de si estaba obligada a ir hasta el domicilio de Ruiz a atenderlo, llamó al coordinador del SAME y éste no la sacó de su error.
Las médicas tuvieron la creencia, errada por cierto, de que estaban autorizadas a optar por esperar a Humberto Ruiz en los puntos de encuentro preestablecidos de la Villa 31, a los cuales los agentes del SAME le indicaban a sus choferes que se dirigieran; allí esperaron por largo tiempo, lo que demuestra su voluntad de cumplir con su deber de asistencia.
El imperativo de defender la vida fue soslayado sobre la base de un error insuperable fundado en desaciertos provenientes del Sistema de Atención Médica de Emergencia y, en última instancia, deficientes políticas públicas de salud, tendientes a brindar cobertura a los grupos más vulnerables de la sociedad.
En definitiva, corresponde revocar la sentencia de primera instancia y absolver a las imputadas por no encontrarse configurada la culpabilidad, ante la existencia de un error exculpante invencible” (cf. fs. 677/677 vuelta).
El MPF manifiesta que “[l]a sentencia en crisis pone en jaque las reglas constitucionales que deben regir la valoración de la prueba al fundarse en una valoración arbitraria, fragmentada y parcial de los elementos probatorios producidos en el debate” (cf. fs. 534). En particular, cuestiona la valoración que se hizo de los audios de las comunicaciones que tuvieron los operadores del SAME con los choferes de la ambulaciones y las imputadas el día 5 de abril de 2014, de las testimoniales y de los careos (cf. fs. 534/539). En consecuencia con esos agravios solicita en el petitorio de su recurso que el Tribunal “…haga lugar al recurso de inconstitucionalidad interpuesto y se revoque la decisión recurrida en cuanto dispuso la absolución de las imputadas. [y] [q]ue se devuelva el legajo a la instancia inferior para que otros jueces dicten una nueva resolución conforme a derecho” (cf. fs. 544).
12. Justamente esa solución que el MPF pretende que este Tribunal adopte, a saber, que nulifique la absolución decretada por la Cámara y devuelva la causa para que sea nuevamente valorada la prueba, es la que veda la doctrina reseñada supra. En efecto, la decisión que pide el MPF estaría incrementando el riesgo a que fueron sometidas las imputadas a ser condenadas, sobre la base de un recurso creado pretorianamente por la CSJN. Obsérvese que la nulidad cuya declaración se pretende no está fundada, en términos de la CSJN, “…en la inobservancia de alguna de las formas esenciales del proceso” o en una conducta que le sea imputable a la defensa. Lo que se pretende es obtener la nulidad de la sentencia de Cámara por entender el MPF nula su motivación; solución a la que, reitero, impide arribar válidamente la doctrina que se desprende de los fallos de CSJN repasados en extenso más arriba. Incluso el Dr. Zaffaroni en su voto in re “Sandoval” recordó que, con arreglo a la doctrina de la sentencia in re “Polak” (Fallos: 321:2826) “[e]l Estado no tiene derecho a un nuevo juicio cuando es él quien origina esos errores, porque la situación se equipara al supuesto en que ha fallado al presentar el caso”; y no cabe duda que los jueces son parte del Estado. Esta doctrina, desde ya, entiendo que debe ser leída de acuerdo a lo que las normas adjetivas prevean, porque son ellas las que establecen cuándo se está frente a un juicio “válidamente cumplido”.
13. La circunstancia de que en Fallos: 321:1173 la decisión recurrida ante la CSJN era la dictada por un Tribunal oral y aquí la de Cámara que, a instancia de las imputadas, revisó la sentencia de primera instancia que las había condenado por el delito cuya comisión aquí se les imputa, no modifica los alcances que corresponde acordarle al recurso de inconstitucionalidad por arbitrariedad.
Las razones que fundan su inadmisibilidad son las mismas en uno y otro caso. Repasémoslas. En ambos casos el reenvío importa reeditar un debate, en torno a la valoración de la prueba, por el que ya transcurrió el imputado (en un caso el de juicio y en el otro el que abrieron los agravios contra la sentencia de la primera instancia). En ambos casos el imputado vuelve a correr el riesgo de ser condenado; y en ambos casos el incremento del riesgo, fruto del reenvío, encuentra sustento en una vía recursiva cuya fuente no es la ley adjetiva sino la doctrina de la Corte.
Interpretar que la doctrina de la CSJN se aplica únicamente a la sentencia dictada luego del debate (juicio), supone sostener que la garantía del ne bis in idem se aplica únicamente a un tramo del proceso, el que tiene lugar hasta una vez finalizado el debate, solución que no sólo no se desprende de norma alguna, sino que reduciría los alcances de la garantía al punto de privarla de efecto. Ello así, toda vez que el riesgo a ser condenado definido por el legislador podría verse incrementado en la etapa del proceso que transita ante la segunda instancia de modo indefinido.
Finalmente, cabe señalar que lo dicho por los jueces Petracchi y Bossert respecto a los efectos del reenvío (cf. el punto 6 de este voto) resulta aplicable a cualquiera sea la instancia que el reenvío se ordene. Tanto en primera instancia, como en segunda, aparece la necesidad de sustituir la sentencia absolutoria recurrida por otra sentencia.
14. Con lo dicho hasta aquí no vengo a sostener que este Tribunal no pueda disponer un reenvío en un proceso penal. Sí, en cambio, que ese reenvío no puede conllevar un incremento del riesgo a ser condenado válidamente ya transitado por el imputado.
15. Cabe agregar que la doctrina aquí desarrollada se refiere a procesos de la especie del que aquí nos ocupa, donde de un lado está todo el pueblo de la Ciudad representado en la persona del fiscal y del otro las imputadas. Distinta es la situación en la que están en pugna derechos individuales, vrg. los que asisten a/las victima/s y a/los victimario/s; supuesto acerca del cual no cabe expedirse por no ser el que suscita la competencia de este Tribunal.
16. En suma, al igual que mis colegas José Osvaldo Casás e Inés M. Weinberg, entiendo que el recurso de inconstitucionalidad articulado por la fiscalía resulta inadmisible.
Por ello voto por rechazar la queja interpuesta.
La jueza Alicia E. C. Ruiz dijo:
Recurso de queja:
1. La queja de fs. 726/742 cumple con los requisitos de admisibilidad (art. 33 de la ley n° 402) y tiene fundamentos suficientes para sustentar su crítica a la resolución en virtud de la cual la Cámara le denegara el recurso de inconstitucionalidad.
En efecto, frente al auto denegatorio (fs. 719/721) la quejosa explica que su impugnación no se circunscribió a un nuevo análisis de la prueba sino a la arbitraria aplicación de una causal de exclusión de la culpabilidad -error de prohibición-, pues los magistrados, según su opinión, habrían realizado una inversión de la posición de garante contraria a los deberes de actuación asegurados en la norma penal del art. 106 del Código Penal y que se hallan esencialmente reforzados en aquellos que asumen una responsabilidad pública como los médicos de emergencia que están afectados al servicio del SAME (cf. fs. 731).
Recurso de inconstitucionalidad:
2. El tribunal a quo, al momento de revocar la sentencia y absolver, sostuvo que “la conducta atribuida a las imputadas importó la comisión del tipo descripto en el art. 106 CP pues es dable vincular su comportamiento -de no acercarse al domicilio de Ruiz para atendenderlo- con el peligro para la vida o la salud de Humberto Ruiz, que el tipo objetivo de la figura reclama. Las imputadas Rodriguez y Tela con su actuar crearon una situación de peligro, pues su comportamiento no se ciñó al cumplimiento del rol que les era debido, (…) [y] no se albergan dudas acerca de que existió el deber jurídico para las médicas de hacerse presentes, la mañana del 5 de abril de 2011, en la casa n° … de la manzana n° … de la Villa 31, cuando se requería el auxilio para la vida de Humberto Ruiz. El valor vida, tal como es también la convicción de la sentencia en crisis, debe ser preservado en cualquier contexto fáctico, si se quiere con mayor esfuerzo en contextos donde la persona en crisis se encuentra en una situación de vulnerabilidad mayor. No puede negarse que el deber frente a la vida humana es, tanto axiológica como jurídicamente, exigible a quien, como Rodriguez y Tela -tal como correctamente se afirmó en la sentencia en crisis-, se encuentra en una posición de garante de las más intensas que se puede imaginar. (…) Entendemos que la omisión de preservar la vida en riesgo es por regla injustificable. Es cierto que el ordenamiento jurídico establece excepcional situación respecto al imperativo referido, en casos en que corra peligro cierto la vida de quien deba preservar la de otro, pero no es posible afirmar que dicha circunstancia se encontraba presente el día de los hechos…” (cf. fs. 671/vuelta). [No obstante ello] “las contradictorias indicaciones de los operadores del SAME y la ausencia de conocimiento de un protocolo de actuación formal y claro impidieron a Rodríguez y Tela comprender el deber de acción, inverso al que asumieron en contra de la norma. Existieron motivos que las indujeron al equívoco -aunque mayúsculo- sobre la calidad de su conducta… Las médicas tuvieron la creencia, errada por cierto, de que estaban autorizadas a optar por esperar a Humberto Ruiz en los puntos de encuentro preestablecidos de la Villa 31, a los cuales los agentes del SAME le indicaban a sus choferes que se dirigieran; allí esperaron por largo tiempo, lo que demuestra su voluntad de cumplir con su deber de asistencia” (fs. 677/vuelta).
3. La Sra. Fiscal de Cámara impugna la sentencia de la alzada, porque considera que “[e]n ningún momento explican los Sres. Jueces cuáles fueron las ‘contradicciones’ en las directivas del SAME, ni explican por qué -pese a haberse producido abundante prueba que permite afirmar con certeza que las acusadas conocían acabadamente donde debían prestar la asistencia médica, que conocían el alcance de su deber profesional y su rol de garante en la emergencia, que sabían que debían asistir al paciente en su domicilio, tal como lo habían hecho otros colegas en anteriores oportunidades, que estaban acompañadas de personal policial que les brindaba seguridad, que en el caso no existía ninguna situación de riesgo o peligro concreto para la integridad física de las médicas y, en definitiva, que no incurrieron en ningún error ya que eran conscientes de que de no asistir personalmente al paciente en el lugar donde aquel se encontraba podían incurrir en el delito de abandono de persona- arribaron a la conclusión contraria” (fs. 695/vuelta).
Y agrega que “[n]o es cierto ni razonable que un médico de emergencias pueda suponer que un paciente que está convulsionando calificado como un ‘código rojo’ pueda trasladarse por sí mismo a donde ellas estaban; tampoco es razonable que un médico de emergencias pueda creer que es el paciente en estado crítico quien debe desplazarse al lugar donde se encuentra el profesional y no a la inversa. Por ello, es irrazonable y arbitrario que los jueces sostengan que las médicas tuvieron la errónea creencia de que estaban autorizadas a optar por esperar a Humberto Ruiz -quien, como bien sabían las profesionales, se encontraba (…) imposibilitado de trasladarse por sí- en los puntos de encuentro preestablecidos de la Villa 31, en lugar de asistirlo en su domicilio” (fs. 696).
Específicamente desarrolla sus argumentos en torno a cuatro agravios, a saber: a) arbitrariedad de sentencia por falta de fundamentación, parcial valoración de la prueba y errónea e infundada aplicación al caso de un error exculpante; b) errónea interpretación y delimitación del principio de culpabilidad y de las normas de fondo aplicables al caso; c) afectación del principio de igualdad y no discriminación; y d) violación del principio de legalidad por inversión del orden jerárquico de las normas.
4. Considero que la recurrente ha logrado demostrar que la absolución dictada por el tribunal a quo no está debidamente fundada y es arbitraria.
En efecto, da por cierto un error de prohibición que exculparía a las dos médicas acusadas por considerarlas “chivos expiatorios” (fs. 676 vuelta), pero sin explicar cuáles habrían sido las órdenes contradictorias del SAME que las hicieron confundir respecto de cómo actuar en la emergencia, ni porqué entienden que carecían de la posibilidad de comportarse de una manera diferente a como lo hicieron.
5. Si bien los Sres. Camaristas consideran que “la conducta debida era atender al paciente donde este se encontrara, acercándose hasta su domicilio si ello fuera necesario” (fs. 673) se preguntan si “¿pueden esgrimir las imputadas la creencia de que las directivas del SAME y ese ‘protocolo’ -eventualmente de existencia informal o de una ‘juridicidad paralela’- (consistente en que sólo se atendían a los pacientes en determinados puntos de encuentro previamente acordados) les permitía incumplir con la conducta debida?” (fs. 673). Concluyen que “las imputadas no tuvieron claro cómo debía procederse en esos casos. Por el contrario, de las indicaciones de los operadores del SAME se desprende que se dejaba un amplio margen de decisión a los choferes de las ambulancias -quienes no quisieron ingresar- y a las médicas quienes incurrieron en el error de creer que no debían ingresar al barrio en cuestión” (fs. 675 vuelta).
Es en esta última afirmación donde la fundamentación dada por la Cámara se muestra insuficiente y autocontradictoria. No explica porqué las imputadas habrían incurrido en un error inevitable a pesar de que -según el relato de la propia Cámara- no se encontraban frente a una “excepcional situación… en que corra peligro cierto la vida de quien deba preservar la de otro, [y que] no es posible afirmar que dicha circunstancia se encontraba presente el día de los hechos…” (cf. fs. 671/vuelta). Asiste razón a la Sra. Fiscal cuando concluye que “la interpretación efectuada por la Alzada condiciona la eficacia de las normas penales a una muy superflua e imprecisa duda sobre el conocimiento del deber de acción” (fs. 737 vuelta).
La Cámara para fundar su decisión, da por cierta “la posible existencia de un error exculpante” (fs. 671 vuelta) pero sin dar una explicación acorde a la complejidad que la categoría del error presenta en el plano de la dogmática penal, y muy especialmente en casos como el de autos, en el que la posición de garante es clave.
La sentencia en crisis ni siquiera explica porqué la falta de un protocolo específico pondría hacer incurrir en un error semejante a profesionales con una indudable posición de garantes -no sólo por su condición de médicas sino también por su pertenencia a un sistema público de emergencias- entrenadas especialmente al efecto, conforme surge del debate de juicio.
La carencia de dicha explicación es determinante para descalificar la sentencia como válida, máxime si tomamos en consideración que las imputadas sabían que el paciente había sido calificado como código rojo; que no podía trasladarse por sí mismo por estar padeciendo convulsiones; que el traslado por parte de familiares o vecinos legos en medicina podría empeorar su situación; y que ellas -insisto- de acuerdo a lo afirmado por la propia Cámara, no se encontraban en una posición de riesgo objetivo que hiciera suponer que se les estuviera exigiendo actitudes a costa del resguardo de su propia vida.
6. Los jueces no descartaron la presencia de la policía en el lugar como para justificar la inevitabilidad del error de prohibición. Si no lo hicieron es porque siguieron el criterio de la jueza de primera instancia que la tuvo por probada. Por lo tanto, no se entiende cómo podría hablarse de un error cuando la situación de hecho estaría indicando que las médicas contaban, como lo sostiene la recurrente y surge de los diálogos citados por la propia Cámara, con la colaboración de la policía para concurrir al domicilio del paciente en un marco de contención razonable.
De las comunicaciones transcriptas en la sentencia en análisis, surge como una constante que los operadores del SAME sólo condicionaban el traslado de la ambulancia al domicilio del paciente a la existencia de colaboración policial, que esta colaboración de hecho existió, y que las imputadas se negaban a ir hasta el domicilio del paciente.
La médica Fernández inicia su comunicación con los operadores afirmando “[mirá] yo estoy acá con 4 oficiales de la policía pero la gente no vino al destacamento, la ambulancia no va a entrar a Barrio YPF, es una zona muy peligrosa” (fs. 674).
Por su parte Tela, al comunicarse con el Coordinador SAME, le dice: “la gente no acerca al paciente por la condición que dicen tiene… la policía está lo que pasa es que nosotros no entramos, ¿entendes?” (fs. 674) y posteriormente afirma “la verdad es que no es práctico estar acá, o nos vamos o entramos y como no entramos, nos vamos. Entonces ahí el móvil policial se fue, no es que nos abandonó… si queda todo asentado como que por disposición del SAME nos retiramos, me vuelvo tranquila al hospital, quería charlarlo esto bien porque esto de abandono del paciente no me gusta que quede asentado así” (fs. 674 vuelta).
7. Afirmaciones tales como “en el marco del desgobierno de la asistencia médica a personas residentes en barrios carenciados, no podemos encontrar dos ‘chivos expiatorios’ en los que hacer caer el peso de políticas públicas insuficientemente delineadas” (fs. 676 vuelta), no suplen la debilidad argumental señalada.
Resultaba claro que un paciente en estado crítico como era el caso del Sr. Ruiz no podía salir de la vivienda por sus propios medios, razón por la cual la asistencia médica de emergencia debía concurrir en forma inmediata a su domicilio para brindarle la atención correspondiente. El hecho de que tal diligencia importara el ingreso a la Villa 31 no puede considerarse, sin más, como un supuesto de excepción que permita seguir un protocolo de atención diferente. En ese sentido, la existencia de un supuesto acuerdo para atender a los pacientes en lugares previamente establecidos, no alcanza para eximir del deber de concurrir al lugar donde se encuentra la persona necesitada de auxilio, cuando no puede moverse por su cuenta. Esa alegada “juridicidad paralela” -como la califica la Cámara a fs. 673-, no es suficiente para explicar un error de una entidad suficiente como para desplazar las normas que rigen la atención de la salud en el ámbito de la CABA, y generar en la práctica una política segregada de atención.
8. Por ello, voto por hacer lugar a los recursos interpuestos por el MPF, revocar la sentencia de fs. 662/678 y devolver las actuaciones a la Cámara de Apelaciones en lo Penal, Contravencional y de Faltas para que otros jueces procedan a dictar un nuevo fallo con arreglo a lo expuesto.
La jueza Ana María Conde dijo:
1. Adhiero, en lo sustancial, a los desarrollos contenidos en el voto de la doctora Alicia E. C. Ruiz y agrego las siguientes puntualizaciones.
2. Resumidamente, la sentencia emitida por la Sala I de la Cámara de Apelaciones revocó la condena que, a su turno, había sido dictada, luego del debate oral y público, por el tribunal de mérito; y en consecuencia absolvió a las médicas de emergencia involucradas, en orden al delito de “abandono de persona” agravado, por haberle producido un grave daño en la salud a quien en vida fuera Humberto Ruiz. Para argumentar dicha solución, los jueces del tribunal a quo, luego de afirmar que en autos se habría probado la existencia de un injusto por parte de ambas profesionales, sostuvieron que ellas debían ser exculpadas de la omisión incurrida en tanto no podía reprochárseles este abandono, toda vez que habrían obrado amparadas en un error insuperable, determinado por las contradictorias indicaciones que le fueron impartidas por los operadores técnicos del SAME y por la falta de un protocolo de actuación formal referido a cómo debía prestarse la atención médica ante una urgencia que tuviese lugar en un asentamiento precario de esta Ciudad.
Por su parte, el Ministerio Público Fiscal repudió esta conclusión, con apoyo en la doctrina de la arbitrariedad de sentencias, porque consideró que la absolución se argumentó en una valoración palmariamente fragmentaria y parcial de las diferentes pruebas reunidas y en una inadecuada aplicación al caso de un injustificado error de prohibición exculpante de la responsabilidad penal de las profesionales involucradas; al propio tiempo, que denunció que la Cámara desconoció el alcance de los principios de culpabilidad, legalidad, igualdad y no discriminación, así como también el resguardo de la obligación pública y prioritaria de garantizar el derecho a una salud integral de todos los habitantes de esta Ciudad sin distinciones fundadas en motivos económicos (art. 20, CCABA).
3. Ahora bien, entiendo que corresponde admitir la queja y analizar el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por la Fiscal de Cámara, en tanto la recurrente denuncia, concretamente, que la fundamentación sobre la cual se asienta la sentencia absolutoria emitida -frente a la invocada existencia de un “error de prohibición invencible” por parte de las involucradas y de un presunto desconocimiento del deber de acción que a ellas les correspondía en su condición de galenas- resulta prima facie descalificable por arbitraria y no encuentra sustento suficiente, ni razonable, en las circunstancias de la causa que el tribunal a quo afirmó haber valorado para arribar a esa peculiar determinación.
En efecto, a la luz del recurso de inconstitucionalidad que motiva esta intervención, lo cierto es que a esta instancia sólo le concierne determinar si las apreciaciones efectuadas por el tribunal a quo acerca de la capacidad de culpabilidad de las dos médicas imputadas -que permanecieron a bordo de las ambulancias y que no tomaron contacto con un ciudadano que continuó convulsionando por un período de aproximadamente tres horas- respetan o desbordan los límites que estipula la sana crítica.
Ello es así, pues todos los jueces intervinientes han coincidido en que la omisión de prestarle atención médica a Humberto Ruiz, tarea para la cual habían sido convocadas en su rol de galenas del SAME frente a un auxilio calificado con “clave roja” (esto es, con riesgo de vida) en las inmediaciones de la Villa 31 de nuestra Ciudad, significó per se un injusto penal acreditado; mientras que la divergencia entre ambas instancias fincó exclusivamente en el estrato de la culpabilidad, es decir, en si resultaba posible reprocharles tal comportamiento omisivo en las circunstancias del caso. En otras palabras, si bien el a quo indicó que se encontraba acreditado que las médicas actuaron en infracción al ordenamiento jurídico, pues “la conducta debida era atender al paciente donde este se encontrara (…) [y] acercándose hasta su domicilio si ello fuera necesario” (fs. 673), ulteriormente señaló que “no tuvieron claro cómo debía procederse en esos (…) [supuestos y terminaron incurriendo] en el error de creer que no debían ingresar al barrio” sino que podían esperar al paciente en uno de los puntos de encuentro prefijados para contactarse con las fuerzas de seguridad (fs. 675 vuelta). A este Tribunal sólo le corresponde analizar si esta última conclusión puede ser razonablemente deducida -con arreglo a la sana crítica- de las circunstancias enunciadas por la Cámara.
En este orden de ideas, no es ocioso señalar que el Tribunal ha dicho que en el precedente “Casal” (Fallos 328:3399) la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha sentado la doctrina a partir de la cual “en materia de prueba, la casación [o el tribunal que ejerce esta función] debe entender en todos los casos [judiciales en los cuales se requiere su intervención] valorando tanto si se ha aplicado la sana crítica, como si sus principios [conforme a las pautas de la lógica, la experiencia, la psicología y/o del sentido común] se aplicaron correctamente [en el análisis de las pruebas reunidas], en tanto que incumbe a esta Corte [y, mutatis mutandi, a esta instancia] entender sólo en los casos excepcionales en que directamente no se haya aplicado la sana crítica” (ver, al respecto, el considerando n° 28 del voto de la mayoría; y lo dicho en autos “Gómez” de este TSJ, expte. n° 10728/14, resolución del 11 de diciembre de 2014). Por lo tanto, aunque, a priori, el examen de las cuestiones de hecho y prueba debe reposar en la órbita de incumbencia de las instancias inferiores, este Tribunal ha expresado mucho antes de ahora que ello no constituye per se un impedimento para que en su labor jurisdiccional habilite esta vía en los supuestos en los que se evidencie una ostensible ausencia de fundamento, para el mantenimiento de la determinación a la cual se hubiera arribado, con prescindencia de la “sana crítica”.
En concreto, la pretensión formalizada por el Ministerio Público Fiscal a través de su impugnación no se sustenta en un simple descontento con la forma en la que se ha merituado la prueba producida, sino, antes bien, en un cuestionamiento preciso que intenta poner en evidencia la manera selectiva, subjetiva, fragmentada y parcial -esto es, arbitraria- en la cual las pruebas habrían sido reconstruidas con la finalidad de fundar una solución liberatoria. Entiendo que le asiste razón a la Fiscalía en cuanto afirma que no surgen de las transcripciones que se realizan en la resolución del tribunal a quo cuáles habrían sido puntualmente las “contradictorias órdenes” que los operadores del SAME les habrían impartido telefónicamente a las médicas involucradas; de qué modo la ausencia de un “protocolo de actuación” les habría impedido comprender cómo debían ejercer su oficio, responsablemente, de cara a una emergencia para la cual se encontraban profesionalmente capacitadas como médicas de guardia; ni cuál habría sido la indicación que, frente a la falta de ese protocolo, las habría hecho incurrir en el equívoco -“mayúsculo”, según se afirma en la propia sentencia (fs. 677)- de que podían cumplir su función pública de una forma diferente a la que correspondía brindarla en el resto de la Ciudad, por el hecho de tratarse de un asentamiento precario en el que no concurría extremo excepcional alguno que permitiese inferir la existencia de una situación de riesgo.
Por el contrario, tal como lo exponen los representantes del Ministerio Público Fiscal, la transcripción selectivamente incompleta de la cual se valen los jueces del tribunal a quo para exculpar a las profesionales intervinientes permite advertir que los diferentes operadores del SAME, lejos de impartirles órdenes o recomendaciones “contradictorias”, fueron ab initio los receptores de las distintas negativas al ingreso, permanencia y a la atención domiciliaria que exigía una urgencia con riesgo de vida en el interior de un asentamiento precario de esta Ciudad; asentamiento que fue unilateralmente calificado por las profesionales intervinientes y por los choferes de las ambulancias -que allí fueron desplazadas- como “peligroso” per se, desde el mismo momento en que aceptaron tomar aquel servicio, sin que se alcance a observar -ni lo consideraran probado los jueces de mérito- extremo alguno que rodeara de seriedad o razonabilidad a esa calificación un día de semana, en horas de la mañana y habiendo contado en todo momento con el apoyo permanente de agentes de las fuerzas de seguridad. Ciertamente, no habrían sido pocos los esfuerzos de dichos operadores técnicos por comprender en qué se fundaba la negativa de las médicas a aproximarse al domicilio del paciente junto a las fuerzas de seguridad y tampoco habrían sido nimios los intentos por conjurar aquella situación anómala desde el Centro de Operaciones, que estaba algo retirado del asentamiento y que dificultaba un conocimiento más acabado de las razones de la reticencia de las responsables primarias de definir desde el lugar cómo debía practicarse la atención prehospitalaria.
Al respecto, según la propia argumentación del tribunal a quo, en este caso se tuvo por acreditado que el día del desafortunado suceso investigado no existió ninguna circunstancia que objetivamente analizada justificara que las profesionales intervinientes permanecieran a bordo de las ambulancias y se negaran a prestar asistencia médica al señor Humberto Ruiz en su propio domicilio, de la misma manera en la cual aquél la habría recibido en distintas oportunidades con éxito. Es que parecería que, en aquel momento, no se les estaba exigiendo a las profesionales la consumación de un comportamiento heroico o especial en su oficio habitual -como dirigirse a un lugar en el cual no estaban satisfechas las condiciones mínimas de seguridad-, sino, antes bien, que cumplieran la función pública que constituía su profesión cotidiana, del mismo modo en que otros galenos lo habrían hecho con anterioridad; es decir que, con la cooperación del personal policial que allí estaba apostado y que conocía ese lugar, le brindaran asistencia a una persona cuya especial dolencia le impedía movilizarse por sus propios medios o bien ser trasladada -mientras sufría convulsiones con motivo de una crisis epiléptica- a algún punto más accesible del asentamiento, sin grave riesgo para su salud.
A su vez, al margen del recorte injustificado que el tribunal a quo hizo en su pronunciamiento respecto de las conversaciones mantenidas entre los familiares del paciente, los operadores del SAME, los choferes y las médicas involucradas, lo cierto es que otro tanto corresponde añadir con relación a la escasa consideración que exhibe la sentencia acerca de los testimonios que sobre el tema habrían brindado otros protagonistas relevantes, cuyos relatos parecen echar aún más luz en orden al procedimiento que debía seguirse en esos supuestos y a la curiosa resistencia de las aquí imputadas por atenerse a cumplirlo -innovando, motu proprio, en la clase de prestación médica que debía brindarse en ese lugar-. En ese sentido, en la decisión se omite, casi por completo, aludir al testimonio del titular del SAME y al de la Subdirectora del Hospital General de Agudos Juan A. Fernández -en el cual las médicas involucradas se desempeñaban- quienes a priori habrían coincidido en que las ambulancias debían esperar en los puntos de encuentro preestablecidos hasta encontrarse con el personal policial y que, con su colaboración y la de los vecinos del lugar, debían ingresar al domicilio respectivo si el paciente no estaba en condiciones de poder trasladarse por sus propios medios. Es que, en verdad, el establecimiento de estos puntos de encuentro acordados entre los distintos servidores públicos sólo habría estado justificado en la dificultad de que las ambulancias y/o médicos circularan, sin guía, por calles angostas o zonas poco urbanizadas; y no en consagrar, sin más, un tipo de asistencia médica diferenciada respecto de todos aquellos habitantes de la Ciudad que se domicilien en un asentamiento como el de autos.
Simultáneamente, en la sentencia del tribunal a quo también se omitió valorar debidamente los testimonios de los familiares de la víctima en cuanto expresaron: que el señor Humberto Ruiz estaba impedido de movilizarse por sus propios medios; que en la condición en la cual aquél se encontraba -se insiste: con convulsiones y en medio de una crisis epiléptica- no podría ser trasladado por sus allegados a alguno de los puntos de encuentro, sin grave riesgo para su salud, a pesar de domiciliarse a doscientos metros de uno de esos puntos; y que en anteriores oportunidades -por sus propias patologías de base- habría recibido asistencia médica prehospitalaria en su residencia por parte de otros galenos del SAME. Cabe resaltar que esas circunstancias habrían sido comunicadas por los familiares en numerosas oportunidades el día del hecho a los operadores técnicos del SAME y a las profesionales, que acudieron al auxilio, por lo cual ellas no podían razonablemente desconocer, por su profesión y por el juramento hipocrático inherente a ella, las posibles consecuencias que podría tener el hecho de no brindarle asistencia médica inmediata a una persona que presentaba un cuadro de salud muy crítico que tendía a agravarse con cada minuto que pasaba sin recibir auxilio en el lugar donde se encontraba. Estamos hablando de profesionales de la salud -con título, experiencia y capacitación- que prestaban funciones rentadas en un Hospital público de la CABA y paralelamente en un servicio de emergencias médicas estatal, es decir, de personas con un entrenamiento permanente en el manejo de urgencias que no podían desconocer, dada la relevancia de las responsabilidades asumidas, que el no asistir a una persona con la celeridad y diligencia que el caso les demandaba podía hacerlas incurrir en el delito de abandono de persona.
Por último, en el pronunciamiento del tribunal a quo tampoco habrían sido valorados apropiadamente los testimonios ofrecidos por los funcionarios policiales que intervinieron en tan desafortunado episodio y en muchos otros que no tuvieron un desenlace similar. Al respecto, los funcionarios policiales que asistieron a las profesionales médicas en dicha oportunidad expresaron -sin que en las instancias inferiores se indicara extremo alguno que hiciera dudar de la veracidad o consistencia de sus relatos- que, durante el tiempo en el que habían prestado servicios en este asentamiento precario, jamás se habrían enfrentado ni habrían tenido conocimiento de una situación análoga a la que tuvo lugar en las presentes actuaciones, es decir, que algún médico o alguna ambulancia del SAME -contando con auxilio policial suficiente- se hubiera resistido a adentrarse en el asentamiento o se hubiese negado a darle asistencia médica a algún otro habitante de la Villa 31, en su domicilio, frente a una emergencia como la que presentaba Humberto Ruiz. Asimismo, todos los agentes del orden habrían sido coincidentes con el “procedimiento” a seguir que oportunamente describió el titular del SAME -en virtud del cual la ambulancia debía encontrarse con la fuerza policial en uno de los puntos preestablecidos y guiada por ella, de ser necesario de acuerdo a la urgencia, el galeno debía asistir al paciente en su domicilio particular-; procedimiento que antes y después de este particular episodio se habría realizado del igual manera. De ello, en rigor, parecería desprenderse lo peculiar o anómalo que habría sido el hecho protagonizado por las médicas involucradas, pues, aun frente a la aludida inexistencia de un “protocolo de actuación formal”, ningún otro galeno habría incurrido en un comportamiento omisivo semejante o bien desconocido cómo debía ejercer su función pública ante una emergencia de esta entidad en aquel asentamiento.
En definitiva, ni de las transcripciones efectuadas en la sentencia sub examine, ni del resto de las circunstancias enunciadas -u omitidas- por el a quo, surgen razones plausibles que permitan sostener que la profesionales intervinientes erraran, de modo insuperable, respecto del conocimiento de la prohibición de su conducta o bien que actuaran bajo la falsa creencia de que podían prestar la asistencia médica, para la que habían sido convocadas, en un lugar diferente de aquel otro al cual los operadores del SAME les habrían encomendado concretamente que debían dirigirse. La decisión del tribunal a quo, en lo que ha sido materia de análisis, se fundamenta en una valoración incompleta de los elementos probatorios reunidos en estas actuaciones y en una conclusión absolutamente dogmática que no encuentra apoyo razonable en las circunstancias particulares que correspondía examinar, por lo cual la absolución resuelta no ha sido adoptada con arreglo a la sana crítica y tiene que ser dejada sin efecto, porque no constituye un acto jurisdiccional válido. Debe quedar bien claro que no es, simplemente, la interpretación que de los elementos probatorios han efectuado los magistrados del tribunal a quo, sino la omisión o la falta de debida consideración que existió acerca de múltiples cuestiones que eran relevantes para decidir el caso en uno u otro sentido, lo que vuelve excepcional el caso y me lleva a admitir la tacha de arbitrariedad del pronunciamiento por carecer de una adecuada argumentación en cuanto a la capacidad de culpabilidad de las dos médicas involucradas.
4. En mérito a lo apuntado, corresponde admitir la queja, hacer lugar al recurso de inconstitucionalidad, dejar sin efecto el pronunciamiento de la Sala I (fs. 662/678) y devolver las actuaciones a la Cámara de Apelaciones en lo PCyF, para que otros jueces dicten un nuevo fallo con arreglo a lo aquí resuelto.
Así lo voto.
Por ello, por mayoría,
el Tribunal Superior de Justicia
resuelve:
1. Rechazar el recurso de queja interpuesto.
2. Mandar que se registre, se notifique y, oportunamente, se remitan las actuaciones a la Cámara de Apelaciones en lo Penal, Contravencional y de Faltas.
CÓDIGO PENAL DE LA NACIÓN ARGENTINA – LIBRO SEGUNDO – TÍTULO I – CAPÍTULO I – DELITOS CONTRA LA VIDA
Buenos Aires (Ciudad), Ley 1883 – BO: 16/11/2006
Buenos Aires (Ciudad), Ley 153 – BO: 28/05/1999
006805E
